Desde el Senado, el partido de López Obrador impulsa una reforma
que daría más facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera y
obligaría a una mayor coordinación entre autoridades.
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Morena sostiene que combatir al crimen organizado necesariamente implica golpear sus ganancias y, en esa línea, desde el Senado impulsa una iniciativa para reforzar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La propuesta fue presentada por los senadores Ricardo Monreal, líder de la bancada, y Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, y plantea medidas para atacar los ingresos generados por delitos como el narcotráfico, la evasión fiscal, la extorsión y el huachicoleo.
El propósito —según los promotores del documento— es dar más herramientas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a la Fiscalía General de la República (FGR).
La iniciativa, que actualmente se analiza en comisiones, llegó al Senado al tiempo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa una estrategia anticrimen en la que el combate al lavado de dinero es un punto clave.
El texto recoge alrededor de 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental creado en 1989 por los siete países más desarrollados del mundo para promover medidas regulatorias contra el blanqueo de activos y el financiamiento al terrorismo.
También tendría que informar a la Procuraduría Fiscal cuando detectara un posible delito en la materia y promover en los estados que hubiera unidades especializadas en recibir y analizar información patrimonial.
Más aún, todas las autoridades competentes tendrían que coordinarse para hacer una Evaluación Nacional de Riesgos y para actualizarla, así como para trabajar con la Guardia Nacional que el presidente quiere crear.
Para ello, la reforma plantea añadir un capítulo a la ley en el que se establezca la figura de “beneficiario final”, que en el caso de las personas morales —empresas— sería aquel que tuviera la titularidad de más de 25% del capital social. Asimismo, cualquier cambio en la tenencia accionaria o de partes sociales tendría que ser inscrito en un registro público operado por la Secretaría de Economía (SE), mientras que la SHCP tendría que promover que los estados adoptaran medidas similares en sus ámbitos.
Otro cambio es el de añadir en la legislación como sujeto obligado a quien lleve a cabo “actividades vulnerables” por medio de fideicomisos.
Con ello, según se argumenta, sería más fácil detectar delitos y que la FGR procediera penalmente contra los responsables.
La propuesta fue presentada por los senadores Ricardo Monreal, líder de la bancada, y Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, y plantea medidas para atacar los ingresos generados por delitos como el narcotráfico, la evasión fiscal, la extorsión y el huachicoleo.
El propósito —según los promotores del documento— es dar más herramientas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a la Fiscalía General de la República (FGR).
La iniciativa, que actualmente se analiza en comisiones, llegó al Senado al tiempo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa una estrategia anticrimen en la que el combate al lavado de dinero es un punto clave.
El texto recoge alrededor de 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental creado en 1989 por los siete países más desarrollados del mundo para promover medidas regulatorias contra el blanqueo de activos y el financiamiento al terrorismo.
¿Qué es el lavado de dinero?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) define al lavado de dinero como “el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales”. En otras palabras, son los actos para hacer llegar dinero obtenido de forma ilegal (por ejemplo, a través de un robo o del narcotráfico) a la economía legal (por ejemplo, estableciendo negocios o comprando propiedades).¿Qué busca esta reforma?
La iniciativa plantea reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para atacar el dinero sucio producto de actividades como narcotráfico, trata de personas, tráfico ilegal de hidrocarburos, falsificación, evasión fiscal y extorsión.¿Por qué Morena considera que es necesaria?
Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que entre 2004 y 2016 se duplicó hasta 72,000 el número de operaciones financieras. Por ello, los morenistas plantean que es necesario dar más facultades a las autoridades para detectar cualquier operación ilícita y, con ello, atacar las estructuras financieras del crimen.¿Qué facultades se plantea dar a las autoridades?
La reforma busca dotar de autonomía técnica y de gestión a la UIF, a fin de que pueda actuar con más rapidez sin dejar de estar adscrita a la SHCP. Además, se plantea facultarla para establecer los requisitos de alta y registro en el sistema electrónico para quienes realicen actividades vulnerables, así como para recibir y administrar la información de esos trámites.También tendría que informar a la Procuraduría Fiscal cuando detectara un posible delito en la materia y promover en los estados que hubiera unidades especializadas en recibir y analizar información patrimonial.
Más aún, todas las autoridades competentes tendrían que coordinarse para hacer una Evaluación Nacional de Riesgos y para actualizarla, así como para trabajar con la Guardia Nacional que el presidente quiere crear.
¿Qué otras adiciones se proponen?
De acuerdo con el GAFI, es importante identificar a quienes hacen operaciones y tienen el control de los recursos financieros.Para ello, la reforma plantea añadir un capítulo a la ley en el que se establezca la figura de “beneficiario final”, que en el caso de las personas morales —empresas— sería aquel que tuviera la titularidad de más de 25% del capital social. Asimismo, cualquier cambio en la tenencia accionaria o de partes sociales tendría que ser inscrito en un registro público operado por la Secretaría de Economía (SE), mientras que la SHCP tendría que promover que los estados adoptaran medidas similares en sus ámbitos.
Otro cambio es el de añadir en la legislación como sujeto obligado a quien lleve a cabo “actividades vulnerables” por medio de fideicomisos.
Con ello, según se argumenta, sería más fácil detectar delitos y que la FGR procediera penalmente contra los responsables.
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