jueves, 7 de diciembre de 2017

La otra historia del narcotráfico (I)


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La otra historia del narcotráfico (I)

 


A propósito de un artículo publicado en la edición nacional de
La Jornada
(“La verdadera historia del narcotráfico”:
http://bit.ly/2k9eZvc
), cuyo empeño es a todas luces meritorio justamente porque da cuenta de una intencionalidad por resignificar una historia que en México tiene una actualidad determinante y atroz, juzgué oportuno adherir esa iniciativa de reinterpretación histórica e historiográfica, aportando algunas reflexiones e hipótesis sobre el tema.
  1. Para la reconstrucción de una otra historia del narcotráfico en México, la primera condición es distinguir entre “drogas” y “narcotráfico”. “Droga” es una sustancia psicoactiva utilizada con fines terapéuticos o lúdicos, legal o ilegal. Y “narcotráfico”, en su acepción más básica o general, es un campo de prácticas ilegales que involucra a una multiplicidad de actores institucionales y/o criminales, y cuyo corazón no es la droga (aún cuando tiene una relación tangencial), sino la gobernabilidad (interacción entre el Estado y actores no estatales; construcción del orden social) y los mercados (arena en la que discurren las transacciones de procesos-bienes-servicios y la apropiación de plusvalías). Ergo, la causa decisiva de la situación delincuencial (narcotráfico) es la situación económico-política. La historia que recoge la bibliografía especializada es la historia de la droga, no la del narcotráfico.
  1. Porque aun cuando aquellos trabajos históricos documenten la emergencia de organizaciones criminales dedicadas al negocio de la droga, el problema radica en que a menudo presentan a la propia droga o a los “barones de la droga” (capos) como el factor determinante del narcotráfico. La omisión o inadecuada jerarquización de la “multiplicidad de actores” que intervienen en el narcotráfico se tradujo en una fetichización de este objeto de análisis, en la que los actores de reparto (capos de la droga) reciben tratamiento de protagonistas (frecuentemente homenajeados sin ningún rubor). Hasta un análisis epidérmico permite advertir que no existe un sólo capítulo de esa historia que no esté atravesado determinantemente por la acción del Estado, y que, en la actualidad, es difícil identificar una sola institución de Estado que no esté operativamente articulada al narcotráfico. En este sentido, es posible señalar que en el México posrevolucionario y hasta nuestra época, la tendencia prevaleciente ha sido el engarce de instancias institucionales con el narcotráfico. Por la presencia crucial de los actores institucionales en la maquinación delincuencial de los cárteles de la droga, y por la persistencia de ilegalismos tan estrechamente acoplados a la institucionalidad, una otra historia del narcotráfico debe situar en el centro del análisis a los actores institucionales que habitan en las estructuras formales, y no a los irrelevantes capo di tutti capi que no son más que empleados de los centros de autoridad y poder institucionalizados.
  1. La mayoría de los trabajos históricos coinciden en señalar que un aspecto toral en la proliferación del narcotráfico en México es la relación de los actores criminales con “algunas fracciones de la clase política”. Pero tal premisa, si bien es imposible refutar, es insuficiente y engañosa. Que existen figuras políticas envueltas en el narcotráfico es una obviedad (por cierto, ampliamente documentada). La pregunta que debe responder un trabajo histórico genuino no es solamente qué actores o factores intervienen, sino también, y acaso fundamentalmente, cómo intervienen esos actores o factores. Porque la clave radica en jerarquizar la evidencia y la información, y descubrir el proceso real del narcotráfico, y no sólo identificar a “ciertos políticos corruptos”. Esa descripción que hacen no pocos autores acerca de la relación –casi accidental, según esos relatos– entre “algunos” políticos y los jefes de la droga es la pura envoltura mística. Hasta ahora nadie escribió una historia del narcotráfico.
