domingo, 27 de mayo de 2018

El “Mover a México” quedó en dos megaobras. E incluso ésas dos son señaladas por corrupción


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El “Mover a México” quedó en dos megaobras. E incluso ésas dos son señaladas por corrupción

Dulce Olvera

El Presidente Enrique Peña Nieto, de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, prometió “Mover a México” desde el inicio de su sexenio. No obstante, su sexenio será evocado por tres obras públicas señaladas por sobrecosto, corrupción, afectación a comunidades o haber sido canceladas: el Nuevo Aeropuerto Internacional, el Tren México-Toluca y el Tren México-Querétaro, que ni siquiera pudo licitarse debido a un escándalo de corrupción.

A pesar de que durante su administración –en la cual la inversión física cayó en 2017 a niveles no vistos desde la crisis de 1994– desarrolló sistemas carreteros, de puertos y presas, esos proyectos en asociación público-privadas no generarán el impacto económico requerido, dijeron especialistas.

Esta es última entrega sobre el manejo de las finanzas públicas de la presente administración que concluirá este año.

CUARTA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018 planteó acciones para “Mover a México”, esto es, que el país cuente con una moderna infraestructura de movilidad y conectividad que acerque ciudades y poblados, así como interconectar centros industriales en menor tiempo y costo en los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, las grandes obras por las que será recordado el sexenio de Enrique Peña Nieto están señaladas por sobrecosto, corrupción o imposición en comunidades: es el caso del Aeropuerto Internacional, el Tren Interurbano México-Toluca y el cancelado Tren México-Querétaro, expusieron especialistas.
El lunes pasado, el Presidente Peña Nieto entregó la carretera Cardel-Poza Rica tramo Nautla-Gutiérrez Zamora, al sur del país. Desde Veracruz destacó las otras varias obras más que han impulsado sumando esfuerzos tanto gobiernos estatales como el Federal.
“Esta también ha sido la Administración de la inversión, de la Inversión Extranjera Directa, que es la que se puede medir por las divisas que entran a nuestro país, y de la inversión extranjera o de la inversión también nacional”, declaró a seis meses de que concluya su gestión. “Con el apoyo y respaldo de la inversión privada, así hemos impulsado los grandes proyectos de infraestructura”, destacó.
Sin embargo, afirmó el economista y académico de la UNAM, Benjamín García Páez, estas obras públicas bajo modalidades de asociación público-privada, como el sistema de infraestructura carretera, puertos o presas, están diseminadas en el país, pero no califican como megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto, “y tienen la particularidad de que no logran generar el impacto macroeconómico deseable para un país ni logran estimular la recuperación económica, porque hay otros elementos de la estrategia que no son resueltos como el de la productividad en el campo y en la industria”.
Además, la inversión física ha registrado un desplome de la mano de tres ajustes al gasto público. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la inversión física cayó 26 por ciento de 2016 a 2017, lo que representó la mayor disminución en el sexenio y de las últimas tres administraciones, sólo por arriba del -27.77 por ciento registrado en 1995-1996, luego de la crisis financiera generada por el “Efecto Tequila”. De 2015 a 2016 comenzó a caer 8.3 por ciento anual.
“La caída tendencial de la inversión física hace que el fenómeno de la inflación se dispare relativamente a lo esperado, y si se dispara, la desigualdad aumenta en un país por altos costos de bienes y servicios”, afirmó el economista García Páez.
2O de junio de 2013. Enrique Peña Nieto anuncia en la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes que destinarán para el tren transpeninsular 16 mil millones de pesos. Francisco Balderas, Cuartoscuro
Como parte del ajuste al gasto público por la crisis petrolera, se canceló el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y el Tren de Pasajeros Transpeninsular en Yucatán y Quintana Roo en los primeros años del sexenio.
En 2013 firmas chinas ganaron la licitación para el Tren México-Querétaro junto con compañías mexicanas, entre ellas Grupo Teya, de Juan Armando Hinojosa, propietario de la Casa Blanca donde vivía la familia presidencial, de acuerdo con un reportaje que reveló el conflicto de interés de por medio. Aunque China le ha solicitado al Gobierno mexicano el pago de 600 mil dólares por cancelar el contrato, en febrero Chuanming Zhou, consejero Económico-Comercial de la Embajada de China en México, dijo a SinEmbargo que ese caso “ya pasó” y “ya no es muy grave”.
“¿Te acuerdas del Tren México-Querétaro que cancelaron al final? Nunca nos dijeron si ese dinero se redireccionó hacia algún lado”, cuestionó el economista Abraham Vergara.
El analista en finanzas públicas destacó que las grandes obras del sexenio no canceladas rebasan los presupuestos establecidos y “van muy lentas” en su construcción. En los estados, añadió, también hay infraestructura “a medias” o mal hechas. Un caso emblemático fue el socavón que se abrió en el Paso Exprés en Morelos, lo que arrebató la vida a un padre e hijo en agosto de 2017. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido en informes las irregularidades en su construcción.
“Fue muy fácil culpar a los mercados internacionales, buscar un presupuesto austero, pero cuál austero si están gastando en su publicidad para mostrar lo que aparentemente hicieron con sus reformas mal implementadas”, planteó el académico de la Universidad Iberoamericana.
EL LENTO TREN MÉXICO-TOLUCA
El Tren Interurbano México -Toluca se construye con un sobreprecio desbordado. Foto: SCT
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzó este año una herramienta para detectar ineficiencia y riesgos de corrupción en proyectos de infraestructura. Entre los casos que analizó fueron el del Tren México-Toluca.
“Están las dos grandes obras de infraestructura: el Aeropuerto Internacional y el Tren México-Toluca. Este tren es insostenible en un cálculo de costo-beneficio en términos sociales; el presupuesto ya se triplicó, y hay riesgo de un gasto muy ineficiente”, afirmó Manuel Guadarrama, investigador de IMCO.
De acuerdo con el análisis de este think tank, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Tren México-Toluca ha incurrido en falta de información, una mala e incompleta planeación, sobrecosto hasta ahora de 21 mil millones de pesos (al costar ahora 59 mil millones de pesos) y un retraso de casi medio año, por lo que ha dejado de ser socialmente rentable.
El proceso de determinar los 23 contratos por un monto de 36 mil millones de pesos fue “desorganizado y opaco”, determinó IMCO. La SCT y la Secretaría de Hacienda dijeron no encontrar los documentos de dictámenes de excepción a licitación pública ni los oficios de preinversión para determinar sobrecostos excesivos. Tampoco se conocen los documentos iniciales para saber en cuánto se presupuestó la obra. Respecto a lo disponible en CompraNet es deficiente.
Además, no hay ningún mapa público que muestre el trazo exacto por el que pasará el Tren de Zinacantepec a Observatorio. Tampoco la SCT ni Secretaría de Obras de la CDMX localizan los puntos de los tres tramos donde no tienen control por cuestiones de derecho de vía ante la oposición de comunidades aledañas, determinó IMCO.
En octubre de 2015, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza les pagó 292 millones de pesos a los ciudadanos Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández –dos habitantes del poblado San Jerónimo Acazulco, Edomex– a cambio de un convenio para construir el Tren México-Toluca en el tramo de 32 hectáreas denominada El Portezuelo a la altura de la zona turística La Marquesa. Entonces echó raíz para un conflicto entre dos pueblos, uno otomí y el otro náhuatl, de acuerdo con dos visitas que ha hecho este medio.
Los habitantes de la comunidad aledaña de origen náhuatl, Santa María Tepexoyucan, aseguran que la indemnización debió ser para ellos ya que ese territorio, donde siembran para vivir, les pertenece desde hace siglos de acuerdo con documentos del Registro Nacional Agrario.
“El Gobierno no está pagando la indemnización a las personas que deben ser. Mi inconformidad es que está pasando el Tren, las autopistas y las torres de electricidad sin que recibamos nada a cambio. No nos oponemos a la infraestructura, pero no está respetando los derechos de los indígenas”, aseguró la habitante Rosa González.
EL CUESTIONADO NAICM 
En el caso del Nuevo Aeropuerto, el principal proyecto de infraestructura de este sexenio aunque se planea terminar en 2020, ha recibido un puñado de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de ambientalistas y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que lleva 17 años oponiéndose a la obra que primero se planteó en el sexenio de Vicente Fox.
En febrero, el órgano fiscalizador señaló que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), figura encargada de la construcción, debe explicar qué hizo y dónde están un total de 990 millones 336 mil 502 pesos.
Esa cantidad, de acuerdo con siete auditorías que se desprenden de la Cuenta Pública 2016, está conformada por dinero que el GACM pagó por tierras de las que no hay pruebas que ya tiene, por servicios que ya tenían contemplado un presupuesto, por ampliación de costos no sin justificación, para supervisión de obras que no se estaban ejecutando y por pagos que realizó y que eran responsabilidad de las empresas.
Asimismo, SinEmbargo ha revelado que las empresas de Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard Rivero, Rolando Cantú Barragán, Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Quintana Isaac y constructoras como Iuyet –que participa en la construcción del Tren México-Toluca– y Aldesem, Epccor y Aldesa –encargadas de construir el Paso Exprés de Cuernavaca–, concentran el 77 por ciento del presupuesto que se ha pagado en la construcción del Nuevo Aeropuerto.
Con base en los datos abiertos del Grupo Aeroportuario, de los 321 contratos que se han celebrado, este grupo de empresas han obtenido sólo 16. El monto de esos contratos asciende a más de 106 mil millones de pesos.
Respecto a las comunidades opositoras, el Frente de Pueblos ha acusado ser víctimas de represión y despojo, y han documentado cada una de las razones por las que se oponen y las han llevado a tribunales.
“Peña Nieto, si un día no es condenado a la cárcel, será castigado por mentiroso, pues aseguró que los pueblos no serían afectados por el NAIM. Llevan 10 por ciento de construcción y ya ocasionan accidentes. Tienen en la mira el despojo y desaparición total para construir ahí sus hoteles y centros comerciales. Está manchado de sangre luego de que en mayo de 2006 nos soltaron a sus bestias. Nadie quiere recordar las imágenes de la sangrienta represión [de Atenco]. Cuando hablan de negocios y de viabilidad, hablan también de asesinatos de niños, violación tumultuaria, años de prisión”, aseguró en abril Martha Pérez, integrante del Frente de Pueblos.

