El
panorama sociopolítico mexicano es, esquemáticamente, el siguiente:
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se hará cargo en breve de la
presidencia gracias a un poderoso movimiento popular que carece de
organización, cuadros y programa pero está guiado por la voluntad de
imponer un cambio político-social acabando con el poder de la
oligarquía.
Esa ola social le concedió una gran capacidad de presión y, además, el control de ambas Cámaras del Parlamento. La derecha tradicional depende ahora fundamentalmente de sus lazos con el gran capital financiero internacional, de su gran poder financiero y económico y del control de los medios de comunicación que, aunque no fueron capaces de convencer a los electores, aún pueden envenenar a la opinión pública, sobre todo como arma político-cultural de AMLO, del cual son asesores.
Además hay un sector de la gran burguesía e incluso de las finanzas que se da cuenta del carácter insostenible para el régimen capitalista de la corrupción, la represión, la alianza con la delincuencia, la sumisión a Trump. Esta capa teme un estallido popular y está dispuesta a ceder terreno político para seguir haciendo buenos negocios y monopolizar el mercado interno mexicano y por eso aceptó el gobierno de AMLO.
Por último, una gran magma en continua evolución, compuesta por diferentes estratos económicos, étnicos, regionales y culturales, oscila entre, por un lado, las clases y sectores populares que apoyaron a AMLO y, por otro, la oligarquía aliada de las transnacionales y el capital financiero.
Esa vasta burguesía pequeña, compuesta por pymes, pequeños comerciantes, talleristas y otros propietarios, se suma a las clases medias urbanas y rurales compuestas por una polvareda social que teme proletarizarse y que ha adoptado los valores de la oligarquía y del capital financiero internacional. En ese gran milhojas social, dividido en capas y estamentos, figuran también los jefes y oficiales castrenses y los abogados y financistas de esa tercera parte del capital financiero que vive del narcotráfico, la trata de personas y la venta de armas.
Las fuerzas armadas reclutan sus soldados y suboficiales en los sectores populares. Los oficiales, naturalmente, tienden a inclinarse por el Orden de la oligarquía y muchos de ellos piensan como ella pero existen pequeñas minorías honradas y con mayor nivel cultural a las que les repugna el papel de policía, guardia pretoriana o incluso policía fronteriza de Trump. En cuanto a los narcos, no pueden vivir sin el apoyo gubernamental.
Los sectores populares votaron por transformar socialmente a México. Espontáneamente tienden a la autonomía, a la autogestión, a la descentralización para responder a las necesidades territoriales y regionales. Votaron esperanzas no capitalistas o anticapitalistas. Las clases medias, en cambio, no discuten el marco burgués ni el verticalismo estatal y piden medidas democratizadoras y modernizadoras. La oligarquía no quiere ceder nada y el sector de la burguesía que espera seguir lucrando con el pejepresidente, busca sólo modificaciones cosméticas y es centralista y verticalista, como la oligarquía.
Se oponen así en los hechos tres “programas” tácitos y dos concepciones del Estado: la descentralizadora, federalista in noce, comunalista, comunitaria, democrática y la unitaria y verticalista, que piensa, como el boliviano García Linera, que el Estado debe ser centralista para dirigir desde arriba el desarrollo (capitalista). Las clases medias, que no son anticapitalistas, siguen hoy a los sectores populares contra la oligarquía pero comparten los valores burgueses que pesan también sobre los trabajadores pero chocan con su vida cotidiana.
AMLO concedió a lo que llama “su base” el importante puente con el CNTE para eliminar la Ley de Educación y también cedió en Texcoco. Pero le dio mucho más al sector de la gran burguesía que lo apoya con la Ley Agraria reaccionaria de Monreal, al nombrar como asesores a empresarios priístas y al concederle la construcción de un sistema integrado de aeropuertos metropolitanos y, sobre todo, los proyectos del tren maya y de transformación del Istmo de Tehuantepec.
Este último es un refrito de un proyecto anti-indígena, anticampesino y antiecológico de Echeverría y Fox que busca transformar el territorio según los intereses del capital financiero mundial construyendo un eje multimodal de transporte para el flete entre Europa y China, desarrollar la especulación inmobiliaria, cultivar masivamente palmas aceiteras e instalar en cualquier lado molinos para la energía eólica.
El segundo es particularmente peligroso porque con su trazado actual acabaría con la reserva ecológica principal de Chiapas y del país, destruiría las comunidades y la vida campesina e indígena, desarrollaría planes inmobiliarios y turísticos altamente dañinos para el territorio, daría un golpe de muerte a la cultura y la lengua mayas y ofrecería al narcotráfico grandes oportunidades para el lavado de dinero. La decisión adoptada sin consulta alguna de crear Zonas Económicas Especiales en manos del gran capital extranjero y nacional, como la que existe en el Orinoco gracias a Maduro, despojaría a las poblaciones indígenas de su derecho a decidir sobre su territorio y destruiría el ambiente y los bienes comunes. Miles de asambleas deben condenar esos proyectos cuando aún están en el papel.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Esa ola social le concedió una gran capacidad de presión y, además, el control de ambas Cámaras del Parlamento. La derecha tradicional depende ahora fundamentalmente de sus lazos con el gran capital financiero internacional, de su gran poder financiero y económico y del control de los medios de comunicación que, aunque no fueron capaces de convencer a los electores, aún pueden envenenar a la opinión pública, sobre todo como arma político-cultural de AMLO, del cual son asesores.
