sábado, 20 de enero de 2018

La “justicia” en México, fuente de impunidad y desigualdad social


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La “justicia” en México, fuente de impunidad y desigualdad social

Autor: José Reyez

El sistema jurídico-político mexicano no atempera o revierte la polarización del desarrollo ni la desigualdad económica y social. Tampoco promueve la distribución de la riqueza. Por el contrario, garantiza la impunidad y un Estado profundamente injusto, aseguran académicos y especialistas

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela que, estructuralmente, el sistema jurídico y político mexicano está diseñado para favorecer a quienes tienen más poder económico y para mantener en la pobreza a las clases menos favorecidas.
La desigualdad económica y social promueve la impunidad y perpetúa la vulnerabilidad de las personas de escasos recursos; además provoca un deterioro creciente en la calidad de vida, asegura Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en sociología del derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Considera que la desigualdad reduce la actividad económica, la productividad y genera ineficiencia en la asignación de los recursos de la sociedad, por lo que implica un menor aprovechamiento de los mismos y un crecimiento nulo, raquítico o no sustentable.
Se trata, dice, de un fenómeno estructural en el que “los grupos de interés a través del sistema político han logrado consolidar los acuerdos institucionales a favor de las personas con mayor nivel de ingresos, lo que mina la legitimidad del sistema político y erosiona el capital social”.
En su análisis Disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad, el también director de la asociación civil Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho y académico de El Colegio de Jalisco, apunta que el sistema jurídico mexicano “no sólo no atempera o revierte la polarización del desarrollo, la injusticia económica y social, y la escasa distribución de la riqueza, sino que también contribuye a la impunidad y exacerba la desigualdad”.
Zepeda Lecuona desmenuza lo que a su juicio constituyen los ámbitos que  impactan en forma decisiva en el crecimiento de la desigualdad y el estancamiento económico en México: el mercado de capital y sistema financiero; los oligopolios y cambio tecnológico; el mercado de trabajo; y la brecha entre pobres y no pobres.
En ese contexto, señala que la educación es una de las mayores fuentes de desigualdad, al ampliar cada vez más la brecha entre la educación de las personas de mayores ingresos y la de los segmentos menos favorecidos. Además, añade, el rezago educativo y en competencias traslada la desigualdad a las siguientes generaciones.
“La desigualdad reduce la productividad, distribuye de manera ineficiente el talento y no respeta el mérito; estanca el crecimiento económico, genera inestabilidad económica, ineficiencia, aumenta la pobreza y contribuye al vaciamiento de la clase media y la consecuente contracción del mercado interno”, subraya.
Este contexto, agrega el académico, permite que la desigualdad permee las esferas de la política, los procesos de toma de decisiones, el sistema de justicia, perpetuando así los acuerdos institucionales y la impunidad que exacerban la desigualdad.
Zepeda Lecuoma, quien se ha dedicado al diagnóstico, propuestas, búsqueda y documentación de buenas prácticas sobre el sistema de justicia desde hace 20 años, considera que desde el punto de vista económico, el sistema jurídico debe estrechar la brecha entre los beneficios y costos particulares, y los beneficios y costos sociales de generar riqueza.

Mismo sistema, mayor desigualdad

Isidro Soloaga, coordinador académico del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (Colmex), señala que el modelo económico que ha prevalecido en México desde hace 25 años es el causante de la mayor desigualdad social que permea en el país. “El modelo económico que ha seguido el país por un cuarto de siglo no ha generado un mayor crecimiento ni reducido la desigualdad”, subraya.
Con base en datos del Banco Mundial que reflejan ese contraste, el académico explica en entrevista que, hasta 2008, el 10 por  ciento más rico de la población acaparó el 41.3 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento más pobre sólo obtuvo el 1.2 por ciento.
En ese sentido, el catedrático explica que México enfrenta tres problemas graves: “Primero, no crece; segundo, la desigualdad persiste, y, tercero, la economía política hace que los dos primeros factores sucedan. Así, la desigualdad económica provoca que la presión política de distintos grupos tenga distintas fuerzas de la que la mayoría de la sociedad está excluida”, lo cual es un problema de justicia social.
Soloaga establece que el bajo crecimiento económico del país radica en la baja inversión, falta de buenas oportunidades y el tipo de cambio que no es competitivo. Para que el tipo de cambio sea competitivo tendría que ubicarse entre 14 y 15 pesos por dólar.
Mientras tanto, el gasto público no ha servido como motor para que las obras públicas de infraestructura sean complementarias de la inversión privada, y los problemas focalizados en el país contribuyen a que haya mayor pobreza y desigualdad, considera el experto del Colmex.

