El 2013, un año de pactos y de obstinación gubernamental por reformas a rajatabla

2013-12-31 15:53:00 Visitas: 42

ALONSO URRUTIA, La Jornada Entre acuerdos cupulares y la efervecencia social en las calles, reformas pactadas con el pragmatismo gubernamental, lo mismo con la derecha panista que con la izquierda perredista, transcurrió 2013. Un año que marca el fin del último reducto heredado de los tiempos revolucionarios: la expropiación petrolera de 1938, revertida justo 75 años después. De forma paralela, la obstinación gubernamental por modificar radicalmente el régimen en el sector energético marcó el destino de otra institución central en la transición democrática. Condición para que el PAN avanzara en discutir lo energético, se pactó desaparecer el Instituto Federal Electoral (IFE), creado en 1990, paradójicamente con una negociación que se llevó a cabo principalmente con el blanquiazul para resarcir los estragos de la polémica elección de 1988. Arranque de gestión marcado por una agitación social en respuesta a las reformas planteadas. Si los cambios en el sector energético sacaron a las calles a miles al conjuro de oponerse a la privatización petrolera, la reforma educativa –formalmente aprobada en diciembre de 2012, pero cuyo proceso legislativo concluyó este año– desató uno de los movimientos magisteriales más intensos en oposición a los cambios impuestos. Año marcado por los designios del Pacto por México, un esquema de negociación cupular tripartidista con el Ejecutivo federal que pretendió ser el detonante de las “reformas estructurales que requería el país”. Con la anuencia inicial de las dirigencias de las dos principales fuerzas de oposición, PAN y PRD, se fraguó también en su interior una reforma fiscal cuyo desenlace, con el desmarque blanquiazul a sus términos finales, marcaría el inicio del resquebrajamiento de esta fórmula. Una reforma fiscal negociada en un entorno económico adverso que hizo desplomar la expectativas de crecimiento a sólo un tercio de lo previsto, para ubicarse en alrededor de 1.3 por ciento, según datos del Banco de México. En paralelo, una contención en el ejercicio del gasto público agudizó la crisis económica y tornó el panorama más complejo para las empresas. Mientras la asfixia financiera atosigaba a las empresas, el Ejecutivo federal pactó una modificación fiscal con el ala moderada perredista que, pese a las críticas de otros sectores de la izquierda, del propio PRD y el PAN, defendería la reforma porque incorporaba “reivindicaciones históricas de la izquierda en materia fiscal”. Cuando las cúpulas empresariales se enojan es que estamos tocando fibras que afectan sus intereses, dijo Jesús Zambrano al reivindicar el aval de su partido, clave para aprobarla en el Congreso, en octubre pasado, en medio de las andanadas por el impacto en la clase media. Dividido por las disputas internas, el PAN cerró filas para descalificar la reforma fiscal, desvinculándola, de entrada, como producto del entonces todavía venerado Pacto por México. Insurgencia magisterial Aunque por las dimensiones del cambio, la reforma energética polarizó a las fuerzas políticas, el año fue marcado por la agitación magisterial suscitada por las transformaciones en el sector. Una reforma defenestrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que comenzó en Guerrero y Oaxaca, para concentrar sus principales movilizaciones en la capital del país con la toma del Zócalo. Si bien en diciembre se aprobaron las modificaciones constitucionales, su promulgación ocurrió en febrero y el procesamiento de las leyes secundarias desató una de las mayores movilizaciones magisteriales de la historia. Con el sindicato oficialista inmovilizado, tras la aprehensión de su lideresa Elba Esther Gordillo, hacia finales de febrero, por presunta desviación de 2 mil 600 millones de pesos de recursos sindicales, la disidencia magisterial encabezó las protestas. Entre mayo y septiembre se desarrollaron las protestas más intensas que culminaron con un plantón en el Zócalo, el bloqueo a vialidades principales y el cerco al Congreso, en vísperas de la aprobación de las reformas secundarias, que fueron desahogadas el mismo primero de septiembre, el otrora intocable día del Presidente. El viernes 13 de septiembre, un operativo policiaco desalojó el Zócalo, para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se trató de un despliegue en “defensa de la voluntad de las mayorías”.