Fuente: http://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/12/la-otra-historia-del-narcotrafico-i.html
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Estado de excepción... la militarización de México


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Estado de excepción... la militarización de México

 


Estado de excepción... la militarización de México
I
Uno de los principales mitos del funcionamiento del sistema político mexicano menos cuestionado afirma que las instituciones militares nacionales (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) son entidades por completo abstraídas del funcionamiento general de aquel; esto es, instancias real y verdaderamente aisladas de los causes de la política en sus órdenes federal, estatal y municipal. Gran parte de
la naturaleza mítica de esta creencia, y de su incuestionable verdad, por supuesto, se debe al hecho de que una y otra tienen su origen en la historia del partido hegemónico
(ya como Partido Revolucionario Institucional), y en las prácticas simbióticas de éste con el andamiaje estatal.
Y lo cierto es que aunque el 68 mexicano y la sistemática eliminación de las poblaciones originarias del país, por un lado; tanto como la guerra en contra del narcotráfico, en tiempos más recientes, por el otro; dan cuenta del poder efectivo que las corporaciones castrenses ejercen en la determinación del desarrollo de vida social cotidiana de los mexicanos; los recuerdos de la supresión del sector militar de la estructura interna del partido y de la consolidación del carácter civil de los funcionarios en cargos de elección popular, en conjunto con una narrativa estable construida alrededor de dichas instituciones como representativas de las glorias de la independencia nacional, del rechazo a la intervención extranjera, de la forja y la herencia de la revolución y de la ayuda ante contingencias humanitarias; son lo suficientemente sólidos como para objetivar al nacionalismo más dogmático e intransigente en el culto a la figura del marino y del militar como personificación de la lealtad, el honor, el valor y la gloria de una nación.
En este sentido, aunque gran parte del mito se articula alrededor de una lógica en la que si el ejército y la marina no tienen presencia pública, ni incide en los procesos de toma de decisiones (fuera de sus ámbitos de competencia en materias de seguridad y defensa) de manera institucional, es porque las instancias castrenses del Estado, en realidad, no cuentan con ningún poder real sobre la manera en la que se gobierna a la sociedad. Es decir, en esta manera de comprender el papel de las fuerzas armadas, éstas son relativas sólo en la medida en que, por un lado, tienen presencia pública; y por el otro, su participación a nivel gubernamental es cualitativa y, sobre todo, cuantitativamente, superior a los niveles que los asuntos de seguridad y defensa requieren. Por supuesto, comprender así a las instituciones militares —de México o de cualquier otro Estado— pierde de vista que de todas las instituciones formalmente constitutivas del andamiaje gubernamental, en particular; estatal, en general; son éstas las únicas que cuentan con las capacidades y las potencialidades estratégicas, tácticas y operativassuficientes como para derribar, ocupar, alterar, bloquear, cambiar y (re)fundar no sólo los órdenes institucionales vigentes, sino el conjunto de los elementos sobre los cuales se fundamenta la estatalidad en cuestión; sin la necesidad de contar con un mandato jurídico establecido o de la aceptación poblacional.
No es azaroso, por lo anterior, que ante cada renovación del andamiaje gubernamental, ya sea en periodo electoral o post-toma de posesión, uno de los primeros elementos de legitimidad y aceptación que se busca obtener o ratificar, sea el de la adhesión de las fuerzas armadas al proyecto de gobierno en cuestión. Y es que, en el fondo de esa aceptación por parte de las entidades castrenses, lo que los gobiernos civiles buscan es afianzarse para sí y su proyecto gubernamental la certeza de que su administración no se encontrará con ningún tipo de resistencia armada, pero no sólo, pues también es importante afirmar la idea de que luego de su investidura sus personas no serán agredidas y sus administraciones no serán depuestas por un Golpe de Estado —piénsese en la historia de América Latina, de la década de los años cuarenta hacia adelante, para ilustrar estas palabras.