Mercado de capitales y sistema financiero

Por su parte, Saúl Zepeda Lecuona, parafraseando a Benito Juárez, indica: “a los amigos riesgo y gracia; para el pueblo, incertidumbre a secas”. Y es que, dice, entre los factores de la producción, el capital es el que tiene mayor participación en el ingreso nacional: 73 por ciento contra 27 por ciento de participación del factor trabajo, lo que indica el mayor poder de negociación que tienen los dueños del capital frente a los trabajadores.
Apunta que en México las tasas de los impuestos al capital y sus rendimientos son las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la tasa marginal del impuesto sobre la renta se ha reducido 40 por ciento en los últimos 30 años (la mayor reducción entre los países de la OCDE en ese periodo).
Los impuestos al consumo se consideran injustos (“regresivos”) por afectar más a quienes menos tienen, pues son los sectores más humildes de la población quienes mayor proporción de su ingreso dedican al consumo. Sin embargo, son este tipo de impuestos, y los especiales, los que aportan el 54 por ciento de la tributación nacional, en tanto que la desregulación o regulación laxa y el dogma de no gravar las transacciones financieras aumentan la rentabilidad del sector capitalista sin realizar las aportaciones sociales para la redistribución de la riqueza.
Este marco injusto de incentivos fue evidenciado cuando el grupo financiero Bancomer fue vendido sin pagar impuestos al realizarse la transacción a través de la bolsa de valores. Un caso de un excedente o beneficio social no compensado a la sociedad: impunidad.
Esta inequidad en la contribución impositiva de este poderoso sector de la economía está vinculado con el derecho y la política fiscales en nuestro país. Los créditos en México son poco accesibles y muy costosos. Las tasas de interés son muy altas, comparadas con variables macroeconómicas que se han mantenido estables, como la inflación, los salarios, entre otros.
Sin embargo, se justifican las altas tasas de interés por los riesgos asociados a la operación económica, así como a la probabilidad de que no pueda ejecutarse la garantía del préstamo. Este riesgo es transferido completamente al acreditado a través de altas tasas de interés, garantías, gastos notariales, seguros, entre otros. Una buena parte del excedente de las tasas se convierte en ganancias para los bancos. Una rentabilidad muy por encima de los costos de mercado y riesgos: una transferencia excesiva de riqueza no justificada: impunidad.
De acuerdo con el especialista los usuarios del sistema financiero mexicano se ven obligados a transitar en un ámbito de impunidad y vulnerabilidad, el cual se deriva de un entramado legal que fue construido y opera en un entorno de cooptación política.

Oligopolios y cambio tecnológico

Para el catedrático de la UNAM, la mayoría de las fortunas más grandes de México están relacionadas con sectores productivos desincorporados del sector paraestatal, así como con concesiones de recursos de propiedad nacional como las telecomunicaciones, el transporte, la extracción minera y los medios masivos de comunicación. “Éstas y otras grandes empresas han configurado una estructura oligopólica en diversos ámbitos de la economía mexicana”, apunta.
Zepeda Lecuona explica que los privilegios fiscales de estos grupos empresariales son resultado de su influencia política en la toma de decisiones y un arreglo ventajoso con generación de rentas indebidas.
Por ejemplo, dice, en la minería en tan sólo 11 años (2000-2010) se extrajo de las minas mexicanas más del doble de oro del que se extrajo en los 300 años del periodo colonial. Además de la expansión de este sector, hasta antes del 2013 no se cobraba ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina.
Enfatiza que mientras que las fortunas de los 16 multimillonarios mexicanos se quintuplicaron (aumentaron 423.5 por ciento) entre 1996 y 2014, el producto interno bruto (PIB) per cápita apenas aumentó 26 por ciento en el mismo periodo. La estructura oligopólica o monopólica de diversos sectores en México traduce el poder de mercado en un margen de ganancia muy por encima de los costos de producción, en detrimento de los consumidores.
El cambio tecnológico es otra de las fuentes de desigualdad, ya que genera nuevos rumbos y abre mercados insospechados que brindan rendimientos crecientes a las empresas que innovan y se posicionan en los mercados emergentes. Sin embargo, el académico arguye que dejar que la mayor parte de la inversión en tecnología e innovación se haga por parte de los particulares propicia mayor concentración, al ser los grandes corporativos los que concentran las oportunidades, los nuevos mercados, mayores ingresos y rentabilidad.
En ese sentido subraya que en los actores monopólicos u oligopólicos se hace más evidente su actuación política y la forma en que han penetrado o corrompido las instancias que se supone deben regular su actuación y controlar su preponderancia en detrimento de otros actores económicos y de los consumidores.

