martes, 12 de diciembre de 2017

Meade para que todo siga igual, AMLO por el cambio


 
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Meade para que todo siga igual, AMLO por el cambio

 


México tendrá elecciones presidenciales en julio de 2018 en momentos en que el poder militar doblegó al mando civil con una ley de seguridad interior, y ante un cuadro de situación que incluye el alza de las tasas de interés de EEUU, los escenarios sombríos en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la inestabilidad política en América Central.
Hasta el Financial Times, vocero del capital trasnacional, mostró su preocupación, al señalar que pareciera que México se dirige hacia una tormenta perfecta, además de encontrarse frente a dos candidatos particularmente polémicos. México elige presidente o presidenta, 128 senadores y 500 diputados en julio.
Al frente de las encuestas se encuentra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de 64 años, un líder centroizquierdista y exitoso exalcalde de la Ciudad de México y José Antonio Meade, de 48 años, respaldado oficialmente por el presidente Peña Nieto, quien estuvo al frente de las Relaciones Exteriores, de la Energía y dos veces fungió como secretario de Hacienda.
Meade es el favorito de los inversionistas y los dueños del poder, su esperanza, publicitado como un tecnócrata práctico que cuenta con el apoyo de varios partidos, pero su poder y proyección deriva del gobernante PRI y su maquinaria electoral aceitada por décadas (desde 1930) en todo el país.
Golpe virtual
En lo que podría configurar un virtual golpe de Estado técnico, la aprobación por el Senado de la llamada ley de seguridad interior convertiría lo que hace 11 años Felipe Calderón promovió falsamente como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, en la petrificación de un statu quo signado por una violencia estatal sin límites. Y así como el régimen anterior vivió bajo una forma de emergencia de lo permanente, ahora, con la nueva ley, la excepción se volverá regla, señala el analista Carlos Fazio.
En diciembre de 2006 se declaró la guerra contra las drogas en México y la estrategia tuvo aparejada una mayor actuación de los militares en tareas de seguridad pública. Esa estrategia de seguridad, después de 11 años de vigencia, no ha reducido la violencia, al contrario, la ha incrementado. Tal y como lo muestra la experiencia en otros países, en México tras la militarización, las violaciones a derechos humanos y la comisión de crímenes graves han ido en aumento.
Desde diciembre de 2006 son comunes las detenciones arbitrarias a manos de militares; es decir, de esa fecha hasta febrero de 2017 los militares –Sedena y Semar- detuvieron a 80,259 personas, alrededor de 21 personas por día. En todas las detenciones se argumentó “flagrancia delictiva”, eso quiere decir que los militares observaron directamente como más de 80 mil personas en 11 años cometían algún delito o mediante elementos objetivos, pudieron identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, la persona se encontraba cometiendo el delito.
Finalmente, el poder militar doblegó a su mando civil. Por miedo o cobardía, el presidente Enrique Peña Nieto terminó cediendo de manera ¿voluntaria? el poder civil al castrense. Después de dos años de un pertinaz activismo político-deliberativo salpicado de chantajes, mentiras y de una propaganda demagógica a contrapelo de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, los mandos militares impusieron su ley.
Los militares seguirán afuera de los cuarteles de manera indefinida, sin contrapesos institucionales y sin transparentar o rendir cuentas a nadie, con lo que se profundizará la estrategia de (in)seguridad militarizada diseñada por el Pentágono en el marco de la Iniciativa Mérida, que ha derivado en una catástrofe humanitaria con su cauda de torturas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas y desplazamiento de población, añade Fazio.
Corrupción, masacres
López Obrador ha prometido aplastar las “mafias del poder” de México, lo que resuena ampliamente en un país harto de la corrupción, la violencia creciente y la impunidad legal de las élites que se han exhibido tan flagrantemente durante la presidencia de Peña Nieto. goza de amplio apoyo nacional, especialmente en el sur pobre. Las diatribas antimexicanas del presidente estadounidense Trump ayudan a su causa nacionalista. Meade nunca ha ocupado un cargo electo, por lo que necesita todo el apoyo de la formidable maquinaria electoral del PRI para ganar, pero para ello también debe distanciarse del PRI para tener credibilidad y no aparecer como un títere.
Meade aparece en torno al 20 por ciento en las encuestas, AMLO con un 30 por ciento, y cualquiera podría ganar con sólo el 40 por ciento de los votos, ya que en México no hay segunda vuelta. A pesar de no militar en el PRI, cambios apurados en los estatutos de ese partido le han permitido a Meade participar en la contienda electoral más costosa de la historia de México, y quizá la más encarnizada y cara (1.400 millones de dólares).
Al más rancio estilo del PRI, con el “destape” presidencial incluido ya recibió el apoyo de organizaciones tributarias del PRI, como los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en su carrera para "hacer de México una gran potencia".
López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lleva cinco años de proselitismo (desde que fue derrotado en las elecciones de julio de 2012. Meade, publicitado como “impoluto”, dejó en el camino al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que carga con el lastre de los 43 desparecidos de Ayotzinapa; y al canciller Luis Videgaray , a quien persigue la sombra humillante de haber invitado a México a Donald Trump y tratarlo como a un presidente en funciones cuando apenas era el candidato republicano en las elecciones
El escenario “formal” lo completan partidos internamente fragmentados como Acción Nacional (PAN) –con respaldo en la clase empresarial y el de la Revolución Democrática (PRD) –que levanta partidarios entre los pobres-, que buscan una alianza imposible y disfuncional a través de esa entelequia llamada Frente Ciudadano por México; ante la presencia de partidos menores y de suspirantes independientes a la presidencia, que solo atomizarán votos.
Indígena y mujer, por la democracia participativa
Una de las primeras candidaturas que se ha formalizado es la de María de Jesús Patricio Martínez, portavoz del Congreso Nacional Indígena de México. Marichuy, como es conocida por todos, se define como la candidata que “hace temblar el poder”. Su propuesta: una estrategia para combatir el sistema capitalista que reina en México. Según la líder popular, el plan alternativo tiene que surgir de las organizaciones indígenas mexicanas.
“Son ellos quienes pueden oponerse al robo de las tierras y la explotación de los recueros naturales que llevan a cabo cotidianamente las empresas multinacionales presentes en el país, la oligarquía y el mismo Estado mexicano.
Nacida en Tuxpán en el 1963, Marichuy es miembro de la comunidad indígena nahua, una curandera famosa y médico tradicional y una activista de los derechos humanos. Desde octubre, recorre México en el primer tour de los caracoles zapatistas.
Su propuesta electoral es la de convertirse en la “piedra en el zapato” de los grupos de poder oligarcas en México. Propone una nueva forma de gobernar, en la que los electores tengan la posibilidad de participar en primera persona en la construcción de un camino antisistema sin la fuerza de los poderes institucionales. La apuesta es que los electores perciban a la líder indígena como una alternativa a la política tradicional mexicana, en una inédita revolución desde abajo.
Marichuy aseguró que “la violencia del sistema capitalista y del sistema patriarcal han impuesto el silencio en las comunidades y la imposición de negarse a decidir sobre sus propias vidas y sus propios cuerpos”. Denunció la represión de las fuerzas de poder en contra de muchos grupos indígenas (como lo demuestra la masacre en Ayotzinapa). Su discurso político va dirigido no sólo a las clases sociales más pobres en el sector rural sino también a los trabajadores explotados en los grandes centros urbanos.
La dirigente logró cambiar el mecanismo machista que impera desde hace siglos las comunidades indígenas. Reconoció el valor de las niñas y las mujeres en esas comunidades, dándoles peso político y social. En México se registran aproximadamente siete feminicidios al día y la clase dirigente es preponderantemente del género masculino. Ella es la primera mujer indígena que aspira a la presidencia mexicana. “Son las mujeres las que sufre más dolor por los asesinatos, las desapariciones y los encarcelamientos que ocurren con arbitrariedad en este país”, aseguró.
Un año sombrío
Desde el primer día del 2017, cuando con el ‘gasolinazo’ ( los nuevos precios de los combustibles y la consiguiente ola de aumentos en el costo de productos y servicios), se supo que el año sería duro, sobre todo cuando desde la Casa Blanca Dondald Trump insistía en cumplir sus amenazas nacionalistas, como la construcción de un muro fronterizo y la ruptura del TLCAN, en momentos en que el desplome de los precios del petróleo redujo los ingresos del país y fue justificado para terminar de desmantelar la paraestatal petrolera Pemex y privatizar el sector energético.
No todo es culpa de Trump, sin duda, porque se acentuaron los desequilibrios del modelo de desarrollo mexicano, con un crecimiento empobrecedor y excluyente, alta dependencia importadora combinada con un esquema primario exportador, relaciones comerciales concentradas en oligopolios, baja productividad y una economía cada vez más financiarizada, señala un informe del Celag. A lo que se debe agregar problemas en el costo financiero de su deuda pública, y una importante caída en la inversión en infraestructura pública.
La inflación sigue siendo un dolor de cabeza para México. Durante catorce meses consecutivos, la tendencia alcista se afianzó y alcanzó su pico más alto en agosto con una tasa de 6,7%, lejos de las previsiones oficiales del 3% fijada por el Banco Central de México. Y peor aún, porque el aumento de la inflación se acompaña de la baja salarial, con una merma estimable del 6,3 en el poder adquisitivo de los trabajadores para el final del año.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Diez tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade


 
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Diez tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade

 


1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera sea un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano.
2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria.
3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición.
4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar.
5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada . Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío.
6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo.
7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización).
8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico.
9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo” , que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación.
10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano.
11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.
Blog del autor: https://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/12/10-tesis-y-un-colofon-sobre-la.html
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Alianzas y propuestas en la larga noche neoliberal


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Alianzas y propuestas en la larga noche neoliberal

 


Mientras la cuenta regresiva para las elecciones de 2018 en México avanza en medio una campaña electoral intensa y vertiginosa, el país norteamericano cierra uno de los años más violentos de su historia, con un registro de 23.968
[i] asesinatos hasta octubre de 2017. En un escenario de alta tensión por la crisis social e institucional, la ciudadanía mira con cierta apatía y desdén los proyectos políticos de los candidatos para suceder a Enrique Peña Nieto (PRI).
Son tres los bloques con mayores posibilidades en la disputa por la Presidencia de la República. A la cabeza en intención de voto (31%)[ii], se posiciona el tradicional líder de parte de la izquierda política, que capitaliza el descontento de la ciudadanía, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que en los próximos días cerrará alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).
Con una intención de voto del 23% [iii], la coalición Por México al Frente, conocida –hasta hace pocos días– como Frente Ciudadano por México. Está conformada por el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano. A pesar de las desavenencias entre los tres líderes de la coalición, su candidato presidencial saldrá del PAN, siendo Ricardo Anaya (expresidente del PAN) quien probablemente resultará electo –tras la salida de Margarita Zavala–, en el marco de la campaña interna que tomará la decisión.
Del letargo en la selección del candidato de Por México al Frente, el PRI sacó ventaja con la designación de José Antonio Meade (15% en intención de voto) [iv] como el candidato tecnócrata, avalado por la élite financiera del país. Una jugada estratégica frente a la fuerte caída de la popularidad de Enrique Peña Nieto, que apuesta por un candidato versátil para moverse con soltura entre la clase política del PRI y el PAN [v]. Meade –relativamente lejano a los escándalos de corrupción del PRI– puede capitalizar el voto del electorado menos afín a la alianza considerada “imposible” en diversos sectores del PAN y convertirse en revulsivo, logrando la polarización del escenario, con AMLO como principal oponente.
Lo que viene para el huésped de Los Pinos
El próximo presidente de México se enfrenta a un período álgido marcado por el incremento de la pobreza, del narcotráfico –y la subsecuente presencia de más cuerpos de seguridad en los territorios–, la reestructuración de PEMEX en virtud de su privatización y un escenario muy complejo en materia de política exterior, marcado por el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La herencia recibida tras seis años de Gobierno del PRI no será nada fácil de afrontar para quien resulte electo en los próximos comicios. La avanzada del Gobierno EPN en políticas de ajuste neoliberal dejó sumido al país en una tremenda crisis social que ha impactado en los sectores más vulnerables. El presupuesto de 2017, con un recorte de 175 millones de pesos respecto del presupuesto de 2016, afectó de forma directa la Educación Pública (-14%), la Salud (-7,8%) y las Comunicaciones y Transportes (-26%), para privilegiar el pago de intereses de la deuda, un ajuste que provocó diversas movilizaciones, con especial presencia de sindicatos de profesores.
A esta reducción del gasto fiscal se suma la culminación de la privatización de PEMEX, con la reforma energética de 2013, que permitió la entrada de capitales privados a la exploración y extracción de petróleo en aguas profundas y someras. Además, con un proceso de apertura y liberalización del mercado de la gasolina, que llevó al aumento de precio a finales de 2016 [vi]. El llamado “gasolinazo” tuvo un fuerte impacto en la inflación, que registró un aumento del 5,35%, el mayor en los últimos ocho años.
 Pobreza y desigualdad social
Según las cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (CONEVAL), a 2016, el 43% de los mexicanos estaban en una situación de pobreza, una cifra que se prevé haya aumentado para 2017. La preocupación de los tres bloques políticos en torno al tema de la pobreza se expresa con diferentes medidas y propuestas por parte de los candidatos.
Desde MORENA, su documento Proyecto de Nación 2018-2024, parte de la necesidad de generar cambios estructurales que permitan el desarrollo, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre sus líneas de trabajo se propone el “impulso al salario mínimo mediante un incremento anual del 15,6% más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el periodo”.
También se identifica la marginación como un eje de tensión y se plantea la necesidad de estimular la instalación de Centros/Parques Productivos cercanos a las zonas marginadas, para romper en esos centros poblacionales el círculo vicioso: Lejanía-Bajos ingresos-Informalidad-Pobreza-Descomposición del tejido social [vii]. Y, finalmente, acercándose al gremio del magisterio (uno de los más golpeados por las políticas neoliberales y el Estado represivo), señala la necesidad de la revaloración del maestro mexicano, “fortaleciendo la creación de un ambiente escolar basado en el aprendizaje colaborativo y en redes de tutoría, con la tecnología al centro del esfuerzo, incorporando la estimulación temprana, y transformando la figura del maestro frente a grupo, para convertirlo en un coordinador del aprendizaje”.
Por su parte, la alianza Por México al Frente lanzó recientemente su propuesta de Ingreso Básico Universal, como herramienta para erradicar la pobreza extrema. Por medio del “ordenamiento del gasto social de los más 6.500 programas sociales” muchos de los cuales no cuentan con reglas de operación ni padrón de beneficiarios, además, padecen duplicidades y están colonizados por prácticas corruptas. Esta propuesta ha sido vista desde diferentes sectores como un distractor para evitar la atención sobre la crisis interna que sufre la coalición.
Por su parte, el candidato del PRI, exministro de Hacienda responsable de la política de ajuste y del gasolinazo durante el Gobierno de Peña Nieto, lanza mensajes poco estructurados en torno a estas temáticas: “La economía familiar será una prioridad. Las familias tendrán mayores oportunidades para que su esfuerzo dé mejores frutos, comida en sus mesas y bienestar. Si a México le va bien, a las familias les irá mejor” [viii].
Seguridad y lucha contra el narcotráfico
El escenario de pobreza se conjuga con una realidad de violencia que permea todos los ámbitos de la sociedad. La situación está vinculada a las economías ilícitas del narcotráfico y al incremento en el uso de la fuerza pública como estrategia (fallida) de control delictual. El tema de la seguridad se encuentra en un punto álgido por su actual debate en el Senado, tras la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de Seguridad Interior, impulsado por el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, y que avala a las Fuerzas Armadas para intervenir en labores de seguridad pública. La propuesta ha sido criticada por Amnistía Internacional y ONU derechos Humanos, que ven la ley como un grave retroceso en materia de Derechos Humanos.
El proyecto del Ejecutivo va de la mano con la propuesta del candidato del PRI, quien hasta ahora se ha mostrado cercano los organismos castrenses –“Las Fuerzas Armadas nos han dado certeza, es tiempo de que les correspondamos”–, por lo que no sería extraño que mantuviera la línea de militarización del país como forma de combate de la violencia. Esta perspectiva favorable a la militarización es compartida por el PAN.
López Obrador, por el contrario, ha levantado todo tipo de suspicacias con sus más recientes declaraciones sobre la posibilidad de una amnistía para lograr la paz y reducir la violencia. La amnistía, planteada como última alternativa, estaría acompañada, tal y como versa el documento de lineamientos de política 2018-2024, de cambios estructurales, bajo la premisa “Preferimos que los jóvenes sean becarios a que sean sicarios”. La propuesta está orientada a “ampliar la cobertura y la inclusión de la enseñanza pública” para “combatir los fenómenos de inseguridad, violencia y deterioro del Estado de derecho, porque la exclusión de millones de jóvenes por falta de lugares en las aulas ha sido una de las causas preponderantes de la descomposición social que padece el país”.
 Política exterior: renegociación del TLCAN
En materia de política exterior, México también atraviesa una crisis importante, en el marco de la renegociación del TLCAN [ix]. En este caso, los candidatos coinciden en la necesidad de mejorar las vías de diálogo con Estados Unidos, más allá de plantear líneas alternativas a la dependencia económica.
En su programa, MORENA plantea que, a pesar de las deficiencias, el TLC “ha mostrado ser un instrumento útil para el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos y Canadá. Ha dado, sobre todo, certidumbre jurídica a los intercambios comerciales y las inversiones extranjeras”. En este sentido, el planteo es avanzar en las vías de diálogo para no perder los logros en materia comercial. Una estrategia que es acompañada desde los diferentes proyectos políticos. Ricardo Anaya coincide en la necesidad de una reactualización del proyecto, manteniendo los intereses comunes que hay en el mismo y, por su parte, José Antonio Meade –quien también se desempeñó como canciller–, se ha mostrado favorable a revisar este tipo de acuerdos cada lustro en lugar de cada diez años, como se hace hasta ahora.
Si bien es pronto para plantear escenarios previsibles, la pugna electoral presenta algunos elementos claves que va a definir las trayectorias por las que va a discurrir la campaña electoral. La seguridad, la economía y las relaciones exteriores continuarán siendo los grandes temas de debate, bajo los que los candidatos estructurarán sus mensajes en los próximos meses. De la capacidad de instaurar marcos discursivos con alternativas de cambio –algo ya de por sí difícil con perfiles tan asociados a “la vieja política”– dependerá la variación del electorado indeciso.
Notas:
[i] https://elpais.com/internacional/2017/11/21/mexico/1511284629_898431.html
[ii] https://mundo.sputniknews.com/politica/201712061074544182-politica-america-latina-mexico-encuesta-comicios/
[iii] https://mundo.sputniknews.com/politica/201712061074544182-politica-america-latina-mexico-encuesta-comicios/
[iv] https://mundo.sputniknews.com/politica/201712061074544182-politica-america-latina-mexico-encuesta-comicios/
[v] http://www.celag.org/meade-hombre-del-traje-pri/
[vi] http://www.celag.org/informe-celag-sobre-la-economia-de-mexico/
[vii] https://drive.google.com/file/d/1UwBfA6aW1vyqyPzI2NxZ177yc81Kk6wc/view
[viii] http://www.nacion321.com/partidos/6-ideas-de-jose-antonio-meade-que-veremos-en-2018
[ix] http://www.celag.org/tlcan-negociaciones-e-incertidumbre-la-trump/
Ava Gómez Daza (@Ava_GD) es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
Fuente: http://www.celag.org/mexico-2018-alianzas-propuestas-la-larga-noche-neoliberal/
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El TLC Mercosur-UE a punto de caramelo: se anuncia el 13 o el 21