Ahora bien, si se comprende que el ejercicio de poder de las fuerzas armadas, su capacidad de determinar políticas exteriores y públicas, programas de gobierno y agendas administrativas, etc., no se encuentra en la cobertura mediática que éstas reciben en el día a día, ni en su participación en eventos públicos y gubernamentales o en asuntos de otras instancias constitutivas del Estado, sino en sus probabilidades reales de tomar el control directo de esas otras instancias y de hacer valer su propia racionalidad sobre el funcionamiento del Estado-nacional en cuestión, se tiene que lo profundo de la participación de los efectivos militares en las tareas seguridad propias de las corporaciones civiles, así como el marco legal sobre el cual aquellos fundamenten su actuar incrementarán las potencialidades de la milicia por encima de los controles civiles.
Un sexenio de guerra en contra del narcotráfico: con un amplio y penetrante despliegue de gran parte de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas del ejército, la fuerza aérea y la marina en el espacio público, sustituyendo a las corporaciones civiles en materia de seguridad, multiplicando el financiamiento que reciben año con año, mejorando su poder de fuego cuantitativa y cualitativamente, disponiendo de mayor infraestructura y recursos administrativos, etc.; por ejemplo, es uno de esos eventos por medio de los cuales las entidades castrenses tienden a exponenciar no sólo sus márgenes de maniobra en cuanto tales, sino la magnitud del ejercicio de poder que de manera efectiva ejercen sobre los órdenes de gobierno que ocupan.
Por este motivo, teniendo como marco contextual la continuidad que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a la política antinarcóticos de Felipe Calderón y Vicente Fox, los recientes eventos en torno de la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no es un asunto menor, pero sí, un asunto de militarización legal, institucionalmente legitimada, de toda una sociedad. Porque aunque los intentos por discutir a dicha legislación como una antítesis de cualquier noción que se aproxime a las experiencias de Pinochet, en Chile; de Banzer, en Bolivia; de Stroessner, en Paraguay; de Videla, en Argentina; de Bordaberry, en Uruguay; de Castelo Branco, en Brasil, etc., habida cuenta de que la Ley otorgaría a las fuerzas armadas un marco normativo que legitime y garantice la legalidad de sus actos, lo cierto es que tanto por los actos hasta ahora cometidos por efectivos militares como por el contenido de la propia legislación lo que se está poniendo en juego es el grado de determinación que el fenómeno de la guerra contra el narco —y no la pura presencia de la milicia en las calles, per se— tendrá en la cotidianidad de la vida de los mexicanos.
En este sentido, la primera noción que se debe rechazar como sentido común explicativo del fenómeno que se encuentra en curso en el proceso de aprobación de la Ley es quemilitarización no es sinónimo de dictadura militar —entendiendo a esta última noción en los términos en que se usa para designar a los gobiernos latinoamericanos arriba mencionados. Es decir, para argumentar que en México se está instaurando un régimen militarizado no es preciso que en el gobierno federal se instaure a una personalidad como la de Pinochet o la de Stroessner, porque la realidad es que el elemento que funda y define a un régimen de militarización de la vida en sociedad no es tanto la personalidad a cargo de las principales magistraturas del Estado, sino el tipo de relaciones sociales que se introducen y sostienen a partir del despliegue sí de los efectivos castrenses, pero también, y sobre todo, de su particular racionalización.
Un dato que no se debe perder de vista, por lo anterior —y al margen del hecho de que desde 2012 cada entidad de la república mantiene, en algún grado, las estructuras propias de los operativos conjuntos (piedra de toque de la estrategia de despliegue militar de Felipe Calderón) como base de apoyo para las tareas de inteligencia, seguridad y defensa en contra de la delincuencia—, es que aunque las corporaciones estatales de policía de las treinta y dos entidades federativas se encuentran comandadas por efectivos militares (en activo o retirados de la milicia), no es la presencia del efectivo al frente de la institución lo que funda el régimen de militarización, sino la forma en la que los diversos actores del cuerpo social se relacionan entre sí a partir de un particular disciplinamiento territorial, espacial, temporal, social, administrativo, etc., de corte militar.