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El SNTE ofrece 322 mil maestros a Meade Kuribreña; serán encargados de llevar votos y vigilar el proceso electoral


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El SNTE ofrece 322 mil maestros a Meade Kuribreña; serán encargados de llevar votos y vigilar el proceso electoral


El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló su presidente Juan Díaz de la Torre, ayudará a José Antonio Meade Kuribreña, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ofreció más de 300 mil maestros a José Antonio Meade Kuribreña, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los profesores, señaló, estarán encargados de llevar votos y vigilar el proceso electoral del 1 de julio.
“Estos 322 mil, por supuesto, serán la base para la movilización del día de, que nos lleven lo votos”, señaló.
“Hacen falta tres acciones más: concretar nuestras estructuras electorales de representantes generales y de casilla, la conformación del cuerpo de abogados que nos hagan antes, durante y después, defender nuestro voto en los distritales, y en donde se califiquen las elecciones”, explicó.

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El troleo contra Anaya alcanza a Wikipedia: le alteran el perfil para ironizar con personaje de Disney


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El troleo contra Anaya alcanza a Wikipedia: le alteran el perfil para ironizar con personaje de Disney



Una vez más el candidato a la presidencia de México del Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano fue comparado en Internet con el pollo protagonista de la  película  Chicken Little por sus semejanzas físicas; esta vez la descripción de la cinta en Wikipedia fue modificada para mencionar al político.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– Usuarios de Internet modificaron en Wikipedia la descripción de la película animada de Disney y DreamWorks, Chicken Little, para señalar como protagonista al candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, además de mencionarlo como director y productor de la cinta.
Chicken Little es el primer largometraje de animación que la compañía Partido Acción Nacional ha publicado en el formato PAN 3D Digital”, indicó el sitio.
hicken Little es el primer largometraje de animación que la compañía Partido Acción Nacional”, se lee en la edición. Foto: Especial.
También se incluyó al ex presidente priísta Carlos Salinas de Gortari como responsable del montaje y escenografía del filme estrenado en México en 2006. Aunque las modificaciones fueron eliminadas tiempo después, en la página de internet aún se lee que la conductora y periodista de espectáculos Pati Chapoy estuvo a cargo de la fotografía.
De acuerdo con los internautas, Pati Chapoy estuvo a cargo de la fotografía. Foto: Captura de pantalla.
La edición de la enciclopedia colectiva incluso mencionó en un párrafo al abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena): “Esta película fue dedicada a Andrés Manuel López Obrador, quien perdió las elecciones en 2006, cinco meses antes del estreno de Chicken Little”.
Desde que inició su campaña Ricardo Anaya ha sido comparado con el personaje animado a través de memes.



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“Yo estoy apoyando a dos candidatos: Anaya y Meade'', dice Vicente Fox a Jorge Ramos


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“Yo estoy apoyando a dos candidatos: Anaya y Meade'', dice Vicente Fox a Jorge Ramos




Vicente Fox Quesada, ex Presidente de México, se pronunció contra Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y señaló que apoya a dos candidatos: Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña…

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Vicente Fox Quesada, ex Presidente de México, aseguró que apoya a dos candidatos, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña…
En un adelanto de la entrevista que ofreció al periodista Jorge Ramos, el ex mandatario señaló que no entiende su apoyo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), igual que mucha gente.
“¿Usted va a apoyar al candidato del PRI? ¿A pesar de que usted luchó en su carrera duramente para sacar al PRI del poder?”, le preguntó Ramos.
“No lo entiende casi mucha gente…hasta yo…Yo estoy apoyando a dos candidatos: Anaya y Meade”, respondió Fox.
“Estoy en contra del populista, del demagogo, del que está engañando a los mexicanos, del que nos está recetando el mismo tipo de campaña que hicieron Hugo Chávez y todos los populistas de América Latina”, profundizó.

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¿A dónde fue tanto dinero? ¿Por qué tanta deuda? Con EPN hubo despilfarro, dicen Economistas


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¿A dónde fue tanto dinero? ¿Por qué tanta deuda? Con EPN hubo despilfarro, dicen Economistas

Dulce Olvera

Los responsables del manejo del ingreso, gasto y deuda pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto han sido Luis Videgaray Caso (2012-2016), José Antonio Meade Kuribreña (2016-2017) y José Antonio González Anaya (2017-actual). Especialistas afirmaron que pese a darle prioridad a las variables macroeconómicas, como la inflación o el tipo de cambio, fallaron en aterrizar la relativa estabilidad económica al desarrollo social [empleos remunerados y combate a la pobreza].

Luego de un gasto “ineficiente”, sobre todo en comunicación social y recortes en salud y educación, y un egreso mayor al aprobado por el Congreso, así como la falta de compensación de ingresos tributarios con la caída de los petroleros, el país llegó a una deuda pública histórica de hasta 48 por ciento del PIB en 2016, lo cual a su vez limitó más el gasto en inversión productiva para reactivar el ritmo de crecimiento.

“El gobierno sigue siendo un elefante blanco, es decir hay duplicidad de funciones y está gastando mal esos ingresos que le están entrando al país”, consideró el académico Abraham Vergara.