“La debilidad institucional y la impotencia de las instancias reguladoras y protectoras de la libre concurrencia y el derecho de competencia económica para acotar a las empresas y hacer cumplir la normatividad en la materia han sido puestas en evidencia durante las 2 décadas que lleva el Estado mexicano tratando de declarar a Telmex como agente económico preponderante en el mercado de las telecomunicaciones.”
Telmex, gracias a su preponderancia y a su incidencia en la fijación de tarifas, ha obtenido un amplio margen de ganancias y ha impuesto altos costos y afectaciones a los consumidores, así como a los empresarios que intentaron competir con ese coloso y fueron excluidos del mercado y llevados a la quiebra ante las prácticas monopólicas impunes de dicha compañía.
Y pese a que desde 1997, Telmex fue declarada como agente dominante por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), por vía del “el amparo del siglo”), tras 5 años de litigio obtuvo la victoria contra esa determinación, cesando las 19 obligaciones específicas en cinco mercados relevantes que le había impuesto la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en septiembre de 2000.
De nuevo se planteó por la autoridad la preponderancia económica de esa empresa y se volvieron a promover amparos. En 2014, tras una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) declaró a Televisa y a Telmex como agentes preponderantes, y emitió reglas e indicaciones que deben acatar dichos sujetos y sus filiales. Nuevamente los amparos comenzaron a fluir en las áreas jurídicas de dichas empresas.
El especialista de la UNAM señala que este caso ilustra cómo el amparo es un mecanismo jurídico que, contrario a la aspiración de su diseño original, ha devenido en una institución social “regresiva”, pues termina por beneficiar a quienes más tienen por ser los que pueden acceder a este costoso y complejo recurso, excluyendo a las personas de menores ingresos.
Esta materia ha devenido en una de las ramas más técnicas del derecho: se presenta ante autoridades judiciales federales y suele tener una duración prolongada.
En su análisis, señala que el amparo es un recursos poco accesible que genera impunidad (hay 26 causales de improcedencia, que aumentaron con la nueva ley en 2013), por lo que en más de 90 por ciento de los casos no se llega a resolver el fondo del asunto: determinar si hubo o no la violación de un derecho fundamental.

Mercado de trabajo y sistema jurídico

Zepeda Lecuona anota que la participación del trabajo en el ingreso nacional ha decrecido en los últimos 40 años, pasando de 38 a 27 por ciento. “Esto indica la pérdida de peso y poder de negociación de este factor, además de que la brecha salarial se ha ampliado significativamente”.

A este contexto económico se agrega la intermediación de las estructuras sindicales y sus líderes que carecen de poder de negociación frente a  empresas y grupos económicos privilegiados y que no promueven los derechos laborales. Todo a cambio de rentas extorsivas contra empresas que no cuentan con capacidad económica ni relaciones políticas que las apoyen. Se trata del “lado oscuro del capital social”.
Asimismo, continúa el catedrático, las políticas públicas se han orientado a la contención salarial, por lo que el poder adquisitivo del salario se ha erosionado, lo cual provoca contracción del mercado interno, estancamiento del crecimiento, además de que una proporción mínima del crecimiento de la riqueza se canaliza a los mecanismos redistributivos.
Las estructuras de las juntas de conciliación y arbitraje laboral siguen siendo tripartitas (patronal, obrera y gobierno). Este modelo de justicia en un contexto corporativo y de intermediación política y clientelar ha demostrado ser ineficaz para compensar las asimetrías en los costos de acceso y participación en los procesos conciliatorios, así como en los judiciales.