Y es que, a la comandancia de policías civiles por parte de efectivos castrenses se deben sumar, por lo menos, tres rasgos más para comprender el punto de la militarización en curso en México: a) que luego de la purga emprendida por Felipe Calderón en las policías estatales y municipales (continuada por Enrique Peña Nieto, también), los vacíos que se formaron fueron rellenados por la trasferencia de soldados y marinos a esas instancias para desempeñarse como policías estatales y municipales; b) el modelo de entrenamiento, en sus niveles estratégico, táctico y operativo, de las instituciones de seguridad pública, en general, se mantiene bajo el esquema de profesionalización militar; es decir, bajo los lineamientos dentro de los cuales entrenan las propias fuerzas armadas; c) hasta 2015, las treinta y dos legislaciones locales en la materia (así como la federal) se modificaron para sincronizarse con las demandas del combate directo y armado a la delincuencia organizada.
Es decir, tomando los tres elementos anteriores en su conjunto es posible observar que ya está en operaciones una racionalidad, una lógica y una legalidad propias de la manera de proceder de las milicias en materia de inteligencia, seguridad y defensa. Y aquí, aunque es cierto que la profundidad de estos cambios no es tan homogénea, generalizada ni profunda para cada uno de los casos en los que se despliegan, también lo es que este esquema es apenas una parte que se conjunta con una saturación conformada por la copresencia de marinos, soldados, gendarmes, policías federales, grupos paramilitares, sicarios, etc., esto es, la militarización del país no se está efectuando sólo por un frente, sino por varios.
Discutir si fue primero la delincuencia organizada en sicariato o si lo fue la salida de los militares de sus cuarteles rebasa la presente argumentación, sin embargo, lo que queda claro es que la relación que existe entre uno y otro lado de la ecuación es recíproca, y cada año se va profundizando y escalando en términos cualitativos y cuantitativos; toda vez que un incremento de elementos o una mejora en su potencia de fuego o en su organización operacional supone el imperativo de compensar y rebasar en el otro lado. De aquí que los niveles de violencia desplegados por el ejército siempre se corresponden con un incremento de parte de los sicarios, y viceversa. Ahora bien, ¿si la militarización del país ya se había echado a andar desde los sexenios panistas en la presidencia de la república, que diferencia o elemento nuevo se supone que introduce la legislación en proceso de aprobación? ¿No daría lo mismo que se apruebe o que todo se quede tal y como está si, después de todo, el contenido de la ley ya ocurre de facto? La cuestión con la Ley de Seguridad Interior es que su contenido potencia lo que ya se está dando en la cotidianidad, y sin que se cuente, en este momento, con un marco jurídico. El dictamen general de ciertos sectores de la sociedad, en tal línea de ideas, es, por tanto, el que aquí también se suscribe: el peligro es la legitimación del Estado de Excepción actual.
* Esta es la primera de una serie de columnas dedicadas el análisis de dicha Ley. Una vez discutidos los términos de la militarización, desentrañar los contenidos de la norma es lo fundamental.
Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/2017/12/estado-de-excepcion-la-militarizacion.html
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Meade para que todo siga igual, AMLO por el cambio


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Meade para que todo siga igual, AMLO por el cambio

 


México tendrá elecciones presidenciales en julio de 2018 en momentos en que el poder militar doblegó al mando civil con una ley de seguridad interior, y ante un cuadro de situación que incluye el alza de las tasas de interés de EEUU, los escenarios sombríos en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la inestabilidad política en América Central.
Hasta el Financial Times, vocero del capital trasnacional, mostró su preocupación, al señalar que pareciera que México se dirige hacia una tormenta perfecta, además de encontrarse frente a dos candidatos particularmente polémicos. México elige presidente o presidenta, 128 senadores y 500 diputados en julio.
