lunes, 18 de febrero de 2019

¿Europa social?


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¿Europa social?

 

 


La fractura social atraviesa una región marcada por la desigualdad y 113 millones de personas en la pobreza.
El término “Europa Social” es presentado por las instituciones y los responsables comunitarios como el nudo gordiano de la construcción europea y como uno de sus resultados más destacados.
No es mi intención abordar en estas líneas un balance social de la construcción europea —muy necesario, por cierto—, pero sí contrastar esos pronunciamientos de europeísmo social con algunos indicadores que apuntan, como se verá a continuación, en una dirección contraria o que, cuando menos, obligan a una visión más matizada y compleja que la dominante.
Un indicador que nos aproxima a la situación social de la Unión Europea (UE) es la participación de los salarios en la renta nacional. Pues bien, en la UE15, entre 1991 y 2000, ha experimentado una reducción de 2,5 puntos porcentuales; caída que se observa en 14 de los 15 países que la integraban. Desde que nació la moneda única hasta 2007 se ha mantenido la misma tendencia. De este modo, en el conjunto de la UE, la caída ha sido también de 2,5 puntos (algo inferior en la zona euro), afectando a 17 de los 28 socios. Si se toma como referencia 2007, la cuota de los salarios en el ingreso nacional en 2018 ha mejorado ligeramente en la UE, si bien ha retrocedido en 11 de las 28 economías comunitarias.
El panorama no resulta más alentador cuando se considera la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre 2008 y 2017 (tramo para el que Eurostat ofrece información estadística) la UE ha reducido algo el porcentaje que se encuentra en esta situación, pero todavía en este último año afectaba al 22,5%, lo que, en valores absolutos, supone 113 millones de personas. Hay que decir que, en ese periodo, todavía en 10 de los 26 países comunitarios para los que se dispone de datos ha aumentado tanto el porcentaje como el número de personas situadas en esa categoría.
El último “proxy”, en este breve recorrido por la situación social de la UE, se refiere a la concentración de la renta y la riqueza. Según la información proporcionada por el Banco Mundial, el ingreso en manos del 10% de la población más rica se situaba en 2015 entre el 20% y el 30%; y en 13 de los 24 para los que hay información este porcentaje ha aumentado entre 2007 y 2015. En lo que concierne a la riqueza, la concentración es todavía más pronunciada. Según el Global Wealth Databook 2018 (Research Institute, Credit Suisse), el 10% mejor situado concentraba el 70% de la riqueza; el 5% acaparaba el 55,4% de la misma; y el 1% retenía el 31,2%.
Estos datos ponen de manifiesto la enorme diferencia existente entre, por un lado, la muy complaciente visión de las instituciones y responsables comunitarios, así como la mayor parte de los medios de comunicación, y, por otro lado, la fractura social que atraviesa el continente. Nos quedaríamos muy cortos en el diagnóstico si imputáramos esta situación a una coyuntura adversa, más o menos larga, o a las carencias del diseño institucional de la UE y de la zona euro, por mucho que ambos factores hayan influido.
Estamos más bien ante una problemática de considerable calado estructural que desborda con mucho los planteamientos que todo lo fían a la recuperación de la actividad económica y a la corrección y mejora de la gobernanza. Una interpretación certera tiene que poner el acento en la lógica concentradora, y por eso mismo excluyente, de los mercados; lógica que se ha impuesto con claridad en el denominado “proyecto comunitario” a las políticas redistributivas instrumentadas desde las instituciones.

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