 

El TLC Mercosur-UE a punto de caramelo: se anuncia el 13 o el 21  

 

 

se anuncia el 13 o el 21


Como se temía, todo indica que se marcha hacia un anuncio inmediato del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con un anuncio de cierre de negociaciones que el presidente argentino insiste en hacer al final de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio OMC) o bien con una firma antes de fin de año en Brasilia, protagonismo que reclama el presidente de facto brasileño. 
“Puede firmarse el 21 de diciembre en Brasilia”, señaló el presidente de facto brasileño Michel Temer. Sin duda era una aspiración suya (quizá ni siquiera consensuada) que el anuncio del pacto entre Mercosur y Unión Europea se concrete y firme en breve en la capital de Brasil, durante la cumbre del bloque sudamericano. Temer habló con la prensa al salir de la sesión inaugural de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Pero ni él, ni el uruguayo Tabaré Vázquez, quisieron jugarse por una contundente aseveración.
Brasil y Argentina apuestan a fondo a la futura asociación aun cuando las ofertas de liberalización comercial no incorporen la mayor parte de sus ambiciones iniciales. En el intercambio de propuestas entre las dos regiones, que se concretó el viernes último en Bruselas, los europeos prefirieron omitir el capítulo agrícola.
Los representantes del Mercosur se quejan de que la apertura agrícola de Europa se mantiene dentro de un nivel “insuficiente”, en especial en el caso de la carne y del etanol, donde las cuotas de importación europea de esos productos, exentas de impuestos aduaneros, son bastante menores al monto que habían negociado hace una década. Los europeos juegan con los apuros políticos de Macri y Temer.
Desde la cancillería argentina se habla de problema de tiempos. En el Palacio San Martín, donde se escenificó la última ronda de negociaciones entre los dos bloques será escenario hasta el miércoles de difíciles y ásperos encuentros paralelos a la OMC, obligando a que los cancilleres del bloque permanezcan en Buenos Aires.
En la última ronda de negociaciones que terminó el viernes pasado, hubo avances en varios de los puntos: se desataron nudos en normas sanitarias y fitosanitarias, en facilitación del comercio, en servicios y en cooperación aduanera, pero restan capítulos pendientes que deberán ser resueltos, al menos en términos generales, durante esta última rueda de tratativas. Eso es lo que permitirá llegar al anuncio del “acuerdo político” el próximo 21. Tanto de un lado como de otro indican que esa no será una declaración más. Significará formalizar que habrá un tratado y de eso ya no se vuelve atrás, lo explica bien el matutino derechista argentino Clarín.
En el encuentro dominguero participaron los ministros Jorge Faurie (Argentina) Aloysio Nunes Ferreira (Brasil); Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Eladio Loizaga (Paraguay). Por la UE participó Cecilia Malmstrom, comisaria europea de Comercio y allí se planteó la urgencia de Macri de hacer el anuncio en el marco de la Conferencia ministerial de la OMC, obviando la forma que tendría el acuerdo.
Y al final llega el lobo  
Al menos por parte de los países líderes del Mercosur. el propósito es que fuera más que una mera declaración de buenas intenciones –una declaración política-, que se pusiera de manifiesto que se ha logrado concretar un acuerdo pendiente desde hace 20 años, pero que solo "restan definiciones técnicas a resolver a principios de 2018". Obviamente, es un mundo muy diferente a cuando se comenzó a negociar. 
Por confusión, distracción, manipulación o hasta aceptación interesada por recursos de financiamiento, el anuncio tomará a los movimientos sociales y los ámbitos de opinión progresistas y de izquierda fuera de este eje. Fueron en general cooptados por la idea que "no pasaría nada" al suponer que la atención de este esta semana debía ser puesta en la paralizada OMC, en una agenda impuesta por las ONG europeas, invisibilizando de hecho el TLC UE-Mercosur.
En las reuniones de grupos altermundistas esta semana en Buenos Aires se escuchó una repetición de diatribas contra los TLCs en forma general o contra el neoliberalismo y sus males, pero no específicamente en su expresión concreta: este acuerdo de liberalización que sería el de mayor significación mundial hasta el momento.
Los organizadores de la conferencia de la OMC mostraron un muy buen manejo estratégico de la información. Los altermundistas, acostumbrados a la resistencia y la denuncia, abandonaron los temas sustantivos para protestar por la expulsión de dos periodistas y la confección de más de 60 militantes que el ministerio de Seguridad argentino consideró “peligrosos”. 
Hoy ya se vive una instancia diferente en lo referente al TLC UE-Mercosur –con un acuerdo en preanuncio- y por ello se hace necesario para el movimiento popular (industriales, sindicatos, académicos, campesinos, pequeñas y medianas empresas), revisar en detalle lo que se acuerda entre las partes, por un lado, y los puntos que no se han resuelto, para analizar y definir qué se puede hacer para lograr generar una oposición sustantiva y no solo melancólica ​ en relación a la ofensiva de la derecha .
El "distraccionismo" fue un arma útil: Tras el escándalo diplomático que generó la expulsión de miembros de ONG y periodistas y cuando los ejes de la información se habían corrido a este tema y no los sustantivos de la reunión, el gobierno argentino informó que dejará ingresar a quienes sean respaldados por sus cancillerías (que deben dar garantías de su comportamiento), entre ellos a tres franceses, un belga y al noruego Petter Titland, deportado a Brasil quien volvió a ingresar a la Argentina.
Toda una innovación en materia migratoria y de respeto a los cánones de organización de conferencias internacionales. Quizá alguna ONG tome esta decisión como un triunfo (aunque no elimina la ignominiosa lista negra).
Rubén Armendáriz, periodista y politólogo uruguayo, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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Esclavitud en Libia ¡Gracias OTAN!






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Esclavitud en Libia ¡Gracias OTAN! 



¿Un descubrimiento el esclavismo filmado por la CNN? ¿De verdad acabamos de caernos de las nubes? Claro que no. El 11 de abril de 2017 la Organización Internacional para las Migraciones publicó un informe en el que señalaba que los miles de emigrantes que transitaban por Libia eran vendidos como animales en los mercados de esclavos antes de ser sometidos al trabajo forzoso o a la explotación sexual.

Esta realidad la conoce todo el mundo y nadie ha hecho nada.

Mientras tanto Emmanuel Macron dedicaba su primer viaje presidencial al Sahel y no se recuerda que dijese nada, pero se entiende: la garantía del suministro minero de la antigua potencia colonial es un asunto muy serio y no iba a perder su tiempo en pequeñeces. Es una lástima, porque Francia habría tenido mucho que decir sobre la situación en Libia.

No hay que olvidar que si ese país está a la deriva, despedazado por facciones rivales y sumido en la violencia es porque Francia y sus aliados lo destruyeron en 2011. Los mercaderes de esclavos no han caído del cielo, llegaron en el equipaje de la OTAN. Bajo pretextos humanitarios fabricados por la propaganda, París, Londres y Washington se arrogaron el derecho a destruir un Estado soberano. Lo sustituyeron por la ley de la selva y el caos de las milicias. Aquí está el resultado.

