Palestina
remite un informe a la Corte Penal Internacional (CPI) en el que se
reafirma como única autoridad soberana de los territorios ocupados por
Israel.
“El Estado de
Palestina declara que es el único soberano sobre el territorio del
Estado de Palestina, ocupado en 1967 y que incluye Cisjordania, incluida
Al-Quds Este, y la Franja de Gaza, lo cual reconoce también la
comunidad internacional” se lee en el informe enviado el lunes a la CPI, citado por la agencia palestina de noticias WAFA.
Este informe palestino responde a la Fiscalía de la CPI, que había solicitado el pasado enero información sobre la jurisdicción territorial del Estado de Palestina para poder así concretar las denuncias por crímenes de guerra que se han presentado al respecto contra el régimen de ocupación de Tel Aviv en este tribunal.
Palestina también insta al ente a “impartir justicia ante los más graves crímenes” de Israel y destaca la opinión remitida al tribunal por juristas, catedráticos y organizaciones pro derechos humanos “reafirmando que la Corte tiene jurisdicción sobre el territorio del Estado de Palestina”. El texto menciona a la Liga Árabe (LA) y a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).
“Denegar la jurisdicción territorial sobre el territorio de Palestina en su integridad sería una contradicción con el objeto y propósito mismo del tribunal de poner fin a la impunidad y que los responsables rindan cuentas por sus crímenes”, alerta.
La CPI anunció en diciembre de 2019 que había suficientes evidencias para abrir una investigación completa sobre los “crímenes de guerra” perpetrados por el régimen de ocupación contra los palestinos y pidió a sus jueces iniciar las pesquisas sobre las denuncias contra Israel en la ocupada Cisjordania, la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) y la asediada Franja de Gaza.
El examen preliminar de la CPI sobre los crímenes israelíes se inició en 2015 después de que Palestina firmara el Estatuto de Roma y aceptara formalmente la jurisdicción del tribunal sobre su territorio.
Las autoridades palestinas, por su parte, han presentado demandas ante la CPI contra el régimen de Tel Aviv, para que este sea juzgado por la expulsión de la población palestina de los territorios ocupados, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y las detenciones arbitrarias.
Este informe palestino responde a la Fiscalía de la CPI, que había solicitado el pasado enero información sobre la jurisdicción territorial del Estado de Palestina para poder así concretar las denuncias por crímenes de guerra que se han presentado al respecto contra el régimen de ocupación de Tel Aviv en este tribunal.
Palestina también insta al ente a “impartir justicia ante los más graves crímenes” de Israel y destaca la opinión remitida al tribunal por juristas, catedráticos y organizaciones pro derechos humanos “reafirmando que la Corte tiene jurisdicción sobre el territorio del Estado de Palestina”. El texto menciona a la Liga Árabe (LA) y a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).
“Denegar la jurisdicción territorial sobre el territorio de Palestina en su integridad sería una contradicción con el objeto y propósito mismo del tribunal de poner fin a la impunidad y que los responsables rindan cuentas por sus crímenes”, alerta.
La CPI anunció en diciembre de 2019 que había suficientes evidencias para abrir una investigación completa sobre los “crímenes de guerra” perpetrados por el régimen de ocupación contra los palestinos y pidió a sus jueces iniciar las pesquisas sobre las denuncias contra Israel en la ocupada Cisjordania, la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) y la asediada Franja de Gaza.
El examen preliminar de la CPI sobre los crímenes israelíes se inició en 2015 después de que Palestina firmara el Estatuto de Roma y aceptara formalmente la jurisdicción del tribunal sobre su territorio.
Las autoridades palestinas, por su parte, han presentado demandas ante la CPI contra el régimen de Tel Aviv, para que este sea juzgado por la expulsión de la población palestina de los territorios ocupados, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y las detenciones arbitrarias.
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