Brecha entre pobres y no pobres

El académico de la UNAM destaca que la desigualdad que más afecta al desempeño económico es la que se da entre los segmentos más bajos del ingreso, respecto del resto de la población. “Generalmente, en los sectores de ingresos medios es donde se registra el mayor grado de desigualdad, que genera la desaceleración del crecimiento, denotando una “trampa de desigualdad” caracterizada porque, a pesar de que el PIB per cápita se incrementa, el desarrollo y el crecimiento se estancan”.
En los otros ámbitos de desigualdad e impunidad, el mayor impacto del sistema legal en las brechas entre el capital y el trabajo y los niveles de ingreso se refiere al diseño institucional establecido en el marco constitucional o legal.
Sin embargo, en este ámbito los mecanismos que magnifican la desigualdad y propician la elevada vulnerabilidad e incertidumbre que padecen los sectores de menores ingresos son la forma en que operan los mecanismos de aplicación de las normas y de resolución de controversias.
Es decir, en la actualidad existen “trampas de pobreza” que son condiciones de marginación geográfica, alimentaria y patrimonial que retienen a millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Este segmento de la población está prácticamente excluido de la vida institucional y del acceso a la justicia.
Mientras que las poblaciones de mayores ingresos se pueden garantizar a sí mismas mayores niveles de seguridad, certeza jurídica, educación, salud, vivienda; el resto de la población sufre las insuficiencias y deficiencias de los servicios públicos que provee un Estado sumamente debilitado que apenas recauda 12 por ciento del PIB.
“Existe un estamento privilegiado constituido por 20 por ciento de las personas de mayores ingresos, en tanto que se excluye al 30 por ciento de los hogares con menores ingresos, cuya situación de subsistencia los aliena y no les permite acceder a ningún espacio de vida social o institucional. Cualquier afectación a sus derechos queda impune al no tener acceso a mecanismos formales de defensa.”
Así, concluye Zepeda Lecuona, el 50 por ciento restante de la población queda en situación de vulnerabilidad frente a las asimetrías en los procesos de generación y distribución de la riqueza. La exclusión y vulnerabilidad de los segmentos más pobres de la población es prácticamente generalizada, frente a un sistema de justicia que contribuye a exacerbar la desigualdad social.
José Réyez
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Secesionismo: Estados Unidos y Alemania abrieron la caja de Pandora


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Secesionismo: Estados Unidos y Alemania abrieron la caja de Pandora

Autor: Red Voltaire

Estados Unidos y Alemania pisotearon el derecho internacional para impulsar la secesión de Kosovo, pero no en defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación sino en aras de sus propios intereses geoestratégicos. Documentos muestran que las políticas de doble rasero han favorecido la proliferación del separatismo, el extremismo y el terrorismo

Belgrado, Serbia. Los principales miembros de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN), pero también los de la Unión Europea, han apoyado por mucho tiempo al Ejército de Liberación de Kosovo (UCK, por su sigla en albanés) [1] en Kosovo. Como aliados, en 1999 emprendieron contra Serbia (la República Federal de Yugoslavia) una agresión que –según los principios que hoy proclaman los burócratas de la Unión Europea– constituyó un crimen contra la paz y la humanidad.
En pocas palabras, puede afirmarse que los países y coaliciones cuyos representantes juran todavía que sus políticas siempre respetan los principios internacionales perpetraron en 1999 la mayor violación del orden jurídico mundial y de las Naciones Unidas cometida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Propagación de las secesiones y del extremismo islámico

La política que esos países y sus coaliciones aplicaron durante las crisis de Yugoslavia y Kosovo favoreció la extensión de las secesiones, del extremismo islámico, del wahabismo y del terrorismo en Europa y en el resto del mundo. Al traicionar y violar los principios del Acuerdo de Helsinki (Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, CSCE), de la Carta de Naciones Unidas y de otros acuerdos internacionales, provocaron una inestabilidad duradera en los Balcanes, la región más sensible de toda Europa.
Hoy siguen presionando a Serbia, a la que previamente destruyeron, engañaron y humillaron arrancando por la fuerza de su territorio la región de Kosovo y reconociendo esa secesión artificial, unilateral e ilegal. Luego exigieron a Serbia que hiciera borrón y cuenta nueva “en interés de su porvenir europeo”. ¿Qué porvenir puede construirse sobre tales cimientos?
Este espíritu de separatismo y terrorismo que los principales países de la OTAN y la Unión Europea desataron en Kosovo en 1998-1999 para satisfacer los objetivos geopolíticos de Estados Unidos y de algunos Estados europeos, principalmente de Alemania y Gran Bretaña, se extiende cada vez más en Europa. La Unión Europea y la OTAN creen que todavía están a tiempo de meterlo nuevamente en la botella, que pueden volver atrás y revitalizar su unión moribunda sacrificando nuevamente a Serbia y sus intereses. La verdadera tragedia para Europa es la afirmación de que sólo existe una verdad –la de los comisarios y voceros de la Unión Europea–. Esa pretensión impide comprender las verdaderas consecuencias fatales de los hechos históricos que está tragándose el Continente.

