viernes, 13 de febrero de 2015

Derechos humanos fueron masacrados por EPN; su ejército asesina civiles y mata estudiantes: Touraine



Derechos humanos fueron masacrados por EPN; su ejército asesina civiles y mata estudiantes: Touraine
Por: Emma Martínez / 13 febrero, 2015
10maspeña (1)



(13 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Algunos de los errores graves del actual gobierno mexicano son las desapariciones, tortura, muertes en centros de detención, impunidad y respaldo de abusos militares, inexistente libertad de expresión, siendo una de las fronteras más importantes a nivel mundial, es de las más peligrosas para los migrantes, ahora los defensores de derechos humanos son mayormente perseguidos, el tema del matrimonio igualitario parece que es preferible no tocarlo, esos son sólo algunos de los millares de problemas que existen en ese país”, declara en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO el sociólogo francés Alain Touraine, especialista en movimientos sociales.
El 24 de mayo de 2012, Enrique Peña Nieto, firmó un documento que llamó “Manifiesto por una presidencia democrática”. Afirmando “aquí desarrollo los principios políticos a los que habré de apegarme como Presidente, si los mexicanos así lo deciden, porque quiero que construyamos un México unido y fuerte a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad de nuestras convicciones e ideas”.
Los siguientes puntos definían las principales acciones a proteger e impulsar durante su gobierno:
Derechos Humanos y no discriminación. 
“Los derechos humanos en México fueron los primeros masacrados del sexenio de Peña Nieto. Las masacres de Tlatlaya e Iguala son el resultado de la incompetencia de un gobierno que prefiere que su ejército asesine civiles y su policía torture y mate estudiantes, antes que salvar a su país, Peña Nieto es un ser mudo e inerte ante el hundimiento de su país, él sabe que todo es culpa suya y aún así busca ser invisible”, afirma Alain Touraine.
Informes de Amnistía Internacional respaldan que “miembros del ejército y de la marina continúan estando implicados en graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”.
Tan sólo en el rubro de desapariciones, el Registro Nacional de Personas Extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha hay 23 mil 605 casos de desaparición; el 40% ha sido denunciado durante la actual administración de Enrique Peña Nieto.
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, declara “nos encontramos frente a uno de los más atroces sexenios, con las más graves masacres ocurridas en México, de las que resaltan Tlatlaya y Ayotzinapa, habiendo muchas más conocidas y desconocidas por todo lo ancho del territorio nacional”.
Sobre el tema de migración, HRW afirma que “en 2013, las autoridades migratorias detuvieron a 82.269 migrantes y deportaron a 75.704 de ellos, la gran mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas más fueron las personas que intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. En México los migrantes continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las bandas criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales”. Asegurando que aunque existan reformas en materia migratoria que han fortalecido algunos derechos de los migrantes, particularmente el derecho a la protección y el acceso a la justicia, no se han implementado adecuadamente.
En el tema de los pueblos indígenas Peña Nieto asevera en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York “En México estamos decididos a construir una verdadera sociedad de derechos en la que todas las personas, independientemente de su origen étnico, puedan ejercer en su vida diaria derechos y libertades”. Sin embargo durante su gestión pueblos indígenas han realizado levantamientos principalmente en contra de las concesiones a industrias extractivas y eólicas que sin consulta previa, libre e informada invaden sus tierras, ejerciendo sobre ellos opresión, criminalización y finalmente encarcelamiento, hechos que han padecido entidades como Chiapas y Guerrero.
División de poderes y Transparencia y rendición de cuentas.
Según Celso Alvarado, miembro del Comité Jurídico de Derechos Humanos del 132 “la constitución no especifica ningún procedimiento que limite la arbitrariedad del presidente a la hora, de por ejemplo, elegir a quienes formarán parte de las ternas de ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que enviará al senado”.
Agregando “lo anterior resulta preocupante si se toma en cuenta la tendencia tanto del gobierno  federal como del partido del que emanó esta administración, buscan debilitar o cooptar a los demás poderes y a los órganos constitucionalmente autónomos que deben fungir como contrapeso a las decisiones, actuaciones y omisiones del poder ejecutivo”.
Asegurando que “el debilitamiento institucional del poder legislativo ha sido evidente desde la firma del ‘Pacto por México’, mismo que fungió como una herramienta política de toma de decisiones que de facto sustituyó el esencial debate público que debe llevarse a cabo dentro del congreso por negociaciones tras bambalinas, cerradas al público y cuyas resoluciones, siempre iban acorde a las políticas planteadas por quien se dice presidente de México”.
Peña Nieto llegó con la tendencia de trivializar la labor legislativa en aras de aumentar el poder del poder ejecutivo, intentándolo desde la propuesta del PRI para someter a consulta popular la eliminación de las diputaciones plurinominales, disminuyendo así la oposición dentro de las cámaras. El artículo que el mismo partido busca agregar a la ley de transparencia para que el ejecutivo forme parte de las opiniones dentro de las Cámaras, son algunos puntos que demuestran el claro panorama de aventajamiento que Peña Nieto se esmera en lograr”.
El politólogo Jesús Villalobos agrega “en lo que va del sexenio de Peña Nieto, además de abrirle la puerta a la crisis económica, política, social y en seguridad, se llega al descubrimiento de conflicto de intereses. El sistema anticorrupción que plantea el presidente a todas luces permite resguardarlo a él y a su gabinete de investigaciones a profundidad. A dos años y medio de haber firmado su compromiso de dar a conocer anualmente su declaración patrimonial, The Guardian y otros medios internacionales le hicieron el favor, porque de él no iba a salir tal hecho”.
Enrique Peña Nieto mantiene la idea de que “la reforma en materia de transparencia cierra espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la vida pública, dando respuesta a una sentida demanda social, la cual se aplicará a los partidos políticos, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos”.
Sobre el punto Villalobos afirma “la propuesta de Peña no garantiza transparencia, rendición de cuentas y eliminación de los conflictos de interés, las empresas que le vendieron propiedades por ética y dignidad debieron ofrecer algún tipo de pruebas de la nula existencia de conflicto de intereses, no se podía son amigos, lo mencionaron, el presidente no puede ser investigado, porque el show que ha armado sólo puede hacer de forma superficial, sólo son medidas administrativas que están sujetas al propio Gobierno”.
“Es un insulto a la inteligencia del mexicano que un subordinado investigue a su superior, porque ese es ya un conflicto de intereses, lo que se supone se busca erradicar, pero es que toda la carrera política de Peña Nieto ha sido un conflicto de intereses, entonces no se puede pedir un cambio”.
“México no saldrá de la crisis en la que se encuentran porque su presidente tiene la propia, la gobernabilidad es una barbarie. Es de humanos errar, lo siguiente es corregir errores, pero parece que no sabe o no quiere o no puede. El primer paso fue legitimarse en el puesto, la salida no era exterminar a su pueblo”, comenta Touraine.

