Organizaciones civiles rechazan reformas a la Justicia Militar en México
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AFP 2016/ Ronaldo Schemidt
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una reforma al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales de México ha sido denunciado por una red de decenas de organizaciones de derechos humanos.
"Las
disposiciones aprobadas son violatorias de los derechos humanos y
además, no cumplen con los estándares de una correcta administración de
justicia", dijeron en un pronunciamiento.
Las nuevas instancias militares de México plantean "problemas de compatibilidad con el marco jurídico establecido por el derecho internacional en materia de administración de justicia por tribunales militares", dice un análisis de las organizaciones encabezado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH. (CMDPDH).
El
Senado aprobó la semana pasada reformas al Código de Justicia Militar y
expidió el Código Militar de Procedimientos Penales, ocho años después
de una reforma constitucional para la procuración e impartición de
justicia en el ámbito castrense.
Las organizaciones manifestaron su preocupación de que, a diferencia
de otros ámbitos, esta vez el Congreso no convocó a organizaciones de la
sociedad civil para la elaboración de esta reforma, ni a expertos de la
sociedad civil en el tema de justicia militar.
Las organizaciones exigen que únicamente los delitos que tengan que ver de manera estricta con la función militar sean sometidos a las autoridades castrenses.
Esos delitos están previstos en las leyes civiles "siempre deberían juzgarse por la autoridad civil, aún y cuando el sujeto activo o pasivo del delito sea una persona perteneciente a las Fuerzas Armadas".
Se ensancha el fuero militar
La reforma que se aprobó y el código militar "no sólo no limita el fuero militar de una manera adecuada y de conformidad con una correcta administración de justicia"; sino que, valida acciones en donde los militares pudieran extender la jurisdicción castrense sobre los civiles, dice el documento.
Temas como la prisión preventiva oficiosa "se establece bajo supuestos no contemplados en la Constitución".
También critican la intervención de comunicaciones privadas, sin
salvaguardas para evitar abusos en contra de civiles, relacionadas con
la investigación de delitos cometidos por militares: "esto significaría
extender el fuero castrense al civil".
El tema de las revisiones corporales no prevé una disposición explícita para las mujeres víctimas de violencia, como sí lo hace el código civil, lo que "denota una reducción de derechos" de las mujeres en el ámbito militar.
Los cateos "no deben de ninguna manera estar bajo control de las autoridades militares, ya que ello significaría la ampliación de la esfera de actuación restringida del fuero castrense".
Otro
punto critica que, en el levantamiento e identificación de cadáveres,
el fuero castrense "vulnera la imparcialidad, así como la probable
intrusión en el fuero civil cuando no hay certeza de la identidad de la
víctima".
Las autoridades militares "nunca deben levantar ni identificar
cadáveres, ya que eso puede comprometer investigaciones que las
autoridades civiles lleven a cabo", exigen las ONG.
Finalmente, la reforma ha eludido el cumplimiento de otras obligaciones preexistentes en materia de derechos humanos, como por ejemplo, dotar de imparcialidad e independencia a la llamada justicia militar.
Con la reforma actual, las ONG, académicos y defensores de DDHH consideran que "se sigue extendiendo el fuero militar para situaciones que no son de naturaleza castrense".
El
tema del rol de los militares se ha colocado al centro del debate sobre
el papel de las Fuerzas Armadas en áreas de seguridad pública, desde
que fue declarada la guerra contra el narcotráfico y el crimen
organizado en 2007, en la cual hay denuncias de casos de tortura y otros
abusos.
En otros grupos, el documento lo firman también la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los
Derechos Humanos en México; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria"
Las nuevas instancias militares de México plantean "problemas de compatibilidad con el marco jurídico establecido por el derecho internacional en materia de administración de justicia por tribunales militares", dice un análisis de las organizaciones encabezado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH. (CMDPDH).
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AP Photo/ Marco Ugarte
Las organizaciones exigen que únicamente los delitos que tengan que ver de manera estricta con la función militar sean sometidos a las autoridades castrenses.
Esos delitos están previstos en las leyes civiles "siempre deberían juzgarse por la autoridad civil, aún y cuando el sujeto activo o pasivo del delito sea una persona perteneciente a las Fuerzas Armadas".
Se ensancha el fuero militar
La reforma que se aprobó y el código militar "no sólo no limita el fuero militar de una manera adecuada y de conformidad con una correcta administración de justicia"; sino que, valida acciones en donde los militares pudieran extender la jurisdicción castrense sobre los civiles, dice el documento.
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REUTERS/ Mike Segar
El tema de las revisiones corporales no prevé una disposición explícita para las mujeres víctimas de violencia, como sí lo hace el código civil, lo que "denota una reducción de derechos" de las mujeres en el ámbito militar.
Los cateos "no deben de ninguna manera estar bajo control de las autoridades militares, ya que ello significaría la ampliación de la esfera de actuación restringida del fuero castrense".
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AFP 2016/ Yuri Cortez
Finalmente, la reforma ha eludido el cumplimiento de otras obligaciones preexistentes en materia de derechos humanos, como por ejemplo, dotar de imparcialidad e independencia a la llamada justicia militar.
Con la reforma actual, las ONG, académicos y defensores de DDHH consideran que "se sigue extendiendo el fuero militar para situaciones que no son de naturaleza castrense".
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AFP 2016/ Hector Guerrero
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