jueves, 19 de julio de 2018

Austeridad republicana, ¿una promesa viable?


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Austeridad republicana, ¿una promesa viable?

 

 

Nayeli Meza Orozco

Andrés Manuel López Obrador comienza a mover sus fichas. La jugada clave hasta ahora fue el anuncio de los 50 lineamientos del plan anticorrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana con la cual busca generar ahorros para impulsar el desarrollo del país.
“Una política de austeridad no sólo es buena, también era necesaria, pero su viabilidad dependerá de cómo se ejecute”
- Héctor Villarreal
Director general del CIEP
Fiel a su promesa de campaña, el político tabasqueño comenzó a “barrer de arriba para abajo”. Para poner el ejemplo anunció que su salario como presidente será menos de la mitad de lo que percibe el actual jefe del Ejecutivo.
López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales de los 270 mil que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, es decir que el morenista ganará sólo 40 del sueldo establecido, de acuerdo con cifras difundidas por su equipo de transición.
108 mil pesos será el sueldo de AMLO cuando sea presidente AMLO prometió que esta transformación será “radical, pero pacífica” y para garantizar un piso parejo de salarios enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, con el objetivo de que ningún funcionario gane más que él al convertirse en presidente.
La medida también contempla un recorte del 70 por ciento en el personal de confianza, eliminar los bonos para los empleados, limitar las cuentas de gastos y comprar vehículos usados en lugar de nuevos.
La política de austeridad cerrará las brechas que hay entre el gobierno y los ciudadanos
Además, se reducirán a la mitad todos los sueldos de altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales, nadie podrá utilizar aviones y helicópteros privados, y se cerrará la llave en 50 por ciento al gasto de publicidad oficial.
El plan de austeridad fue bien recibido por diversos especialistas y sectores de la población, aunque aún existen dudas sobre cómo se implementará y cuáles fueron los criterios para sustentarlo, pues la hoja de ruta de los 50 puntos sólo expone los qué, pero no los cómo.
“En la acción, el próximo gobierno tendrá que defender que la medida cuenta con una estructura sólida y que no son sólo ocurrencias”
- Raymundo Tenorio
Analista económico del Tecnológico de Monterrey

Un país más igualitario

Conseguir recursos para programas sociales no es el único fin que persigue el virtual presidente electo con la política de austeridad, coinciden especialistas.
Carlos Jiménez, profesor investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, manifiesta que la administración entrante quiere acabar con el statu quo que se ha mantenido durante sexenios anteriores, con el objetivo de ayudar a cerrar las brechas que hay entre el gobierno y los ciudadanos.
“Hay una distancia social muy grande. El gobernante se ha olvidado de la condición de vida de sus gobernados y con este plan se está dando un mensaje de justicia social”
- Carlos Jiménez
Profesor investigador de La Salle
De los 127.5 millones de habitantes en México, 53.4 millones se encuentran en situación de pobreza y marginalidad, de acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
1.5 por ciento del PIB representarán los programas sociales Jiménez opina que también es positiva la venta de la flotilla de aviones y helicópteros del Gobierno federal, la devolución del predio ocupado por la residencia oficial de Los Pinos y la prohibición de cerrar calles y avenidas por orden de algún funcionario, ya que esto ayudará a mejorar la imagen del poder ejecutivo y lo hará más cercano con los mexicanos.

Procesos más transparentes

Otro de los puntos que ha recibido la aceptación de los analistas es las compras de gobierno, las cuales se prevé que se realicen mediante una convocatoria, bajo observación ciudadana y con apoyo de la oficina de transparencia de la ONU.
Respecto a este apartado, Héctor Villarreal, del CIEP, se muestra optimista aunque reconoce que será complicado que esto se pueda lograr en el corto plazo.
“Vamos a tener que tener paciencia, es una gran idea pero hay que entender que un proceso como el que están proponiendo puede llevarse una cantidad considerable de tiempo y tal vez esto hará que algunas personas piensen que no se está dando un cambio como se prometió”, comparte el director general del CIEP.
Un pendiente que deberá atender el equipo de AMLO es mejorar las condiciones de los sistemas de contrataciones públicas, ya que 71 por ciento de las adquisiciones más grandes del gobierno de 2012 a 2017 fueron celebradas a través de contratos de adjudicación directa, de acuerdo con una investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Con la finalidad de transparentar los recursos y mejorar la rendición de cuentas en México, Raymundo Tenorio, quien también es cofundador del Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva (CEIP), propone la creación del Fondo Nacional de Austeridad Republicana y de Combate a la Corrupción.
“La idea es que en el fondo se depositen todos los recursos que se ahorrarán y desde ahí se administren. Esto ayudará a garantizarle a los mexicanos que el dinero se utilizará para lo que se les prometió”.

Los puntos en contra

Una de las medidas que más ruido ha generado es la reducción en un 70 por ciento del personal de confianza.
Carlos Jiménez, profesor investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, externa su preocupación al no saber cuáles fueron los criterios que el equipo de Andrés Manuel López Obrador tomó para determinar ese porcentaje de plazas.
Especialistas coinciden en que el plan de austeridad debe ejecutarse de manera ordenada, de lo contrario se corre el riesgo de afectar la operación de la administración pública federal
Además, agrega, al realizar este recorte de funcionarios el político tabasqueño se enfrentará a la resistencia de la alta burocracia que permanecerá en la administración pública federal, ya que los salarios que se disminuirán son de altos funcionarios, no de burócratas medios.
No obstante, el académico expone que esto podría dar pie a actos de corrupción, ya que en un intento por mantener su estilo de vida algunos trabajadores podrían incurrir en prácticas ilegales.
“Si el proceso no se realiza de manera ordena puede generar un desequilibrio al interior del Gobierno federal”, comenta Jiménez.
70 por ciento se reducirá el personal de confianza Por su parte, Raymundo Tenorio, analista económico del Tecnológico de Monterrey, percibe como una revancha de López Obrador la salida de funcionarios capacitados que se prepararon y especializaron durante años para alcanzar un puesto directivo.
“Es una pérdida de capital humano muy importante, debido a que el nuevo personal se enfrentará a una curva de aprendizaje muy honda”, añade Tenorio.

Austeridad insuficiente

Con la reducción de los salarios a funcionarios públicos se obtendrán recursos para programas sociales, que ayudarán a jóvenes que no estudian ni trabajan y adultos mayores. De manera anual, los jóvenes beneficiados recibirán 43 mil 200 pesos al año, mientras que los adultos mayores 18 mil pesos, revelan datos del organismo Gesoc.
Sin embargo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) asegura que esto costará al erario público cerca de 500 mil millones de pesos, es decir, 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
43 mil 200 pesos recibirán los jóvenes al año En conferencia de prensa, Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, aseguró que el recorte de los sueldos será insuficiente, ya que sólo generará ahorros por 5 mil millones de pesos.
“¿De dónde va a salir el dinero que hace falta”, cuestionó durante el encuentro con medios.
El IMEF prevé que el programa de becas para jóvenes tendrá un costo de 0.8 por ciento al PIB, mientras que el aumento en la pensión para los adultos mayores 0.7 por ciento.
Por su parte, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) manifiesta que un elemento que también preocupa en la implementación de esta política de austeridad republicana es que el virtual presidente electo tendrá ventaja en el Congreso y sin un contrapeso que cuestione sus decisiones se corre el riesgo de una concentración de poder.
“Una mayoría legislativa le va a permitir hacer todo rápido, pero la legitimidad de un gobierno es mayor cuando se ve en la necesidad de convencer con sus argumentos que sus decisiones son correctas”
- Héctor Villarreal
Director general del CIEP

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La próxima batalla por el dinero


