El
hallazgo de nuevas fosas clandestinas en el estado de Veracruz vuelve a
poner en evidencia el infierno de las desapariciones en México. Además
de la violencia endémica, el mal manejo de los cadáveres que hacen las
fiscalías y los institutos forenses locales –totalmente saturados–
complica la labor de los familiares.
La noticia les cayó
mal, porque ellas ya venían haciendo el papeleo que la autoridad les
exige para entrar a ese lugar, donde sospechaban que había
enterramientos clandestinos. En setiembre, la fiscalía del estado
mexicano de Veracruz anunció el hallazgo de un predio en el pueblo de
Arbolillo con 32 fosas clandestinas, de las que se recuperaron 166
cráneos.
“Nos cayó como balde de agua fría, porque la fiscalía
no informó a nadie que iban a trabajar Arbolillo, a pesar de que
nosotras habíamos estado pidiendo el ingreso, porque ya se habían
encontrado cuerpos allí en 2017”, dijo a Brecha Rosalía Castro. Ella
busca a su hijo Roberto Carlos Caso Castro, desaparecido desde el 24 de
diciembre de 2011, cuando viajaba en la carretera junto a su novia,
Cyntia Vecendio Delgado, que también está desaparecida.
Castro,
miembro del Colectivo Solecito de familiares de desaparecidos, recordó
que cuando se trata del hallazgo de restos humanos la ley de víctimas y
la ley de desaparición forzada contemplan la participación de las
familias y sus defensores como observadores de la investigación.
“En junio presentamos 16 oficios para entrar a Arbolillo, y la fiscalía
nunca nos dio respuesta. Pero con toda esa información, ellos
entraron”, sostuvo. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler,
anunció los hallazgos como un mérito de su gobierno, pero las familias
denuncian que se les ha vedado el acceso a los datos conseguidos. Sólo
las dejaron pasar a Arbolillo cuando nueve de los 15 colectivos de
familiares de desaparecidos del estado de Veracruz se presentaron en el
lugar junto a las comisiones de derechos humanos. De todas maneras, sólo
se les permitió un recorrido a distancia de las fosas y bajo
vigilancia.
Para Castro esa actitud de la autoridad sólo se
entiende como una especie de “celos” generados por el reconocimiento del
trabajo de los familiares. “Nuestro temor son las cadenas de custodia
de todo lo que están encontrando, cómo lo manejan”, dijo además a
Brecha.
La confirmación del mal manejo de los restos hallados la
tuvo Castro cuando les mostraron las fotos de los cuerpos –sobre todo
de los tatuajes que tenían algunos– y de la ropa que había sido
rescatada del predio. Para su sorpresa, la habían lavado, a pesar de
haber sido obtenida en una escena de múltiples crímenes. “Cuando vi esa
ropa mandé traer al director de servicios periciales y le dije: ‘Esa
ropa está limpia’. Y él me confirmó que así era”, sostuvo Castro.
Las mujeres del Colectivo Solecito no son las únicas que se dedican a
la búsqueda de fosas clandestinas en México, pero tuvieron la fuerza
suficiente como para destapar el misterio que se hallaba en Colinas de
Santa Fe, en el estado de Veracruz: un enorme cementerio secreto con
fosas comunes (véase Brecha, 2-VI-2017). Recién terminaron de cerrar ese
capítulo a mediados de octubre de este año, luego de dos años de
trabajo en los que lograron recuperar 300 cráneos y otros seis cuerpos
sin cabeza en 151 fosas clandestinas.
Morgues saturadas
Según los datos de criminalidad oficiales, México registró en 2017 una
tasa de 25 asesinatos cada 100 mil habitantes. Hasta abril de este año
sumaban 37.485 las personas desaparecidas. “En Jalisco tenemos poco más
de 800 cuerpos sin ser identificados por sus familiares, de tal suerte
que ya no caben en la morgue”, contó a Brecha Guadalupe Aguilar,
coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos-Jalisco.