¿Dónde están los que decidieron derrocar a Gadafi? Nos gustaría oír a esos visionarios. Nicolás Sarkozy quiso hacer de esa cruzada la joya de su mandato. «El Jefe del Estado ha hecho de la intervención en Libia una batalla personal. Para prestigio de Francia», titulaba Le Monde el 23 de agosto de 2011. ¡El prestigio es cegador! Para Alain Juppé la intervención en Libia era «una inversión para el futuro». Debería haber precisado que esa inversión no era solo petrolera. Los esclavistas le están agradecidos. Ellos también invierten. La participación de la oposición «de izquierda» no fue mucho mejor. François Hollande aprobó recurrir a la fuerza contra Gadafi «porque si no Gadafi habría masacrado a una parte de su pueblo». Que esté tranquilo, cuando se trata de masacres la OTAN es experta. El 21 de marzo de 2011 Libération preguntó a Jean-Luc Mélenchon por qué aprobaba los ataques aéreos a Libia. Respondió: «lo primero que hay que plantearse es lo siguiente, ¿existe un proceso revolucionario en el Magreb y en Oriente Medio? Sí. ¿Quién hace la revolución? El pueblo. Por lo tanto es vital que la ola revolucionario no se estrelle en Libia».

Sería necesario por lo tanto que los progresistas, o supuestos progresistas, se pusieran a meditar sobre las enseñanzas de los hechos. Porque la política occidental siempre sufre grandes cambios, empieza con los derechos humanos y acaba en un mercado de esclavos. Algunos pueden envolverlo en retórica humanista o revolucionaria, pero el imperialismo sigue siendo el imperialismo. Se pueden multiplicar los disfraces de la miseria ideológica, el pretendido deber de injerencia no es más que el derecho que se arroga a aplastar al vecino. Es la ley del más fuerte revisada y corregida por Bernard-Henri Lévy (BHL).

Los hipócritas dirán que la esclavitud no es nada nuevo y que este asunto concierne a los africanos, negando la responsabilidad del neocolonialismo. Empujadas por la miseria cientos de miles de personas pretender cruzar el Mediterráneo arriesgando sus vidas. La destrucción del Estado libio los ha dejado a merced de traficantes que los venden como si fueran animales. Y si escapan de sus garras el calvario no habrá hecho más que empezar. ¡Qué paradoja! Víctimas de un mundo dual, esos desheredados de la tierra solo tienen la esperanza de arrastrar su miseria en los países que causaron su desgracia.

Bruno Guigue es profesor universitario de Filosofía en la isla de La Reunión, ex-alto funcionario francés, analista politico especializado en Oriente Medio. Es autor de cinco libros, entre ellos Aux origines du conflit israélo-arabe, L’invisible remords de l’Occident, publicados por L’Harmattan, y de numerosos artículos.

Fuente: https://www.legrandsoir.info/esclavage-en-libye-merci-l-otan.html

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

“Esta decisión es un llamamiento a imponer la ley de la selva además de despreciar el derecho internacional y el papel de la ONU"


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“Esta decisión es un llamamiento a imponer la ley de la selva además de despreciar el derecho internacional y el papel de la ONU"

 