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Ernesto Santillán

El nombramiento de los coordinadores estatales de programas de desarrollo en sustitución de los delegados federales por parte del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es el primer capítulo de la inminente batalla por los recursos que protagonizarán el gobierno federal y los estados.
La decisión de designar coordinadores que sustituirán a los delegados podría ir acompañada de una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que cambie el actual reparto de las aportaciones y participaciones federales que se entregan a los gobiernos estatales
El trasfondo en la decisión, de colocar a un coordinador para administrar el dinero federal en las entidades, tendría un amplio impacto y transformaría el cómo se manejan los recursos de cada estado hasta ahora.
Actualmente, existe un acuerdo soportado en la Ley de Coordinación Fiscal en el cual se establecen las fórmulas y procedimientos de distribución de recursos del gobierno federal a los estados, para que estos los administren y tomen la determinación de en qué materias los invertirán.
No obstante, existe una parte de los recursos de la federación que son empleados por los delegados, pero solo en ciertos programas, como el Prospera, que es instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y sus representantes en cada localidad.
Declaraciones de Carlos Urzúa, quien será el secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador, y del mismo virtual presidente electo, han señalado que uno de los cambios que se promoverá en la próxima gestión será a la Ley de Coordinación Fiscal.
En abril pasado, acerca de dicha Ley, Urzúa dijo en entrevista con un medio nacional: “es un tema muy importante y sí pensamos hacer modificaciones a mediados del sexenio”.
De otorgárseles las facultades totales del dinero federal para los estados a los coordinadores nombrados por López Obrador, podrían ser responsables de un alto porcentaje del recurso presupuestario de cada entidad.
Solo por mencionar un ejemplo, el estado de Nuevo León durante el 2018 contará con un paquete fiscal de 95 mil 349 millones de pesos, de los cuales 62 mil 079 millones 44 mil pesos tuvieron origen en recurso federal, es decir, dos terceras partes de su presupuesto.
La acción de Andrés Manuel López Obrador, en la asignación de coordinadores, es un intento de control político con el propósito de que el proyecto de Morena se consolide, no obstante, existe la preocupación de que más adelante se castigue con la distribución de recursos, comenta el especialista en políticas públicas, José Antonio Álvarez León, académico de la FES Acatlán de la UNAM.
“Ese es el temor, porque siempre ha sido así: que los presidentes a través del presupuesto puedan minimizar y controlar a los gobernadores. Yo creo que sería una misión suicida por parte de Morena, porque si a estas alturas López Obrador, que está muy legitimado, acotara los ingresos federales o los condicionara a un actuar directo con los coordinares cambiaría el matiz para ser un gobierno autoritario”
- José Antonio Álvarez León
Académico de la FES Acatlán, UNAM
Una de las incomodidades que ocasionaría la figura de los coordinadores a los gobernadores estatales —por su labor administrativa de dinero federal— sería el peso político que comenzarán a adquirir en la percepción de la ciudadanía, sobre todo en aquellos lugares en los que el PAN o el PRI están al frente de las administraciones, asegura Ulises Corona, politólogo de la UNAM.
“Los gobernadores del PRI o el PAN no lo quieren porque los coordinadores evidentemente van a ser un contrapeso de la figura del gobernador y les podrían restar presencia estatal. Lo que deben hacer al respecto es enfocarse en el ejercicio público que es su responsabilidad”, señala Corona.

Los polémicos coordinadores

Algunos de los personajes que López Obrador ha incluido en la lista de próximos representantes estatales están en el centro de críticas, ya sea por haber militado en partidos políticos antagónicos a Morena, como el PAN, el PRI o el PRD, o por ocupar candidaturas a gobernadores en elecciones pasadas en las entidades que coordinarán.
En algunos casos, la designación por coordinar alguna entidad se analiza como un premio de consolación ante no haber conseguido un cargo de mayor importancia.
Entre los personajes polémicos se encuentra Miguel Ángel Navarro, quien será coordinador de Nayarit, tras haber sido dos veces candidato a la gubernatura abanderado por el PRD y Morena, y por tener un pasado político en el PRI, del que fue diputado federal y senador entre el 2000 y 2005.
Lorena Cuéllar Cisneros es otra política que ha dado de qué hablar por aparecer en la lista de coordinadores de Andrés Manuel, por su pasado en el PRI y en el PRD. Ha sido presidenta municipal en Tlaxcala y dos veces senadora. Sería coordinadora de Tlaxcala ahora como morenista.
Delfina Gómez excandidata de Morena por la gubernatura del Estado de México, quien estuvo cerca de ganarle ese bastión al PRI en el 2017, también será coordinadora de la entidad por la que compitió.
Indira Vizcaíno, una de las dos propuestas para ocupar la coordinación en Colima, fue presidenta municipal de Cuauhtémoc por el PRD, más tarde, trabajó para el gobierno del gobernador priista Ignacio Peralta como secretaria de Desarrollo Social, cargo al que renunció en marzo de 2017 para después lanzarse como candidata de Morena a una diputación federal, la cual ganó en las elecciones de este julio.
Además de Vizcaíno, la coordinación de Colima podría ser ocupada por Alejandro Álvarez, quien ha ocupado cargos en comisiones al interior de Morena.
La coordinadora en la Ciudad de México será Cristina Cruz, quien como premio de consolación recibió ese cargo, tras haber sido precandidata a la jefatura de gobierno de la capital, la cual fue entregada a Claudia Sheinbaum, hoy virtual gobernadora electa.
Otra de las críticas hacia la administración federal entrante es que los coordinadores serán conocidos entre la ciudadanía de los estados y con ello podrían buscar la gubernatura por las entidades en las que desempeñen su labor.
“La labor de coordinar sí sería una clave para impulsarlos en un futuro como candidatos”, concluye el experto José Álvarez, de la FES Acatlán.

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La lucha antinarco de AMLO


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La lucha antinarco de AMLO

 

 

Rubén Zermeño

México sangra, sufre la violencia de más de 10 años de guerra contra el narcotráfico y el clamor de la sociedad dice alto a la inseguridad.
Los mexicanos el pasado primero de julio votaron por un cambio convencidos de que la estrategia actual estaba fallando. Millones de personas le dieron el sí y el voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador.
Para especialistas en temas de seguridad y directivos de organizaciones sociales,  algunas de  las propuestas del virtual presidente electo para frenar la violencia del país son inviables, mientras que otras son grandes aciertos que rompen paradigmas que no se habían tocado en otras administraciones.
En lo que sí coinciden es que los cambios no se darán pronto.
Han pasado dos sexenios y dos partidos políticos por Los Pinos en los que las barras de las estadísticas que cuentan los muertos y los desaparecidos sólo van en aumento.
8 mil 867 asesinatos dolosos se registraron en el país en 2007, primer año en el que gobernó Felipe Calderón y comenzó la guerra contra el narcotráfico En 2007, primer año en el que gobernó Felipe Calderón y comenzó la guerra contra el narcotráfico se registraron en el país 8 mil 867 asesinatos dolosos, según datos del INEGI; para el 2017, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se abrieron 29 mil 146 carpetas de investigación por el mismo crimen.
Durante la campaña electoral, en los discursos, en los mitines políticos y en los spots hemos escuchado hablar al político tabasqueño de pacificación y de un cambio de estrategia para combatir la violencia en el país.
“Esta nueva estrategia no se sostendrá sólo con el uso de la fuerza, porque está demostrado que eso no resuelve el problema, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”
- Andrés Manuel López Obrador
Virtual Presidente Electo
Foros públicos, la creación de la Guardia Nacional, la profesionalización de los policías, el mando único, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la de la patrulla fronteriza y volver a la prevención, han sido algunas de las propuestas que Andrés Manuel López Obrador ha anunciado en los últimos meses.
“Vemos varias ideas, no sé si estamos frente a una estrategia conectada, digamos que ahí es donde está el afán, para ver como unen todos esos puntos y como los dota de una coherencia narrativa y operacional”, dijo Lisa Sánchez, directora de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia a Reporte Indigo.
La estrategia propuesta por Andrés Manuel López Obrador está dividida en plazos y a los 3 años de gobierno aseguró que el Ejército regresará a los cuarteles ya que el país contará con una policía profesional que se hará cargo de combatir el crimen en el país
“La idea de que en tres años vamos a ver un retiro notable de las Fuerzas Armadas es muy optimista. Habrá que ver, aún estamos en la página del título, todavía no estamos viendo los detalles (…) Hay cosas buenas y hay cosas malas, le falta todavía mucha carnita a la propuesta, hay que ir detallando qué quieren hacer en materia policial ya que la profesionalización por sí misma no resuelve el problema”, aseguró el analista en seguridad Alejandro Hope a menos de cinco meses de que entre en función el nuevo gobierno.