Los motivos estratégicos de la guerra contra Yugoslavia

“La guerra contra la República Federal de Yugoslavia se libró para corregir una decisión errónea del general Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial. Había que reparar un error estratégico para poder desplegar allí soldados estadunidenses.”
Willy Wimmer, ex secretario de Estado en el ministerio alemán de Defensa, presenta esta cita en su informe del 2 de mayo del año 2000 al canciller alemán Gerhard Schroder. Es la explicación que el autor del informe escuchó en boca de representantes de Estados Unidos, en Bratislava, durante una conferencia de la OTAN, en abril del 2000 [2].
El primer punto de ese informe es la exigencia formal que Estados Unidos dirigió a los miembros europeos de la OTAN “de preparar tan rápidamente como sea posible el reconocimiento a nivel del derecho internacional de un Estado independiente en Kosovo”. El décimo y último punto precisaba que “en todo ese proceso había que dar la prioridad al derecho a la autodeterminación por encima de toda otra disposición o regla del derecho internacional”.
¿Podemos entonces seguir asombrándonos del actual referéndum de secesión de Cataluña?
El informe de Willy Wimmer precisa igualmente que la posición estadunidense, que se predicó en la conferencia de Bratislava, precisaba que la agresión de la OTAN contra Yugoslavia, en 1999, sin mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “era […] un precedente al que cualquiera puede referirse, lo cual no dejará de suceder”. Eso siembra la duda, en cuanto a la pretensión de siempre de aplicar una política basada en las reglas fundamentales, cuando se afirma que esa agresión iniciada en violación de la Carta de Naciones Unidas es un precedente mientras que la separación de Kosovo, resultado de esa agresión, es presentada como un “caso único”.

Ningún informe mencionaba genocidio ni otros crímenes similares

Antes de la agresión de la OTAN contra Yugoslavia, dos grandes misiones internacionales se instalaron en la provincia de Kosovo: una patrocinada por la CSCE, con la denominación de Kosovo Verification Mission (KVM) y bajo la dirección del diplomático estadunidense William Walker. Y otra patrocinada por la Comunidad Europea como Misión de Observadores de la Unión Europea en Yugoslavia (ECMM, siglas de European Community Monitoring Mission), dirigida por el diplomático alemán Dietmar Hartwig. Este último informó sobre la frase, frecuentemente repetida, del director de la KVM y de su entorno anunciando que “no hay límites en los costos para la instalación de la OTAN en Kosovo. Se aceptarán todos los gastos”.
En 2006, después de la declaración de la dirigencia albanesa de Kosovo sobre su decisión unilateral e ilegal, Dietmar Hartwig escribió en 2007 cuatro cartas a la canciller alemana Angela Merkel suplicándole que impidiese que Alemania reconociera ese acto unilateral.

En su carta del 26 de octubre de 2007, Dietmar Hartwig precisa, entre otras cosas:
“En ningún informe [de la ECMM] correspondiente al periodo entre finales de noviembre de 1998 y la evacuación [de la ECMM y de la KVM] justo antes del inicio de la guerra [en 1999] hubo ningún relato de crímenes selectivos ni de gran envergadura de parte de los serbios contra albaneses, no se reportó ningún caso de genocidio.
“[…] En cambio, yo mismo señalé varias veces en mis informes [de la ECMM] que, vistos los ataques incesantes del UCK/KLA contra el ejecutivo serbio, los servicios de orden y de seguridad habían dado prueba de una contención notable y de una disciplina perfecta. Para la administración serbia se trataba de respetar escrupulosamente el Acuerdo [del 13 de octubre de 1998] entre Milosevic y Holbrooke para no dar a la comunidad internacional ningún motivo para intervenir.
“Como me confirmaron cuando me hice cargo nuevamente del buró regional de Prístina –principalmente mis ‘colegas’ de las demás Kosovo Diplomatic Observer Mission (KDOM) (Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, etcétera), ya había en aquel momento considerables ‘diferencias de percepción’ entre lo que los observadores (y en parte también las embajadas) reportaban a sus gobiernos y lo que estos transmitían a los medios de difusión y al público.”