Al frente de las encuestas se encuentra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de 64 años, un líder centroizquierdista y exitoso exalcalde de la Ciudad de México y José Antonio Meade, de 48 años, respaldado oficialmente por el presidente Peña Nieto, quien estuvo al frente de las Relaciones Exteriores, de la Energía y dos veces fungió como secretario de Hacienda.
Meade es el favorito de los inversionistas y los dueños del poder, su esperanza, publicitado como un tecnócrata práctico que cuenta con el apoyo de varios partidos, pero su poder y proyección deriva del gobernante PRI y su maquinaria electoral aceitada por décadas (desde 1930) en todo el país.
Golpe virtual
En lo que podría configurar un virtual golpe de Estado técnico, la aprobación por el Senado de la llamada ley de seguridad interior convertiría lo que hace 11 años Felipe Calderón promovió falsamente como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, en la petrificación de un statu quo signado por una violencia estatal sin límites. Y así como el régimen anterior vivió bajo una forma de emergencia de lo permanente, ahora, con la nueva ley, la excepción se volverá regla, señala el analista Carlos Fazio.
En diciembre de 2006 se declaró la guerra contra las drogas en México y la estrategia tuvo aparejada una mayor actuación de los militares en tareas de seguridad pública. Esa estrategia de seguridad, después de 11 años de vigencia, no ha reducido la violencia, al contrario, la ha incrementado. Tal y como lo muestra la experiencia en otros países, en México tras la militarización, las violaciones a derechos humanos y la comisión de crímenes graves han ido en aumento.
Desde diciembre de 2006 son comunes las detenciones arbitrarias a manos de militares; es decir, de esa fecha hasta febrero de 2017 los militares –Sedena y Semar- detuvieron a 80,259 personas, alrededor de 21 personas por día. En todas las detenciones se argumentó “flagrancia delictiva”, eso quiere decir que los militares observaron directamente como más de 80 mil personas en 11 años cometían algún delito o mediante elementos objetivos, pudieron identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, la persona se encontraba cometiendo el delito.
Finalmente, el poder militar doblegó a su mando civil. Por miedo o cobardía, el presidente Enrique Peña Nieto terminó cediendo de manera ¿voluntaria? el poder civil al castrense. Después de dos años de un pertinaz activismo político-deliberativo salpicado de chantajes, mentiras y de una propaganda demagógica a contrapelo de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, los mandos militares impusieron su ley.
Los militares seguirán afuera de los cuarteles de manera indefinida, sin contrapesos institucionales y sin transparentar o rendir cuentas a nadie, con lo que se profundizará la estrategia de (in)seguridad militarizada diseñada por el Pentágono en el marco de la Iniciativa Mérida, que ha derivado en una catástrofe humanitaria con su cauda de torturas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas y desplazamiento de población, añade Fazio.
Corrupción, masacres
López Obrador ha prometido aplastar las “mafias del poder” de México, lo que resuena ampliamente en un país harto de la corrupción, la violencia creciente y la impunidad legal de las élites que se han exhibido tan flagrantemente durante la presidencia de Peña Nieto. goza de amplio apoyo nacional, especialmente en el sur pobre. Las diatribas antimexicanas del presidente estadounidense Trump ayudan a su causa nacionalista. Meade nunca ha ocupado un cargo electo, por lo que necesita todo el apoyo de la formidable maquinaria electoral del PRI para ganar, pero para ello también debe distanciarse del PRI para tener credibilidad y no aparecer como un títere.
Meade aparece en torno al 20 por ciento en las encuestas, AMLO con un 30 por ciento, y cualquiera podría ganar con sólo el 40 por ciento de los votos, ya que en México no hay segunda vuelta. A pesar de no militar en el PRI, cambios apurados en los estatutos de ese partido le han permitido a Meade participar en la contienda electoral más costosa de la historia de México, y quizá la más encarnizada y cara (1.400 millones de dólares).