La Supersecretaría

El 4 de enero de este año, el nombre de Alfonso Durazo comenzó a sonar como el encargado de la seguridad en el proyecto de López Obrador, el exsecretario particular de Vicente Fox coordinará la estrategia desde  la nueva Secretaría de Seguridad Pública  la cual volverá a ser independiente de la Secretaría de Gobernación, y a la cual se anexarán las labores de inteligencia, las de protección civil, el sistema penitenciario y la coordinación de las policías.
Pese a todas las facultades que tendrá la dependencia a cargo de Durazo, este no prometió resultados inmediatos.
Uno de los cambios más significativos será la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a la cual se anexarán labores de inteligencia, de protección civil y la coordinación de las policías
“La inseguridad no se resolverá de un día para otro, ya que es un proceso paulatino, lo que se va a sentir de inmediato es el combate a la corrupción (…)  mientras sigamos viendo la cuestión de la seguridad como una cuestión de fuerza, vamos a fracasar, tenemos que ampliar la visión e ir a las causas profundas que generan la inseguridad y eso obliga al diseño de políticas públicas”, dijo Durazo.
La estrategia principal de la nueva Secretaría de Estado será la del reforzamiento de las policías para regresar al Ejército a los cuarteles
“Un programa emergente de capacitación y profesionalización nos va a  permitir formar cuadros  que entrarían al  relevo de los militares que están en la calle, los iremos retirando a la manera proporcional de este cuadro”, dijo Durazo, y agregó que la dependencia se coordinará con los gobernadores para que las entidades fortalezcan las policías municipales ya que en varias de esas corporaciones está coludido el crimen organizado.
Para el especialista en seguridad, Alejandro Hope, es buena idea la creación de una Secretaría de Seguridad Pública independiente, ya que cuando estaba en la Secretaría de Gobernación se redujo el peso político de la seguridad pública y acabó dejando el tema sin un responsable político.
Lo que ve mal Hope es la estrategia de la profesionalización policiaca, ya que para él este no se resuelve creando escuelas para los uniformados, ni mejorando sus sueldos o aplicando exámenes de confianza.
“No hay tal cosa, están diagnosticando mal el problema, sí hay un problema de capacitación y profesionalización, pero ese sólo es uno de los veinte problemas de las policías. De arranque hay un problema de reclutamiento, hay un problema de formación inicial, hay un problema de formación continua, hay un problema de  carrera policial, hay un problema de especialización, de régimen disciplinario, la reforma policial debe de incluir muchos componentes que no se reducen a lo que llaman ‘profesionalización’”, dijo en entrevista a Reporte Indigo.
Para él, la idea de desmilitarizar las calles será un asunto complejo que tardará muchos años hasta que se refuercen por completo las policías estatales y las municipales.
Además de coordinar las fuerzas policiacas, la Secretaría tendrá más facultades, como labores de inteligencia y de protección civil, restando facultades a la Segob.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la agencia de inteligencia civil del Estado, creada en 1989 desaparecerá como tal, en su lugar se creará la Agencia Nacional de Inteligencia.
López Obrador y Durazo han dicho públicamente que esta medida se debe porque la agencia ha sido utilizada por los gobiernos con fines políticos.
“El CISEN debe desaparecer por su uso faccioso y político, y crearemos la ANI a fin de suplir las funciones de inteligencia del Estado, el proceso está en estudio, vemos los impactos jurídicos, presupuestales y demás a fin de tener fundamento para crear esa instancia”, dijo Durazo el pasado 15 de julio.
“La inseguridad no se resolverá de un día para otro, ya que es un proceso paulatino, lo que se va a sentir de inmediato es el combate a la corrupción”
- Alfonso Durazo
Virtual Secretario de Seguridad de Obrador
Hope señaló que este cambio es contradictorio al origen del Cisen, el cual ahora podrá ser utilizado con fines de inteligencia policial y esa no es su naturaleza.
“Hay una distinción significativa entre la inteligencia policial y la inteligencia civil y el riesgo que se empiece a utilizar a esta agencia para fines policiales y no para fines de inteligencia civil”, agregó el especialista.
Adolfo Gómez Vives, experto en temas de inteligencia y extrabajador del Cisen, coincide con Hope de que una cosa es la seguridad pública, otra la seguridad nacional y no deberían de mezclarse.
“Al mezclar la seguridad pública con la seguridad nacional termina por validarse la inclusión del Ejército en el combate a la delincuencia organizada y de legitimiar los cuestionados preceptos de la Ley de Seguridad Interior, sin que ello coadyuve a resolver la violencia generada por la delincuencia organizada”, señaló.
Gómez Vives acepta que la agencia de inteligencia ha sido cuestionada por espiar a grupos de interés político, pero para él, la solución no está en la desaparición o en la absorción por parte de la SSP, sino en el perfeccionamiento de su marco regulatorio.

La estrategia

Para poder pacificar al país, el gobierno de López Obrador ha tenido que romper con paradigmas, poner en la mesa de discusión propuestas que antes no se habían debatido e incluso innovar en temas tabúes para la mayoría de mexicanos.
El gobierno próximo a entrar habla de amnistía, legalización de las drogas, mando único, foros de pacificación y la creación de una guardia nacional.
Para lograra la pacificación del país se requiere de un plan conjunto, el cual incluye la profesionalización de las policías, la legalización de las drogas y la salida del Ejército de las calles
“Lo que celebramos es que percibimos un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad, pasar de una situación de combate frontal, de militarización de la seguridad pública, de uso excesivo del sistema penal (…) a un cambio de seguridad ciudadana y de una estrategia de pacificación de vuelta a los temas de prevención, pero no se olvida de que hay puntos en el país que están completamente incendiados, donde se prevé un retiro paulatino de las fuerzas armadas”, dijo Lisa Sánchez, directora de la asociación Mexicanos Unidos contra la Delincuencia.
Para estos puntos rojos y de alta presencia del crimen organizado, el futuro gobierno del político tabasqueño ha venido proponiendo una guardia nacional, un grupo de elite integrado por miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal.
En una primera etapa el retiro de las Fuerzas Armadas se hará de manera directa y, en una segunda, de manera indirecta a través de la Guardia Nacional, una vez que ésta se haya constituido” dice el Proyecto de Nación 2018-2024 del virtual presidente electo.
Este punto es el que más preocupa a las organizaciones sociales ya que el crimen organizado seguirá siendo combatido con fuego.
Para combatir al crimen organizado el gobierno entrante ha propuesto la creación de una guardia nacional
“Lo que nos preocupa mucho es el tema de la Guardia Nacional porque ha estado tan presente y ha quedado poco claro qué es; en este momento no tenemos idea de si realmente va a ser un mecanismo de coordinación entre varias corporaciones que van a mantener sus propias estructuras o si en realidad va a ser la combinación de una súper fuerza compuesta por civiles y militares, cosa que nos preocuparía muchísimo porque sería otra vez la apuesta por la militarización de las corporaciones policiacas y no el reforzamiento policial”, agregó la también especialista en temas de seguridad.
Además del fortalecimiento policial, Lisa Sánchez propone un cambio de estrategia en la política de drogas.
“No puede haber una estrategia real en el debilitamiento del crimen organizado si no hay una regulación de los mercados de drogas, el poder económico que emana del tráfico ilícito de drogas es de las cosas que más empoderan a las organizaciones criminales, se les debe de quitar el negocio, regular esos mercados y volverlos a la legalidad”
- Lisa Sánchez
Directora de la asociación Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia
José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y miembro del colectivo Seguridad sin guerra, dijo que la legalización debería de ser para otras drogas, no sólo para la mariguana.
“Se necesita que se legalicen y se regulen en una política más orientada a la salud, a riesgos y daños de las sustancias, no solamente la mariguana, también la producción de amapola y otras drogas que son más de carácter lúdico”, opinó al respecto.
El especialista, además ve como urgente la abrogación inmediata de la Ley de Seguridad Interior por ser inconstitucional y una amenaza a los derechos humanos. A diferencia de este sexenio, Guevara cree que el gobierno de López Obrador lo puede hacer.
“Nosotros como Colectivo Seguridad Sin Guerra estamos promoviendo la abrogación total de la Ley de Seguridad Interior (…)    A diferencia del gobierno actual, lo que sí se tiene en este momento es la posibilidad con el nuevo Congreso, con la mayoría de Morena en las dos cámaras de que esa legislación se abrogue. Tiene la posibilidad de hacerlo, lo tendría que hacer”, concluye José Antonio Guevara.
Además del fortalecimiento policial se debe realizar un cambio de estrategia en cuanto a la política de drogas

Los Foros de Pacificación

La estrategia que mejor ha sido aceptada es la creación de los Foros para la Pacificación del País, en el que participarán integrantes de la ONU, defensores de derechos humanos, religiosos y la sociedad civil. El primero se realizará el 7 de agosto en Ciudad Juárez y el último el 24 de agosto en la Ciudad de México.
Ante la falta de una estrategia clara para combatir la inseguridad que acosa al país, el gobierno entrante ha decidido llevar a cabo una serie de foros para escuchar propuestas tanto de expertos como de la sociedad y así definir el rumbo a seguir en esta materia
“Convocaremos a un proceso de reflexión nacional, que inicia con la opinión de las víctimas, luego pasaremos a la opinión de la sociedad en general, de expertos, a convocar a figuras internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos y de ahí concluir en una iniciativa que recoja los términos que generaron consenso en este proceso de reflexión social”, dijo el futuro secretario de seguridad, Alfonso Durazo.
Esta medida fue aplaudida por organizaciones civiles que desde la época de las campañas pidieron a los cuatro candidatos presidenciales una agenda por la paz.
“Estoy convencido que para cualquier tipo de decisión de relevancia para el país es muy importante la mayor cantidad de consensos posibles y nutrirse de las opiniones de especialistas, tanto del sector académico como de la sociedad civil organizada. Es un punto que siempre se tiene que tomar en cuenta y cuando se hace lo celebramos”
- David Ramírez de Garay
Especialista en seguridad de México Evalúa
Para el especialista los foros servirán para que la gente entienda mejor las propuestas que hizo López Obrador en campaña como la posibilidad de dar amnistía a criminales, la cual se ha malinterpretado ya que no propone sacar de las prisiones a secuestradores y asesinos como lo dijeron sus opositores.
Los foros además servirán para planear una estrategia de seguridad, escuchar a especialistas y a organizaciones
“Desafortunadamente ellos mismos todavía no tienen claro de qué se va a tratar, saben lo que no quieren hacer, pero no saben muy bien qué quieren hacer, esa es una de las razones por las que inician esos foros, para poder delinear lo que podría ser útil y al final obtener una estrategia más pulida”, concluyó Ramírez de Garay.