TERCERA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– En el sexenio de Enrique Peña Nieto los tres titulares que dirigieron la Secretaría de Hacienda, la encargada de las finanzas públicas del país, dieron prioridad a la estabilidad de variables macroeconómicas, pero no lograron trasladarla al desarrollo social ante el estancamiento en el crecimiento económico, coincidieron economistas.
Los responsables de la “ineficiencia” en el manejo del ingreso, gasto y deuda pública durante este periodo han sido Luis Videgaray Caso (2012-2016), José Antonio Meade Kuribreña (2016-2017) y José Antonio González Anaya (2017-actual). Días antes de que Videgaray dejara el cargo se anunció un recorte de 132 mil millones de pesos al gasto público por la situación de Petróleos Mexicanos.
“González Anaya le tocó recibir lo que ya estaba. Después estuvo Meade y antes Videgaray, no bueno, unos genios. Desafortunadamente se centraron en la parte de las variables macroeconómicas, aunque la tasa de interés e inflación subieron y el tipo de cambio se incrementó [a 20 pesos por uno]”, dijo Abraham Vergara Contreras, académico de la Universidad Iberoamericana, especializado en finanzas públicas.
El país, aclaró, nunca entró en una crisis económica, sino en un “estancamiento” al crecer en promedio un 2 por ciento al año.
“Como sexenios pasados, se han centrado en las variables macroeconómicas y no en el beneficio microeconómico, como tú yo yo, los ciudadanos; que nos veamos con mejores salarios, mejor infraestructura, mejores servicios de salud. Tuvieron algunos logros, pero medianos, mediocres; se quedaron en esa medianía”, criticó el especialista.
La cifra más reciente del Coneval refiere que en en México hay 53.4 millones de pobres. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Consideró que dejan un “gran reto” a la siguiente administración pública al heredarles un país “relativamente estable con un crecimiento limitado”, lo que dificulta que esos indicadores macroeconómicos “en semáforo amarillo” se vean reflejado en el bolsillo de la gente.
El economista de la UNAM, Benjamín García Páez, coincidió. “Si tú lo mides con la congruencia que ha habido a un modelo en el cual se continúa manteniendo estabilizada una economía en sus variables monetarias y financieras, que generen condiciones para honrar deuda externa y la inversión extranjera venga, ha sido un modelo recomendable”, dijo. “Pero si lo evalúas en términos de combatir la pobreza, reducir la desigualdad entre los perceptores de distintos niveles de ingreso y empleo bien remunerado, es un fracaso porque no generaron bases de la economía y continuaron expuestos a la evolución no controlada de la economía internacional”.
La cifra más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que hay 53.4 millones de pobres en el país.
El pasado lunes, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) no avaló el aumento de la remuneración básica (se pretendía que pasara de 88.36 a 98.15 pesos diarios)  para “evitar en lo posible descarrilar las tendencias inerciales positivas del crecimiento económico, el empleo y la inflación”, indicó la Conasami en un comunicado”.
Y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a partir del tercer trimestre de 2008 la inversión en obra comenzó a tener un aumento gradual, pero a partir de 2013, volvió a presentar descensos. Además, de 2015 a 2016 el presupuesto asignado para el rubro de obra pública se desplomó un 20.78 por ciento en 2016 y para el año siguiente el monto representó 2.6 por ciento del PIB, el menor nivel registrado en los últimos 10 años.
El Colectivo Peso, conformado por organizaciones civiles como Fundar, IMCO, CIEP y México Evalúa, destacó que aunque la Constitución otorga amplias facultades al Congreso para fungir como contrapeso en materia fiscal, los legisladores no han cumplido con sus atribuciones: cada año el Decreto de Presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación son aprobados “sin discusión profunda” entre los legisladores, promoviendo un presupuesto que “no corresponde con la realidad” de los recursos obtenidos y ejercidos en años anteriores, ni “es pertinente” para las necesidades que se prevén financiar en los próximos años.
Por ello han urgido a la creación de un Consejo Fiscal autónomo para dar una opinión sobre el marco macroeconómico, un análisis de las asignaciones de gasto propuestas respecto a su evolución histórica y estimaciones de las necesidades de gasto en sectores prioritarios, una evaluación del cumplimiento de la regla fiscal, hacer análisis prospectivo sobre la sostenibilidad fiscal, costear las propuesta de política pública, elaborar un reporte postelectoral de las propuestas de campaña más importantes y sus costos, entre otras.
EL GASTO INEFICIENTE 
El gasto público durante este sexenio pasó de 26.1 por ciento del PIB en 2012 al 22.90 por ciento del PIB que se prevé para 2018, de acuerdo con los datos de Hacienda. Los especialistas consultados aseguraron que en 2016 la administración de Enrique Peña Nieto se comprometió a ajustar el gasto público luego de la tempestad en Petróleos Mexicanos por la crisis petrolera internacional y su gestión interna, pero continuó gastando en comunicación social y en servicios personales más de lo aprobado por el Congreso.
Para el gasto de comunicación social del Poder Ejecutivo federal, en 2017 fueron aprobados mil 447 millones de pesos, pero hubo una variación de más de 6 mil millones de pesos adicionales, por lo que se ejercieron más de 8 mil millones de pesos, equivalentes al monto destinado para las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México, tras los sismos de septiembre de 2017, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2018, equiparó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“A pesar de que en 2016 anunció varios recortes y programas de austeridad, en la realidad eso no se ha logrado. Seguimos con un presupuesto inercial, y el margen que tiene el Gobierno federal para manipular el Presupuesto es menos del 10 por ciento del total del presupuesto. En ese sentido tenemos un reto para las finanzas de eliminar programas o fondos de duplicidad”, aseguró Manuel Guadarrama, investigador de finanzas públicas de IMCO.
Además, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 33 establece que el gobierno federal no puede ejercer más de lo que se le aprueba en el capítulo 1000 “Servicios personales”, como lo son sueldos, salarios, honorarios, prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos, destaca la organización México Evalúa en su herramienta La Caja Negra. Pero de 2012 a 2018, el monto gastado siempre ha sido mayor al permitido. En 2017, el Congreso dio luz verde a 414 millones 344 mil pesos para ese rubro, pero se gastó 477 millones 019 pesos, revelan datos oficiales.
“El gobierno sigue siendo un elefante blanco, es decir, hay duplicidad de funciones y está gastando mal esos ingresos que le están entrando al país”, consideró el académico Abraham Vergara.
En 2018, se prevé gastar 18.1 por ciento del Presupuesto en combustible/energía (importar energéticos), 16.9 por ciento en protección social, 15.4 por ciento en participaciones y 13.5 por ciento en educación, entre otros como las pensiones o le pago de la deuda, como muestra la tabla.
Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña, los encargados de las finanzas del Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
LOS INGRESOS INSUFICIENTES
Los ingresos públicos en esta administración, luego de la Reforma Haciendaria y Fiscal, pasaron de 23.70 por ciento del PIB en 2012 al 20.70 por ciento del PIB que se calcula para 2018. Aunque en el 2016 se ingresaron 25 por ciento del PIB. Los economistas entrevistados expusieron que el ajuste a la recaudación de impuestos no fue suficiente para compensar la caída de los ingresos petroleros tras la crisis de precios de crudo a nivel internacional, lo cual arrastró a Pemex.
“Tuvimos menos ingresos por el tema petrolero, el precio del petróleo se cayó casi de 100 dólares por barril hasta abajo de 30 y hoy ya va otra vez a los 50 dólares. Pero la economía ya no está basada en el petróleo y con las coberturas petroleras México recibió más dinero de lo que costaba el barril en el mercado”, afirmó el economista Abraham Vergara. Por el lado de ingresos tributarios, aunque “este gobierno logró incrementar la recaudación, al mismo tiempo hay informalidad como nunca (30 millones de trabajadores, más del 50 por ciento de la población trabajadora)”.
Este 2018 se calcula ingresar 33 por ciento del Presupuesto por Impuesto Sobre la Renta (ISR), 18.5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 8.9 por ciento del Fondo Petrolero, entre otras fuentes, como se aprecia en la tabla. En el caso del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), incluyendo ya el gasolinazo de inicios de 2017, se planea recaudar 5.6 por ciento del Presupuesto.
“No somos lo suficientemente buenos para producir lo que se requiere de consumo; importamos cerca del 50 por ciento de la gasolina que se consume, luego entonces el IEPS le sirve al gobierno para ir cubriendo sus necesidades del gasto corriente”, expuso Vergara.
Como resultado del manejo de los ingresos y los gastos de este sexenio, quedó la deuda pública en niveles históricos.
Durante la presente administración de Enrique Peña Nieto, la deuda del sector público federal ha pasado de 33.8 por ciento por ciento del PIB con la que inició en 2012 a 46.4 por ciento del PIB al cierre de 2017, y llegó a 48.2 por ciento en 2016, un nivel sin antecedentes en sexenios pasados pese a que se registraron recesiones económicas en esos años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
El aumento de la deuda de hasta 14.4 puntos del PIB en este sexenio ocurrió sobre todo en la gestión de Luis Videgaray Caso del 1 de diciembre de 2012 al 7 de febrero de 2016. Aumentó 10.2 puntos porcentuales de 33 a 44 por ciento del PIB, frente a los 13.9 puntos que subió durante los dos sexenios panistas juntos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. En este periodo panista se elevó de 19.9 por ciento del PIB en 2000 a 33.8 por ciento del PIB en 2012 alcanzando un mínimo de 17.9 por ciento del PIB en 2007, antes de la crisis económica global, de acuerdo con Hacienda.
Entre los tres Secretarios de Hacienda de Peña Nieto, Luis Videgaray –quien fue destituido del cargo tras la visita del Presidente Donald Trump– la subió a un mayor ritmo que José Antonio Meade Kuribreña (7 febrero 2017-27 noviembre 2017) y José Antonio González Anaya (27 noviembre 2017-actual), revelan los datos de la deuda pública del sector público federal.
El ahora Canciller aumentó la deuda pública un 37.30 por ciento durante su gestión de tres años; Meade un 4.09 por ciento en dos años; y González lleva un 0.93 por ciento en cuatro meses.

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¿Irán e Israel han iniciado una nueva guerra?


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¿Irán e Israel han iniciado una nueva guerra?

Autor: Red Voltaire

En respuesta a la decisión de Estados Unidos de salir del acuerdo 5+1, y teniendo además en cuenta que Israel ya los había bombardeado antes, los Guardianes de la Revolución iraníes dispararon hacia el Golán ocupado por Israel una salva de misiles desde sus bases en Siria. ¿El preludio de una nueva guerra regional? ¿O se trata más bien de una operación que persigue fines de política interna en Irán?