En setiembre pasado el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue
protagonista de un escándalo que acabó con su director cesado, cuando se
conoció públicamente que los cuerpos no identificados son resguardados
en un camión refrigerado que se renta para ese fin. La indignación que
corrió por las redes cuando las imágenes del Frigo Kim se hicieron
públicas no tuvo en cuenta que los camiones fueron una medida paliativa a
un problema serio y que su uso era sabido por los jefes políticos y
judiciales del estado. Lo cierto es que la de Jalisco no es la única
morgue en la república donde los cadáveres no reconocidos son mantenidos
de esa manera.
“La morgue tiene capacidad para 180 cuerpos en
sus refrigeradores. El fiscal anterior construyó un panteón ministerial
para 272 cuerpos, pero pronto se saturó. Se inició el trabajo de
construcción de otro panteón, pero quedó detenido. Entonces rentaron el
Frigo Kim, que tiene capacidad para 200 cuerpos”, explicó Aguilar a
Brecha.
Tiene los números frescos porque desde que comenzó el
año, semana a semana, un grupo de mujeres de su colectivo revisa los
cuerpos que llegan a la morgue y que permanecen sin identificar, y
anotan sus características en una libreta. Piden copia de los resultados
de la autopsia y revisan que sean embalados e identificados como
corresponde.
“Revisé personalmente el frigorífico y estaba
funcionando, y los cuerpos tenían su número de identificación”, afirmó
Aguilar. Dijo que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene
muchas fallas de presupuesto y de recursos humanos, pero que rentar el
frigorífico fue una salida provisoria para una situación extrema,
ampliamente extendida en todas las morgues del país ubicadas en zonas
donde hay muchas muertes violentas. Entre ellas las de Guerrero,
Veracruz y Morelos, en el centro-sur; y en el norte las de Tijuana, el
municipio de México que tiene el récord de muertos actualmente.
Cuanto más tiempo tarde en descomponerse un cuerpo no identificado, más
posibilidades hay de que su familia pueda reconocerlo, sobre todo por
sus tatuajes y marcas de nacimiento. Cuando el cuerpo llega al estado
esquelético pasa a ser obligatoria una prueba de Adn, mucho más costosa y
con resultados más tardíos.
“Lo que se necesita es la
identificación”, remarcó Aguilar. Son recurrentes los ejemplos de
familias que encuentran a su desaparecido figurando como “NN” en alguna
morgue del país. En todos los casos que esta cronista conoció de primera
mano, el cuerpo de la persona desaparecida había sido recuperado
próximo a su fecha de muerte. Lo que lo mantuvo en el anonimato durante
años fue la mala gestión de las autoridades.
“El identificado
más nuevo que logramos es un joven de nombre Eleazar, que desapareció en
diciembre de 2017 en Ciudad Guzmán, Jalisco. El chamaco era bailarín,
originario de Culiacán, Sinaloa. Vino por un asunto privado y lo mataron
aquí, pero su madre lo buscaba por allá. El muchacho se encontró
gracias a las características que nosotros apuntamos de los cuerpos”,
relató Aguilar.
En México falta una base de datos forenses a
nivel nacional, una medida obvia en una crisis de estas magnitudes.
Aunque es una de las principales promesas del nuevo comisionado para la
búsqueda de personas desaparecidas, aún no ha logrado concretarse. El
primer avance de la base nacional, que fue presentado públicamente en el
comienzo de este mes, no fue bien recibido por las familias
organizadas.
“México es una fosa, están dejando un país
sangrante. Estamos en una situación muy triste y muy terrible. Para mí
algo muy importante es la indolencia de la sociedad ante lo que estamos
viviendo”, dijo Aguilar.
La estrategia propuesta para este tema
por el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, terminó siendo un
fracaso. La realización de “foros de pacificación” con la sociedad, que
marcarían el rumbo a seguir en las zonas con mayores índices de
violencia, naufragaron en una catarsis colectiva que no logró torcer la
permanencia de los militares como encargados de la seguridad pública del
país.
Pero Aguilar no dará el brazo a torcer: “Voy a seguir
insistiendo porque quiero la verdad. Ya no me interesa la justicia
porque en este México en que vivimos nunca la voy a encontrar. Pero sí
quiero saber qué pasó con mi hijo, qué le hicieron, dónde me lo dejaron,
por qué le hicieron esto. Ese es el único motor que tengo para vivir:
buscar”.
Fuente:
http://brecha.com.uy/cuerpos-que-faltan/