Posición del Centro Palestino de DDHH de Gaza ante la declaración estadounidense sobre Jerusalén
“Esta decisión es un llamamiento a imponer la ley de la selva además de despreciar el derecho internacional y el papel de la ONU"
En un peligroso precedente que viola el derecho internacional, el miércoles 6 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que Jerusalén es la capital de Israel y ha firmado la orden para que la embajada de EEUU se traslade a esa ciudad. El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) condena las irresponsables declaraciones del presidente estadounidense y subraya que el estatuto legal de Jerusalén, en tanto que parte integrante del territorio palestino ocupado (TPO), está regulado en el derecho internacional de acuerdo con las resoluciones adoptadas por la ONU y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y así lo reconoce una inmensa mayoría de los Estados del mundo. 154 Estados votaron a favor de reconocer el Estado de Palestina en el territorio ocupado en 1967, incluida Jerusalén.
Para el PCHR la declaración significa que el presidente de EEUU se otorgar el derecho de conceder un reconocimiento a favor de un Estado al que no le corresponde, en un gesto que repite la historia y representa una nueva “Declaración Balfour” justo cuando se cumple el centenario de la primera, aunque esta vez con firma estadounidense. El PCHR subraya que el derecho palestino a Jerusalén emana de una legislación internacional que no puede modificarse vía declaraciones o medidas políticas, y añade que la declaración sentencia a su emisor por infringir la legislación internacional en lo que constituye una gran vergüenza para el mundo libre.
El PCHR destaca que la declaración de Trump viola explícitamente el derecho internacional, las Resoluciones del Consejo de Seguridad y los Convenios de Ginebra, y constituye además, dos delitos. El primero,un crimen de agresión contra el Estado palestino ya que la declaración respalda y defiende la anexión de territorios por medio de la fuerza. El segundo, un crimen de guerra ya que la declaración implica complicidad con la actividad del asentamiento de Israel en Cisjordania, incluida Jerusalén.
Rayi Surani, abogado y director del PCHR, ha declarado que “esta decisión es un llamamiento explícito a imponer la ley de la selva y la política de facto además de despreciar absolutamente el derecho internacional y el papel de la ONU. […] Asimismo, la declaración otorga legitimidad política a los crímenes israelíes y perjudica el pasado, el presente y el futuro del pueblo palestino”.
Este acontecimiento es el resultado de una política sistemática por parte de la administración estadounidense que niega el derecho de los palestinos a la autodeterminación e intenta acabar con la causa palestina. Una política que se expresó primero respaldando explícitamente la expansión de los asentamientos en múltiples foros, silenciándola después deliberadamente para no tener que condenarla o manifestando abiertamente que los asentamientos pertenecen a Israel negando así que formen parte del TPO. A ello hay que unir las enormes presiones ejercidas por EEUU ante los organismos de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional (CPI) y la dirección palestina para evitar que los palestinos recurran a la justicia internacional. Esa fue la posición expresada por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, cuando declaró que “se ha acabado el atacar a Israel en la ONU”. Con esta agresión conta el territorio palestino, la administración de EEUU pone fin a las iniciativas de paz y a la solución de dos Estados.
Hay que recordar que 13 Estados tenían embajadas en Jerusalén hasta la década de 1970 sin que ello supusiera su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Sin embargo, EEUU no formaba parte de esos Estados, ya que solo disponía de un Consulado en Jerusalén dependiente de la Embajada de estadounidense ubicada en Tel Aviv. Esos 13 Estados trasladaron sus embajadas desde Jerusalén a otras ciudades de Israel cuando el Consejo de Seguridad emitió las Resoluciones 476 y 478, que condenan el intento de anexión de Jerusalén por parte de Israel.
Merece la pena mencionar que el Congreso de EEUU reconoció Jerusalén como capital de Israel en 1995, y que en aquel momento el presidente estadounidense recomendó en su decisión emitir una declaración oficial para trasladar la Embajada a Jerusalén. Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses han venido retrasando el traslado de la embajada hasta que esta semana el presidente Trump se ha atrevido a emitir dicha declaración en violación del derecho internacional e ignorando la paz internacional y el peligro al que expone a muchos inocentes, pues su decisión provocará sentimientos de rechazo en millones de musulmanes y cristianos de todo el mundo.
Violación explícita de las resoluciones de la ONU
El Consejo de Seguridad ha emitido 12 resoluciones que subrayan que Jerusalén es un territorio ocupado por las autoridades israelíes. Ocho de ellas estipulan que todas las medidas y cambios del estatuto legal de la ciudad son ilegales y que las fuerzas israelíes deben retirarse de la ciudad. Las otras cuatro resoluciones exigen a Israel que se retire de los territorios ocupados en 1967, incluida Jerusalén. La primera de las resoluciones fue la 242 del Consejo de Seguridad.
Entre las resoluciones que afectan directamente a Jerusalén, la Resolución 476 del Consejo de Seguridad, de 1980, insta a Israel a retirarse del territorio ocupado, incluida Jerusalén, y hace hincapié en que cualquier cambio en el estado y el carácter de Jerusalén carece de validez legal.
En el mismo año, se aprobó la Resolución 478 que condena la Ley Básica de Israel en la que se declara a Jerusalén como la capital “completa y unida” de Israel, lo que constituye una violación del derecho internacional y no afecta a lo estipulado por la Convención de Ginebra sobre la ciudad en tanto que territorio ocupado. La Resolución también condena todas las medidas legislativas y administrativas y declara que las acciones adoptadas por Israel que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatuto de Jerusalén son nulas y deben cancelarse inmediatamente.
La Resolución 2334 de 2016, una de las más recientes y más destacadas en la condena del asentamiento de Israel en el TPO, incluida Jerusalén, establece que dicha actividad constituye una “violación flagrante” del derecho internacional y “no tiene validez legal” además de socavar el proceso de paz y la solución de dos Estados. Asimismo, la resolución hace un llamamiento a todos los Estados para que en la realización de sus tratados, distingan entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967. Cabe destacar que esta Resolución fue aprobada por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con una votación de 14-0 con la abstención de EEUU. Dicha Resolución es la quinta de su tipo que afirma y condena la comisión de Israel del delito de actividad de asentamiento.
En su opinión consultiva sobre el Muro de anexión en 2004, la CIJ afirmó que la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén, son territorios ocupados de conformidad con el derecho internacional. Sobre esta base, la resolución de la CIJ declaró que el muro no tiene validez legal ya que fracciona secciones del territorio palestino.
La Asamblea General de la ONU también ha adoptado muchas resoluciones que afirman que Israel no tiene derecho a Jerusalén por ser una potencia ocupante. La primera de estas resoluciones fue la Resolución 303 de 1949, que condena la declaración de Israel de Jerusalén como su capital.
Tras la Guerra de los Seis Días en 1967 en la que Israel ocupó parte de algunos países árabes, incluida la Franja de Gaza y Cisjordania, la Asamblea General adoptó la Resolución 2253 que denuncia la aplicación de la Ley israelí en Jerusalén Oriental. Posteriormente se adoptó la Resolución 1536 en 1981 que establece que cualquier modificación en el estatuto de Jerusalén es ilegal.
La UNESCO también ha emitido múltiples resoluciones relacionadas con el estatuto de Jerusalén así como con la mezquita de al Aqsa. La última, de 2016, reafirma que la mezquita de al Aqsa (Al Haram as Sharif) es una herencia islámica que incluye la Plaza Buraq (Muro Occidental) y que Israel no tiene derecho a ella. La Resolución condena igualmente todos los cambios e intrusiones israelíes en los sitios arqueológicos allí ubicados considerando que la mezquita al Aqsa es parte integral protegida del patrimonio de la Humanidad.
La declaración estadounidense de Jerusalén como capital de Israel es una flagrante violación del derecho internacional humanitario (DIH) y constituye una evidente complicidad en un crimen de agresión que amenaza directamente la paz y la seguridad internacionales. Esta declaración es asimismo una provocación contra los sentimientos religiosos de millones de musulmanes y cristianos de todo el mundo, no solo en Palestina, tal y como está dejando claro la reacción internacional.
Este crimen de agresión viola la Carta de la ONU, que prohíbe la anexión de territorios de terceros utilizando la fuerza, y la considera como una de las bases que permiten la intervención del Consejo de Seguridad bajo el Capítulo 7 de la Carta para restablecer la paz y la seguridad internacionales. Este delito está contemplado igualmente en el marco de la Jurisdicción de la CPI, incluso aunque su término aún no haya entrado en vigor.
El delito de actividad de asentamiento se considera un crimen de guerra codificado en el Artículo (49) de la Cuarta Convención de Ginebra y en el Artículo (8), párrafo (8) del Estatuto de Roma de la CPI.
De acuerdo con ello, EEUU es cómplice de Israel en el delito de la actividad de asentamiento. Por lo tanto, la CPI tiene derecho a enjuiciar a los funcionarios estadounidenses responsables de esta declaración, particularmente al presidente Trump. Cabe señalar que la CPI ha estado llevando a cabo investigaciones preliminares sobre la actividad de los asentamientos desde junio de 2014.
Destrucción del sistema global que protege a la humanidad
La decisión de EEUU ahonda la destrucción de la legislación internacional y de la ONU, y sienta un peligroso precedente por el que un Estado miembro viola las resoluciones del Consejo de Seguridad y del derecho internacional.
En consecuencia, el presidente Trump está destruyendo las iniciativas que se pusieron en marcha tras el final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de reemplazar el recurso a la fuerza por el recurso a la ley, y con las que el mundo ha recorrido un largo e importante camino. Este mundo que ha impedido el advenimiento de una Tercera Guerra Mundial lo ha hecho gracias a la ONU y a la promoción y el respeto del derecho internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario.
La Declaración de EEUU, que viola todas la legislación humanitaria internacional, y las políticas que respaldan, encubren y legitiman las violaciones israelíes del derecho internacional en el TPO, plantean importantes cuestiones: ¿sigue siendo eficaz la ONU como organismo para real para restaurar la paz y la seguridad internacionales?, ¿con qué credibilidad cuenta el derecho internacional que protege la humanidad y los derechos de los pueblos?, los organismos internacionales que protegen a la humanidad, ¿no se han vuelto completamente impotentes además de un arma en manos de los Estados poderosos cuando los utilizan para intervenir en los asuntos de los estados débiles?
Estados Unidos ya no es mediador en el proceso de paz sino que lo socava
EEUU siempre ha sido un mediador injusto y no comprometido con el derecho internacional en el proceso de paz para Oriente Próximo. Reiteradamente ha aducido, como en el discurso de esta semana, que el violar el derecho internacional y utilizar su poder del veto docenas de veces para evitar que el Consejo de Seguridad adopte cualquier decisión contra las violaciones israelíes o siquiera una condena, sirve para proteger el proceso de paz.
Esta declaración demuestra la vertiente más desafiante de la administración estadounidense y la falsedad de sus argumentaciones. Las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General relacionadas con Palestina siempre han confirmado que cualquier perjuicio contra el estatuto legal de Jerusalén o cualquier cambio en él socavaría el proceso de paz y pondría en peligro la solución de dos Estados. La declaración del presidente estadounidense pone fin a toda posibilidad para el proceso de paz, para la solución de dos Estados, además de negar el derecho de los palestinos a la autodeterminación.
El Secretario General de la ONU ha corroborado que la declaración del presidente de EEUU apuntala el fin del proceso de paz y ha advertido que todo lo relacionado con las fronteras, en particular en lo que atañe a Jerusalén, debe estar sujeto a la solución que ambas partes deben alcanzar mediante la negociación. A esta declaración se suman las efectuadas por los presidentes de otros Estados que hacen hincapié en el mismo sentido.
El PCHR subraya que la causa palestina no formará parte del regateo político, y deja bien claro en que el derecho internacional y las resoluciones definen las fronteras del Estado palestino. El PCHR también enfatiza que cualquier negociación debe limitarse a cómo aplicar lo estipulado en el derecho internacional de una manera que garantice la paz para todos.
Hacer frente al movimiento estadounidense
El PCHR hace un llamamiento a todos los palestinos y palestinas, a los Estados del mundo amantes de la paz, a las organizaciones internacionales y a todos y todas las activistas y personas libres del mundo para que unan sus fuerzas y confronten este delito:
1. El PCHR reclama a la CPI que acuse al presidente de Estados Unidos Trump en su causa relativa a los delitos por actividad de asentamiento e el TPO;
2. Los dirigentes palestinos deben recurrir al Consejo de Seguridad para que este organismo condene la declaración del presidente Trump, exponga la posición contraria de EEUU a la paz y exija el derecho del pueblo palestino a la libre determinación;
3. Los dirigentes palestinos deben recurrir a la Asamblea General y trabajar con los Estados del mundo para activar el Mecanismo Especial de “Unión por la Paz” a fin de evitar el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad y declarar la declaración como nula e inválida, así como llevar a cabo los procedimientos necesarios para hacerle frente;
4. Los dirigentes palestinos deben convocar una reunión urgente con las Altas Partes Contratantes en los Convenios de Ginebra para que en declaración condenen la posición estadounidense y garantice la aplicación de los Convenios de Ginebra en el TPO en 1967, incluida Jerusalén, así como para que opere a fin de obligar a Estados Unidos a cumplir dichos Convenios como miembro de las Altas Partes Contratantes que es;
5. Reclama a la Unión Europea que condene la decisión estadounidense por violar el derecho internacional y amenazar directamente la paz y la seguridad internacionales;
6. Reclama a la sociedad civil estadounidense y a los pueblos libres del mundo que se movilicen y presionen al presidente de EEUU para salvar la paz mundial y evitar al mundo una guerra religiosa promovida por los irresponsables comportamientos del presidente eTRUMP; y
7. Reclama a los Estados árabes y al mundo islámico que tomen medidas decisivas para obligar a la administración del Presidente de EEUU a retirar la declaración y anular la usurpación de los lugares sagrados musulmanes y cristianos.

Fuente: http://www.pchrgaza.org
Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza
PCHR, 29 Omer El Mukhtar St., El Remal, PO Box 1328 Gaza, Gaza Strip.