Damasco, Siria. En la noche del 29 al 30 de abril de 2018, Israel lanzó 9 misiles contra 2 bases militares sirias, causando importantes daños.
Lo que sorprende en esa operación es que los radares rusos no trasmitieron la alerta a las autoridades sirias, que por consiguiente no pudieron interceptar los misiles israelíes.
El hecho es que el ataque no apuntaba a objetivos sirios sino a blancos iraníes en instalaciones militares sirias.
En virtud de un tratado anterior al actual conflicto, Irán acudió en ayuda de Siria desde el inicio de la actual agresión exterior, que comenzó en 2011. Sin esa ayuda, Siria habría sido derrotada, la República habría sido derrocada y la Hermandad Musulmana habría logrado instalarse en el poder. Pero desde septiembre de 2015, Siria cuenta también con el respaldo militar de Rusia, cuyo volumen de fuego es muy superior. Fue la aviación de la Federación Rusa la que logró, con sus bombas antibunker, destruir las fortificaciones subterráneas que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la transnacional francesa Lafarge habían construido para los yihadistas. La acción de la aviación rusa abrió el camino al Ejército Árabe Sirio para la recuperación del terreno perdido.
Hoy en día, los objetivos de Irán y Rusia son divergentes.

Desacuerdo irano-ruso

El objetivo de Rusia es erradicar las organizaciones yihadistas y restablecer la paz en la región. Posteriormente, Rusia espera restaurar el vínculo histórico entre su cultura ortodoxa y Damasco, la ciudad que vio nacer el cristianismo. Ese objetivo corresponde a la estrategia trazada en el siglo XVIII por la emperatriz Catalina La Grande.
Irán es actualmente un país dividido entre tres poderes diferentes: los Guardianes de la Revolución, el poder presidencial en manos del presidente-jeque Hassan Rohani, y, para terminar, el poder del Guía de la Revolución –el ayatola Alí Khamenei– que actúa como árbitro en los conflictos entre los otros dos poderes.
Los Guardianes de la Revolución son una fuerza armada de élite, separada del ejército regular. Obedecen al Guía de la Revolución mientras que el ejército regular depende del presidente de la República Islámica. Los Guardianes de la Revolución se plantean como objetivo liberar el Oriente Medio del imperialismo anglosajón. Garantizan la protección de las poblaciones chiítas en todo el mundo y, a cambio, cuentan con esas poblaciones para la protección de Irán. Los Guardianes de la Revolución están presentes en Yemen, Irak, Siria y el Líbano.
El presidente Hassan Rohani trata de sacar la República Islámica del aislamiento impuesto a ese país a raíz de la Revolución del imam Khomeiny. Pretende desarrollar el comercio internacional y restaurar la condición de potencia regional dominante que tenía Irán en tiempos del Sah.
El ayatola Alí Khamenei, ideológicamente cercano a los Guardianes de la Revolución, trata de mantener el equilibrio entre los dos poderes anteriormente descritos y salvaguardar a la vez la unidad del país. Pero su papel ha ido haciéndose cada vez más difícil, en la medida en que van en aumento las tensiones entre los Guardianes de la Revolución y el presidente Rohani. El expresidente Mahmud Ahmadineyad –proveniente de los Guardianes de la Revolución– y su exvicepresidente Hamid Beghaie han sido proclamados “malos musulmanes” por el Consejo de los Guardianes de la Constitución [1]. El expresidente Ahmadineyad acaba de ser puesto bajo prisión domiciliaria y su exvicepresidente Beghaie fue objeto de un juicio secreto que acabó condenándolo a 15 años de cárcel.
Desde el asesinato de Jihad Moughniyah –hijo de Imad Moughniyah, el jefe militar del Hezbollah libanés– y de varios oficiales de los Guardianes de la Revolución, en enero de 2015, en la línea de demarcación que separa las fuerzas israelíes y las fuerzas sirias en el Golán, todo hace pensar que Irán trata de implantar bases militares en el sur de Siria. Al parecer se trata de planificar un ataque coordinado contra Israel desde Gaza, el Líbano y Siria.
Ése es el proyecto que Israel trata de contrarrestar y al que Rusia niega su apoyo.

Evolución de las posiciones políticas

Desde el punto de vista de la Federación Rusa, Israel es un Estado internacionalmente reconocido, con más de 1 millón de ciudadanos provenientes de la antigua Unión Soviética, y tiene derecho a defenderse, independientemente del conflicto que plantean tanto el robo de territorios por parte de Tel Aviv como su actual régimen de apartheid.
Por el contrario, desde el punto de vista iraní, Israel no es un Estado sino una entidad ilegítima que ocupa Palestina y oprime a los habitantes históricos de esa tierra. Por consiguiente, es legítimo combatirlo. Al hacerlo, sin embargo, la República Islámica va más allá del análisis de su fundador. Para el imam Khomeiny, Israel era sólo un instrumento de las dos principales potencias imperialistas, que son Estados Unidos y el Reino Unido. En los últimos años, el discurso iraní sobre Palestina se ha hecho particularmente confuso, convirtiéndose en una mezcla de argumentos políticos y religiosos y recurriendo a estereotipos antisemitas.

Hace 3 años que Israel exige que Rusia impida que Irán instale bases militares a menos de 50 kilómetros de la línea de demarcación. Al principio, Rusia resaltó el hecho que Irán había ganado la guerra en Siria, mientras que Israel la ha perdido. Por consiguiente, Tel Aviv no estaba en condiciones de exigir nada. Pero ahora, cuando el posible fin de la guerra parece cercano, la posición rusa ha cambiado: permitir que Irán inicie un nuevo conflicto no es una opción.
Se trata exactamente de la misma actitud que llevó a Rusia a bombardear, en 2008, los dos aeropuertos que Israel había alquilado en Georgia. Moscú evitó así un ataque de Tel Aviv contra Teherán. Esta vez, Rusia se opone a una iniciativa militar iraní contra Israel.

La posición de Siria

Desde el punto de vista sirio, Israel es un enemigo que ocupa el Golán ilegalmente. Durante la guerra, ese enemigo apoyó de facto a los yihadistas y bombardeó Siria un centenar de veces.
A pesar de ello, el proyecto iraní no es bienvenido. Al igual que Moscú, Damasco no cuestiona la existencia del Estado hebreo sino sólo su régimen, que excluye a los palestinos. Lo más importante es que la República Árabe Siria no busca el enfrentamiento con su vecino sino la paz. Tanto Hafez como Bachar al-Assad trataron de negociar esa paz –principalmente con el presidente estadunidense Bill Clinton– pero sus esfuerzos fueron vanos.
Por otro lado, todos saben que el ejército israelí cuenta con el apoyo total de Estados Unidos, atacarlo sería atacar a Washington. Después de 7 años de agresión extranjera, Siria no estaría en condiciones de hacerlo, ni aunque quisiera.
O sea, aunque ha aceptado permitir a Irán instalar bases en suelo sirio, Damasco no irá más allá de ese consentimiento.