Además hay un sector de la gran burguesía e incluso de las finanzas que se da cuenta del carácter insostenible para el régimen capitalista de la corrupción, la represión, la alianza con la delincuencia, la sumisión a Trump. Esta capa teme un estallido popular y está dispuesta a ceder terreno político para seguir haciendo buenos negocios y monopolizar el mercado interno mexicano y por eso aceptó el gobierno de AMLO.
Por último, una gran magma en continua evolución, compuesta por diferentes estratos económicos, étnicos, regionales y culturales, oscila entre, por un lado, las clases y sectores populares que apoyaron a AMLO y, por otro, la oligarquía aliada de las transnacionales y el capital financiero.
Esa vasta burguesía pequeña, compuesta por pymes, pequeños comerciantes, talleristas y otros propietarios, se suma a las clases medias urbanas y rurales compuestas por una polvareda social que teme proletarizarse y que ha adoptado los valores de la oligarquía y del capital financiero internacional. En ese gran milhojas social, dividido en capas y estamentos, figuran también los jefes y oficiales castrenses y los abogados y financistas de esa tercera parte del capital financiero que vive del narcotráfico, la trata de personas y la venta de armas.
Las fuerzas armadas reclutan sus soldados y suboficiales en los sectores populares. Los oficiales, naturalmente, tienden a inclinarse por el Orden de la oligarquía y muchos de ellos piensan como ella pero existen pequeñas minorías honradas y con mayor nivel cultural a las que les repugna el papel de policía, guardia pretoriana o incluso policía fronteriza de Trump. En cuanto a los narcos, no pueden vivir sin el apoyo gubernamental.
Los sectores populares votaron por transformar socialmente a México. Espontáneamente tienden a la autonomía, a la autogestión, a la descentralización para responder a las necesidades territoriales y regionales. Votaron esperanzas no capitalistas o anticapitalistas. Las clases medias, en cambio, no discuten el marco burgués ni el verticalismo estatal y piden medidas democratizadoras y modernizadoras. La oligarquía no quiere ceder nada y el sector de la burguesía que espera seguir lucrando con el pejepresidente, busca sólo modificaciones cosméticas y es centralista y verticalista, como la oligarquía.
Se oponen así en los hechos tres “programas” tácitos y dos concepciones del Estado: la descentralizadora, federalista in noce, comunalista, comunitaria, democrática y la unitaria y verticalista, que piensa, como el boliviano García Linera, que el Estado debe ser centralista para dirigir desde arriba el desarrollo (capitalista). Las clases medias, que no son anticapitalistas, siguen hoy a los sectores populares contra la oligarquía pero comparten los valores burgueses que pesan también sobre los trabajadores pero chocan con su vida cotidiana.
AMLO concedió a lo que llama “su base” el importante puente con el CNTE para eliminar la Ley de Educación y también cedió en Texcoco. Pero le dio mucho más al sector de la gran burguesía que lo apoya con la Ley Agraria reaccionaria de Monreal, al nombrar como asesores a empresarios priístas y al concederle la construcción de un sistema integrado de aeropuertos metropolitanos y, sobre todo, los proyectos del tren maya y de transformación del Istmo de Tehuantepec.
Este último es un refrito de un proyecto anti-indígena, anticampesino y antiecológico de Echeverría y Fox que busca transformar el territorio según los intereses del capital financiero mundial construyendo un eje multimodal de transporte para el flete entre Europa y China, desarrollar la especulación inmobiliaria, cultivar masivamente palmas aceiteras e instalar en cualquier lado molinos para la energía eólica.
El segundo es particularmente peligroso porque con su trazado actual acabaría con la reserva ecológica principal de Chiapas y del país, destruiría las comunidades y la vida campesina e indígena, desarrollaría planes inmobiliarios y turísticos altamente dañinos para el territorio, daría un golpe de muerte a la cultura y la lengua mayas y ofrecería al narcotráfico grandes oportunidades para el lavado de dinero. La decisión adoptada sin consulta alguna de crear Zonas Económicas Especiales en manos del gran capital extranjero y nacional, como la que existe en el Orinoco gracias a Maduro, despojaría a las poblaciones indígenas de su derecho a decidir sobre su territorio y destruiría el ambiente y los bienes comunes. Miles de asambleas deben condenar esos proyectos cuando aún están en el papel.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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