Informes falsos para preparar la guerra

“Tal divergencia es comprensible únicamente si se admite que era parte de los preparativos de una guerra contra Kosovo/Yugoslavia ya planificada desde hace mucho tiempo porque hasta el momento de mi partida de Kosovo no sucedió nada de lo que sobre todo los medios, pero también la política, nunca dejaron de afirmar. Así que no había, hasta el 20 de marzo de 1999, ninguna razón para intervenir militarmente. Por consiguiente, todas las medidas subsiguientes que adoptó la comunidad internacional eran ilegítimas.
“El comportamiento colectivo de los países miembros de la OTAN antes y después del estallido de la guerra dio naturalmente motivos para inquietarse seriamente ya que se escamoteaba la verdad y la credibilidad de la comunidad internacional sufrió grave daño. Al escribir esto, me refiero únicamente al papel de la República Federal de Alemania en la participación en esta guerra y los esfuerzos políticos por separar Kosovo de Serbia. […].”

Alemania se implicó activamente a favor de la división de Serbia

“En la actualidad de los últimos meses ha resultado repetidamente que la República Federal de Alemania no sólo ha respaldado la voluntad estadunidense de independencia de Kosovo sino que ha trabajado activamente por su separación de Serbia. Dado el hecho que, según nuestra Ley Fundamental, es el canciller federal quien define las líneas directrices de la política, es usted la responsable. Específicamente su ministro de Relaciones Exteriores, quien como ministro de la Cancillería del predecesor de usted sabía ciertamente todo lo que sucedía en Kosovo. Actualmente, él sigue todas las instrucciones políticas de usted, se compromete constantemente a favor de la autonomía, de la ‘independencia de Kosovo’ y, por tanto, a favor de la separación de Kosovo de Serbia. Impártale usted las instrucciones necesarias para que él se comprometa a favor de una solución correcta y conforme al derecho al derecho internacional en Kosovo y dé usted el ejemplo en política interior y exterior. Sólo el respeto de todos los Estados por el derecho vigente puede servir de base de una cohabitación pacífica entre todos los pueblos. […].
“Si se hace independiente a Kosovo, se prohibirá a los serbios el libre acceso a los monumentos conmemorativos de esta guerra y Kosovo seguirá siendo una región en crisis.”

Una señal peligrosa para otros grupos étnicos

“Contribuya usted por su lado para que se alcance una solución basada en la Resolución [1244] de la ONU, que permitiría que Kosovo siga siendo territorio serbio. El desmembramiento de Serbia, que Estados Unidos desea y que usted misma está apoyando, así como la completa independencia de Kosovo y de los albaneses de Kosovo son contrarias al derecho internacional, políticamente imprudentes y excesivamente onerosas […].
“Además, la separación de Kosovo de Serbia por coyunturas de carácter étnico es una señal peligrosa para los grupos étnicos en otros países (también en la Unión Europea) que pueden reclamar para ellos mismos –ya entonces con toda razón– una ‘solución al estilo de Kosovo’.”
Así concluía Dietmar Hartwig su carta a la canciller Merkel.
Mucho se ha hablado de “intervenciones humanitarias” y de preocupaciones por la protección de los derechos de la población albanesa como elemento particular del “carácter único del caso de Kosovo”. ¿Es casualidad que la base estadunidense Bondsteel, cerca de la ciudad de Urosevac, sea una de las mayores bases militares fuera de Estados Unidos? ¿Es por el temor de los estadunidenses a ser espiados por el centro humanitario serbio-ruso de [la ciudad de] Nis que el mandato de Bondsteel es válido sólo localmente, por razones humanitarias y por un periodo de tiempo limitado?

Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN impiden la aplicación de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad


No fue Serbia sino Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN quienes congelaron el conflicto después de la agresión armada de 1999. Y lo mantuvieron congelado durante los últimos 18 años al aplicar sólo parcialmente la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Estados Unidos y sus aliados obligaron a Serbia a cumplir todas las obligaciones insistiendo en el carácter jurídicamente vinculante [o sea, de obligatorio cumplimiento] de la Resolución, mientras que ellos mismos y los albaneses se liberaban de todas las obligaciones previstas. Estados Unidos estaba totalmente consciente de que la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU permitía mantener la integridad [territorial] de Serbia, precisamente lo que ellos no querían porque eso contradecía su propio proyecto geopolítico de expansión hacia el este. A pesar de todo, Occidente se ve ahora en una fase de transición en la que podría perder buena parte del poderío que ostentaba en los tiempos del orden mundial unipolar.
Ahora los occidentales exigen que Serbia “descongele” el “proceso de independencia” de Kosovo. ¿Cómo? Obligando a Serbia a firmar con Prístina un “acuerdo jurídicamente vinculante” en el que aceptaría una separación unilateral e ilegal, legalizando así la agresión ilegal de 1999, aceptando los resultados de las limpiezas étnicas violentas de las que fueron víctimas alrededor 250 mil serbios de Kosovo y aceptando la responsabilidad fundamental de todo.
[1] El Ejército de Liberación de Kosovo fue clasificado como organización terrorista y acusado de crímenes como la realización de operaciones de limpieza étnica, tráfico de drogas y tráfico de órganos humanos extirpados a prisioneros.
[2] “La agresión de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia en 1999”, por Milica Radojkovic-Hänseleit, Zeit Fragen, 14 de abril de 2013.
Živadin Jovanovi?/Red Voltaire-Zeit Fragen
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¿Que vienen los rusos?


