Acteal: 15 años de impunidad
S
e cumplieron ayer 15
años de que un grupo de paramilitares de filiación priísta asesinaran en
la localidad tzotzil de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, a
45 personas –mujeres, hombres y menores– y otras 26 resultaron heridas.
En aquel momento, el gobierno de Ernesto Zedillo intentó presentar la
atrocidad como consecuencia de un
La impunidad, a lo largo de los tres lustros transcurridos desde
entonces, ha sido casi total. En diversas instancias internacionales
Zedillo ha sido sujeto de acusaciones por crímenes de lesa humanidad,
pero el gobierno de Felipe Calderón le tramitó un estatuto de inmunidad
ante las autoridades de Estados Unidos, país de residencia del ex
mandatario; Emilio Chuayffet, por entonces secretario de Gobernación, y
responsable directo del incumplimiento gubernamental de los acuerdos de
San Andrés Larráinzar, se vio obligado a dimitir, pero no fue ni
siquiera investigado, y hoy despacha como secretario de Educación
Pública; tampoco se investigó la presunta responsabilidad del ex
gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro, de Jorge Madrazo Cuéllar,
procurador federal en aquel tiempo, ni del general Mario Renán Castillo,
a la sazón responsable de la Séptima Zona Militar, ni del que se
desempeñaba como secretario de Defensa, el general Enrique Cervantes
Aguirre (quien sí ha sido investigado, en cambio, por su presunta
participación en el asesinato de 22 campesinos, en el contexto de la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado). La lista no es, por supuesto, exhaustiva.conflicto intercomunitarioy hasta por
la disputa por un banco de arena, pero organizaciones nacionales y extranjeras demostraron que había sido, en realidad, un episodio inscrito en la estrategia de contrainsurgencia aplicada por el Ejecutivo federal contra las comunidades zapatistas, que los criminales recibieron entrenamiento y armas por parte de efectivos militares regulares y que las corporaciones policiales federal y estatal no hicieron nada por impedir la masacre.
Desde el 22 de diciembre de 1997 han transcurrido, en suma, tres lustros de impunidad. De esa forma sale a la luz el pacto de complicidad que recorre los sexenios sin distinción entre priístas y panistas, y que ha hecho imposible, hasta ahora, el ejercicio de la justicia para crímenes de Estado como la matanza del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia impulsada por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, los asesinatos políticos perpetrados durante el salinato, las masacres campesinas toleradas o auspiciadas por el gobierno de Zedillo –de las que Acteal fue quizá la más grave, pero no la única– y de la masiva violación a los derechos humanos en el contexto de la
guerra contra la delincuenciadeclarada por Felipe Calderón.
El gobierno que inició el 1° de diciembre tiene, con el expediente de Acteal, una oportunidad para demostrar que no representa al PRI de siempre: bastaría con que emprendiera un esclarecimiento verosímil de las responsabilidades de los altos mandos que operaban hace 15 años en los ámbitos federal y estatal, que retirara la inmunidad concedida a Zedillo y que permitiera, en su caso y en los de otros, la actuación libre e irrestricta del Poder Judicial y de instancias internacionales de justicia.
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