El contexto irano-estadunidense

El posible fin de la guerra ha provocado la crisis actual, y también pesa sobre el futuro del acuerdo 5+1. Parece probable que Estados Unidos deje de ser garante de este último.
Pero ese acuerdo multilateral no es lo que parece. El texto firmado el 14 de julio de 2015 es exactamente idéntico al que ya se había negociado el 4 de abril. El hecho es que durante los últimos meses de aquella negociación, Washington y Teherán discutieron bilateralmente varias cláusulas secretas cuyo contenido nadie conoce.
Sin embargo, todos han podido comprobar que desde la conclusión de aquel acuerdo secreto, las fuerzas de Estados Unidos y de Irán, presentes en todo el Oriente Medio, no han llegado nunca a enfrentarse directamente.
La parte del acuerdo que todo el mundo conoce trata sobre una suspensión del programa nuclear iraní por un plazo de al menos una década, estipula un levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán y un fortalecimiento de los controles que realiza la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Ese acuerdo resulta catastrófico para Teherán que, por ejemplo, se vio obligado a renunciar a la enseñanza de la física nuclear. Pese a ello, Teherán firmó el acuerdo 5+1 con tal de obtener el levantamiento de las sanciones que afectaban gravemente su economía. Sin embargo, luego del esperado levantamiento, esas sanciones fueron restauradas de inmediato… con otro pretexto (el programa de desarrollo de misiles) y el nivel de vida de la población iraní sigue bajando.
Contrariamente a lo que afirma la propaganda occidental, la República Islámica había puesto fin a su investigación nuclear militar en 1988 porque el imam Khomeiny decretó que las armas de destrucción masiva contradicen los principios del islam. O sea, desde 1988, Irán sólo conservaba su investigación nuclear de carácter civil y algunas investigaciones sobre aplicaciones militares tácticas. Hoy en día, sólo son susceptibles de reactivar el programa nuclear militar los sectores que aspiran a seguir los pasos del régimen del Sah –o sea, el grupo cercano al presidente Rohani–. Pero no lo harán debido a las excelentes relaciones que, a pesar de todo, mantienen con Washington.
Una reunión preparatoria de la Conferencia Mundial de Seguimiento del Tratado de No Proliferación nuclear se desarrolla actualmente en Ginebra. Irán y Rusia defienden allí una moción para declarar el Oriente Medio “zona exenta de armas nucleares”, moción que encuentra la oposición de Israel, Arabia Saudita y las potencias occidentales.
La amenaza que Teherán ejerce desde Siria debe interpretarse como una forma de presionar para que se mantengan las cláusulas secretas del acuerdo 5+1.
El 8 de mayo de 2018, Donald Trump anunciaba, adelantándose a la fecha prevista, la salida de su país del acuerdo multilateral sobre el programa nuclear iraní, identificado inicialmente como 5+1 y más reciente como JCPOA. Por supuesto, eso implica que Estados Unidos ya no se atendrá a las cláusulas secretas bilaterales que había firmado con Teherán.
Aunque nadie conoce el contenido exacto de esas cláusulas, es evidente que tienen que ver con la repartición del Oriente Medio. Mientras estuvieron vigentes, las fuerzas de Estados Unidos coincidieron con las fuerzas iraníes en numerosos campos de batalla pero sin enfrentarse directamente. Esa etapa ha terminado.
Teherán tenía dos opciones: atacar a los soldados estadunidenses o atacar Israel. El general Qassem Soleimani optó por el Golán sirio, ilegalmente ocupado por Israel.
En la madrugada del 10 de mayo de 2018, hacia las 00:30 horas, la Fuerza Al-Qods de los Guardianes de la Revolución –la élite militar iraní– disparó hacia el Golán ocupado una salva de misiles desde sus bases en Siria. Israel es el arsenal del Pentágono en el Oriente Medio (con las instalaciones 51, 53, 55 y 56). Optando por la escalada, el Estado hebreo respondió de manera desproporcionada, disparando cerca de 70 misiles contra objetivos iraníes en Siria y tratando de destruir la defensa antiaérea siria.
Oficialmente, la operación iraní era una respuesta al ataque israelí del 29 al 30 de abril contra varias bases de los Guardianes de la Revolución iraníes. En aquella ocasión, la defensa antiaérea siria, quedó paralizada al no disponer de los datos que podían proporcionarle los radares rusos. Esta vez, por el contrario, la defensa antiaérea siria destruyó numerosos misiles israelíes.
Misiles israelíes y contramisiles sirios se enfrentaron durante varias horas. Aunque la salva iraní, neutralizada por el sistema israelí Cúpula de Hierro, no había causado ningún daño a los israelíes, el ataque israelí provocó varias bajas entre los iraníes y en el sistema de defensa sirio.
Esto sucede precisamente después del viaje de Benyamin Netanyahu a Moscú. El primer ministro israelí fue hasta Moscú para decirle a sus interlocutores rusos que Israel no se dejaría atacar simultáneamente desde Gaza, el Líbano y Siria.
Damasco y Moscú se ven así ante un problema derivado de su alianza con Teherán. Están agradecidos a los Guardianes de la Revolución por haber salvado la República Árabe Siria al principio de la guerra, pero ahora se ven arrastrados a un conflicto que no les pertenece: Siria y Rusia reconocen a Israel como Estado, mientras que la República Islámica de Irán rechaza ese reconocimiento.
Paradójicamente, la Casa Blanca había previsto esta situación. Donald Trump, quien estima que la paz en Oriente Medio sólo puede ser posible si cada cual acepta sus propias derrotas, considera a Irán como un peligro precisamente porque la República Islámica niega su reconocimiento al Estado de Israel. Si ha decidido trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es para empujar a todos los actores a aceptar la existencia del Estado israelí como una realidad.
En la mañana del mismo día 10, en la Conferencia de Seguridad de Herzliya, el ministro moldavo-israelí de Defensa, Avigdor Liberman, se enorgullecía –con razón– de haber defendido su país y de haber causado bajas a sus adversarios. Se dio el lujo de recordar que Israel es un país pequeño cuyos dirigentes son recibidos regularmente tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca. Y al hacerlo se felicitaba implícitamente por el actual giro de los acontecimientos, que obligará las fuerzas de Estados Unidos a quedarse en suelo sirio y a Rusia a aceptar eso.
Israel trata de presionar a Siria para que controle a las fuerzas iraníes en suelo sirio, exactamente como ha presionado a los gobiernos libaneses para que controlen al Hezbollah.
Sin embargo, esa estrategia no ha funcionado en Líbano, donde el Hezbollah es hoy la principal organización militar del país –mucho más poderosa que el ejército nacional– y es también la principal fuerza política –como acaba de quedar demostrado en las elecciones legislativas del 6 de mayo–. Claro, Siria sigue un siendo un Estado en todo el sentido de la palabra, mientras que el Líbano sigue sin lograr serlo. Por otro lado, los iraníes no son parte de la población árabe pero el Hezbollah forma parte del pueblo libanés. Así que hay que tener cuidado con la comparación entre Siria y el Líbano.
Desde el punto de vista ruso, el despliegue de los Guardianes de la Revolución junto a las poblaciones chiítas en Yemen, Arabia Saudita, Irak, Siria y Líbano es más o menos comparable al de los soldados rusos que protegen a las poblaciones rusas que viven en Transnistria, Abjasia, Osetia y Ucrania. Pero la presencia de los Guardianes de la Revolución en Gaza –donde asesoran y dirigen la organización conocido como Yihad Islámica y una facción del Hamas– no puede justificarse de la misma manera, por no entrar a mencionar su infiltración en África y en Latinoamérica.
Por otro lado, si Moscú solicitara a Teherán la retirada de sus fuerzas presentes en Siria, tendría que tomar su lugar o permitir que Ankara instalara más tropas en suelo sirio. Una retirada iraní no se aplicaría sólo a los Guardianes de la Revolución sino a las milicias chiítas afganas e iraquíes vinculadas a ellos… y el Hezbollah se vería obligado a elegir entre Siria e Irán.
Para los sirios, la situación es incómoda. Nadie en Siria tiene intenciones de expulsar a estos valiosos aliados… pero tampoco es una opción permitirles desatar un nuevo conflicto con Israel.

Varias preguntas se imponen. ¿Por qué tomaron esta iniciativa los Guardianes de la Revolución? ¿Pusieron al tanto previamente al Guía de la Revolución, Alí Khamenei? Dicho de otra manera, ¿deben interpretarse estos hechos como una amenaza real contra Tel Aviv o como una jugada de política interna iraní?
En cuanto el presidente Trump anunció que Estados Unidos se retira del JCPOA, el presidente iraní Hassan Rohani intervino en la televisión para declarar que el JCPOA es un acuerdo multilateral que no puede ser echado abajo por una sola de las partes firmantes. Pero sobre todo trató de tranquilizar a sus compatriotas asegurando que el país se había preparado para esta situación y que su nivel de vida no se verá afectado. El problema es que nadie le cree. En un solo día, la moneda iraní se derrumbó y perdió cerca de la tercera parte de su valor.
Luego intervino el Guía, Alí Khamenei, maldiciendo a Trump y dando así la impresión de confirmar que Irán enfrenta una catástrofe. Además, Khamenei puso en duda que los europeos sean capaces de enfrentarse a Estados Unidos y concluyó que también acabarán saliendo del acuerdo.
Por el momento, las empresas europeas están en espera de conocer la posición de sus gobiernos. Pero todas se preparan para la posible pérdida de sus inversiones en Irán, como ya sucedió en el momento de las primeras sanciones contra ese país.
En todo caso, mientras que Estados Unidos no ha sacado aún conclusiones militares de su propia retirada del JCPOA, los iraníes dan por recobrada su libertad de acción. Con el ataque contra Israel han respondido al presidente Trump. Es probable que mantengan la presión, en Siria y en otros lugares, hasta que Washington vuelva a la mesa de negociaciones.
Thierry Meyssan/Red Voltaire

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44 meses clamando por los 43 de Ayotzinapa



  • Marcha, a 44 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala. Foto: Benjamín Flores
    Marcha, a 44 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala. Foto: Benjamín Flores
  • Cientos de familiares y amigos de los estudiantes caminaron sobre Paseo de la Reforma. Foto; Benjamín Flores
    Cientos de familiares y amigos de los estudiantes caminaron sobre Paseo de la Reforma. Foto; Benjamín Flores
  • La marcha tuvo destino final en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Benjamín Flores
    La marcha tuvo destino final en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Benjamín Flores
  • El grueso de la vanguardia. Foto: Benjamín Flores
    El grueso de la vanguardia. Foto: Benjamín Flores
  • Ayotzinapa, a 44 meses. Foto: Benjamín Flores
    Ayotzinapa, a 44 meses. Foto: Benjamín Flores
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A 44 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padre, madres y amigos de los estudiantes marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México.