Luego de dos años, el TEPJF resolverá el caso Monex y gastos de campaña de Peña

Luego de dos años, el TEPJF resolverá el caso Monex y gastos de campaña de Peña
Claudia Herrera Beltrán
 
Periódico La Jornada
Viernes 13 de febrero de 2015, p. 16
La legalidad de los gastos de campaña en los comicios de 2012 y el entramado Monex del entonces candidato Enrique Peña Nieto se resolverán en los próximos días, y no es buen momento por los tiempos electorales, admitió Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ponente del caso Monex, justificó los dos años que lleva la sala superior del tribunal en resolver la fiscalización de los partidos políticos de hace tres años, con el argumento de que este expediente es complejo, ya que incluye una veintena de juicios y no puede atenderse a la ligera.
Representantes partidistas, consejeros y ex consejeros electorales han criticado al TEPJF por su dilación en cerrar este tema, que fue motivo de fuerte controversia en 2012 y dio pie a la reciente reforma política, cuyo tema medular es fiscalizar antes de que se califiquen los comicios. El 6 de febrero de 2013, el tribunal recibió de parte de PRD y PAN los expedientes del entramado que montó el PRI para amarrar el triunfo de Peña Nieto, con Banca Monex como elemento clave de un presunto financiamiento ilegal. (La Jornada, 9/2/15).
A más tardar en dos semanas
Al concluir un foro efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el magistrado Flavio Galván explicó que ya tienen todo programado para resolver esos pendientes en una o dos semanas a más tardar. Sobre la conveniencia de hacerlo en plenas precampañas comentó: Desafortunadamente el juez tiene que resolver y todos los tiempos en México son tiempos políticos.
González Oropeza explicó que la resolución es inminente: los proyectos están circulados y por discutirse, lo que muchas veces se lleva cierto tiempo.
Admitió que no es buen momento para alcanzar una conclusión. Todo lo que tratamos de evitar es que estos temas se trasladen hasta el final de los procesos, porque generan muchas lecturas y muchos conflictos políticos, que jurídicamente nos da problema.
El asunto es complejo, porque no es sólo Monex, sino también otros, en los que todos los magistrados estuvieron involucrados, refirió.
Yo tuve cuatro partidos no relacionados directamente con Monex y la fiscalización. Entonces, nuestra resolución tenía que ser acorde, integral con todos los demás.
La tardanza de dos años dejará como consecuencia que unos 200 diputados impugnados por haber violado los topes de campaña estén por terminar su encargo y no haya una conclusión sobre su proceder, sobre todo de aquellos que prorratearon gastos con el presidente Peña Nieto, lo que evitó que éste se excediera.
Comentó que muchas veces los magistrados deben decidir cuando alguien está tomando posesión o al día siguiente, porque los tiempos son muy apretados.
No obstante, insistió en que siempre han sido oportunos en tomar sus resoluciones; mencionó que en una ocasión les presentaron un asunto y en la tarde ya estaban atendiéndolo en sesión.