Corrupción: compromiso olvidado

Corrupción: compromiso olvidado

AGENCIA REFORMA / Publicada el 02/09/2014

En el Pacto por México la actual Administración propuso tres acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción. FOTO: ESPECIAL

Fue el primero de los 266 compromisos que firmó ante notario público como candidato presidencial, el tema principal de las primeras dos iniciativas formales enviadas al Congreso como Presidente electo y el argumento de fondo para la aprobación de las reformas estructurales más importantes. A pesar de ello, el combate a la corrupción es la agenda que menos avances registra durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, la actual administración propuso tres acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción: crear una Comisión Nacional Anticorrupción, establecer un órgano que vigile los contratos de publicidad entre el Gobierno y los medios de comunicación y otorgar más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Los tres puntos provenían de la agenda que el candidato Peña Nieto se vio obligado a asumir luego de que el movimiento #YoSoy132 irrumpiera en la campaña presidencial enarbolando esas banderas. Lo prometió, de hecho, al día siguiente de las elecciones en las que ganó con suficiente ventaja.

Veinte meses después, sólo la tercera propuesta ha sido aprobada; la primera se encuentra atorada en la Cámara de Diputados y la segunda ni siquiera ha sido presentada.

En noviembre de 2012, todavía como Presidente electo, Peña Nieto presentó, a través de los senadores del PRI y el PVEM, sus primeras dos iniciativas de reforma al Congreso. La primera proponía la extinción de la Secretaría de la Función Pública; la segunda planteaba la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que no sólo sustituyera a la SFP sino que contara con autonomía y facultades para prevenir, investigar y sancionar administrativamente actos de corrupción cometidos por funcionarios de los tres órdenes y niveles de Gobierno, así como de particulares.

La iniciativa proponía también crear un Consejo Nacional para la Ética Pública, un organismo ciudadano cuyo objetivo sería desarrollar acciones de mitigación y de coordinación de las instancias encargadas de prevenir y combatir la corrupción en el País.

En enero de 2013 fueron aprobadas las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las cuales establecieron la desaparición de la SFP. No obstante, la creación de la CNA, instancia que la sustituiría, continúa en un impasse debido a los desacuerdos entre los principales partidos políticos respecto a sus atribuciones y autonomía.

El PRI proponía que la CNA dependiera del Ejecutivo y que se le otorgaran facultades para sancionar administrativamente los casos de corrupción; mientras que PAN y PRD buscaban que este nuevo organismo fuera autónomo y con atribuciones para perseguir delitos solicitando incluso cateos y detenciones.

Lo anterior dejó en la indefinición no sólo el modelo de combate a la corrupción de la nueva administración, sino el que opera actualmente. Desde hace año y medio, la SFP funciona con un encargado de despacho: el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones, Julián Alfonso Olivas, quien dirige una Secretaría desmantelada, pues la reforma implicó también la desaparición de los Órganos Internos de Control -oficinas de la SFP integradas a la estructura orgánica de cada dependencia del Gobierno federal-. Hoy, la labor de control en cada instancia gubernamental la ejerce, otra vez, un funcionario nombrado por los titulares de las instituciones a las que debe auditar.

Con nivel de subsecretario, el contralor en funciones, no forma parte del gabinete legal.

Ante la imposibilidad de sacar adelante la Comisión Nacional Anticorrupción, en marzo pasado se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción que depende de la PGR.

Actualmente dicha Fiscalía es inoperante, ya que no cuenta con titular y, según lo declarado por Peña Nieto el 19 de agosto pasado en el programa Diálogos a Fondo, “habrá que ver cómo se concilia con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción”.

Además, esta Fiscalía está más acotada. La iniciativa de creación de la CNA plantea que ésta tenga injerencia en los tres niveles y órdenes de Gobierno; mientras que la Fiscalía tiene facultades sólo en el ámbito federal.

Para el investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Guillermo Cejudo, esta indefinición es una responsabilidad compartida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“En donde no se han construido las coaliciones que permitan avanzar en aprobar esta reforma es el Legislativo. Del lado del Ejecutivo hay un problema que, efectivamente, es esta definición de qué ocurrirá con la SFP, porque nos quedamos en un esquema en el cual no hay el ímpetu, no es un actor que pueda lanzar nuevas estrategias”, sostiene.

La CNA no es la única propuesta en la congeladora. Tampoco se ha conformado el Consejo Nacional de Ética Pública y la propuesta de creación del organismo encargado de vigilar la contratación de publicidad gubernamental ni siquiera se ha presentado.

Temas incluidos por el Ejecutivo, el PRI, el PAN y el PRD en el Pacto por México, pero que no merecieron el mismo “impulso reformador”, el empeño y las horas de negociación que dieron paso a las otras reformas.

Hasta ahora, la única iniciativa aprobada es la que amplía las facultades del IFAI: en febrero de 2014, se promulgó la reforma en transparencia que otorga autonomía al Instituto, además de facultarlo para atraer y resolver cualquier solicitud de información no sólo del Gobierno federal sino de entidades federativas y de cualquier institución que reciba recursos públicos, incluidos partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.

Con las reformas anticorrupción inconclusas, el 12 de agosto pasado, tras la promulgación de la reforma energética, Peña Nieto declaró concluido el ciclo reformador.

Guillermo Cejudo advierte que el impasse en la aprobación de la reforma en materia de combate a la corrupción no es asunto menor, pues pone en riesgo la implementación y los resultados de las reformas.

“Este conjunto de reformas supone esencialmente que tenemos una administración pública capaz, integrada y funcional, que tenemos un sistema federal que permite la cooperación y la delimitación clara de responsabilidades y competencias y que tenemos mecanismos de rendición de cuentas que permiten que las cosas se vigilen, se corrijan y se mejoren, y la verdad es que las tres cosas son supuestos, no es la realidad. Si no se trabaja para convertir esos supuestos en realidad, vamos en el proceso de implementación a encontrar serios problemas en todas las reformas”, advierte.

El académico sostiene que el País está en un momento clave para modificar de fondo el sistema de transparencia y combate a la corrupción o seguir padeciendo los efectos negativos de ésta en el desarrollo del País.

Diez días después de ganar las elecciones presidenciales de 2012, apremiado por la agenda pública impuesta entre otros por los jóvenes del #YoSoy132, Enrique Peña Nieto se comprometió a combatir la corrupción, describiéndola como un mal que debía ser atacado urgentemente.

En la entrevista colectiva organizada por el FCE, en la víspera de su informe de Gobierno, la describió como “un tema de orden cultural” y dijo que espera que ésta se vaya combatiendo con medidas de largo plazo, como la reforma educativa.

La oposición en el Senado reaccionó, anunciando que impulsará que se retome el compromiso que hizo el presidente en campaña y se cree la Comisión Nacional Anticorrupción.

Peña Nieto ya dio por concluido el “ciclo reformador”, pero este tema -que, según especialistas, es urgente e imprescindible para el funcionamiento de las demás reformas- volvió ya a la agenda pública.