Donald Trump



La Habana, Cuba. Un controversial proyecto de ley cuya discusión se reactivó en días recientes en el Senado estadunidense, intenta ampliar, aunque con ciertos matices, las facultades del presidente Donald Trump para utilizar el poderío bélico en ultramar sin apoyo del Congreso.

Los legisladores valoran una propuesta de Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) presentada el pasado 16 de abril por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, el republicano Bob Corker y su colega demócrata Tim Kaine.
La iniciativa, que aún no ha logrado un apoyo significativo, de ser aprobada otorgaría al jefe de la Casa Blanca amplios poderes para hacer la guerra, disfrazados en determinadas cláusulas que intentan neutralizar a quienes se oponen a la medida.
El proyecto está coauspiciado por los senadores demócratas Chris Coons, de Delaware, y Bill Nelson, de Florida, así como los republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Todd Young, de Indiana.
Una veintena de grupos de diversas tendencias entregó una carta el 16 de mayo pasado al liderazgo republicano en la que refieren que el proyecto Corker-Kaine constituye un “verdadero basurero de malas ideas”.
Los firmantes representan a la Unión Americana de Libertades Civiles, la ultraderechista organización Freedom Works y la entidad de tendencia liberal Indivisible.
Además, algunos legisladores objetan esta pieza legislativa porque no pone término ni limita la expansión de las operaciones antiterroristas hacia otros países o grupos extremistas no contemplados de forma explícita en el texto.
Dentro del Capitolio soplan fuertes vientos en contra, como son los casos de los senadores demócratas Bob Menéndez, de Nueva Jersey; Ben Cardin, de Maryland, y Jeff Merkley, de Oregon, quienes dijeron que la ausencia de un límite de tiempo para las operaciones en el proyecto de ley era un fuerte obstáculo para que éste avance.
Por otra parte, según el diario The Hill, un bloque bipartidista de 50 miembros de la Cámara de Representantes, bajo el liderazgo de la demócrata Barbara Lee y el republicano Walter Jones, demandó que se elabore un borrador diferente de este tipo de autorización, que sea más transparente e imponga limitaciones de tiempo al jefe del Ejecutivo.
El texto bipartidista Corker-Kaine, de unas 20 páginas, no restringe el uso sostenido de unidades terrestres y, por el contrario, autoriza el empleo de “todas las fuerzas necesarias y apropiadas” para llevar adelante las operaciones, tal y como exigen algunos halcones dentro del Capitolio.
La propuesta, de ser aprobada por el plenario senatorial, permitiría la continuación de las acciones contra Al Qaeda, el Talibán, el Estado Islámico y fuerzas asociadas, aunque no autorizaría ataques contra países soberanos. Si se convierte en ley, la legislación establecería que para usar el poderío bélico el presidente debe notificar al Congreso en un plazo de 48 horas si decide ampliar las operaciones militares hacia otras naciones además de Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Yemen y Libia o contra “fuerzas de nueva designación” y cuándo lo haría.
El proyecto ahora bajo discusión, de ser aprobado por el plenario del Senado y firmado por Trump, sustituiría a las legislaciones que en la actualidad “amparan” o al menos dan cierto matiz legal a las operaciones bélicas y que fueron aprobadas por el Capitolio tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de poderes de guerra

Pero independientemente de lo que establecen estas legislaciones puntuales, el jefe de la Casa Blanca tiene, de acuerdo con las leyes, amplias facultades para el empleo del poderío bélico estadunidense sin el visto bueno del Capitolio.
La Ley de Poderes de Guerra, aprobada en noviembre de 1973, garantiza cierto nivel de supervisión del Congreso sobre el presidente en cuanto al empleo de las Fuerzas Armadas.
El estatuto obliga al jefe de la Casa Blanca a informar al Legislativo en un plazo de 48 horas, cuando se introducen en combate Fuerzas Militares o en situaciones en las que es inminente la participación de las unidades debido a las circunstancias en el teatro de operaciones.
Adicionalmente, la ley estipula que el presidente debe poner fin a acciones militares en el exterior 60 días después de su comienzo, a menos que el Congreso proporcione una declaración de guerra “o una autorización para dar continuidad a las hostilidades”.
Según Louis Fisher, experto del Proyecto de Derecho Constitucional, “para una operación de gran envergadura, el presidente debe ir al Capitolio y buscar apoyo, aunque en 2011 la administración Obama lanzó una campaña aérea durante siete meses contra Libia y ayudó al derrocamiento del Gobierno de ese país sin la aprobación del Congreso”.

La AUMF de Obama

En febrero de 2015 el presidente Barack Obama presentó al Congreso una solicitud de AUMF para sus acciones contra el Estado Islámico en Siria e Irak, documento que se analizó posteriormente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado con la asistencia de altos jefes militares y civiles del Pentágono.
En esa ocasión, los republicanos plantearon que la petición de Obama no tenía todo el alcance que se necesitaba en esos momentos, por lo que favorecían un papel más activo de Estados Unidos en el combate a los fundamentalistas.
Por su parte, algunos demócratas se negaron a avalarla porque no intentaba prohibir de forma explícita el uso de tropas terrestres en combate.
De acuerdo con algunos expertos, en las circunstancias actuales constituye un serio peligro para la seguridad nacional del país y la estabilidad mundial darle al jefe de la Casa Blanca un cheque en blanco para el empleo del poderío bélico.
Los especialistas hacen notar el peligro de ampliar las facultades del uso del poderío bélico por parte del presidente Trump, en momentos en que se agravan las tensiones en diversos puntos del planeta debido a los afanes hegemónicos de Washington.
La compleja situación en el Medio Oriente, la incertidumbre acerca del futuro de las negociaciones sobre el conflicto en la península Coreana –a pesar de ciertas señales de distensión–, así como la guerra en Afganistán y otros posibles focos de tensión, hacen pensar que el Congreso debe pensarlo dos veces antes de darle el visto bueno a una legislación de ese tipo.
Las decisiones erráticas que caracterizan a la actual administración y la tendencia a resolver con acciones de fuerza asuntos clave de política exterior, hacen pensar a los especialistas en el peligro que representará el otorgamiento de un cheque en blanco al mandatario para usar el poderío bélico.
Aunque los legisladores no se pongan de acuerdo acerca de esta u otra propuesta similar de autorización del uso de la fuerza, el presidente de Estados Unidos tiene un amplio abanico de opciones en este tema, que le permite perpetrar una agresión armada, presentarla como un hecho consumado y después pedir apoyo al Capitolio.
Por otra parte, en proyectos como este se decreta sobre la “legalidad” del uso de la fuerza por parte del gobierno de Estados Unidos, y el papel del Congreso y la Casa Blanca, pero en ningún caso se menciona la validez de estas decisiones a la luz del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Roberto García Hernández/Prensa Latina

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Los mejores candidatos pueden perder por tener “la marca equivocada”, advierte el presidente de la Coparmex


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Los mejores candidatos pueden perder por tener “la marca equivocada”, advierte el presidente de la Coparmex

 

 


En entrevista con Proceso, el presidente de la Coparmex, Gustavo Adolfo de Hoyos, se muestra extremadamente cauto cuando se le pide su opinión sobre los atributos o defectos de un candidato presidencial en particular, aun tratándose de José Antonio Meade, cuya campaña sigue sin despegar, y de Andrés Manuel López Obrador, aborrecido de manera manifiesta por las cúpulas empresariales. De Hoyos prefiere hacer un llamado a los candidatos a la tolerancia, a la inclusión, y sentencia: “Lo que vamos a ver en esta elección es que los mejores candidatos pierdan por tener la marca equivocada”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La pregunta fue clara:
“Hay la percepción en muchos sectores de que, como se dice en la jerga boxística, José Antonio Meade es, libra por libra, el candidato mejor preparado y el que podría armar un equipo de gobierno más sólido, con la mayor experiencia. Pero es abrumadora la mayoría que habla de sus nulas posibilidades de ganar, por la simple razón de que es el candidato del PRI y la gente, definitivamente, ya no quiere saber más del partido que es la gran losa que carga el candidato. ¿Usted qué posibilidades reales le ve?”.
Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y uno de los empresarios más activos y críticos del actual proceso electoral, responde: “No puedo pronunciarme sin desprenderme de mi calidad de presidente de una organización apartidista y hacer juicios de valor sobre el desempeño de uno u otro candidato”.
Y aun cuando no responde de manera directa, elípticamente es contundente: “El desempeño de los partidos marca el destino de sus candidatos, sea para la Presidencia, una gubernatura o cualquier otro cargo de elección popular. Eso es normal en una democracia”.
Amplía su razonamiento:
“Lo que vamos a ver en esta elección –y lo digo de manera plural, porque así no hago individualizaciones– es que los mejores candidatos pierdan por tener la marca equivocada.
“El sistema de partidos se construye bajo la premisa de que los ciudadanos, cada tres o cada seis años, tienen la opción de castigar a las formaciones políticas que han incumplido con la sociedad; así está construido en sus fundamentos el sistema de partidos.
“Entonces, los partidos que incumplen hacen que sus candidatos, en el futuro, paguen la factura. Y yo creo que ese hecho –que, repito, es consustancial de la democracia– va a tener carta de naturalización en esta elección”.
Fragmento de la entrevista especial publicada en Proceso 2169, ya en circulación

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¿Qué pasa en la “tierra prometida”?