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FBI descarta propuesta de Putin de enviar agentes a Rusia


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FBI descarta propuesta de Putin de enviar agentes a Rusia

 

 

Bloomberg

Christopher Wray, director del FBI, dejó en claro que la legislación estadounidense no permite aceptar una propuesta del presidente ruso Vladimir Putin para que investigadores vayan a ese país a observar las entrevistas a sospechosos requeridos por Estados Unidos.
“Nunca digo ‘nunca’, pero ciertamente no está en la lista principal de nuestras técnicas de investigación”, explicó irónicamente Wray, durante el Foro de Seguridad de Aspen, el miércoles en Colorado.
Wray también rechazó la otra parte del acuerdo propuesto por Putin: permitir que investigadores rusos vayan a Estados Unidos para observar el interrogatorio de sospechosos que les interesan.
“Eso está incluso aún más abajo en nuestra lista de técnicas de investigación”, agregó.
Putin presentó la propuesta al presidente estadounidense Donald Trump durante su reunión en Helsinki el lunes, quien la calificó como una oferta “increíble”.
Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo el miércoles que Trump había considerado el requerimiento de Putin para que autoridades rusas hagan preguntas al exembajador en Moscú, Michael McFaul.
A cambio de la oportunidad de interrogar a McFaul y a otros estadounidenses, Putin ofreció permitir que el fiscal especial Robert Mueller asista como observador al interrogatorio de 12 agentes de inteligencia rusos, acusados por un gran jurado en Estados Unidos la semana pasada de haber hackeado cuentas de correo electrónico del Partido Demócrata.
"Mueller, un hombre que conozco como correcto"
En una sesión de preguntas y respuestas, moderada por Lester Holt de NBC, el director del FBI indicó que no está de acuerdo con la opinión de Trump, quien acusó a Mueller de liderar una “cacería de brujas” con su investigación sobre la intervención rusa en la campaña presidencial de 2016 y si existió colusión de algún colaborador del ahora presidente de EU.
“Creo que se trata de una investigación profesional, conducida por un hombre que conozco como correcto”, mencionó Wray, un veterano del Departamento de Justicia, a quien Trump nombró director del FBI tras despedir a James Comey, el año pasado.
Consultado sobre si amenazaría con renunciar a su cargo en algún momento, apuntó: “Soy un hombre de bajo perfil, pero no se me debería malinterpretar… ahí lo dejo”.
El director del FBI también declaró que respalda la conclusión de las agencias de inteligencia de Estados Unidos respecto a que Rusia actuó, y continúa haciéndolo, para interferir en la política estadounidense.
Rusia es “con diferencia el actor más agresivo” tratando de interrumpir en la sociedad estadounidense, y continúa participando en "operaciones de influencia maligna”, que buscan sembrar la discordia y la división, afirmó.
“No hemos visto todavía un esfuerzo por afectar infraestructura electoral específica esta vez”, dijo Wray, no sin antes agregar que "podríamos estar a sólo pasos de entrar en el siguiente nivel”.

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Lo grande y lo pequeño


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Lo grande y lo pequeño

 

 

Ramón Alberto Garza

John Reed después de pasar por la Revolución Mexicana se hizo un buscador profesional de cambios. Por eso cuando empezó la Revolución de Octubre se marchó a Rusia y escribió un libro épico y clave para entender las dinámicas sociales revolucionarias llamado Diez días que estremecieron el mundo.
Diez días en los que Lenin traía en la cabeza exactamente lo que quería, cómo y por qué. Al mismo tiempo que ordenaba el fin de la propiedad privada, instauraba el poder de los sóviets, decretaba la disolución del ejercito ruso y la creación del ejército rojo, emitía también la orden de que un convoy acudiera a Moscú para salvar el patrimonio histórico de lo que hasta ese momento era la Rusia y que después sería la Unión Soviética.
Hemos llegado a una situación en México en la que afortunadamente las únicas revoluciones posibles son las de las redes sociales.
Desafortunadamente la violencia legítima, la del Estado, está en desventaja. El mundo como la vida ofrece paquetes completos y el de vivir en la era que existimos, es el de entender que para devolver la legitimidad de la violencia del país tendremos que hacer correr más sangre de la que ya se ha derramado. Cuando el Estado se convierte en el enemigo –al no haber tenido la atención de su gente ni haber evitado que acaben con él– debe vivir sabiendo que su pueblo se va a defender por las buenas y las malas.
López Obrador se encuentra de momento en “La Chingada”. Y cuando sus ojos contemplen la cultura maya y reciba esa extraña mezcla de vientos en Palenque tendrá que contestar claramente la gran pregunta.
Y la cuestión ahora no es qué hacer, porque ya se hizo. Es cómo y con quién hacerlo.
La única revolución posible y esperable para México es la de la riqueza, pero para de repartirla primero hay que generarla.
De todas las cosas que se le puede reclamar al PRI en sus largos años de gobierno hay una que destaca y que nos convierte a todos – priistas y no priistas– en cómplices de lo que ocurrió el primero de julio, no haber hecho nada para cortar la franja social. No haber entendido que la única garantía de poder mantener lo que uno tiene es que el de abajo tenga algo, es el gran pecado. A partir de aquí la gran penitencia no puede ser el fracaso.
Si lo más importante es resolver el problema, no de los pobres ni de los viejos o desamparados, sino el de la franja social –que en eso estoy de acuerdo con López Obrador– que es donde está la base profunda que explica no el México bronco, sino el violento y despiadado en el que se ha convertido
Está claro que el cambio al que nos enfrentamos no es ideológico. Es uno que rechaza tres cosas: la corrupción, que está hasta en las hojas de los árboles; la impunidad, la que se siente cada vez que no se puede salir a la esquina de la casa porque quien le vuele la cabeza sabe que no le pasará nada y seguir haciendo esa prueba demoniaca, digna de un experimento nazi, de cuánto tiempo pueden sobrevivir más de 50 millones de personas con dos tortillas al día.
Lo grande de verdad es convocar a todo el país y hacer un acuerdo con los que sacó del huacal de la legitimidad el primero de julio. Es decir, la mayor parte de los partidos y representación de las élites mexicanas que fueron elementos activos contra ese resultado –unos legítimamente y otros socialmente hablando– para que sean convocados al programa de recuperación económica, esta vez para resolver la diferencia social.
Eso es lo grande de esta revolución. Lo demás será muy importante por el valor simbólico que tiene, pero créame, si la gente no vive más y mejor y no siente que la justicia es posible, el primero de julio será también otro intento fallido.

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México, Eslovaquia y República Checa, ‘víctimas’ de la guerra comercial


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México, Eslovaquia y República Checa, ‘víctimas’ de la guerra comercial

 

Jassiel Valdelamar

La industria automotriz en México, Eslovaquia y la República Checa son vulnerables a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, las siglas en inglés), que agrupa a más de 500 instituciones financieras de 70 países.
Con China y Estados Unidos en el centro de las cadenas de suministro global y logística, las exportaciones de países que transitan por estos mercados pueden terminar sujetas a aranceles, especialmente las del sector automotriz.
“Eslovaquia, la República Checa y México son buenos ejemplos de esta dinámica, sus economías son especialmente vulnerables a los aranceles en serie debido a su posición en las cadenas de suministro mundial, ya que cada una es hogar de importantes industrias automotrices de ensamblaje”, dijo Sonja Gibbs, directora senior del IIF.
Agregó que las repercusiones no son insignificantes, pues con hasta 25 por ciento de las exportaciones en cualquier dirección sujetas a los aranceles bilaterales de EU y China, podrían agravar las consecuencias directas de la “guerra automotriz” entre EU y sus socios comerciales.
El IIF estimó que en México, 17 por ciento de las exportaciones están sujetas a los aranceles chinos sobre importaciones desde EU y 20 por ciento de las exportaciones se someterán a los aranceles estadounidenses de productos de China.
Por su parte, Christian Keller, economista de Barclays, destacó que los aranceles y otros costos de comercio crean efectos en cascada.
“En un mundo moderno de cadenas de valor globales, gran parte del comercio es importaciones y reexportaciones de bienes intermedios a medida que pasan por los nodos de procesamiento antes de llegar a los consumidores finales”, expuso el especialista.

