Organización internacional pide a EPN sustituir Frontera Sur y que migración sea considerada crisis humanitaria
(11 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Pilar Trujillo,
directora ejecutiva de la Consejería en Proyectos –organización que
impulsa la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de la
población migrante hondureña- declaró que la aplicación del
Programa Frontera Sur,
desconoce los derechos de la población migrante y es lesiva para los
intereses de este grupo, por lo que urgió al gobierno mexicano a
valorarlo y que “en la medida de lo posible sea sustituido”.
“Recomendamos que el impacto del Programa Frontera Sur sea evaluado.
Creemos que está desconociendo por completo, el interés superior del
niño que proclama el gobierno mexicano pero que no está cumpliendo. Debe
hacerse una revisión y una transformación”, sostuvo la analista, en
entrevista con
Revolución TRESPUNTOCERO.
Trujillo explicó, tras la presentación del informe sobre Honduras y
su migración en el Senado de la República, que esta situación no puede
ser solucionada por un solo país, sino que tiene que ser afrontada a
través de una acción de carácter regional que involucre al gobierno de
México.
Entre las recomendaciones que la Misión hace a la administración de
Peña Nieto resalta la necesidad urgente de que el tema migratorio sea
considerado como una crisis humanitaria y tenga una respuesta encaminada
a la promoción y defensa de los derechos humanos; de la protección de
la población migrante y también, por la garantía de los derechos de las
organizaciones que trabajan en su defensa.
“Hemos constatado que existe una sistemática violación de los
derechos de la población migrante en los países de Norteamérica y tiene
que ver, incluso, con que no se les brinde la información adecuada; por
ejemplo, informarles que tienen derecho a solicitar refugio, que no
pueden ser detenidos -como lo están siendo en México- por el simple
hecho de no tener papeles porque eso no es un delito, es simplemente un
problema administrativo. Esas detenciones no solo son injustas, sino
arbitrarias”, explicó Trujillo.
México: mirada “de carácter represivo”
La organización internacional recomendó además al Estado mexicano,
que se maneje con total respeto a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, pues “son
los que más sufren en la ruta migratoria y sus derechos son completamente violados”.
Otro grave problema del gobierno mexicano, apuntó Trujillo, se
relaciona con la deportación, pues los funcionarios y las dependencias
involucradas en la materia, carecen de una perspectiva de defensa y
protección de derechos.
“Lo que el gobierno mexicano ha venido haciendo fundamentalmente, es
asumir el asunto como un tema de deportación…pedimos que no haya una
mirada exclusiva de carácter represivo. La mirada de seguridad que
propone el gobierno mexicano debe ser transformada por un enfoque de
mayor responsabilidad con los derechos humanos”, abundó la experta.
Respecto a la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM),
Trujillo argumentó que el principal problema, es que esta dependencia
considera que las detenciones que realiza son encaminadas a la
protección de la población frente a los peligros de los grupos del
crimen organizado o del narcotráfico, pero “consideramos que esto
constituye por sí mismo una detención”.
A esta problemática se suma la deficiente atención que se brinda a la
población migrante en los centros de detención, pues por ejemplo; las
mujeres que están embarazadas son deportadas a su país se origen por la
vía terrestre, en trayectos de entre 12 y 30 horas, lo que implica que
viajen en condiciones inhumanas.
Trujillo solicitó que los menores repatriados sean acompañados, pues “pudimos verificar que hay
niños y niñas llegando
a San Pedro Sula que son depositados por autoridades mexicanas en
aerolíneas comerciales sin el acompañamiento de oficiales de protección a
la infancia. Esta es otra medida urgente que se tiene que tomar”.
La experta abundó en la necesidad de que haya una mayor articulación
entre todos los organismos involucrados en la materia, luego de que
documentaron maltratos y abusos contra los migrantes, además de exigir
que haya sanciones para los funcionarios o agentes del Estado que
cometan este tipo de agresiones.
Trujillo informó que en una reunión que sostuvo el pasado lunes con
el Quinto Relator de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
y su equipo de trabajo, hizo patente su preocupación por la ausencia de
los cónsules hondureños en las rutas migratorias de México.