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¿Qué pasa en la “tierra prometida”?

Autor: Prensa Latina

Nueva York, Estados Unidos. Palestina es una nación traumatizada por la violencia. Desde hace años resulta algo de todos los días la muerte de compatriotas a manos de los militares de Israel, potencia ocupante que le niega el derecho a su propio territorio.

Cada día mueren palestinos a manos de las fuerzas de Tel Aviv. La impunidad de la que goza Israel le permite agredir a civiles en la Franja de Gaza y continuar su expansión por el territorio árabe.
Lo que sucede en Palestina es una tragedia en curso y se desata en gran medida por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, en una clara violación del derecho internacional. El movimiento de la sede diplomática estadunidense destruye las posibilidades de paz y, por el contrario, intensifica las tensiones.
Precisamente, los manifestantes en Gaza se oponen a esta medida unilateral y también demandan el derecho a regresar a sus tierras ancestrales, de las que fueron expulsados.
Los que utilizan drones, tanques y armas de fuego para atacar a los civiles son las fuerzas de ocupación de Tel Aviv, aunque paradójicamente se sigue culpando a las víctimas.
Israel es el único país que no reconoce fronteras geográficas para su nación y se expande por el territorio palestino sin ningún tipo de límites. Frente a tal escenario, la Organización para la Liberación de Palestina pide el cumplimiento de las legislaciones internacionales.
Resulta una desconexión de la realidad asegurar que la apertura de la embajada norteña en Jerusalén no se relaciona de forma alguna con las protestas en Gaza. Al parecer, la embajadora estadunidense cree que todo cuanto hace Palestina es anti-israelí. Sorprende que las autoridades de un Estado que debe tanto a los migrantes, discriminen a las personas por su origen.
Desde el anuncio del presidente Donald Trump de reconocer Israel como capital de Israel y hasta la fecha, unos 150 palestinos han muerto debido a la violencia.
Washington emplea la coerción para lograr apoyo, como en el caso de Guatemala y otros países, que tienen una estrecha relación con la Estados Unidos: no se trata sólo de una cuestión política, hay muchos intereses de por medio.
Estados Unidos se ha mostrado como defensor del derecho a la protesta, así lo hicieron en el caso de Irán. Pero cuando son los palestinos quienes se levantan contra la ocupación, entonces los califican de terroristas.
Basta de culpar a Hamas (grupo insurrecto islámico palestino) de todo, las protestas en Gaza son movimientos espontáneos de quienes exigen el cese de la ocupación y el respeto a sus derechos. Israel es quien destruye las aldeas y las ciudades palestinas, quien expulsa a esas personas de sus hogares y limita su capacidad de movimientos.
Los palestinos protestan en su propia tierra y piden respeto a sus derechos, se trata de una cuestión básica de supervivencia. Si se mira bien un mapa, los territorios en los cuales –según dice Israel– los palestinos intentan penetrar por la fuerza, forman parte en realidad de Palestina, de acuerdo con las fronteras establecidas en el acuerdo para la conformación del Estado judío. Israel se ha empeñado en cambiarlo todo en Jerusalén, los nombres de las calles, de los lugares más conocidos, de los barrios…
Este lugar debe estar abierto a todas las religiones de las cuales es cuna y no una ciudad cerrada como lo resulta ahora gracias al empeño de Tel Aviv.
Las autoridades israelíes sólo han dejado un 12 por ciento de Jerusalén a los palestinos, añadió; los pocos que todavía viven allí deben mandar a sus hijos a las escuelas fuera de la ciudad y si la familia se extiende, no se les permite ampliar su vivienda o construir otra casa.
Todavía hoy, 70 años después de la creación de Israel, no existe un Estado de Palestina de conformidad con las fronteras internacionalmente pautadas en 1967, año en que Tel Aviv comenzó a acelerar su expansión y se apoderó de más tierra árabe, incluida una parte de Siria.
En 1947, Naciones Unidas estableció la partición de Palestina para ceder 55 por ciento de ese territorio a un Estado judío: Jerusalén debía ser la capital compartida.
Israel –que se autoproclama la “única democracia en Medio Oriente”– no declara aún sus fronteras oficiales ni posee una Constitución.
Aunque la anexión de tierras mediante la conquista militar es ilegal, según el derecho internacional moderno, el gobierno de Tel Aviv cuenta con el apoyo de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y una de las naciones más influyentes en la política y la economía mundial: Estados Unidos.
El conflicto es bien desigual en muchos términos y las peores consecuencias las siguen pagando los palestinos. Mientras desde un lado lanzan piedras y cocteles molotov hacia la arbitraria valla fronteriza, desde el otro responden con fuego vivo, y ataques indiscriminados de drones y tanques de guerra. Los muertos y heridos los pone Palestina.
Ibis Frade/Prensa Latina

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Auditorías inéditas muestran pagos irregulares por 765 mdp en Nuevo Aeropuerto


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aristeguinoticias.com

Auditorías inéditas muestran pagos irregulares por 765 mdp en Nuevo Aeropuerto

 

 


Auditores observan anomalías en contrataciones con dependencias públicas, las cuales han servido para evadir licitaciones por más de 6 mil millones de pesos.
Las autoridades que construyen el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) han incurrido en pagos irregulares para obras o bienes que no se han entregado o no fueron aprobados y, en diversos procesos, han incumplido las normas de contratación y administración de obras públicas, muestran auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC).
Las observaciones de auditores internos que ahora revela Aristegui Noticias son por 765 millones 885 mil pesos. A esta cifra hay que sumar las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de 2016, que son por mil 17 millones de pesos.
De esta forma, las irregularidades documentadas, hasta ahora, son por mil 783 millones de pesos.
Además de pagos irregulares, los auditores han encontrado fallas en los sistemas de contratación.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha firmado convenios de colaboración con otras dependencias (como el Ejército, CFE, la UNAM, etc.) que no comprobaron tener capacidad técnica para realizar trabajos para los cuales fueron contratadas; este esquema les ha permitido evadir licitaciones públicas por más de 6 mil millones de pesos, muestran los documentos públicos.
Las empresas que han incurrido en actuaciones fuera de la norma van desde la encargada del diseño, FP-Free, hasta las responsables de obras periféricas que se realizan en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, según las primeras revisiones.
GACM afirmó, mediante correo electrónico, que ningún proceso está terminado al 100 por ciento y que al momento hay 29 procedimientos administrativos contra empresas o servidores públicos como resultado de conductas irregulares.
Las auditorías revisadas por Aristegui Noticias son parte de los intentos institucionales para frenar la corrupción desde las propias dependencias, mediante un esquema administrativo de observación del gasto y protocolos legales.
La primera etapa del proyecto está valuada en 186 mil millones de pesos y ha estado en el ‘ojo del huracán’ tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, quien ha dicho que planea cancelarla o entregarla totalmente a la iniciativa privada.

A CIEGAS
Según la página de transparencia, GACM tiene contratos por 6 mil 231 millones de pesos con dependencias públicas y universidades, lo que le permite realizar obras y estudios sin realizar licitaciones públicas.
La auditoría 01/2016 indica que las autoridades no acreditaron que las dependencias y entidades que participan en el proyecto tuvieran en efecto la capacidad técnica, material y humana para cumplir sus contratos.
Esta auditoría fue firmada por el titular del Órgano Interno de Control, José Alberto Calleros, y fue enviada al director general de GACM, Federico Patiño Márquez.
El documento solicita a las autoridades establecer los mecanismos que indica la legislación para fortalecer los procesos de compra.
En este rubro participan el Ejército mexicano (Sedena), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Servicio de Protección Federal y los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem).
Un reportaje de Aristegui Noticias documentó que Sedena obtuvo un contrato para construir la barda y camino perimetral del aeropuerto, pero en realidad subcontrató todas las tareas.

