Hace noventa años un movimiento numeroso de estudiantes enfrentó al
gobierno del presidente Emilio Portes Gil para exigir la autonomía de la
Universidad Nacional.
El triunfo llevó a que en 1929 se expidiera una ley orgánica que otorgó garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de cátedra, la investigación científica y la administración independiente de los recursos.
Es de no creerse que esa autonomía se encuentre actualmente en el purgatorio, debido a una reforma a la Carta Magna celebrada el pasado mes de diciembre.
La fracción séptima del tercero constitucional antes establecía que las universidades dotadas de autonomía tendrían facultades y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra, de investigación, libre examen y discusión de las ideas. También que ellas determinarían sus planes y programas, así como los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia de su respectivo personal académico, y que contarán igualmente con potestades amplias para administrar su respectivo patrimonio.
El problema surgió cuando, presuntamente por error —según explicó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán— las reformas educativas eliminaron los párrafos referidos.
Tan grande fue el equívoco que el tema mereció atención del presidente, quien hubo de aclarar que no era su intención pasar por encima de las universidades.
El jueves 13 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador prometió que enviaría a la Cámara de Diputados una fe de erratas para corregir lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Han transcurrido desde entonces siete semanas —casi 50 días— y sin embargo la famosa carta continúa sin llegar a su destinatario, y por tanto no se ha corregido nada.
Con buena fe podría concederse indulgencia al partido mayoritario, pero también, cuando la paranoia se asoma, cabe temerse que la expropiación de la autonomía universitaria haya encontrado aliados dispuestos a jugar una chicana para dejar las cosas tal cual se votaron en diciembre.
Esta preocupación estuvo presente hace quince días, cuando el secretario Moctezuma Barragán ofreció el discurso de clausura durante la asamblea plenaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Para tranquilizar los ánimos ahí repitió que el presidente mantenía un compromiso firme a la hora de “honrar y respetar” el principio de la autonomía universitaria.
Con su palabra dejó tranquilas a las autoridades educativas presentes, y sin embargo han vuelto a pasar dos semanas sin que ocurra nada. Los legisladores de oposición insisten con que la SEP todavía no les ha hecho llegar ningún documento.
ZOOM: Ojalá y, en efecto, el secuestro de la autonomía universitaria sea meramente el producto de errores y equívocos, de novatez y novatadas; con todo, la falta de respeto de funcionarios y legisladores con respecto a los compromisos presidenciales exhibe desaseo y provoca indignación.
www.ricardoraphael.com
@ricardomraphael
El triunfo llevó a que en 1929 se expidiera una ley orgánica que otorgó garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de cátedra, la investigación científica y la administración independiente de los recursos.
Es de no creerse que esa autonomía se encuentre actualmente en el purgatorio, debido a una reforma a la Carta Magna celebrada el pasado mes de diciembre.
La fracción séptima del tercero constitucional antes establecía que las universidades dotadas de autonomía tendrían facultades y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra, de investigación, libre examen y discusión de las ideas. También que ellas determinarían sus planes y programas, así como los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia de su respectivo personal académico, y que contarán igualmente con potestades amplias para administrar su respectivo patrimonio.
El problema surgió cuando, presuntamente por error —según explicó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán— las reformas educativas eliminaron los párrafos referidos.
Tan grande fue el equívoco que el tema mereció atención del presidente, quien hubo de aclarar que no era su intención pasar por encima de las universidades.
El jueves 13 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador prometió que enviaría a la Cámara de Diputados una fe de erratas para corregir lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Han transcurrido desde entonces siete semanas —casi 50 días— y sin embargo la famosa carta continúa sin llegar a su destinatario, y por tanto no se ha corregido nada.
Con buena fe podría concederse indulgencia al partido mayoritario, pero también, cuando la paranoia se asoma, cabe temerse que la expropiación de la autonomía universitaria haya encontrado aliados dispuestos a jugar una chicana para dejar las cosas tal cual se votaron en diciembre.
Esta preocupación estuvo presente hace quince días, cuando el secretario Moctezuma Barragán ofreció el discurso de clausura durante la asamblea plenaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Para tranquilizar los ánimos ahí repitió que el presidente mantenía un compromiso firme a la hora de “honrar y respetar” el principio de la autonomía universitaria.
Con su palabra dejó tranquilas a las autoridades educativas presentes, y sin embargo han vuelto a pasar dos semanas sin que ocurra nada. Los legisladores de oposición insisten con que la SEP todavía no les ha hecho llegar ningún documento.
ZOOM: Ojalá y, en efecto, el secuestro de la autonomía universitaria sea meramente el producto de errores y equívocos, de novatez y novatadas; con todo, la falta de respeto de funcionarios y legisladores con respecto a los compromisos presidenciales exhibe desaseo y provoca indignación.
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