A mediados de 1924, un rumor recorrió como reguero de pólvora los diarios porteños. Decía que la policía había incendiado una toldería en el territorio nacional del Chaco y había matado a numerosos indios, sin respetar sexo ni edad.
Días después se confirmó que a unos setenta kilómetros de Resistencia efectivamente se había producido una matanza de aborígenes tobas y mocovíes y que el hecho había ocurrido en las primeras horas del sábado 19 de julio. Más adelante se supo que la tragedia se había desencadenado cuando los indios se negaron a seguir cosechando algodón por el mísero jornal que les pagaban los terratenientes. Estos tenían como aliado al gobernador Fernando Centeno, famoso por su altanería y porque " nunca ganó un peso honradamente".
La noticia impactó en el gobierno del radical antipersonalista Marcelo T. de Alvear e hizo tambalear en su cargo al ministro del Interior, Vicente S. Gallo.
La prensa informaba que en las inmediaciones de la reducción indígena de Napalpí habían ocurrido cosas "que parecen extraídas de pergaminos del pasado". Centeno tuvo que bajar a Buenos Aires y recorrer los diarios para presentar su historia oficial. Dijo que los muertos fueron cuatro, todos indios criminales que se mataron entre ellos.
La Justicia, por su parte, habló de sublevación. Así rezaba la carátula del expediente n° 910/24 que se abrió en el juzgado federal de Resistencia: "Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí".
En el Congreso Nacional, el bloque socialista asumió la responsabilidad de la investigación y las pruebas empezaron a caer. Hasta llegó un frasco con las orejas y los testículos del cacique y líder de la supuesta sublevación, Pedro Maidana, que estaba como trofeo en la comisaría de la localidad de Quitilipi.
Pese a los operativos oficiales de ocultamiento, los legisladores no tenían duda: en el Chaco hubo una masacre de aborígenes de las etnias toba y mocoví.
Miembros del Parlamento reclamaron la renuncia del gobernador Centeno y todo su equipo, además de una comisión investigadora para determinar la cantidad de muertos. Se convocó entonces a una sesión extraordinaria para interpelar al titular de la cartera de Interior. La interpelación, que duró seis horas, tuvo lugar el 4 de septiembre de 1924. Comenzó a las 12 de la noche y terminó a las 6 de la mañana de ese día.
El diputado Francisco Pérez Leirós expuso una serie de "hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco" y mostró el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana. Todo fue inútil. Las pruebas fueron desestimadas por la mayoría y la causa pasó a archivo.
Amargado, el diputado Leirós lanzó este reproche contra el gobierno de Alvear: "Creíamos ingenuamente que el mandón atrevido e insolente, con todo su cortejo de bandidos, había desaparecido del escenario político argentino, y que los sinvergüenzas habían dejado de representar en los territorios nacionales al Ejecutivo Nacional. Lamentablemente vemos que no es así". La causa se cerró, según el diario Heraldo del Norte, por la sencilla razón de que "las víctimas eran sólo unos míseros indios".
En territorio chaqueño, paso a paso el cerco de la impunidad también se fue cerrando. Centeno, que siguió en su cargo como si nada hubiera pasado, separó al juez que atendía el caso, Justo F. Farías, y lo reemplazó por uno de su confianza, Juan Sessarego. Al fiscal Jerónimo Cello, porque se atrevió a reclamar que la causa no fuera archivada, lo mandaron lejos, a la Cámara de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos.
El nuevo magistrado, quien había sido "puesto a dedo por Centeno en medio de la repulsa popular", sobreseyó a los 80 policías que intervinieron en la matanza.
Trece años después, el 6 de enero de 1937, el territorio de Resistencia denunció que todavía se paseaban por la ciudad "algunos de esos asesinos de indios hambrientos e indefensos".
Gran repercusión ganó, en noviembre del 2004, un juicio por 116 millones de dólares de la etnia toba contra el Estado argentino como reparación histórica por aquella masacre. Hasta el New York Times se hizo eco de la demanda presentada ante el Juzgado Federal de Resistencia.
En mayo del 2005, el gobierno de Néstor Kirchner rechazó la demanda en términos que los aborígenes repudiaron "por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad".
Lo hizo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo dictamen afirmaba que los tobas no constituían una etnia y que la masacre de Napalpí no podía considerarse crimen de lesa humanidad.
La demanda, similar a la presentada por la matanza de indios Pilagá en Rincón Bomba, ocurrida durante el gobierno de Perón, duerme en los anaqueles del Juzgado Federal de Resistencia a la espera de un denominado "juicio por la verdad".
Al parecer, poco importa que la verdad ya salió a la luz hace más de noventa años. Este 19 de julio la impunidad por la masacre de Napalpí cumple 93 años y aún goza de buena salud.
El autor es periodista e historiador.