Así violó la ley el fideicomiso por 19S de Morena


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Así violó la ley el fideicomiso por 19S de Morena

 

 


El fideicomiso Por los demás, creado por legisladores, militantes y simpatizantes del partido Morena para donar dinero a damnificados por los sismos de septiembre pasado, recibió aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos en efectivo, violando la ley electoral y las normas del propio contrato del Fideicomiso.
El dinero, posteriormente, fue sacado del fideicomiso y repartido en ‘cash’ (efectivo) entre operadores de Morena, quienes viajaron por el país con el recurso para repartir “en mano” millones de pesos a los damnificados que elegían a partir de un padrón elaborado por los integrantes del partido.
Ante estas operaciones, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó ayer una multa por 197 millones de pesos a Morena por un “intento de fraude” a las reglas electorales.
El instituto electoral determinó que, aunque no hay pruebas de que dinero del fideicomiso haya sido desviado para campañas de Morena, el partido no reportó el gasto del recurso, ni la procedencia del mismo. “El INE acreditó la constitución de un fideicomiso que fue utilizado como un mecanismo de financiamiento paralelo y opaco en favor de Morena”, concluyó Ciro Murayama, consejero electoral.
Morena, por su parte, ya anunció que recurrirá ante el Tribunal Electoral por considerarla injusta, debido a que, aseguran, se trata de un fideicomiso con recursos privados y no públicos, a pesar de que en un inicio la promesa del líder del partido, Andrés Manuel López Obrador, fue donar la mitad de las prerrogativas que el INE le entregaría al partido para su campaña; cosa que finalmente no hizo.
Asimismo, el comité directivo del fideicomiso rechazó que hayan cometido irregularidades en el ingreso y en la entrega de dinero a los damnificados.

Contrato del fideicomiso solo permite cheques y transferencias

Una semana después del sismo del 19 de septiembre, que dejó 369 víctimas mortales y 12 millones de afectados en 400 municipios de 10 estados del centro y sur del país, el dinero en efectivo comenzó a ingresar en el fideicomiso Por los demás; un plan propuesto por Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces líder de Morena y hoy virtual presidente electo, para ayudar a los damnificados con la donación de más de 78 millones de pesos que se distribuirían en pagos únicos de 2 mil 400 pesos por afectado.
Pero aunque el objeto planteado del fideicomiso es loable, coincidieron ayer los consejeros del INE en la reunión del consejo general, el comité de fiscalización encontró irregularidades.
De acuerdo con la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el fideicomiso propuesto por AMLO recibió, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, un total de 78 millones 818 mil pesos, de los cuales 44 millones 407 mil pesos fueron depositados en efectivo.
Ciro Murayama, consejero del INE, denunció que esos más de 44 millones depositados en metálico debieron haber sido rechazados por el comité directivo del fideicomiso por tres motivos.
El primero, dijo, porque al ser depósitos en efectivo, no es posible saber la procedencia del dinero, por lo que no se tiene la certeza de que sean recursos lícitos.
El segundo, porque esos depósitos en efectivo violan la ley electoral de financiamiento de partidos políticos.
Y tercero, porque incluso el contrato del fideicomiso subraya que solo puede recibir aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques.
Y en efecto, de acuerdo con el contrato de la banca Afirme número 73803 cuya copia tiene en su poder Animal Político, queda estipulado que, para evitar la entrada de dinero de procedencia ilícita, no están permitidas las aportaciones en efectivo, ni en especie.
“Los fideicomitentes expresamente acuerdan que no estará permitido aportar al presente Fideicomiso bienes muebles, inmuebles o derechos, estando permitido únicamente la aportación de recursos mediante transferencias electrónicas y cheques”, señala la cláusula cuarta, inciso dos, relativa al ‘Patrimonio del Fideicomiso’.

Depósitos por más de 1 millón en efectivo, en solo 20 minutos

A pesar de lo anterior, en tan solo siete días, entre el 26 y el 29 de diciembre de 2017, y los días 23, 27 y 28 de marzo de este año, se realizaron depósitos en efectivo por 19 millones 736 mil pesos, cifra que representa el 44% de la totalidad de los recursos en efectivo que se recibieron en el fideicomiso.
Los movimientos de dinero se concentraron en 16 sucursales del Banco Afirme, entre éstas las de Insurgentes, Izazaga, Pericoapa, e Iztapalapa, en la Ciudad de México; y Tlalnepantla, y Toluca, en el Estado de México.
“Las aportaciones en efectivo que ingresaron al fideicomiso, además, se realizaron bajo un patrón atípico y poco convencional que presumen un modus operandi en el que un grupo pequeño de personas realizan las operaciones bancarias de forma secuencial y con diferencia mínima de segundos”, expuso Murayama.
El comité de fiscalización, incluso, utilizó los videos de seguridad proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para documentar que en la sucursal San Ángel de Banca Afirme, el día 28 de diciembre de 2017, seis personas realizaron 28 operaciones consecutivas y con depósitos de 50 mil pesos, para entregar a dos cajeros recursos por 1.4 millones de pesos en un lapso de 20 minutos.
Asimismo, en tan solo cuatro días –del 26 al 29 de diciembre de 2017-, ingresaron a las cuentas del fideicomiso otros 12.9 millones de pesos, en montos en metálico que iban desde los 25 mil pesos hasta los 200 mil.
Ante esta contradicción de lo que estipula el contrato del fideicomiso sobre recibir únicamente recursos por cheques y transferencias, y lo que documentó el INE de ingresos millonarios en efectivo, Animal Político buscó ayer a un integrante del comité directivo del fideicomiso, quien aceptó la entrevista, pero pidió omitir su nombre.
Cuestionado sobre los depósitos, éste señaló que en el contrato no hay una prohibición expresa de recibir depósitos en metálico, y que en el citado apartado de ‘Declaraciones’ se habla también de “recursos líquidos”.
“El contrato lo prohíbe y no (el dinero en efectivo) –expuso-. Hay una ambigüedad delibrada por la razón de que teníamos una situación de emergencia, una premura, con los damnificados. Se agregó ese término porque vimos absurdo cerrarnos la puerta de manejar efectivo, dada la situación crítica de los damnificados”.
“Además –añadió-, había poca gente que pudiera hacer transferencias electrónicas a Banco Afirme, no todos estaban en esa posibilidad. Y por eso también se aceptaron los depósitos en efectivo”.

Operadores de Morena viajaban con millones en ‘cash’

Otra irregularidad que detectó el INE, es que el fideicomiso de integrantes de Morena también sacó millones en efectivo que repartió entre integrantes del propio partido, a pesar de que el objeto de la propuesta de López Obrador era beneficiar a los damnificados.
Entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, se retiraron del fideicomiso 64 millones 481 mil pesos en 169 cheques de caja que después se convirtieron en dinero en efectivo.
El INE detectó que 70 personas recibieron esos cheques. Y de éstas, 56 tienen relación directa con Morena. Por ejemplo, 12 de ellas participan en algún órgano directivo del partido; 39 están en su nómina, y 9 fueron candidatos en el proceso electoral 2017-2018 propuestos por Morena.
Animal Político también cuestionó al fideicomiso por esta situación. El integrante del comité admitió que, en efecto, el dinero se sacó en cheques y posteriormente se convirtió en dinero metálico (efectivo).Sin embargo, recalcó, que el recurso no terminó en los bolsillos de los integrantes de Morena para financiar campañas, sino que estos fueron los encargados de repartir “en mano” más de 78 millones de pesos a 27 mil damnificados que eligieron tras realizar recorridos por las zonas afectadas por los temblores.
“Los integrantes de Morena, entre dirigentes y simpatizantes, tenían la tarea de recoger el dinero en efectivo y repartirlo”, dijo el miembro del fideicomiso, que agregó que esos integrantes fueron apoyados para repartir el dinero en cada una de las zonas afectadas por “gente de confianza”, como “activistas, amigos, o hasta por la mamá”.
-¿Pero, por qué se les daba el dinero en efectivo? –se le cuestionó.
-Porque no le puedes hacer una transferencia electrónica al campesino de Huajuapan de León, en Oaxaca, a quien se le cayó la casa encima –argumentó-. O a la señora de la comunidad de Chiapas, que no tiene ni cuenta de banco. O a la señora que no tiene tarjeta de débito, o que se le quedó entre los escombros. Por eso tienes que dar dinero en mano.
-El INE dice que se sacaron 64 millones en metálico. ¿Por qué tanto dinero?
-Porque en el lugar donde vive la gente afectada no hay Banca Afirme, y ni modo que les digas que vengan a la ciudad de México a cobrar un cheque por 2 mil 400 pesos. Entonces, por eso había que retirar cantidades importantes de dinero para mandarlas a estos lugares en efectivo.
-¿Cómo eligieron a las personas para repartir esos millones en ayuda?
-A nuestra gente de confianza en cada lugar se le dijo: oye, tienes que repartir 2 millones 400 mil pesos en 100 apoyos para tal sitio. Y esa gente dijo: bueno, los voy a repartir, y distribuyó la tarea para repartir la ayuda yendo a 100 domicilios. Asumieron un riesgo.
Sobre este punto, se cuestiona al integrante del comité directivo del fideicomiso qué hubiera sucedido si, como pasó en la Ciudad de México el pasado 25 de junio, cuando la policía detuvo a dos personas que transportaban 20 millones de pesos en efectivo que tenían como destino la sede del PRI en la capital, la policía también hubiera detenido a alguien de de Morena transportando el dinero en metálico del fideicomiso.
-Por supuesto, es un problema –admitió-. Pero la gente que repartió el dinero traía en mano el padrón de las solicitudes de apoyo, que es el destino del recurso. Es decir, cada solicitud del apoyo de 2 mil 400 pesos venía acompañada con la foto y con la credencial y firma del beneficiario. Estaba todo documentado.
Por último, sobre la multa del INE, el integrante del fideicomiso insistió en los argumentos expuestos por Horacio Duarte, el representante de Morena ante el órgano electoral, al apuntar que el fideicomiso fue integrado por “morenistas’, pero a título privado y con recursos privados. Por lo que el partido no tendría ninguna responsabilidad.
“Este no es un fideicomiso de Morena, sino de particulares. Y por tanto, el INE no tiene nada que ver con esto porque no tiene la facultad para investigar actividades de particulares”, subrayó el integrante del fideicomiso, quien concluyó asegurando que ya dieron a Hacienda las actas de entrega-recepción que tienen en su poder, y que mostraron a Animal Plítico, las cuales comprobarían que los apoyos llegaron a los damnificados.
Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE insistió en que el fideicomiso no es ajeno a Morena, ya que de los 58 fideicomitentes que aportaron dinero, 47 son diputados y tres senadores por el partido de López Obrador. Incluso, señala la investigación, el domicilio fiscal del fideicomiso es el mismo que el de la sede de Morena en la ciudad de México.
Tras la imposición de la multa, el INE también dio vista a otras instituciones, como la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Procuraduría General de la República (PGR), para que investiguen la existencia de posibles delitos en el fideicomiso de integrantes de Morena.