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¿Que vienen los rusos?

Autor: Zósimo Camacho @zosimo_contra

¡Huy!, nos dicen que un gobierno extranjero intervendrá en las próximas elecciones de México. Los amanuenses del peñismo nos lo “advirtieron” desde hace algunos meses. Ahora ya le ponen nombre e “identifican” al candidato a la Presidencia que los rusos apoyarán: el rayito de esperanza, Andrés Manuel López Obrador. Quienes acusan, sin rubor, son algunos políticos y periodistas, apurados por hacer subir en las encuestas a sus candidatos: el fantasmagórico José Antonio Meade y el locuaz Ricardo Anaya o, incluso, a la Calderona, como llaman algunos a la esposa del fatal expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

En algo tienen razón. Es verdad: un gobierno buscará incidir en el proceso electoral mexicano de este año. Pero no es el de Vladimir Putin.
Quien ya interviene e intervendrá es el mismo gobierno que incide sexenio tras sexenio en los asuntos de México; que bendice elecciones (por muy sucias que sean), que reconoce los “triunfos” de sus amigous y que los sostiene en el poder.
Hasta parece obvio decirlo; pero ante la andanada contra los rusos, es necesario señalar con todas sus letras: el gobierno que buscará incidir en el proceso electoral de México de este año es Estados Unidos. Y lo hará como lo hace cada elección.
Cuando leemos las acusaciones contra Rusia provenientes de Estados Unidos y repetidas por el coro de aquí, no podemos más que recordar aquella historia en la que el ladrón, para despistar, señala a otra persona y grita a todo pulmón: “¡al ladrón, al ladrón!”.
El gobierno que ya ha expresado con todas su letras sus preferencias sobre el proceso electoral de México no es el de Rusia. Ha sido el de Estados Unidos. Baste recordar que en abril del año pasado John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional y hoy jefe de gabinete de Donald Trump, dijo que un gobierno de izquierda “no sería bueno para Estados Unidos ni para México”.
La declaración de Kelly se produjo en respuesta al senador John McCain, quien le comentó que había “un problema con México”, pues en caso de celebrarse las elecciones es ese momento su vecino del sur tendría un presidente de “izquierda antiestadunidense”. El senador hurgaba sobre qué iba a hacer el gobierno de Trump ante esa “realidad”.
Resulta incluso vergonzoso que se atribuya a los medios rusos RT en Español y Sputnik como la punta de lanza para convencer a los mexicanos por quién deben votar. Estos medios tendrán alguna posición editorial como cualquier trasnacional mediática.
Lo grotesco es que no se cuestione así a CNN, por ejemplo, ante su “cobertura” golpista en Venezuela. O a la revista Time. ¿Ya se olvidó que ese viejo medio publicó en su edición de febrero de 2014 una apología de Peña Nieto? Cuando el país era un caos por la imposición de las fallidas reformas, cuando la violencia cobraba decenas de vidas a diario y cuando se debatían las decisiones del gobierno peñista, la revista llevó a su portada una imagen de un Peña Nieto impecable, tomada a contrapicada para que viera desde arriba y todos diéramos cuenta de su ¿grandeza? Time acompañó esa imagen con la cabeza “Saving Mexico” (¡Salvando México!).
Más allá del ridículo que hizo, la revista en esos momentos buscó apuntalar a un presidente amigo en problemas e intervenir en la política interna de México.
Ahora otra anquilosada catedral del periodismo gringo, The Washington Post, conjeturó, sin prueba alguna, que los rusos están apoyando al rayito de esperanza. La principal “prueba” de la genio que firmó el texto es que uno de los asesores del candidato es colaborador de RT en Español.
¡Vaya contundencia! ¿Y The Washington Post no se ha preguntado siquiera cuantos de los asesores de Meade, por ejemplo, colaboran en medios gringos? Algo que debería causar risa es ahora parte del debate “serio” de las campañas por la Presidencia de México. ¿No es precisamente este periódico, al publicar un texto así, el que busca incidir en el ánimo de los mexicanos ante sus candidatos?
Que no quepa duda. Quienes ya intervienen en el proceso electoral son los estadunidenses. Y lo hacen como cada elección, sin que los periodistas hoy “preocupados” por la “soberanía” digan algo.