¿Qué planea Israel en Argentina?, por Thierry Meyssan


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¿Qué planea Israel en Argentina?, por Thierry Meyssan

Thierry Meyssan,

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Dueño de 175 empresas, entre las que se cuentan varias cadenas de restaurantes y el club de futbol británico de Tottenham –autoproclamado «Ejército de los Yid»– el discreto multimillonario Joe Lewis se dedica a la especulación en el mercado cambiario, junto a su amigo George Soros.
En el siglo XIX, el gobierno británico estuvo indeciso entre crear Israel en la actual Uganda, en Argentina o en Palestina. Argentina estaba entonces bajo control del Reino Unido y, por iniciativa del barón francés Maurice de Hirsch, se convirtió en aquel momento en tierra de asilo para los judíos que huían de los pogromos desatados en Europa central.
En el siglo XX, después del golpe de Estado militar que derrocó al general Juan Domingo Perón, presidente democráticamente electo de Argentina, una corriente antisemita se desarrolló en las fuerzas armadas de ese país. Esa corriente distribuyó un folleto donde se acusaba al nuevo Estado de Israel de estar preparando el «Plan Andinia», para invadir la Patagonia.
Hoy resulta que, si bien la extrema derecha argentina exageró los hechos en los años 1970, realmente existía un proyecto, que no era de invasión sino de implantación en la Patagonia.
Todo cambió con la guerra de las Malvinas, en 1982. En ese año, la junta militar argentina en el poder trata de recuperar los archipiélagos de las Malvinas y las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, denunciando su ocupación por la Gran Bretaña desde hace siglo y medio. La ONU reconoce que la reclamación argentina es legítima, pero el Consejo de Seguridad condena el uso de la fuerza para recuperar esos territorios en disputa. Hay de por medio un botín considerable ya que las aguas territoriales de esos archipiélagos dan acceso a las riquezas del continente antártico.
Al final de la guerra de las Malvinas, que oficialmente dejó más de mil muertos –aunque las cifras oficiales británicas en realidad minimizan las pérdidas humanas–, Londres impone a Buenos Aires un Tratado de Paz particularmente duro, que limita las fuerzas armadas de la República Argentina a su más simple expresión. Incluso se priva a Argentina del control del espacio aéreo del sur de su territorio continental, a favor de la Royal Air Force británica, y se impone a la República Argentina la obligación de informar previamente al Reino Unido de todas sus operaciones.
En 1992 y 1994, dos atentados extraordinariamente devastadores y sangrientos destruyen sucesivamente la embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la asociación israelita AMIA en la misma ciudad. El primer atentado ocurre en momentos en que los jefes de la inteligencia israelí en Latinoamérica acababan de salir del edificio. El segundo atentado, perpetrado contra la sede de AMIA, tiene lugar durante los trabajos conjuntos de Egipto y Argentina sobre los misiles balísticos Cóndor. Durante el mismo periodo estalla la principal fábrica de misiles Cóndor y tanto el hijo mayor del presidente argentino Carlos Saúl Menem como el hijo mayor del presidente de Siria Haffez al-Assad mueren en sendos accidentes. Las investigaciones sobre todos esos hechos son objeto de numerosas manipulaciones.
Después de haber designado a Siria como responsable de los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA en la capital argentina, el fiscal Alberto Nisman se vuelve contra Irán, acusándolo de haber ordenado ambos atentados, y contra el Hezbollah, atribuyendo a esa organización libanesa la realización de estos. La hoy ex presidente Cristina Kirchner es acusada de haber negociado la interrupción de los procedimientos legales contra Irán a cambio de un precio ventajoso para las compras de petróleo. Más tarde, el fiscal Nisman es hallado muerto en su apartamento y Cristina Kirchner es inculpada por alta traición. Pero la semana pasada, como en una obra de teatro, se vino abajo todo lo que hasta ahora se daba por sabido: el FBI entregó análisis de ADN que demuestran que el presunto terrorista no está entre los muertos así como la presencia de un cuerpo no identificado. Conclusión: al cabo de 25 años, no se sabe absolutamente nada sobre los atentados de Buenos Aires.
En el siglo XXI, explotando las ventajas obtenidas en el Tratado impuesto a Argentina después de la guerra de las Malvinas, el Reino Unido e Israel emprenden un nuevo proyecto en la Patagonia.
El multimillonario británico Joe Lewis adquiere inmensos territorios en el sur de Argentina y en el vecino Chile. La extensión de sus tierras allí cubre varias veces la extensión territorial de todo el Estado de Israel. Esas tierras se hallan en el extremo sur del continente, en la Tierra del Fuego. Incluso rodean el Lago Escondido, impidiendo el acceso al lago [1] a pesar de una decisión de la justicia argentina.
El multimillonario británico ha construido en esas tierras un aeropuerto privado, con una pista de aterrizaje de 2 kilómetros, capaz de recibir grandes aviones de transporte, tanto civiles como militares.
Desde el fin de la guerra de las Malvinas, el ejército de Israel organiza para sus soldados «campamentos de vacaciones» en la Patagonia. Cada año, entre 8 000 y 10 000 soldados israelíes pasan 2 semanas de “vacaciones” en las tierras del multimillonario Joe Lewis.
Si en los años 1970, el ejército argentino señaló la construcción de 25 000 alojamientos –vacíos–, dando lugar al mito del plan Andinia, hoy parece que se han construido cientos de miles más. Es incluso imposible verificar el estado de realización de esos trabajos, por tratarse de tierras privadas y porque Google Earth neutraliza las imágenes satelitales de esa zona, procediendo así exactamente como lo hace con las instalaciones militares de la OTAN.
Mientras tanto, el vecino Chile ha cedido a Israel parte de una base militar que posee en la zona. Allí se han cavado túneles para facilitar la vida ante los rigores del invierno polar.
Por su parte, los indios mapuches que pueblan la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile, quedaron sorprendidos con la noticia de la reactivación, en Londres, de la “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM), una misteriosa organización que reclama la independencia. Inicialmente acusada de ser una vieja asociación recuperada por los servicios secretos argentinos, la RAM es vista hoy por la izquierda como un movimiento secesionista legítimo, pero los líderes mapuches la denuncian como un ente financiado por George Soros.
El 15 de noviembre de 2017, la marina de guerra argentina perdió todo contacto con su submarino ARA San Juan, finalmente declarado como hundido con toda su tripulación. El ARA San Juan era uno de los 2 submarinos de propulsión diesel-eléctrica que constituían el orgullo de la pequeña marina de guerra argentina. La Comisión Preparatoria de la CTBTO (Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, siglas en inglés) anunció haber registrado un fenómeno acústico inhabitual en Atlántico, cerca de la zona desde donde procedía la última señal recibida del ARA San Juan. El gobierno argentino reconoció finalmente que el submarino perdido estaba realizando una «misión secreta», cuya naturaleza no se precisó y sobre la cual se había informado a Londres. El Pentágono estaba participando en la búsqueda y la marina de guerra rusa contribuyó con el envío de un drone submarino capaz de explorar el fondo marino a 6 000 metros de profundidad, sin encontrar nada. Todo parece indicar que el ARA San Juan estalló bajo el agua. La prensa argentina está convencida de que chocó con una mina o fue destruido por un torpedo enemigo.
Por el momento, es imposible determinar si Israel está implicado en un programa de explotación del continente antártico o si está construyendo una base para el repliegue en caso de derrota en Palestina.
[1] El Lago Escondido se extiende sobre casi más de 7 kilómetros cuadrados, constituye un bien público de la República Argentina y sus orillas son públicas. Nota de la Red Voltaire.

Los ejercicios ruso-bielorrusos «Zapad 2017», por Valentin Vasilescu


 
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Los ejercicios ruso-bielorrusos «Zapad 2017», por Valentin Vasilescu


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Durante las semanas anteriores a la realización de los ejercicios ruso-bielorrusos «Zapad 2017», y durante el desarrollo de estos, a mediados de septiembre de 2017, la prensa occidental se hizo eco de todo tipo de hipótesis inquietantes, según las cuales «Zapad 2017» era para Rusia una oportunidad para invadir los países del flanco oriental de la OTAN. Nadie se tomó el trabajo de estudiar el escenario de esos ejercicios, y nadie cuenta con la formación necesaria para analizarlo. Veamos, por tanto, de qué se trata.
Los ejercicios Zapad 2016 se desarrollaron del 14 al 20 de septiembre de 2017. Tenían como objetivo:
«Mejorar la formación y el uso de los grupos de fuerzas armadas para garantizar la seguridad militar de una posición avanzada estratégica para la defensa colectiva de Rusia y Bielorrusia.»
El escenario de esos ejercicios planteaba que el territorio de Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado enfrentaban una infiltración masiva de fuerzas especiales que actuaban como terroristas. Según el escenario planteado, esas fuerzas venían de 3 países ficticios: Vajsnorya, Vesbaria y Lubenia. En los mapas, Vesbaria se situaba en territorios de Lituania y Letonia mientras que Lubenia incluía parte de Lituania y Polonia, países que en la vida real son todos miembros de la OTAN. Los terroristas infiltrados habían tomado el control de Vajsnorya, una zona situada en el noroeste de Bielorrusia.
La primera etapa consistía en aislar Vajsnorya del resto de Bielorrusia, para evitar los actos de sabotaje tendientes a afectar la situación socioeconómica del país y a facilitar la ejecución de un golpe de Estado en Minsk, ya que el objetivo final de los agresores sería utilizar el territorio de Bielorrusia como trampolín para iniciar una invasión militar contra Rusia.
La concepción de los ejercicios Zapad 2017 se basaba en la adopción de medidas militares capaces de impedir que Bielorrusia fuese desestabilizada y garantizar la liberación de la región ocupada, designada como Vajsnorya. Es por eso que la primera etapa de esos ejercicios buscaba verificar la capacidad de las fuerzas terrestres y aéreas rusas y bielorrusas para conservar la supremacía aérea y bloquear el corredor de infiltración inicial y el aprovisionamiento de los terroristas en armas y municiones.
La segunda etapa tenía como objetivo verificar la capacidad de las unidades aerotransportadas para intervenir a gran distancia de sus bases y para aislar y cercar después los grupos terroristas infiltrados. Esa operación suponía la realización de una maniobra con fuerzas de apoyo terrestres y aéreas para bloquear la retirada de los terroristas hacia el Mar Báltico.
La última etapa de los ejercicios consistía en cercar a los terroristas y terminaba con su eliminación física.