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INE multa a Morena por fideicomiso para damnificados


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INE multa a Morena por fideicomiso para damnificados

 

 


El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con más de 197 millones de pesos para Morena por la operación irregular del fideicomiso creado por el partido para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre pasado.
Con 10 votos a favor y uno en contra el Consejo General del INE ratificó la multa por 197 millones que representan el 250% de los ingresos recibidos en esta operación.
Los consejeros determinaron que no hay pruebas de que dinero involucrado en ese mecanismo haya sido desviado para campañas políticas, pero el partido no reportó el gasto del dinero, ni la procedencia de los recursos.
El INE reportó que a este fideicomiso “ingresaron 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp).
Los 44 millones de pesos rebasaron el límite que permite la ley en materia de aportaciones en efectivo.
“Si permitimos este tipo de esquemas, abriríamos una ruta muy grande para que los partidos evadan sus obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas, a través de fideicomisos que les permitirán recibir recursos no aprobados, y realizar actividades que no tienen permitidas”, señaló el consejero Benito Nacif durante la sesión de este miércoles.
El 27 de abril el PRI denunció el mal uso del financiamiento público de Morena, a partir de esto, el INE comenzó la investigación de los recursos.
Se documentó con las fichas de depósito bancarias el modus operandi irregular para el depósito del dinero. Con diferencia de segundos, se hicieron depósitos por 50 mil pesos en siete días en unas cuantas sucursales.
Los videos de las cajas bancarias muestran a un pequeño grupo de personas que se forman
una y otra vez ingresando dinero en efectivo al Fideicomiso.
Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, rechazó que Morena cometiera irregularidades en el manejo del fideicomiso, y dijo que por la filtración en medios del dictamen de la Comisión de Fiscalización se debería hacer una investigación.
Dijo que le sorprende “la rapidez de la investigación”, que solo está basada en “suposiciones”. “No hay prueba legal alguna que esté fideicomiso sea del partido (Morena)”.
Sin embargo, entre las irregularidades que encontró el INE están que el fideicomiso no nació entre particulares ajenos a Morena, sino que se trató de una iniciativa de su dirigencia; de los 58 aportantes identificados como fideicomitentes adherentes 49 de ellos, el 84%, son legisladores de Morena.
Duarte dijo que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apelar la multa impuesta.
“¿Por qué no hicieron una investigación completa? ¿Por qué no fueron a preguntar a los miles de mexicanos que recibieron el apoyo? No lo hicieron porque quisieron sacar el golpe antes del 1 de julio. Pero se les cebó el golpe, porque obtuvimos 30 millones de votos”, dijo durante la sesión.
“No hay proporción en la sanción que se plantea, porque no hay ningún daño acreditado en contra de Morena. No hay evidencia de que los recursos del fideicomiso fueran destinados a fines electorales”, dijo Luis Humberto Fernández representante del PT en el INE, uno de los partidos aliados a Morena.

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Detenciones de menores migrantes se disparan 90 %


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Detenciones de menores migrantes se disparan 90 %

 

 


La detención en México de menores migrantes indocumentados se ha vuelto a disparar en 2018.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y mayo 12, 416 menores de edad han sido presentados ante las autoridades migratorias mexicanas por transitar sin documentos por el país, de los cuales el 45 % tiene menos de 11 años de edad.
Esta cifra supone un aumento del 90 % en comparación con el mismo periodo de 2017, cuando se registraron 5, 882 casos menos. También es un alza del 42 % de menores que fueron detenidos cuando viajaban sin la compañía de un adulto: 331 casos frente a 233 en 2017.
De los menores puestos a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), el 98 % emigraba del Triángulo Norte de Centroamérica, especialmente de Honduras y El Salvador. Y de ese total, 9, 943 menores, el 80 %, ya fueron deportados a estos dos países que acaparan los rankings de violencia y de naciones expulsoras de personas que buscan refugio, debido a la pandemia de violencia desatada por pandillas como La Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Además de menores, las estadísticas reflejan un aumento de las detenciones de migrantes en general: en 2018 (enero-mayo) suman 54, 666 capturas; 51.6 % más que 2017. Aunque es una cifra lejana de las casi 80 mil capturas en los primeros cinco meses de 2015 y los 70 mil de 2016.
Por sexo, las detenciones de mujeres migrantes también se dispararon este año: 12, 625 capturas, 43 % más.
Este nuevo ‘brote’ de detenciones en México coincide de nuevo con una crisis de niños migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
Ya sucedió en 2014. En ese entonces, a raíz de una primera crisis y de un posterior encuentro entre Enrique Peña Nieto y el entonces presidente estadounidense Barack Obama, México lanzó en junio de ese año el Programa Frontera Sur.  Un plan que surgió sorpresivamente.
Una semana antes de su presentación oficial, ninguna dependencia de gobierno tenía ni un solo documento relativo al programa. En el papel, el plan prometía proteger los derechos humanos de los migrantes, pero en la práctica desató una ‘cacería’ que se vio reflejada en las estadísticas de 2015 y 2016, cuando se batieron todos los récords desde que se tiene registro oficial con más de 384 mil detenciones.
En 2018 vuelve a ocurrir, coincidiendo con la nueva ofensiva de la administración Trump para frenar la migración, misma que originó una crisis humanitaria sin precedentes en Estados Unidos ante las fotografías de niños separados de sus padres y encarcelados en ‘jaulas’ de los centros de detención en la frontera sur de Texas.

Migración privilegia “unificación familiar”

El INM aseguró que, en todos los casos, cuando se trata de menores no acompañados por algún familiar éstos son remitidos a los diferentes centros del DIF en los estados.
“Por ley, estos menores no pueden estar solos en las estaciones migratorias. En esos casos permanecen en el DIF, y cuando se les hace el reconocimiento de nacionalidad se van de regreso a sus países de origen, siempre acompañados de un oficial de Protección a la Infancia hasta que se entregan a sus familias”, sostuvo el INM en entrevista con Animal Político.
En el caso de los menores que viajan con familiares nunca se les separa de ellos. “El INM privilegia la unificación familiar”.  En esos casos, aseguró el INM, los menores si permanecen en las estaciones, pero siempre acompañados por sus familiares.
Además, asegura el INM, desde hace 2 años ha tomado medidas alternativas a las estaciones migratorias, diciendo que los niños y sus familiares pueden quedarse en determinados albergues si es que así lo deciden y si es que el albergue tiene espacio para ellos.
“El INM nunca va a separar a los niños de sus familias, porque por ley no podemos hacerlo”, aseguró.
De acuerdo con el Instituto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) permanentemente visita las estaciones migratorias para vigilar que no se violen los derechos de los menores y de los migrantes.
Aparte, los cónsules de diferentes países, sobre todo El Salvador, Guatemala y Honduras, visitan permanentemente las estaciones para saber cómo se encuentran sus connacionales.

El ‘otro muro’ en la frontera sur

Para el activista Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, existen numerosos paralelismos entre la política de control migratorio aplicada por México y Estados Unidos, esto a pesar de los mensajes que el gobierno mexicano lanza a través de su canciller, Luis Videgaray, para criticar el trato que reciben los migrantes mexicanos en el vecino país.
“Tal vez en México no se esté levantando un muro físico, pero aquí tenemos otro muro que consiste en una política migratoria que busca detener y deportar, y que para hacerlo usa a múltiples cuerpos policiacos, entre policías federales, estatales, municipales, gendarmería nacional, y hasta soldados y marinos”, sostuvo.
Sobre este punto del uso de la milicia para control migratorio, el activista señala que las autoridades mexicanas llevan al menos 10 años utilizando al Ejército para hacer lo mismo que pretende Trump, quien ha amagado con movilizar 100 mil militares de la Guardia Nacional para detener migrantes en su frontera con México.
Así lo documentó Animal Político en una nota publicada en febrero de 2017, en la que se dio a conocer que entre 2006 y junio de 2016 un total de 77 mil 310 migrantes indocumentados fueron puestos a disposición del INM tras ser detenidos por seis corporaciones de seguridad, entre éstas el Ejército, la Marina, y la Procuraduría General de la República (PGR).

En el norte, jaulas. En el sur, celdas

Además de la política de contención, Irazu Gómez, coordinadora de incidencia y vinculación de Sin Fronteras, recuerda que el trato a los menores migrantes que son detenidos en México no dista tanto de las fotografías de niños enjaulados en los centros de Estados Unidos.
“Allá (en Estados Unidos) los tienen en jaulas, sí. Pero en México están en celdas”, subraya la académica de Sin Fronteras, organización civil que lleva años publicando informes en los que denuncia violaciones a derechos humanos al interior de las estaciones migratorias del INM, como la existencia de ‘calabozos de castigo’, agresiones, extorsiones, acoso sexual, mala atención médica, y pésimas condiciones de higiene.
Sobre este punto, Gómez recuerda que en México se creó una ley que estipula que los menores no pueden ser encerrados en estaciones que, en términos reales, son cárceles migratorias. En cambio, añade, la realidad es que más allá del papel, miles de menores son ingresados en estos centros.
“Seguimos viendo a niños, niñas y adolescentes detenidos en estaciones migratorias. Y eso nos habla de la incongruencia del estado mexicano en su política interior y exterior”, apuntó Gómez.
La investigadora añadió que según la ley, los menores migrantes no deberían estar detenidos, y el Estado mexicano debería ofrecerle otras alternativas a la detención. “Una de esas alternativas es el DIF y sus albergues, pero están rebasados. Y al margen de esto, el Estado ya no ha revisado otra manera de atender a estos menores”.
Y al exterior, recalcó Gómez, porque la Cancillería mexicana condena ante la ONU la situación de los niños en Estados Unidos, pero en México las estaciones migratorias están llenas de menores.

Críticas a Alfonso Durazo

Ante este contexto, organizaciones de la sociedad civil, activistas y albergues de migrantes pidieron al equipo del ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones el 1 de diciembre, que lleve a cabo “un cambio de rumbo” en la política migratoria mexicana.
“Lo que hemos puesto sobre la mesa es la necesidad de un golpe de timón hacia una política migratoria garantista de los derechos humanos, que sea congruente con lo que exigimos para los connacionales en Estados Unidos”, planteó Irazu Gómez.
Sin embargo, a pesar de que López Obrador dijo en su discurso del 1 de julio que en México se defenderá a los migrantes nacionales, “y a los de América Central y de todo el continente”, las recientes declaraciones de Alfonso Durazo, propuesto para ser el próximo secretario de Seguridad Pública, han vuelto a prender todas las alarmas entre la sociedad civil.
Durazo planteó la posibilidad de crear una “fuerza policiaca fronteriza, (…), que incluye impedir que las personas migrantes indocumentadas y los traficantes de personas crucen México, lo que a menudo hacen con la ayuda de funcionarios corruptos”, de acuerdo con un reporte del diario El Financiero. Ante estas declaraciones, decenas de asociaciones civiles como Otros Dreamers en Acción, Fundar, o el Instituto para las Mujeres en la Migración, criticaron la propuesta.
“Las organizaciones de la sociedad civil coinciden en que de llevarse a cabo la medida propuesta por Durazo, no sólo se atentaría contra el derecho de personas a migrar, sino que aumentaría el número de violaciones a derechos humanos de esta población. Para muestra, el Plan Frontera Sur que entre 2013 y 2016 incrementó en 116 % la población de personas migrantes, de las cuales más del 85 % fueron deportados a su país, sin una revisión puntual de su caso”, señala el comunicado, que puedes leer íntegro aquí.  

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Es viable revivir refinerías, dicen expertos, pero no están al precio y en el tiempo que calcula Nahle


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Es viable revivir refinerías, dicen expertos, pero no están al precio y en el tiempo que calcula Nahle

 

Dulce Olvera

El costo de la reconfiguración y construcción de refinerías para ampliar la producción y reducir los precios de los combustibles, dependerá de la estrategia aplicada. Cualquiera, sin embargo, representa dificultades así como pros y contras que hay que medir con precisión, coincidieron especialistas consultados por SinEmbargo.

Rocío Nahle, virtual Secretaria de Energía, expuso recientemente que se tomarán entre 40 y 50 mil millones de pesos del presupuesto público de Pemex Transformación Industrial para dar mantenimiento a tres refinerías –de las seis existentes– y se logrará tenerlas listas en siete meses. La de Salina Cruz, destacó, es la más urgente dado que se incendió en junio del año pasado.

El CIEP y el despacho Foley Gardere Arena coinciden en la viabilidad de reconfigurar las plantas existentes. Sin embargo, Daniel Aranda, socio especializado en temas de Energía del despacho, destaca que transformar una sola refinería costaría 6 mil millones de pesos y tardaría al menos dos años si se realiza con todas las pautas de transparencia y con licitación internacional. En tanto, el investigador en Energía y Finanzas Públicas del CIEP, Alejandro Limón Portillo, considera que si bien es posible usar sólo recursos públicos, también deben crearse contrapesos financieros para no limitar otros proyectos.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Reconfigurar una de las seis refinerías que detenta Petróleos Mexicanos (Pemex), como lo plantea el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para impulsar la producción de gasolinas, costaría hasta 6 mil millones de pesos y un mínimo de dos años para concretarse con una licitación privada internacional, dijo Daniel Aranda Rabago, socio especializado en temas de Energía del despacho Foley Gardere Arena, quien destacó el costo económico menor que representa esta alternativa frente a la construcción de una nueva planta.
No obstante, en un intento previo de construcción con licitaciones y la modernización de la refinería en Tula, Hidalgo, se registraron irregularidades, entre ellas el escándalo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
En contraste, Rocío Nahle García, quien será la Secretaría de Energía (Sener) en el sexenio lopezobradorista, expuso la semana pasada que se tomarán entre 40 y 50 mil millones de pesos del presupuesto público de Pemex Transformación Industrial para el mantenimiento de las refinerías que hoy se tienen. Petróleos Mexicanos administra las plantas de Salina Cruz (Oaxaca), Ciudad Madero (Tamaulipas), Tula (Hidalgo), Salamanca (Guanajuato), Cadereyta (Nuevo León) y Minatitlán (Veracruz), que actualmente operan al 40 por ciento de su capacidad y cuya producción ha caído un 36 por ciento en los últimos cinco años.
El mantenimiento de al menos tres de las seis refinerías existentes podrían quedar listas en los primeros siete meses a partir del 1 de diciembre de 2018, exponen los cálculos de Nahle García, quien es Ingeniera Química con especialidad en Petroquímica.
La también ex funcionaria de Pemex dijo a La Jornada que se tomará del presupuesto público 2019 porque en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva Subsidiaria dirigida actualmente por Carlos Murrieta Cummings, hay “gasto superfluo” en burocracia. SinEmbargo buscó a la futura Secretaria de Energía para saber su postura respecto a la recomendación de licitaciones y sus pláticas con el Instituto Mexicano del Petróleo, pero no obtuvo respuesta.
Sobre este tema, Alejandro Limón Portillo, investigador en Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), enfatizó la importancia de compensar. “En 2017, Pemex tuvo un saldo negativo en ese balance –entre exportaciones e importaciones– de 3 mil 955 millones de dólares, una cantidad importante”, aseguró.
“Por una parte es viable que se pueda tomar presupuesto federal para apoyar a Pemex de ese lado, pero hay que ver de dónde hacen el contrapeso financiero, pues hay que considerar, por ejemplo, los altos gastos sociales”, planteó el especialista.
El Presupuesto de Egresos de 2018 revela que Pemex Transformación Industrial, encargada de la refinación y el procesamiento de los hidrocarburos, tiene 582 mil 654 millones de pesos para gasto total, de los cuales 533 mil 358 millones de pesos son para servicios personales, gastos de operación y otros. Para inversión, en cambio, sólo se tienen destinados 21 mil 369 millones de pesos, una cifra menor que los 27 mil 926 millones de pesos asignados para el pago de pensiones.
La inversión de más de 21 mil millones de pesos está etiquetada con 15 mil 700 millones de pesos para mantenimiento de infraestructura; 4 mil 143 millones de pesos para proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, entre otros.
El experto del CIEP consideró que extraer recursos del presupuesto público de Pemex Transformación Industrial para dar mantenimiento a las refinerías “limitaría” otros proyectos y actividades productivas de esa área.
También estableció que los siete meses que calcula la virtual Secretaria de Energía para modernizar tres refinerías no son “suficientes” para elegir la mejor opción para reconfigurar con una investigación de mercado previa. Aranda destacó que eso es “técnicamente imposible”.
El experto dijo que si bien sólo el proceso de licitación podría tardar entre cuatro y siete meses, también puede haber objeciones de los participantes y atrasar más el procedimiento. Según sus cálculos, el proceso tardaría dos años considerando licitación e implementación, pero sólo así se garantizaría una inversión redituable.
En marzo pasado, el actual Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, declaró que hay grupos que están estudiando el mercado mexicano en materia de refinación en los estados de Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, “pero no hay ningún proyecto maduro”.
En la refinería de Miguel Hidalgo, en Tula, fue lanzada una reconfiguración en abril de 2017. El evento oficial fue encabezado por Carlos Murrieta, director general de Pemex Transformación Industrial; José Antonio González Anaya, entonces director general de Pemex, y Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato. Foto: Cuartoscuro.
LEVANTAR O RESCATAR
Para construir una nueva refinería, el equipo de López Obrador calcula que comenzará a mediados de sexenio y el costo será entre 6 y 8 mil millones de dólares (unos 260 mil millones de pesos con tipo de cambio en 18.80 pesos) basados en una planta de la India. Se tiene previsto que la refinería se construya en el puerto Dos Bocas, Tabasco, y produzca 300 mil barriles diarios.
Sin embargo, el investigador Alejandro Limón del CIEP expuso que es un “número atrevido” porque no considera que los costos varían entre construirla en México frente a aquel país asiático, comenzando con la importación de materia prima, y “se ve complicado” que en tres años se pueda tener. Aunque aseguró que es “acertado” que de la mano de la reconfiguración de refinerías se considere la necesidad de aumentar la producción de crudo, clave para la refinación.
“Es un costo importante considerando los gastos que trae el próximo Gobierno federal, como las pensiones y los apoyos a los llamados ‘ninis’. Esta presión se suma al tema de ingresos, que se ve muy atado. Por el lado del ISR [Impuestos Sobre la Renta] se ve muy complicado que se pueda incrementar la recaudación, por el lado del IVA [Impuesto al Valor Agregado] hay un pequeño margen, pero va a depender del enfoque que se le dé a combatir la evasión fiscal y a las tecnologías para evitar facturas falsas, y por el lado de ingresos petroleros sí se tiene un plus que puede dar un poco de aire a las finanzas públicas, por el hecho de que está subiendo el precio del petróleo”, explicó Limón.
Respecto a la construcción de una nueva refinería, el especialista de Foley Garder dudó sobre su viabilidad.
“Pensar en la construcción de una nueva refinería, aunque fuera de tipo modular [que es más pequeña], es inviable, dado su elevado costo y la tasa interna de retorno que tendría. No se trata de un proyecto que se pueda construir en menos de dos o tres años, además de que para que empezar a procesar crudo tardaría cuatro más”, afirmó el especialista.
En junio de este 2018 se registró un incendio en uno de los quemadores de la refinería Minatitlán, en Veracruz, debido a un derrame de hidrocarburo líquido. Foto: Cuartoscuro.
En junio de 2017, un bombero falleció y nueve personas más resultaron heridas durante las maniobras para controlar el incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.
Aranda sugirió al próximo Gobierno Federal asesorarse sobre cuál es la refinería que requiere menor inversión para un retorno más inmediato, dado que hay recursos “limitados” y que se ha propuesto un plazo de tres años para producir gasolinas en México.
“La reconfiguración de las refinerías ya existentes permite acortar los plazos y el monto de inversión, y coincide con la realidad económica y la práctica común en el mercado energético internacional”, reiteró.
El equipo de Nahle se está apoyando del Instituto Mexicano del Petróleo, la instancia gubernamental que crea soluciones para la industria petrolera nacional e internacional, como resultado de la investigación científica, mediante el desarrollo, asimilación y transferencia de tecnología.
La refinería más abandonada, documentó Nahle basada en el diagnóstico que han hecho de todas, es la de Salina Cruz, Oaxaca, la cual se incendió en junio del año pasado. En junio de este año, también se incendió la refinería en Veracruz. Luego de la crisis petrolera y el ajuste al gasto de Pemex en 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la apertura de inversión público-privada para las refinerías.
“Son activos que habría que reconfigurar. De otro modo se volverán activos inutilizados en los que la iniciativa privada no estaría dispuesta a invertir, y el gasto de millones de dólares que se ha hecho en años pasados para reconfigurar algunas como Minatitlán, Veracruz, representarían pérdidas muy fuertes”, advirtió.
Y expuso que otro de los beneficios de la rehabilitación de las plantas existentes es que habría una inversión con retornos, en vez de comenzar con la construcción de una nueva cuyos frutos no se verían en el próximo sexenio.
LA TRANSPARENCIA
Para la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, cancelada en 2014 por falta de viabilidad, se invirtieron más de 3 mil millones de pesos en contratos de licitación, incluyendo uno a la constructora ICA. Considerando otras facturas relacionadas, el gasto infructífero ascendió a 9 mil millones de pesos, de acuerdo con la autora de Pemex RIP, Ana Lilia Pérez. El terreno sigue sin emplearse para otro proyecto, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2015.
Asimismo, el plan alternativo tras la cancelación fue reconfigurar la refinería ya existente en Tula, pero terminó embarrada en el escándalo internacional de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El órgano fiscalizador detectó que esa obra se le contrató por mil 436 millones de pesos, pero se ejecutaron trabajos por 2 mil 315 millones de pesos.
El especialista en energía dijo que para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea “coherente” con el discurso de transparencia y anticorrupción, debe recurrir a las licitaciones internacionales y no a una adjudicación directa, que por sus condiciones y por el monto de la inversión que implica, tendrá que ser internacional ya sea bajo cobertura de tratados o abierta.
Una vez adjudicado el proyecto integral de reconfiguración, costaría aproximadamente seis mil millones de pesos, dividido en tres etapas: reingeniería y diseño, construcción y supervisión, los cuales podrían concretarse en dos años más.
De acuerdo con las prácticas internacionales, que es como lo ha hecho Pemex en los últimos años, se ha requerido de un mínimo de tres contratistas en el mismo proyecto, agregó Aranda.
En el caso de la refinería de Tula, para la que se planeaba construir se destinaron 2 mil millones de pesos a ICA, y para la reconfiguración la filial de Odebrecht fue la que recibió el proyecto a cambio de un soborno de 10 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones judiciales de personal de la constructora.
Imagen: Pemex.
PRECIOS DE GASOLINAS A LA BAJA  
El precio de las gasolinas depende de componentes internos, externos determinados por el mundo y los tributarios de la Secretaría de Hacienda. Alrededor del 26 por ciento del costo de los combustibles es por los impuestos especiales, menos el estímulo fiscal; un cuarto del precio final va por la logística desde almacenamiento hasta transporte a la estación de servicio abierto a la competencia privada, pero aún no se observa mucha inversión en el área; y aunque no hay mucha información del próximo gobierno, el CIEP estima que variará el IEPS como antes de la liberación de precios al mercado internacional, explicó el investigador en energía y finanzas, Alejandro Limón Portillo.
Durante la campaña y en este periodo de transición, el próximo Presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual Secretaria de Energía, Rocío Nahle, han anunciado el mantenimiento y construcción de refinerías para aumentar la producción de petróleo que contribuiría en la reducción de precios de los combustibles, que también dependen de la inflación, los precios internacionales del petróleo y los costos de logística e impuestos.
“Hoy tenemos estos precios de gasolina porque estamos importando el 80 por ciento [de Estados Unidos]. Nosotros estamos seguros que una vez que Pemex empiece a aumentar la producción de gasolina –es una empresa más que va a estar en el libre mercado, y que va a ser un factor, un competidor muy importante– para con ello poder estabilizar los precios y no necesariamente se van a disparar [pese al libre mercado]”, dijo Nahle a la prensa.
López Obrador, por su parte, reveló que a partir de sus tres primeros años de gestión los precios de combustibles no subirán y comenzarán a reducirse en la segunda mitad de su adminsitración.
“No sólo no habrá gasolinazos sino que el gas y el diésel no van a subir más que la inflación en tres años y después de tres años, que ya tengamos producción de gasolina en México, vamos a bajar los precios, van a bajar los insumos”, señaló el virtual candidato electo”, declaró hace unos días ante los empresarios industriales.
Daniel Aranda, socio especializado de Foley Gardere Arena estimó que los tiempos que ha dado la próxima administración para la producción de gasolinas en México o para refinar crudo pesado “son realistas”, dado que tan sólo un proceso de contratación internacional requeriría entre cuatro y seis meses.
A su vez, el experto de Foley coincidió con la futura Secretaria de Energía Rocío Nahle en dos puntos: que después de tres años de este mantenimiento a refinerías, se podrá producir más combustibles y en que la más abandonada es la de Salina Cruz, Oaxaca, al grado de que es “peligroso” si opera a toda su capacidad.
Sin embargo, expuso, es “imposible” detener el aumento a los precios de combustibles si sólo se dejan al mercado abierto y sin un subsidio gubernamental que requiere recursos federales, el cual beneficia también a usuarios del transporte público.

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