Sabemos apenas algunas cosas sobre el intento de espionaje por parte del Gobierno Federal a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos a través de un software llamado Pegasus, el cual infecta teléfonos celulares y puede brindar acceso total a sus contenidos. El programa que es capaz de espiar hasta a 500 personas de manera simultánea fue adquirido en 2014,
cuando Jesús Murillo Karam era titular de la Procuraduría General de la
República y Tomás Zerón era la cabeza de la Agencia de Investigación
Criminal. Sin embargo, se acabó de instalar y entró en acción hasta que
Arely Gómez asumió su cargo como procuradora. El costo de dicho software
fue de más de 32 millones de dólares, pagados a la empresa Techbull S.A. de C.V., y el contrato, que data de noviembre de 2014, fue firmado por Zerón de Lucio. Pegasus fue utilizado para espiar, de igual manera, a miembros de la oposición. Después de que se destapara la cloaca, la PGR resolvió investigarse a sí misma y el presidente Enrique Peña Nieto declaró que él también se sentía espiado. Hoy, el caso #GobiernoEspía sigue dando de qué hablar.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
publicó este viernes 28 de julio una nueva pieza periodística que echa
luz sobre las irregularidades en el caso. De acuerdo con el
reportaje, Carlos Cayetano Miguel, quien en actas apareció como dueño y
administrador único de la empresa Tech Bull, los intermediarios en la
venta del malware Pegasus, vive en un asentamiento irregular ubicado en
una barranca en un pueblo de la delegación Álvaro Obregón. Al momento de
ser cuestionado por los periodistas sobre esta transacción, Cayetano indicó que nunca supo de esa transacción millonaria y que, además, no recibió ni un peso de ganancia.
“Sabías que la empresa que fundaste vendió al Gobierno un malware por
32 millones de dólares”, le preguntaron al dueño legal de Tech Bull. “La
verdad es que casi no veo las noticias, ni sabía”, contestó Cayetano.
Según su testimonio, en el periodo que fue socio en la compañía —un año—
no tuvieron encargado de ventas, no realizaron venta alguna y, por si
fuera poco, indicó que ni siquiera supo que Pegasus se utilizó para
espiar a periodistas y activistas.
Foto: Shutterstock
Mexicanos Contra la Corrupción solicitó una entrevista con el área de comunicación social de la PGR para conocer en qué condiciones se contrató a Tech Bull, pero no tuvieron respuesta alguna. La investigación señala que este grupo se constituyó el 10 de octubre de 2013 en la Ciudad de México con un capital de 50 mil pesos y que, solamente un añito después, le vendieron el malware espía Pegasus a la PGR en un monto de 32 millones de dólares. La empresa nació el mismo día que Cayetano Miguel, entonces de 26 años, se titulaba como contador público en el Instituto Politécnico Nacional. El otro socio de la empresa responde al nombre de Jorge de Jesús Sánchez, un técnico en informática egresado del Conalep del cual no se tienen antecedentes empresariales en el registro público. Cada uno de los socios aportó 25 mil pesos para conformar la empresa y no 3 mil como indicó Carlos Cayetano.
Ahora chéquense el objeto social de la empresa Tech Bull: “compra-venta de todo tipo de instrumentos y servicios de seguridad, incluido equipo táctico y de inteligencia, radares, torres de vigilancia, unidades móviles de videovigilancia y grabación, aviones no tripulados a control remoto (drones), vigilancia en aeronaves, sistemas para detección de armamento y explosivos, traslado y custodia de valores e instalación de blindajes”. Cuando los periodistas de MCCI le preguntaron al empresario cómo se le ocurrió constituir una compañía con ese giro tan sofisticado en materia de seguridad, el socio fundador, sin experiencia comprobable en el tema, contestó: “Fue así de ‘vamos a hacer una empresa’“.
¿No les suena raro que la PGR le haya comprado este sofisticado equipo de espionaje israelí a una empresa que se acababa de crear, que no tenía experiencia en el tema y que, de acuerdo con las propias declaraciones de uno de los socios, antes de ese contrato no había logrado ninguna venta?
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Carlos
Cayetano Miguel, socio de la empresa Tech Bull, la cual vendió el
software Pegasus a la PGR. Foto: Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad
“Nuestros mejores clientes son la Marina mexicana, la PGR, el Cisen, la Policía Federal y una gran cantidad de procuradurías, incluyendo la del Estado de México (…) acabamos de vender a la PGR el sistema NSO Pegasus“. Rodrigo Ruíz de Teresa ha sido señalado como el principal negociador con la procuraduría dirigida por Murillo Karam, Arely Gómez y actualmente en manos de Raúl Cervantes Andrade. El sobrino de Guillermo Ruíz de Teresa, cercanísimo al priista Emilio Gamboa, quien a su vez es uno de los legisladores más pegados a EPN, también intervino en las negociaciones para abastecer con equipos de seguridad a, al menos, cinco estados de la República Mexicana (Edomex, Chiapas, Puebla, Baja California y Michoacán). Mexicanos Contra la Corrupción entrevistó al empresario Rodrigo Ruíz de Teresa: durante la charla, este negó que Tech Bull hubiese pertenecido a Balam, además de que sus datos personales y catálogo de productos habían sido utilizados sin su permiso.
Su nombre aparece en el contrato firmado con la PGR en 2014.
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Rodrigo Ruíz de Teresa en compañía del presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Twitter
Zerón de Lucio, quien ha ocupado puestos de alta responsabilidad en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Policía Federal Preventiva y la misma PGR durante los últimos diez años, es señalado como uno de los principales responsables en la adquisición de Pegasus. Según emails filtrados por Wikileaks, el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional sólo confiaba en este malware para “cumplir su tarea” ya que desconfiaba de otros sistemas de espionaje. La compra de Pegasus se hizo bajo los criterios de “riesgo y urgencia”, por lo cual el contrato se habría adjudicado de manera directa o una invitación a, cuando menos, tres empresas. La pregunta vuelve a surgir: ¿por qué asignarle un contrato así a una empresa que acababa de ser creada, con oficinas virtuales y sin experiencia en materia de seguridad nacional?
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