¿Qué conclusiones pueden sacarse de Zapad 2017?

Zapad 2017 tenía un carácter estrictamente defensivo. Se circunscribió al oeste de Bielorrusia y de Rusia. En Bielorrusia, se desarrolló estrictamente dentro de 7 polígonos terrestres, y otros 3 en Rusia, donde observadores militares de todos los países miembros de la OTAN tuvieron la oportunidad de asistir como invitados. Participaron 12 700 soldados (7 200 en Bielorrusia y 5 500 en Rusia), 680 vehículos, incluyendo 370 blindados (entre los que se contaban 250 tanques), 200 piezas de artillería, 70 helicópteros y aviones y 10 navíos de guerra [1].
La necesidad de realizar esos ejercicios viene de que los rusos temen que se produzca una invasión de fuerzas de la OTAN desde los países bálticos y Polonia. Para reforzar la seguridad en esos países, la OTAN desplegó allí recientemente la 10ª brigada de la fuerza aérea de Estados Unidos –con más de 60 aviones– y la 3ª brigada blindada estadounidense. Además, en los 3 países bálticos los miembros de la OTAN están efectuando un sistema de rotación con una escuadrilla de aviones de caza. La OTAN ha creado también una fuerza de intervención ultra-rápida alimentada por 7 países miembros con 10 000 soldados especialmente entrenados y destinados a actuar en la costa báltica y la del Mar Negro.
Los temores de Rusia son razonables ya que, según la doctrina de la OTAN, Moscú se halla en el eje estratégico bielorruso del «teatro de operaciones europeo». Ese eje comienza en Berlín, pasa por el territorio de Polonia, el enclave de Kaliningrado y Bielorrusia, atraviesa Moscú y se prolonga hasta Samara (la antigua Kubischev). Los blindados pueden avanzar rápidamente sobre esa amplia llanura. Ese recorrido está claramente concebido para invadir Moscú. Los objetivos estratégicos son concentraciones económicas y políticas vitales –incluyendo complejos económicos, fuentes de energía, de materias primas, redes de transporte de energía, etc.– cuya conquista o control, incluso temporal, se traduce automáticamente en una modificación de la correlación de fuerzas en cualquier teatro de operaciones.
Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en la Operación Barbarroja, iniciada el 22 de junio de 1941, el Grupo de Ejércitos del Centro desplegó su ofensiva sobre el eje estratégico bielorruso, con 50 divisiones alemanas concentradas en Polonia, para conquistar el objetivo estratégico por excelencia: Moscú.
Rusia ha declarado repetidamente que los 5 000 millones de dólares de financiamiento estadounidense al Euromaidán de Kiev –cifra mencionada por la entonces secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Victoria Nuland [2])– condujeron a un golpe de Estado mediante el cual Ucrania pasó a la categoría de enemigo de Rusia, situación que permite a Estados Unidos plantearse en el futuro la posibilidad de invadir Rusia con tropas de la OTAN. Esa hipótesis no carece de fundamentos ya que la invasión podría realizarse siguiendo el eje ucraniano, que es ciertamente la mejor ruta del teatro de operaciones europeo. Ese eje estratégico comienza en Munich (Alemania), atraviesa Polonia, Ucrania, el suroeste de Rusia, pasa a Volgogrado (la antigua Stalingrado) y continúa a lo largo del Volga hasta su desembocadura en el Mar Caspio.
El plan Barbarroja de invasión de la URSS, durante la Segunda Guerra Mundial, confió la conquista de Ucrania al Grupo de Ejércitos del Sur, que se componía de 57 divisiones alemanas, italianas, húngaras y rumanas. Parte de esas fuerzas, que totalizaban 330 000 soldados, fue cercada alrededor de Stalingrado, destruida u obligada a rendirse a los soviéticos, el 26 de enero de 1943. Elegir Ucrania como base de partida para la ofensiva de la OTAN, daría a la alianza atlántica la ventaja de poder evitar los combates en las montañas de los Cárpatos, que alcanzan los 2 061 metros de altitud.

Denuncia a 4 jueces TC por delito e infracción constitucional!, por Guillermo Olivera Díaz


 
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¡Denuncia a 4 jueces TC por delito e infracción constitucional!,

Guillermo Olivera Díaz,

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Autor analiza asunto grave y de estridencia
Un iracundo vocero fujimorista, antes aprista, el congresista trujillano Daniel Salaverry Villa y otra congresista antes keikista, hoy dizque no agrupada, la ayacuchana Yeni Vilcatoma de la Cruz, han presentado denuncia constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por presuntos delito de prevaricato e infracción de varias normas de la Constitución Política.
El asunto reviste suma gravedad y estridencia. La prensa se ocupa profusamente y este miércoles 13, 9.30 AM, en audiencia pública, el TC tiene la ocasión de decir su palabra final y definitiva, resolviendo un recurso de reposición de 21-4-2017.
El prevaricato tiene una pena mínima de 3 años y máxima de 5, por lo que podría ser efectiva, tal como lo prevé el Artículo 418° del Código Penal. La amorfa y menos grave infracción constitucional, que carece de tipificación alguna, se sanciona con destitución del cargo e inhabilitación, según el numeral 100° de la Carta Política. Pronto se tendrán noticias al respecto pues el trámite está corriendo.
El grave delito denunciado sería pasible de cárcel, si acaso el Pleno del Congreso acuerda –lo cual lo juzgo improbable por falta de votos suficientes- que ha lugar a formación de causa penal, en cuyo caso el Fiscal de la Nación está obligado a formalizar denuncia y el juez supremo respectivo a abrir proceso penal contra los 4 denunciados.
El juez de la Corte Suprema a cargo de la instrucción por prevaricato, tiene la potestad de dictar o no mandato de detención. La infracción constitucional denunciada daría motivo a la destitución del cargo e inhabilitación para la función pública hasta por 10 años, que serán reemplazados por 4 nuevos jueces, seguramente de corte aprofujimorista.
Como se advierte, la denuncia constitucional tiene mucho filo y gravedad. Ya la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República decidió la apertura del juicio político y pronto elevará un informe a la Comisión Permanente diciendo que el delito e infracción denunciados se encuentran acreditados. Termina el trámite con el acuerdo final del Congreso.
El delito e infracción constitucional tiene que ver con una resolución que adoptaron los 4 denunciados: Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, el 5-4-2016, que reza así:
“SUBSANAR la sentencia de fecha 14 de junio de 2013 y, por ende, tener por no incorporados en la resolución el fundamento 68 y el punto 1 de la parte resolutiva”.
Es decir, los 4 denunciados aceptaban expresamente que tenían ante sí una resolución, que ellos llaman sentencia, expedida el año 2013 y que la estaban modificando casi 3 años después: el 5-4-2016. ¡La hacían añicos, pues!
¿Qué sostienen aquel Fundamento 68 y el Punto 1 de la parte resolutiva adoptados el 14 de junio del 2013, por los exjueces TC Mesía Ramírez, Calle Hayen y Alvarez Miranda, los 3 motejados de apristas o apristones?
Que los hechos acaecidos en El Frontón, el 18 y 19 de junio de 1986, donde murieron unos 130 internos de ese penal, durante el primer gobierno de Alan García, “no son crímenes de lesa humanidad”; que es nulo el auto de apertura de instrucción dictado en sentido contrario por un juez penal del fuero ordinario, debe ampararse la prescripción de la acción penal y disponerse el archivo del caso. Siendo así no existiría en curso, así der simple, el juicio oral que se está llevando a cabo.
Los 4 denunciados resolvieron que no se tengan por incorporados tal Fundamento 68 y el referido Punto 1 de la parte resolutiva. O sea, ¡modificaron lo que llaman sentencia!
Por mi parte, sigo parando mientes al respecto. Diré mi parecer el 13-12-2017, si acaso el pleno del TC acepta mi inclusión como Amicus Curiae, a mi pedido.