PAGOS IRREGULARES
En diciembre de 2017, los auditores ordenaron a la empresa FP-Free el reintegro de 754 millones 724 mil pesos por cobros que realizó fuera de la norma.
FP-FREE es el despacho de arquitectura que encabeza Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, uno de los empresarios que participa en la construcción y financiamiento del nuevo aeropuerto y quien ha defendido públicamente la necesidad de concluirlo.
FP-FREE, en consorcio con Servicios Smart Free a tu Nivel y Havaux y Foster + Partners Limited (del británico Norman Foster), está encargada del diseño de la terminal aérea mediante un contrato por 2 mil 692 millones de pesos, según la página de transparencia del proyecto.
La auditoría 05/2017 incluye siete observaciones, de las cuales dos se refieren al despacho de arquitectura por cobros que realizó al GACM fuera de norma.
La primera observación ordena al despacho regresar 61 millones 501 mil 723 pesos. Los revisores encontraron dos cargos improcedentes en el rubro de mano de obra, los cuales ya debían estar incluidos en su cotización original.
La segunda observación indica que GACM pagó 693 millones 222 mil pesos al despacho por trabajos extraordinarios que no estaban contemplados en el contrato original.
El documento indica que la dependencia no autorizó por escrito las “Estimaciones Extraordinarios” que se entregaron con conceptos fuera del catálogo, por lo que se ordenó el reintegro mediante descuentos en las siguientes facturas.
Dentro de estos conceptos destaca “mejoras y crecimiento” del diseño del Edificio Terminal, Torre de Control, Estación Intermodal y Estacionamiento; además de labores de “Evaluación de Amenaza de Explosivos” para el Edificio Terminal.

Las observaciones se recibieron el 17 y 19 de diciembre de 2017 y el OCI dio como plazo para subsanarlas hasta el 23 de febrero de 2018. En los documentos revisados en mayo por Aristegui Noticias no se observa ninguna actualización o trámite de estos procesos.
Mediante correo electrónico, Grupo Aeroportuario confirmó que no hay procesos administrativos que estén terminados al 100 por ciento, por lo cual las observaciones todavía se pueden subsanar.
Las auditorías fueron recibidas por Jaime Madinaveitia Villanueva, subdirector técnico de Procesos de Licitación, y por Jorge Ramírez Lavín, gerente de Residencia de Obra y de Lado Tierra, ambos de GACM.
Los auditores son Víctor Reyna Montalván, Felipe Parás García y Osvaldo Cárdenas Avelar, del Órgano Interno de Control.
Las observaciones restantes indican que la empresa que revisa los trabajos, Supervisión Infraestructura Aeroportuaria, instaló oficinas provisionales en la zona de obras para empleados de GACM, pero en realidad los lugares estaban ocupados por la contratista, por lo cual se ordenó la recuperación de 200 mil pesos.
Además, la bitácora de obra se abrió 23 días tarde y se ordenó la revisión de retenciones de impuestos.
FRAUDE AL PRESUPUESTO  
El 10 de abril de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó la inhabilitación por tres meses de Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos (Tracotamsa), una de las contratistas del aeropuerto, aunque no reportó el motivo.
La firma es propiedad de Rolando Cantú Barragán, primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y propietario de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
La auditoría 03/2017 revela que la empresa recibió pagos por 6 millones 782 mil pesos por “obra no ejecutada”, como parte del contrato por 54 millones de pesos para pavimentar calles del municipio de Texcoco.
Además de construir el aeropuerto, GACM tiene presupuesto para realizar obras de impacto social en municipios aledaños, como pavimentación de calles o incluso techar escuelas de nivel básico.
La empresa de Cantú Barragán tenía el objetivo de pavimentar 81 calles, pero sólo realizó los trabajos en 64. Además, los auditores encontraron que la firma decidió pavimentar nueve avenidas que no se especificaron en el contrato. En este rubro las irregularidades fueron por 4 millones 379 mil 559 pesos.
Entre otras fallas, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pagó 508 mil pesos a Tracotamsa por trabajos no autorizados y la bitácora de obra se abrió 18 días tarde.

La auditoría se entregó el 29 de septiembre de 2017 a Jaime Madinaveitia, subdirector de Procesos de Licitación y a Carlos Salinas Falero, gerente de residencia de obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado Tierra.
Los auditores fueron Jorge Organista Ordaz, Felipe Parás García, Judith Lerma Martinez, Osvaldo Cárdenas y Eduardo Martínez Legorreta.
En otra auditoría, el OIC encontró un pago por 365 mil 764 pesos a la empresa Acciones Grupo de Oro, por una computadora con tarjeta NVIDIA QUDRO K2200 y un rack (mueble que sirve para alojar equipo de cómputo y comunicaciones) para la sala “Show Room” del campamento, equipo que nunca se entregó.
FISCALIZACIÓN INCOMPLETA
La base de datos de las auditorías indica que el Órgano Interno de Control del GACM comenzó a operar el 15 de octubre de 2015, por lo que no hay revisiones internas a las tareas que se realizaron anteriormente.
Este tipo de revisiones  internas son de tipo administrativo y se complementan con el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aristegui Noticias consultó a GACM sobre los procesos vigentes y cuáles han sido sus consecuencias.
Mediante correo electrónico, la dependencia afirmó que: “Hasta el momento, las observaciones que han sido determinadas por el Órgano Interno de Control se encuentran en proceso de atención o solventación dentro de los términos que prevé la Ley para tal efecto, donde en caso de que dichas observaciones persistan, darán lugar a que se lleven a cabo las acciones tendientes a la recuperación de los montos que no hayan sido aclarados”.
La dependencia informó que “se cuenta con información que revela un total de 29 procedimientos administrativos instruidos ya sea en contra de empresas que participan en los diferentes procesos de contrataciones y/o servidores públicos, como resultado de conductas irregulares efectuadas en sus diferentes competencias”.
Sostuvo que “el Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario, se encuentra realizando los seguimientos e investigaciones necesarias para que los procedimientos administrativos se lleven a cabo hasta su consecución, con la finalidad de allegarse de los elementos suficientes y competentes que le permita en su caso, imponer las sanciones a que haya lugar en términos de Ley”.
“En consecuencia, resulta viable afirmar que en esta Entidad las observaciones del Órgano Interno de Control se respetan y se cumplen al cien por ciento”, afirmó la institución.

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Meade compró la frase “soy el más chingón” y no la pagó


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Meade compró la frase “soy el más chingón” y no la pagó

 

 

José Gil Olmos

El desesperado intento de José Antonio Meade por repuntar en las preferencias electorales no rinde frutos. Su anunciado “relanzamiento” no consistió en adaptar su oferta política ni en liberarse de lastres priistas, sino en proyectar una imagen agresiva e incorporar unas gotas de “lenguaje popular” a su discurso oficialista. Pero incluso en eso tropezó, al usar y no pagar la idea de la editorial Algarabía de echar mano de El Chingonario para acercarse a la gente en plan informal. Además, el publicista Carlos Alazraki admite que lo está entrenando para los debates porque le faltaba confianza, pero negó ser su asesor.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A poco más de un mes de que concluya la contienda electoral, Meade sigue sin poder avanzar del tercer lugar al que está amarrado desde el inicio de la campaña. Antes y después del segundo debate decidió echar a andar un segundo relanzamiento en su cruzada poco exitosa para triunfar el 1 de julio. Se lanzó como “el más chingón” y aceptó la ayuda del publicista Carlos Alazraki, que lo acompañó en el segundo debate, el domingo 20, en Tijuana, y lo hará en el tercero y último, el 14 de junio, en Mérida.
Pero las acciones y declaraciones más agresivas que empezó a utilizar, con las cuales creía alcanzar al panista Ricardo Anaya en el segundo lugar y dar la pelea a Andrés Manuel López Obrador, resultaron contraproducentes, pues fueron recibidas con severas críticas y le han generado más problemas que beneficios.
Meade y el vocero de su campaña, Javier Lozano, fueron duramente cuestionados por su falta de ética al difundir el spot donde se burlaban de la edad de López Obrador; por usar sin permiso y manipular una imagen del coordinador de Fotografía de Proceso, Marco Antonio Cruz, en un mensaje en redes usándola para criticar la propuesta de soberanía alimentaria hecha por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador.
También fue criticado por usar sin permiso una campaña que la revista Algarabía le había propuesto con el uso de su diccionario El Chingonario, la cual nunca pagó. Y, principalmente, por manipular en el segundo debate el caso de Nestora Salgado, al acusarla de ser secuestradora e inculpando a López Obrador por supuestamente pactar con criminales.
La excomandante de las policías comunitarias de Olinalá, Guerrero, demandó a Meade por daño moral y lo acusó de poner en riesgo a su familia porque, la misma noche en que mencionó su caso, un grupo armado atacó a sus hijos.
Pese a la demanda, Meade y su equipo siguieron con su campaña de usar a Nestora Salgado para denostar a López Obrador y su iniciativa de proponer una amnistía para los campesinos detenidos por siembra de droga y algunos otros que son víctimas del crimen organizado.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2169, ya en circulación

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