Fragmentos

Lo cierto es que el circo electoral apenas comienza. El nivel no subirá. Los candidatos que pueden ganar se revolcarán hasta que quede uno. El pleito sólo es para ver quién administra el desastre llamado México y quiénes de la misma clase serán los nuevos amos. Las diferencias entre Meade, Anaya o López Obrador sólo son cosméticas. Nunca de fondo. La única propuesta antisistémica surgió de los pueblos indígenas. La candidatura de la nahua María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, trasciende 2018, esté o no en las boletas electorales.
Zósimo Camacho
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Roberto “N” y su red corruptora


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Roberto “N” y su red corruptora

 

Autor: Álvaro Cepeda Neri *

I. Más que el expediente penal que le construyen al exdesgobernador de la saqueada Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, alias “Roberto N”, el periodismo de investigación de los reporteros Diana Lastri y Manuel Espino, con litografía de Rosario Lucas (El Universal: 8/I/18), resulta mucho mejor en todos sentidos. Se dice que “Roberto N” robó a los quintanarroenses más de 900 millones de pesos. Pero en el reportaje aparece Borge en el centro y, a su alrededor, 18 satélites a los que entregó 15 mil millones de pesos en terrenos, hoteles y zonas ecológicas. Enrique Peña lo puso como ejemplo de los “nuevos priistas”, junto con los Duarte: Javier y César (éste todavía prófugo y que sabe demasiado, tal como explica el columnista Raymundo Rivapalacio (El Financiero: 8/1/18), y quien bien puede provocar el escándalo que hunda a Peña. Ese Borge dice que “escribirá” un libro para contar sus penalidades en Panamá; pero mejor sería que, como autor y beneficiario, nos contara cómo tramó ese mayúsculo robo.
II. Entre sus cómplices están su madre, su padre y algunos colaboradores; empresarios, funcionarios, jueces, presidentes municipales y un gasolinero. Unos ya tienen orden de arresto, otros escaparon y otros esperan escondidos. Borge supuso que su amigo Peña suavizaría más la consignación de la Procuraduría General de la República para salir bajo fianza. Pero con todo y esa protección, hubo de ser extraditado y consig­nado como presunto responsable de robo; suficiente para ser sentenciado a 50 años, cuando menos. Y que todos devuelvan lo robado en una corrupción bestial de la que ya se deslindó “Mid”, como si con eso el PRI lavara su imagen de tanto ratero que ha puesto en los cargos como orgullo de la oligarquía en el poder, en sociedad con la plutocracia. Así que de los exdesgobernadores priistas en proceso penal por rateros, sólo falta de ser encarcelado el que robó en Chihuahua: César Duarte, porque huyó donde Donald Trump y Peña no ha solicitado su extradición; tal vez porque cuando ese canalla fue diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados le hizo favores y éste es su pago.
III. Eugenio Hernández saqueó Tamaulipas. Igual que Tomás Yarrington, a quien sus cómplices narcotraficantes asilaron en Italia. Javier Duarte negoció su extradición con Peña a cambio de que se fugara su cómplice y esposa. Pero el recién pescado Borge quizá sea el más ratero de todos. Robaron en las narices de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y del mismo Peña; a quien muchos apoyaron para su campaña presidencial visitados por el “hombre del maletín”, identificado como Luis Videgaray. Y quien tomaba la “ayuda” con guantes y sin recibo para no dejar huella. Todos son fichas de una corrupción como nunca se ha visto; pues a César y Javier Duarte con Borge, se les calcula una fortuna de más de 70 mil millones de pesos… en efectivo y sin investigar, así como depósitos en el extranjero. Se dicen “políticos”, pero son viles rateros convertidos en empresarios, banqueros, inversionistas. De Miguel Alemán a Peña pululan esos desgobernantes. Muchos no fueron ni acusados, aunque su fama pública de ladrones los señalaba. De todos los colores y partidos, irán saliendo nuevos ladrones producto de la corrupción.
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