Balance y perspectivas de Donald Trump, por Thierry Meyssan


 
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Balance y perspectivas de Donald Trump, por Thierry Meyssan

Thierry Meyssan

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Durante la campaña previa a la elección presidencial estadounidense de 2016, Donald Trump se comprometió a respetar las reglas del Partido Republicano. Nadie creía entonces en su capacidad para lograr la victoria. Pero Trump basó su campaña en los fundamentos históricos de ese partido, olvidados desde hace tiempo por sus políticos, y eliminó así a todos sus rivales. Hasta el momento mismo del anuncio de su victoria, los sondeos lo daban como perdedor. De la misma manera, ahora afirman que no podría lograr la reelección.
Ya hace casi un año que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca. Se hace ahora posible discernir sus ambiciones políticas, a pesar del destructivo enfrentamiento que se desarrolla en Estados Unidos entre sus partidarios y sus adversarios, en detrimento de todos.
Comprobar los hechos resulta muy difícil, tanto más cuanto que el mismo Trump se encarga de disimular sus principales realizaciones tras un cúmulo de declaraciones y tweets contradictorios y porque su oposición, a través de sus propios medios de difusión, lo presenta como un loco.
Ante todo, desde los tiempos de la Guerra de Secesión, Estados Unidos nunca había estado tan dividido como ahora. Ambos bandos se muestran muy violentos y algunos de los protagonistas dan prueba de una tremenda mala fe. Para entender lo que sucede tenemos primero que hacer abstracción de los intercambios más rudos y determinar lo que representa cada uno de esos protagonistas.
Estados Unidos es un país creado a la vez por los «Padres Peregrinos» («Pilgrim fathers»), o sea los puritanos que llegaron a América a bordo del Mayflower, cuya llegada se festeja con el «Thanksgivin» o «Día de Acción de Gracias», y por una multitud de migrantes provenientes del norte de Europa.
Los «Padres Peregrinos» eran sólo un grupúsculo pero tenían un proyecto religioso y político: crear una «Nueva Jerusalén», organizada según la Ley de Moisés, y alcanzar la pureza. Al mismo tiempo, pretendían continuar en América el enfrentamiento entre el Imperio Británico y el Imperio Español. Los inmigrantes, por su parte, querían hacer fortuna en un país que creían vacío, sin habitantes, sin trabas, sin gobierno, exceptuando las autoridades locales. Ambos grupos forman un conjunto que los sociólogos designan con las siglas WASP por White Anglo-Saxon Protestant, o sea “Blancos Anglosajones Protestantes”.
Al redactarse la Constitución estadounidense, los «Padres Fundadores» representaban mayoritariamente a los puritanos. Bajo el impulso de Alexander Hamilton, concibieron un texto antidemocrático, que reproducía el funcionamiento de la monarquía británica pero transfiriendo el poder de la gentry a las élites locales, representadas por los gobernadores. Aquel texto provocó la cólera de los inmigrantes llegados del norte de Europa, que habían luchado y derramado su sangre durante la Guerra de Independencia.
Pero en lugar de reescribir la Constitución y reconocer la soberanía popular, se le agregó –por iniciativa de James Madison– la decena de Enmiendas que conforman la «Bill of Rights» o «Carta de Derechos». Agregado a la Constitución, este documento garantizaba a los ciudadanos la posibilidad de defenderse de la «Razón de Estado» recurriendo a los tribunales. El conjunto conformado por ambos textos estuvo en vigor durante dos siglos, satisfaciendo a ambos grupos.
El 13 de septiembre de 2011, el Congreso de Estados Unidos adoptó precipitadamente la USA Patriot Act, conocida en español como «Ley Patriótica» o «Acta Patriótica», un código antiterrorista muy voluminoso. Este documento, que había sido preparado en secreto en años anteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, suspende la Bill of Rights ante toda circunstancia vinculada al terrorismo. Desde entonces, los Estados Unidos del presidente republicano George Bush Jr. –descendiente directo de uno de los puritanos del Mayflower– y de su sucesor demócrata Barack Obama han sido gobernados única y exclusivamente según los principios puritanos modernos –que ahora incluyen el multiculturalismo, derechos diferentes para cada comunidad y una jerarquía implícita entre esas comunidades.
Donald Trump se presentó a la elección presidencial como candidato de los inmigrantes llegados del norte de Europa, o sea de los WASP no puritanos. Basó su campaña electoral en la promesa de devolverles el país confiscado por los puritanos e invadido por hispanos que rechazan integrarse a su cultura. Su divisa «America First» debe interpretarse como la restauración del «American Dream», el sueño estadounidense de hacer fortuna, frente al proyecto imperialista puritano y la ilusión del multiculturalismo.
La defensa de la Bill of Rights comprende el derecho a manifestar, incluso para los grupos extremistas, estipulado en la 1ª Enmienda, y el derecho de los ciudadanos a portar armas para resistir a los posibles excesos del Estado federal, derecho estipulado en la 2ª Enmienda. Es por tanto perfectamente legítimo que el presidente Trump haya respaldado el derecho de los grupos racistas de Charlottesville a manifestar y que haya expresado apoyo a la National Rifle Association (NRA), defensora de la posesión de armas. Esta filosofía política puede parecer absurda a los no estadounidenses, pero corresponde a la Historia y la cultura de Estados Unidos.
Los dos poderes más importantes de un presidente estadounidense son:
- el poder de nombrar a miles de altos funcionarios,
- la posibilidad de determinar objetivos militares.
Pero resulta que Donald Trump dispone sólo de algunas decenas de seguidores fieles para cubrir miles de plazas de funcionarios y que el Pentágono ya cuenta con su propia doctrina estratégica. Trump está por tanto obligado a determinar cuáles son las decisiones capaces de modificar el sistema y reservarse para ellas.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha venido actuando efectivamente para:
- desarrollar la economía y limitar el control que ejerce sobre ella el mundo de la finanza;
- desmantelar el «Imperio Americano» y restaurar la República, o sea el Interés General;
- defender la identidad WASP y expulsar a aquellos que, entre los hispanos, se niegan a integrarse a la cultura estadounidense.
Trump acaba de poner a Jerome Powell a la cabeza de la Reserva Federal. Es la primera vez que esa institución tiene un presidente que no es economista sino jurista. Su misión será poner fin a la política monetarista y a las reglas en vigor desde la derrota de Estados Unidos en Vietnam y el fin de la convertibilidad del dólar en oro. Jerome Powel tendrá que concebir nuevos reglamentos que pongan el capital al servicio de la producción y no de la especulación, como hasta ahora sucede.
La reforma fiscal de Donald Trump debería suprimir todo tipo de exoneraciones y reducir las tasas sobre las empresas de 35 a 22%, o incluso a 20%. Los expertos están divididos en cuanto a saber qué clases sociales van a beneficiarse con esas medidas. Lo único seguro es que, vinculada con la reforma aduanera, hará menos rentables los numerosos puestos de trabajo que las transnacionales han transferido al extranjero y llevará a que diversas industrias regresen a suelo estadounidense.
En el plano internacional, Trump ha puesto fin al reclutamiento de nuevos yihadistas y al apoyo que ciertos Estados aportaban a esos elementos, exceptuando el respaldo del Reino Unido, Qatar y Malasia, que siguen aplicando esa política. Sin embargo, no ha detenido la implicación de empresas transnacionales y de altos funcionarios internacionales en la organización y financiamiento del yihadismo.
En vez de disolver la OTAN, como había pensado hacerlo inicialmente, la transformó obligándola a abandonar el uso del terrorismo como método de guerra y la ha llevado a convertirse en una alianza antiterrorista.
Trump sacó además a Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, concebido contra China. En agradecimiento, Pekín redujo considerablemente sus derechos de aduana, demostrando así que es posible instaurar la cooperación entre Estados en lugar de la anterior situación de enfrentamiento.
En el plano interno, el presidente Trump puso al juez Neil Gorsuch en la plaza que estaba vacante en la Corte Suprema, instancia encargada de hacer evolucionar la interpretación de la Constitución, lo cual incluye la Bill of Rights. El juez Gorsuch es un magistrado célebre por sus estudios sobre el sentido original de esos textos y parece, por tanto, capaz de restablecer el compromiso básico de la creación de Estados Unidos.
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En 1998, Igor Panarin –por entonces uno de los directores de los servicios secretos rusos– pronosticaba una guerra civil y la división de Estados Unidos en 6 Estados diferentes para una época próxima a los años 2010. Pero el golpe de Estado que tuvo lugar en Washington el 11 de septiembre de 2001 retrasó ese proceso. El periodista Colin Woodard reactualizó en 2012 los datos de Panarin y comprobó que la movilidad de los estadounidenses los ha llevado a reagruparse en 11 grupos comunitarios culturales separados y coexistentes, sin que los negros lleguen a formar una comunidad por hallarse simultáneamente integrados y discriminados en 2 de esas 11 comunidades.
Aunque ese balance resulta muy satisfactorio para los electores del presidente Trump, es aún demasiado pronto para saber si facilitará la integración de los no WASP o si provocará, por el contrario, que sean expulsados de la comunidad nacional. Según el especialista en geopolítica mexicano Alfredo Jalife, dos terceras partes de los hispanos que no hablan inglés en Estados Unidos viven en California, territorio robado a México. Donald Trump pudiera verse tentado a resolver el problema cultural y demográfico de Estados Unidos favoreciendo la secesión de ese Estado, o sea el llamado «Calexit», expresión inspirada en el ya célebre «Brexit». En ese caso, la Casa Blanca tendría que enfrentar los problemas que plantearía la pérdida de la industria del espectáculo con sede en Hollywood, de la industria del software asentada en Silicon Valley y, sobre todo, perder la base militar de San Diego. La operación que la Casa Blanca y sus enlaces han iniciado en Hollywood, al calor del caso Weinstein, parece indicar que ese proceso ya está en marcha.
La secesión de California podría iniciar un desmantelamiento étnico de Estados Unidos hasta reducir ese país al territorio inicial de los 13 Estados que adoptaron la Constitución, incluyendo la Bill of Rights. Esa es, en todo caso, la hipótesis formulada hace tiempo por el especialista ruso en geopolítica Igor Panarin.
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