Al más rancio estilo del PRI, con el “destape” presidencial incluido ya recibió el apoyo de organizaciones tributarias del PRI, como los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en su carrera para "hacer de México una gran potencia".
López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lleva cinco años de proselitismo (desde que fue derrotado en las elecciones de julio de 2012. Meade, publicitado como “impoluto”, dejó en el camino al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que carga con el lastre de los 43 desparecidos de Ayotzinapa; y al canciller Luis Videgaray , a quien persigue la sombra humillante de haber invitado a México a Donald Trump y tratarlo como a un presidente en funciones cuando apenas era el candidato republicano en las elecciones
El escenario “formal” lo completan partidos internamente fragmentados como Acción Nacional (PAN) –con respaldo en la clase empresarial y el de la Revolución Democrática (PRD) –que levanta partidarios entre los pobres-, que buscan una alianza imposible y disfuncional a través de esa entelequia llamada Frente Ciudadano por México; ante la presencia de partidos menores y de suspirantes independientes a la presidencia, que solo atomizarán votos.
Indígena y mujer, por la democracia participativa
Una de las primeras candidaturas que se ha formalizado es la de María de Jesús Patricio Martínez, portavoz del Congreso Nacional Indígena de México. Marichuy, como es conocida por todos, se define como la candidata que “hace temblar el poder”. Su propuesta: una estrategia para combatir el sistema capitalista que reina en México. Según la líder popular, el plan alternativo tiene que surgir de las organizaciones indígenas mexicanas.
“Son ellos quienes pueden oponerse al robo de las tierras y la explotación de los recueros naturales que llevan a cabo cotidianamente las empresas multinacionales presentes en el país, la oligarquía y el mismo Estado mexicano.
Nacida en Tuxpán en el 1963, Marichuy es miembro de la comunidad indígena nahua, una curandera famosa y médico tradicional y una activista de los derechos humanos. Desde octubre, recorre México en el primer tour de los caracoles zapatistas.
Su propuesta electoral es la de convertirse en la “piedra en el zapato” de los grupos de poder oligarcas en México. Propone una nueva forma de gobernar, en la que los electores tengan la posibilidad de participar en primera persona en la construcción de un camino antisistema sin la fuerza de los poderes institucionales. La apuesta es que los electores perciban a la líder indígena como una alternativa a la política tradicional mexicana, en una inédita revolución desde abajo.
Marichuy aseguró que “la violencia del sistema capitalista y del sistema patriarcal han impuesto el silencio en las comunidades y la imposición de negarse a decidir sobre sus propias vidas y sus propios cuerpos”. Denunció la represión de las fuerzas de poder en contra de muchos grupos indígenas (como lo demuestra la masacre en Ayotzinapa). Su discurso político va dirigido no sólo a las clases sociales más pobres en el sector rural sino también a los trabajadores explotados en los grandes centros urbanos.
La dirigente logró cambiar el mecanismo machista que impera desde hace siglos las comunidades indígenas. Reconoció el valor de las niñas y las mujeres en esas comunidades, dándoles peso político y social. En México se registran aproximadamente siete feminicidios al día y la clase dirigente es preponderantemente del género masculino. Ella es la primera mujer indígena que aspira a la presidencia mexicana. “Son las mujeres las que sufre más dolor por los asesinatos, las desapariciones y los encarcelamientos que ocurren con arbitrariedad en este país”, aseguró.
Un año sombrío
Desde el primer día del 2017, cuando con el ‘gasolinazo’ ( los nuevos precios de los combustibles y la consiguiente ola de aumentos en el costo de productos y servicios), se supo que el año sería duro, sobre todo cuando desde la Casa Blanca Dondald Trump insistía en cumplir sus amenazas nacionalistas, como la construcción de un muro fronterizo y la ruptura del TLCAN, en momentos en que el desplome de los precios del petróleo redujo los ingresos del país y fue justificado para terminar de desmantelar la paraestatal petrolera Pemex y privatizar el sector energético.