Sobre el asesinato de migrantes en diversas zonas de nuestro país,
Trujillo se pronunció por una investigación profunda y exhaustiva, pues
considera que la tasa de impunidad que prevalece en nuestro país es
“altísima”.
De acuerdo al Centro de Atención al Migrante Retornado, durante el
primer semestre de este año, fueron deportadas, desde México a Honduras,
24 mil 30 personas. Las estadísticas apuntan a que nuestro país detiene
y deporta tres veces más migrantes que el propio Estados Unidos.
Además, la militarización fronteriza y el fuerte control migratorio
implementado por el gobierno de Peña Nieto obligan a que los migrantes
opten por otras rutas menos transitadas, lo que incrementa los riesgos y
sus vulnerabilidades. Los Comités de Familiares de Migrantes tienen
documentados más de 400 casos de migrantes desaparecidos a lo largo de
la ruta migratoria.
Políticos y funcionarios públicos, entre los agresores
La Misión Internacional de Verificación se llevó a cabo en Honduras,
en julio pasado, con el objetivo de comprender las causas de la
migración forzada de la población hondureña.
Los resultados arrojaron que anualmente, entre 75 y 100 mil personas
de esta nacionalidad abandonan su país –la mayoría a causa de la
violencia- sin embargo, al internarse en el nuestro, también son
víctimas de los grupos criminales y de funcionarios públicos que
transgreden sus derechos humanos.
Entre los responsables de las violaciones de derechos humanos de la
población migrante, la Misión identifica a políticos, autoridades,
agentes de migración, funcionarios consulares, miembros de la policía y
operadores de justicia por abusos como la revictimización de migrantes,
malos tratos, abusos y cobro de sobornos para que les dejen continuar su
camino.
Como responsables de violencia contra la población migrante se
identificó a grupos del crimen organizado, maras y pandillas, coyotes,
delincuencia común y compañías ferrocarrileras, quienes no se
responsabilizan de los accidentes y delitos que suceden en los trenes.
Además de las recomendaciones arriba señaladas, la Misión pide al
gobierno mexicano ampliar el número de reconocimientos de solicitudes de
la condición de refugiado, implementar políticas públicas dirigidas a
prevenir, proteger y sancionar los delitos y las violaciones de derechos
humanos de las que es víctima la población migrante, así como dar
seguimiento a la implementación de la Comisión Forense para el acceso a
la justicia a víctimas y sus familiares extendida a lo largo de la ruta
migratoria por la Procuraduría General de la República (PGR).
Subrayan que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) debe
proceder conforme a derecho e informar apropiadamente a todas las
personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias sobre su
derecho a solicitar asilo en tanto que las autoridades migratorias
mexicanas deben proporcionar información que explique a los migrantes
que realicen este trámite, que durante el proceso de su solicitud, no
tienen que estar en centros de detención y pueden permanecer en las
casas del migrante.
“En la búsqueda y localización de la población migrante, el gobierno
de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de los
derechos humanos el acceso a los centros de detención y de recepción de
migrantes”, consigna el documento.
![[El oro cae 0.6 por ciento, a mil 255.70 dólares la onza. / Bloomberg / Archivo]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ts_4-qBZegGywD2Ls1m3nRuHameRCt9XFYjSAQ0LEBlb9KzerZg7WMiSNQLdFMp1KPOPPj6968lF0n2n5tNf8a8GJEdOuqwDZIctDDU68iTJwo1xWQSE7lccX5Y-flPFNXeDXMK5zwLCV-6rH8HVPGfIWiYvhrnTwJ=s0-d)
El ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio
Rodríguez, candidato de “Podemos”, fue el máximo mando militar español,
estando Carme Chacón de Ministra de Defensa del Gobierno Zapatero, en la
contribución militar española a la OTAN y al AFRICOM , en los
bombardeos genocidas realizados por dicha organización militar y mando
militar estadounidense, respectivamente, en Libia, destruyéndola
totalmente. Causando dicha intervención criminal imperialista más de
50.000 muertes, con el magnicidio de Gadafi. Y esto es muchísimo más
grave que cualquier otro hecho por el que “Podemos” ha exigido u
obligado a dimitir o a cesar a personas que no han tenido una conducta
ética en su vida pública o privada. Este es un caso flagrante de puerta
giratoria e inadmisible, contrario a la PAZ.
Contarán con:
