viernes, 22 de diciembre de 2017

Controlar y castigar las voces ciudadanas independientes


 
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Controlar y castigar las voces ciudadanas independientes

 

 


Días atrás, en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri echó del país a un par de activistas ciudadanos que criticaban los tratados de libre comercio y que esperaban participar de reuniones alrededor de la Organización Mundial de Comercio. Además, impidió la entrada al país o a esa cumbre a más de 50 personas provenientes de los movimientos sociales (1). Más o menos al mismo tiempo, en Bolivia se está estrangulando a una organización de la sociedad civil. Y al tiempo que en Buenos Aires se justificaban aquellas expulsiones sosteniendo que los deportados eran radicales “disruptivos”, en Bolivia se dice que la ONG en cuestión es de derecha por defender los derechos humanos y a la Naturaleza.
Estos y otros casos son ejemplos de la ambigüedad conceptual que se extiende por América Latina. Ideas e ideologías pierden sus significados y se convierten, poco a poco, en meras armas que usa el poder para justificar sus actos. Estamos rodeados de ejemplos. Desde una postura ideológica, en Argentina, Macri recorta las jubilaciones pero dice que se incrementarán (2). Desde la otra, en Uruguay, el tercer gobierno del Frente Amplio usa el slogan de proteger la tierra y a quienes la trabajan, pero en los últimos años se vendieron 8 millones de hectáreas, la mayor parte a extranjeros, se perdieron más de 8 mil agricultores familiares (la caída más alta desde que hay registros) y acaban de aprobar 12 variedades transgénicas (3).
Entre todo ese entrevero, uno de los objetivos predilectos de los ataques gubernamentales son los grupos independientes de la sociedad civil, especialmente los que denuncian la explotación de la Naturaleza y de las personas.
En los países con gobiernos conservadores esos grupos son denunciados como izquierda radical, y bajo los gobiernos progresistas se dice que son de derechas, descafeinados o infantiles. Se repite el hostigamiento y sólo cambian los términos utilizados. Por ejemplo, en Perú, las administraciones conservadoras llaman a varias ONGs y los militantes que denuncian los derrames petroleros o la contaminación minera por metales pesados, como radicales izquierdistas, comunistas o etiquetas por el estilo.
Entre los países progresistas se puede citar uno de los casos más recientes, donde se acusa de ser parte de la derecha a una organización ciudadana que también aborda los derechos humanos y las cuestiones ambientales y territoriales (4). Esto ocurre con el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) de la ciudad de Cochabamba, recibiendo otra vez los ataques más duros en una dinámica que no cesa y que revela, posiblemente, algunas de las contradicciones más oscuras en las que se puede caer.
No es sencillo reconocer las contradicciones en aquellas posturas políticas que uno apoya. Por el contrario, siempre es más sencillos que los conservadores las encuentran en la oposición política y los progresismos las denuncien ante todos sus adversarios. Es necesario superar esas limitaciones, y debe hacerse desde el compromiso con los derechos de las personas y la naturaleza. Muchos grupos y militantes en el corazón de los movimientos sociales están mostrando el camino.
Contradicciones entre izquierda y progresismo
Desde esa perspectiva, la repetida embestida contra CEDIB en Bolivia ilustra varias facetas de esa problemática y merece ser comentada otra vez. Toda esa situación muestra la creciente divergencia entre el proyecto original de la izquierda y los progresismos realmente gobernantes.
Esa diferenciación produce un abanico de contradicciones. La primera resulta en que ahora se ataca a un grupo ciudadano comprometido con los derechos humanos, aunque la defensa de esos derechos era precisamente una de las banderas de la izquierda popular a inicios de los años 2000. Una segunda resulta en que los progresismos tratan de acallar a las voces críticas y son muy poco tolerantes con los que les indican sus errores. Pero aquella izquierda de años atrás sólo pudo construirse desde su propia postura contestaria. En tercer lugar, se silencian o atacan algunas de las posiciones y saberes indígenas y campesinos, especialmente cuando alertan sobre los duros impactos de los extractivismos. También en ese terreno, las voces campesinas e indígenas aseguraron el empujón electoral inicial que permitió ganar el gobierno.
Entonces, el ataque que se mantiene sobre CEDIB en Bolivia no es solamente una guerrita contra una ONG, sino que sólo puede entenderse bajo esas contradicciones. Si se persistiera en el programa inicial de aquella izquierda, que intentaba ser plural, respetuosa y comprometida con los derechos y los movimientos sociales, serían inconcebibles los ataques a las organizaciones ciudadanas. Pero con el paso del tiempo esa izquierda se convirtió en progresismo, y esa mutación reforzó un desarrollismo clásico, obsesionado con los extractivismos para mantener las cuentas públicas y que no toleraba las críticas. Se invisibilizan los impactos y costos sociales y ambientales, se festejan los indicadores macroeconómicos, se invoca a la Pacha Mama pero se la contamina, y se ahonda la brecha con movimientos indígenas y campesinos. La consecuencia inevitable fue el hostigamiento a las organizaciones ciudadanas independientes.
Por lo tanto, no es que grupos como CEDIB sean de “derecha”, como dice el vicepresidente, sino que son atacados precisamente por ser fieles a aquella izquierda en su sentido original, y no progresistas como se practica en la actualidad.
El escarmiento
A lo largo de los últimos años, CEDIB ha padecido todas las consecuencias de esa deriva progresista. Se los cuestionó desde los discursos gubernamentales y desde los medios de prensa afines. Se amenazó con exilarlos o clausurarlos. Todo ello es posible en un ambiente donde los conceptos se desenganchan de sus significados, y lo hacen de modos que asombran. Entonces un viceministro de “autonomías” dice que las organizaciones ciudadanas no tienen autonomía para cuestionar la estrategia de desarrollo gubernamental, o un encargado de temas ambientales afirmaba que se busca salir de la dependencia extractivista cuando las medidas concretas que se tomaron las acentúan (5).
Bajo las ambigüedades y disoluciones en el marco de los derechos muchas cosas se vuelven posibles, y basta observar lo que sucede en los países vecinos. Por ejemplo, el gobierno Macri en Argentina dice estar asegurando una recuperación democrática pero a la vez embiste contra los indígenas mapuches y tolera un nuevo racismo.
Esas posturas se replican y reproducen desde otros espacios, y lo que bajo condiciones de normalidad difícilmente se concretaría por intolerable y desproporcionado, encuentra ahora un campo fértil para expresarse. Siguiendo con el caso boliviano, pocos meses atrás el rector de la universidad local logró echar a CEDIB del local que usaba desde hace treinta años. En otras universidades habrían operado necesarios contrapesos, y se le recordaría al rector que un centro universitario estaría interesado en lo opuesto, en aumentar sus relaciones con uno de los archivos bibliográficos más grandes del propio país. El costo de aquella medida en la imagen en el mundo académico internacional fue muy alto (el debate no estaba puesto en un logro educativo o científico, sino en que se echaba a una pequeña ONG). El rector reconquistó los salones, pero el hostigamiento no se detuvo, y ahora se sumó una demanda que congeló el acceso a las cuentas bancarias de CEDIB. Entonces la disputa no parece estar centrada en los salones sino que apuntó a estrangular financieramente a un grupo ciudadano (6).
Estamos ante una avalancha, en cámara lenta, de medidas que buscan sepultar a CEDIB. Algo así como un vigilar y controlar. A los que persisten en su trabajo independiente se les castigará, pero además se deja en claro a otros que si son tan atrevidos como para continuar, habrá un escarmiento.
Ese instrumento, el escarmiento, aparece tanto desde los flancos conservadores como progresistas. Es una de las contradicciones que es necesario reconocer y analizar, y desde ya aprender a elaborar antídotos para no repetir esos extremos. Es que una verdadera izquierda no puede obsesionarse con las revanchas.
Notas
1. Conferencia de la OMC: el gobierno argentino deporta a una periodista británica y a un activista noruego. Nodal, B. Aires, 9 diciembre 2017.
2. Macri insiste con la reforma previsional. Ahora quiere hacer creer que las jubilaciones subirán. Página 12, B. Aires, 6 diciembre 2017.
3. Crisis en el agro: hay 8 mil productores familiares menos que hace 16 años. El Observador, Montevideo, 21 diciembre 2017.
4. García Linera tilda al CEDIB de "ONG de derecha" y este lo denuncia por linchamiento público, Opinión, Cochabamba, 12 diciembre 2017. 5. Siles a ONG que no se adecuaron a ley 351: "cometieron desacato y hay consecuencias". Agencia de Noticias Fides, La Paz, 6 diciembre 2017. “Estamos en transición del extractivismo al Vivir Bien”, entrevista a D. Pacheco, Página Siete, La Paz, 6 diciembre 2015.
6. Ante el nuevo empuje contra CEDIB se han lanzado varias campañas nacionales e internacionales. Amnistía Internacional tiene en marcha una acción urgente, distintas personalidades y grupos han adherido a una nota de apoyo, y más recientemente, más de 40 instituciones y redes reclamaron respetar los derechos del centro. Entre las adhesiones están la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), dos redes continentales enfocadas en temas de ambiente y de minería, seis instituciones especializadas en temas de derechos humanos, incluyendo las coordinadoras de Perú y Ecuador, y el SERPAJ de Argentina, junto a grupos e instituciones de 13 países latinoamericanos.
Eduardo Gudynas es investigador en temas de ambiente y desarrollo. Una primera versión de este artículo se publicó en Página Siete, La Paz (Bolivia), el 17 de diciembre de 2017.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Los fondos buitre también actúan en el ámbito de las deudas familiares






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Los fondos buitre también actúan en el ámbito de las deudas familiares


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Gracias a la campaña internacional lanzada por el CADTM, se conoce muy bien la acción nefasta de los fondos buitre con respecto a las deudas soberanas: compran títulos de la deuda soberana a precio de saldo (de un 5 a un 20% del valor inicial) antes de recurrir a los tribunales para recuperar el máximo del valor de la deuda.

El mismo tipo de actividad está en plena expansión en el ámbito de las deudas familiares. Hay que señalar que las posibilidades son enormes ya que en Europa el volumen de créditos privados en suspensión de pagos llega a mil millardos de euros (1.000.000.000.000 €). |1| Debido al empobrecimiento de las clases populares, el volumen de estos impagos de deudas familiares y de microempresas aumentará inevitablemente.

El modo operativo de los fondos buitre en el ámbito de las deudas privadas es simple. Compran paquetes de deudas impagadas, principalmente a bancos, |2| a sociedades de telefonía móvil, a sociedades de crédito inmobiliario o empresas de suministro de energía a particulares. En general, esos fondos buitre adquieren esos impagos al 10 % de su valor y luego mediante el acoso a las personas endeudadas, y también por procedimientos legales, tratan de recuperar del 20 al 30 % del valor inicial de la deuda .

Parece que en Europa las sociedades financieras especializadas en ese tipo de actividades carroñeras se desarrollaron activamente, en primer lugar en Escandinavia, debido a la crisis bancaria de los años 1980-1990. Hablamos de la firma sueca Intrum y de Aktiv Kapital (una filial del grupo estadounidense PRA).

Según un estudio publicado por el banco Morgan Stanley, el volumen total de paquetes de deudas impagadas, en posesión de las siete principales sociedades financieras especializadas en la recuperación de la deuda familiar en Europa se duplicó entre 2014 y 2017, pasando de cerca de 4.000 millones de libras esterlinas a un poco más de 8.000 millones (Financial Times, 23 de noviembre de 2017). En 2016 Intrum obtuvo unos beneficios de 197 millones de euros. Cabot, una sociedad británica, 155 millones de euros; Arrow, británica, 118 millones de euros; Hoist, británica, 93 millones de euros; Kruk, una sociedad polaca, ganó 91 millones de euros. En la página web de Arrow podemos leer que 4 millones de familias se encuentran en suspensión de pagos en Gran Bretaña.

En octubre de 2017, Intrum compró en Grecia un paquete de deudas impagadas por un monto de 40 millones de euros. Pero, probablemente, haya pagado solamente 1,2 millones de euros por esa adquisición, o sea, el 3 % de su valor nominal. Según el director de Intrum, Mikael Ericsson, el mercado griego de deudas impagadas de familias ofrece un extraordinario potencial de expansión, ya que en 2017 cerca del 50 % de las deudas están en suspensión de pagos. |3| Es el equivalente, dice, del mercado formado por Europa central y del este.



Cartografía de las deudas impagadas en porcentaje del monto total de créditos concedidos por los bancos en la Unión Europea al 30 de septiembre de 2015.

Con una competencia en aumento entre los fondos buitre, el rendimiento desciende. Mientras que hace 5 años, una «inversión» de un millón de euros en la compra de deudas impagadas podía permitir obtener 3 millones, en 2017 los fondos buitre sacan entre 1,8 y 2 millones.

Hay otros fondos buitre activos en la compra de esas deudas, como el tristemente célebre fondo Elliot cuyo dueño es Paul Singer. Elliot compró a dos bancos españoles, Banco Popular (adquirido por el banco Santader en mayo de 2017) y Bankia, paquetes de deudas impagadas (véase Fátima Martín, «Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz»). El grupo estadounidenses Blackstone se volvió también muy activo en España (véase en castellano: Fátima Martín, «Blackstone, el casero buitre global: De los alquileres protegidos de Madrid a los narcopisos de Barcelona»). Blackstone tiene actividades muy diversificadas: en principio, se especializa en la concesión de créditos de riesgo a microempresas y a PYMES. Para eso, Blackstone se dotó de una división especial de desarrollo de ese tipo de actividades: GSO. Esa división propone contratos de deudas simplificados, mucho más arriesgados y con mayor remuneración, lo que le permite atraer a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que ya no tienen acceso a los créditos bancarios normales. Por otro lado, GSO atrae igualmente a los inversores en búsqueda del máximo rendimiento, en particular, a los fondos de pensiones. A éstos les propone que den un anticipo de fondos para prestarlos a las microempresas privadas y a las PYMES. En cierto modo, el Financial Times, en su edición del 17 de noviembre de 2017, hace sonar la alarma al anunciar que los fondos de pensiones hacen correr grandes riesgos al ahorro de sus miembros, debido a su inversión en los productos creados por GSO. |4| Por lo tanto, en principio, Blackstone es un prestamista —que atrae los fondos de pensiones a la búsqueda de altos rendimientos— y finaliza el ciclo comprando las carteras de deudas impagadas.

Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en Japón (años 1990), en Estados Unidos (2006-2007), en Irlanda e Islandia (2008), en España (2009), decenas de millones de familias de clases populares fueron abocadas a la suspensión de pagos, y comenzaron a ser víctimas de desalojos masivos. En Estados Unidos, desde 2016, 14 millones de familias fueron desposeídas de sus viviendas por los bancos. En España, son más de 300.000 familias. En un contexto en el que el salario real está bajando, el desempleo es masivo y las condiciones de préstamos son abusivas, esas deudas provocan efectos catastróficos para una parte creciente de las clases populares. A menudo, esa población tiene que financiar a crédito su consumo corriente, puesto que sus ingresos normales no alcanzan para pagar los gastos de alimentación, vivienda, vestimenta, calefacción, electricidad, salud, educación… Hay firmas que se especializan en las ventas a crédito a sectores frágiles de la población. A veces, esos préstamos comienzan con un interés cero, con el fin de atraer a los clientes, pero los tipos de interés aumentan rápidamente si aparecen retrasos en el pago, y comienza el acoso. Otra vez más, nos enfrentamos en los países del Norte a un fenómeno masivo de brutal desposesión. Las deudas privadas tienen un papel clave. En Estados Unidos, la justicia contabilizó no menos de 500.000 casos de contratos inmobiliarios abusivos y fraudulentos, pero la cifra real es, indudablemente, mucho más elevada. En España, la legislación utilizada por los banqueros para desalojar a las familias de sus viviendas data de la época del dictador Franco. En Grecia, en el marco del tercer memorando aceptado por el gobierno de Tsipras en 2015, los bancos comienzan a tener las manos libres para desalojar a las familias incapaces de pagar sus deudas hipotecarias.

La nueva crisis internacional, que comenzó en 2007, reveló el comportamiento fraudulento de los bancos. Como consecuencia de las expulsiones masivas de las viviendas que se sucedieron en Estados Unidos, España y otros países, cada vez hay más personas que cuestionan esas deudas. Y esto pasa incluso en países donde la obligación de pagar un crédito era, en general, incuestionable. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde 2015, reunió alrededor de su persona un importante apoyo popular por haber participado activamente en la plataforma contra los desalojos, realizados por los bancos, de familias incapaces de continuar pagando sus hipotecas. Algunos años antes, hubiera sido inimaginable que una mujer o un hombre fuera elegido para ejercer altos cargos después de haber organizado ocupaciones ilegales de bancos, para defender las familias que no podían seguir pagando sus deudas.

Por todo el mundo, los movimientos sociales y el CADTM cuestionan el pago de deudas privadas ilegítimas, ya sean hipotecarias o de estudiantes, ya sean reclamadas por grandes bancos privados, por agencias de cobro de deudas, por fondos buitre o por agencias de microcrédito.

Notas:

|1| 1 000 millardos € de deudas en suspensión de pagos (conocido también por la sigla inglesa NPL, Non performing loans). Eso representa, según la Autoridad bancaria europea, el 5 % del total de los créditos concedidos por los bancos de la Unión Europea.

|2| Los bancos son presionados por las autoridades de control y por el BCE para deshacerse de las deudas impagadas (NPLs) revendiéndolas a precios de saldo a terceros, como los fondos buitre.

|3| Sobre las causas de esa elevadísima cantidad en Grecia, véase Éric Toussaint «Grecia: los bancos en el origen de la crisis», publicado el 11 de enero de 2917

|4| Financial Times, «Blackstone offers “cove-lite” business loans», 17 de noviembre de 2017.

Traducido por Griselda Pinero

Eric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Procès d’un homme exemplaire , Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique , Le Seuil, París, 2012. Este último libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro político de Lieja. Ultimo libro: Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015. Es coordinador de las publicaciones Comisión de la Verdad Sobre la Deuda.

Fuente: http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitre-tambien-actuan


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