No todo es culpa de Trump, sin duda, porque se acentuaron los desequilibrios del modelo de desarrollo mexicano, con un crecimiento empobrecedor y excluyente, alta dependencia importadora combinada con un esquema primario exportador, relaciones comerciales concentradas en oligopolios, baja productividad y una economía cada vez más financiarizada, señala un informe del Celag. A lo que se debe agregar problemas en el costo financiero de su deuda pública, y una importante caída en la inversión en infraestructura pública.
La inflación sigue siendo un dolor de cabeza para México. Durante catorce meses consecutivos, la tendencia alcista se afianzó y alcanzó su pico más alto en agosto con una tasa de 6,7%, lejos de las previsiones oficiales del 3% fijada por el Banco Central de México. Y peor aún, porque el aumento de la inflación se acompaña de la baja salarial, con una merma estimable del 6,3 en el poder adquisitivo de los trabajadores para el final del año.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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Macri y Temer apuran un TLC muy desventajoso con la Unión Europea


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Macri y Temer apuran un TLC muy desventajoso con la Unión Europea

 


Los gobiernos de Argentina y Brasil –seguidos de Paraguay y Uruguay-confían en que se anuncie un acuerdo marco con la Unión Europea la próxima semana en Buenos Aires a pesar de la resistencia de los industriales y trabajadores mercosureños y cierta reticencia de algunos agricultores en Europa, que se niegan a permitir importaciones de carne libres de aranceles.
Aunque las negociaciones siguen en total secretismo y falta de transparencia, trascendió a la prensa que los negociadores de ambos bloques mejoraron sus ofertas en Bruselas, pero los europeos no presentaron mejoras para acceder a la carne y el etanol sudamericanos, los mayores obstáculos para un acuerdo, las que quedarán para el próximo domingo 10, en una reunión de última hora en Buenos Aires.
La propuesta de Argentina y Brasil se sustenta en una reducción de los años en los que regirán aranceles especiales sobre una variedad de bienes de origen industrial, a los que se busca proteger. Los empresarios temen que estas "canastas" de desgravación arancelaria, fijadas en ciertos casos en 10 o 15 años, podrían achicarse para contentar a los europeos, a quienes se les exige, como contraparte, ampliar los stocks para el envío de carnes, bioetanol y frutas.
La comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, dijo el miércoles que las partes están cerca de un acuerdo. "Nos comprometemos a hacerlo lo más pronto posible porque ya casi estamos allí y porque hay un impulso y porque el próximo año, si se alarga demasiado, habrá campañas electorales y correremos el riesgo de perder ese impulso", dijo.
"Hay más de un 70 por ciento de posibilidades de llegar a un acuerdo", dijo un funcionario del Mercosur a la agencia Reuters, escudándose de dar su nombre “debido a la delicada etapa en la que se encuentran las negociaciones”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Francia no tenía prisa por llegar a un acuerdo con el Mercosur, aunque el novel primer ministro francés tiene bien en claro que los beneficios que obtendrían sus empresas a cambio de casi nada o meras promesas serían en conjunto enormes ( la UE estima ahorros de 5.200 millones de dólares por la eliminación de aranceles de importación para sus ventas a nuestros países) .
De all í que los negociadores europeos hablen reiteradamente de "una ventana de oportunidad" ​ , ya que no es común en un mundo con crecientes presiones proteccionistas un acuerdo de liberalización comercial y económica tan asimétrico entre una economía desarroll ada (la europea) y economías periféricas (las de los países del Mercosur) que ahondaría las ya fuertes desproporciones de los términos de intercambio. 
El presidente argentino Mauricio Macri quiere anunciar el Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur en el marco de la reunión de ministros de la Organización Mundial del Comercio de la próxima semana en Buenos Aires y podría firmarse a mediados de 2018, una vez que se hayan revisado todos los aspectos técnicos legales. O sea, será el anuncio de un acuerdo ya negociado secretamente en lo sustancial al cual solo le faltaría completar algunos paréntesis. ​
Los países del Mercosur insisten en mejorar la oferta de la UE de importaciones libres de aranceles por 70.000 toneladas anuales de carne de vaca y 600.000 toneladas de etanol por año, una cifra muy inferior a la oferta que los europeos hicieran en 2004, de 100.000 toneladas. La excusa es que -quizá por la crisis – los europeos comen menos carne hoy.
La resistencia a las importaciones de carne sudamericana proviene de países agrícolas como Francia, Irlanda y Polonia. La Asociación Irlandesa de Agricultores calificó de "tóxicas" las negociaciones comerciales con Mercosur y dijo que el mercado europeo de la carne se está sacrificando por el bien de un acuerdo con el bloque sudamericano.
"Nuestras exportaciones de carne a la UE son solo el cinco por ciento del mercado europeo. Es difícil creer que esto pueda evitar un acuerdo ", dijo Ligia Dutra, directora de relaciones internacionales del poderoso grupo de presión agrícola brasileño la CNA.
Por su parte, una veintena de productores e industriales argentinos que se encuentran en Bruselas temen que el gobierno de su país relaje los plazos para liberar importaciones o las normas de origen y advirtieron sobre las consecuencias negativas que puede tener en la industria, o por el recortado ingreso para la producción agropecuaria.
Entre los preocupados –invitados especiales del gobierno, enre los que no hay representantes, por ejemplo, de la pequeña y mediana empresa- están representantes de la mesa sectorial de las carnes, la Sociedad Rural, las cámara de exportadores (CERA) y de comercio (CAC), del Grupo de Países Productores del Sur (GPS) e industriales metalmecánicos (Adimra), del calzado y de las automotrices.
Estos mantuvieron reuniones en Bruselas con los negociadores del gobierno argentino (el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser; el subsecretario de Comercio Exterior, Shunko Rojas, y la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher), que se abstuvieron de escuchar sus reclamos e insistieron que cumplían órdenes directas del presidente Macri
Alertaron sobre cambios introducidos a la oferta del Mercosur que también podrían tocar a la posición sobre el capítulo de reglas de origen, por las cuales se impide, básicamente, que un producto importado de otra región del mundo, con un valor menor, sea "nacionalizado" y se venda como un producto local de la industria europea o sudamericana.
Los empresarios argentinos, sobre todos los industriales, temen que la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acepten atenuar los criterios sobre qué es y qué no un producto europeo, lo que se determina por el valor agregado, por la cantidad de componentes europeos, o por el valor bruto de producción. Hoy, la mayor preocupación pasa por evitar que Europa "triangule" productos de China, India o el sudeste asiático.
Un punto no menor es que los negociadores observaron que hay intenciones de cerrar el acuerdo político-marco la semana próxima en Buenos Aires, algo por lo que el gobierno viene peleando a fin de dar una señal de apertura e integración a las más de 160 delegaciones de naciones que vendrán para la cita.
La aparente falta de acuerdos en las últimas horas ​ , pese a las concesiones realizadas por los sudamericanos podría ser solo una táctica de negociación final. Todos están apurados aunque afirman que no lo están. Los europeos saben que su "oportunidad" es precaria ya que el año próximo están previstas elecciones en Brasil que restringirán la capacidad del impopular e cuestionado como ilegal gobierno de Temer ​
​ E l frenesí neoliberal amenaza a la producción y el trabajo en los países del Mercosur.   En tanto para los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay su apuro sería ​ para "demostrar que es tamos abiertos al mundo", tal vez dejando abierta la interpretación que entre la inocencia, las subordinaciones y la ridiculez, las distancias son muy estrechas.
Rubén Armendáriz, periodista y politólogo uruguayo, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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Fidel Castro, el otro nombre de la dignidad


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Fidel Castro, el otro nombre de la dignidad