El pasado 2 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás
Maduro, afirmó: “He ordenado que a primera hora de mañana viernes, 3 de
noviembre, se inicie el pago del Bono Pdvsa 2017; pero luego de este
pago, decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda
externa y de todos los pagos de Venezuela”.
Nicolás Maduro se refería al desembolso de 1.121 millones de dólares
por la amortización del bono de Pdvsa que vence este año. Pero aún el
viernes 10 de noviembre, los inversionistas no habían recibido el dinero
en sus cuentas.
Los seguros por incumplimiento de pagos
Debido a la tardanza, el pasado miércoles los inversionistas
solicitaron a la Asociación Internacional de Swaps y Derivados
Financieros (ISDA por sus siglas en inglés) que se pronunciara sobre si
procedía el pago de los Credit Default Swap (CDS). El CDS es un derivado
financiero diseñado para transferir exposición a riesgo de impagos. Los
inversionistas que poseen bonos se “aseguran” a través del uso de CDS.
En caso de impago, el asegurador se compromete a cancelar al
inversionista la prima del instrumento y todos los intereses que se
hubiesen hecho entre el momento del default y la fecha de maduración del
papel. Los CDS operan como una póliza de seguro contra la eventualidad
de un default que es como técnicamente se conoce cuando un país no paga a
tiempo sus compromisos.
La ISDA comenzó a discutir el caso de PDVSA ayer, y hoy viernes
señaló que volverá a reunirse el próximo lunes a las 12 del mediodía,
hora de Nueva York, para continuar deliberando y decretar si ya son
exigibles o no los CDS relacionados con el bono de PDVSA que debió
pagarse hace una semana.
La lentitud podría deberse a que por vías extraoficiales el mercado
tiene la noticia de que Pdvsa hizo el desembolso y en las próximas horas
podría concretarse el pago. Víctor Silva, presidente de Kapital
Consultores, explica que el mercado ha reaccionado positivamente a esta
posibilidad y el precio de los bonos de Pdvsa y la República
experimentaron este viernes una ligera recuperación.
El plazo para los intereses
El mercado seguirá a la espera. Pdvsa y la República pueden atrasarse
hasta 30 días en el pago de los intereses de sus bonos sin incurrir en
un default y el monto atrasado por este concepto es relevante. En el
caso de la República se trata de 437 millones de dólares y en el de
Pdvsa 355 millones que deberán ser pagados antes de que expire el plazo.
Los bonos de Corpoelec
La incertidumbre también arropa a quienes tienen bonos de Corpoelec.
Esta empresa estatal debió cancelar el jueves de esta semana 28 millones
de dólares por intereses correspondientes a una emisión de bonos por
650 millones de dólares. De acuerdo con Wilmington Trust, fiduciario del
título, el pago no llegó y en consecuencia difundió un comunicado
señalando que “el hecho de que el emisor no pagara los intereses (…)
constituye un incumplimiento bajo el contrato”.
No obstante,
Corpoelec informó a través de su cuenta Twitter que desembolsó los recursos el 8 de noviembre, pero “cambios en la operatividad han afectado las transacciones”.
El incumplimiento en el pago de los compromisos de Corpoelec no tiene
impacto sobre la deuda en bonos de Pdvsa y la República como no lo tuvo
en el pasado el default que hizo el Estado al no pagar los bonos de
Sidetur, otra empresa pública.
El desequilibrio
Entre 2004-2012 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su
historia. Al país ingresó una enorme cantidad de petrodólares con
excepción de la caída de la economía de 2009-2010. Pero la
administración de Hugo Chávez decidió endeudarse velozmente bajo el
convencimiento de que el plan socialista necesitaba de una mayor dosis
de dinero. En este período, solo por los bonos emitidos por Pdvsa y el
gobierno central,
la deuda se triplicó de 21 mil 120 millones de dólares a 67 mil 714 millones.
El dinero recibido por los préstamos se destinó a proyectos sin
capacidad de generar dólares, y a diferencia del resto de los países
petroleros, Venezuela no creó un fondo de ahorros; por lo tanto, bastaba
que el barril de petróleo descendiera para que el peso de la deuda
comenzara a doblar la espalda de la economía.
Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, precisa que entre
2005-2008 el pago de capital e intereses que el país debía desembolsar
anualmente por la deuda solo equivalía al 10% del dinero que ingresaba
por las exportaciones. Pero en 2015 alcanzó el 50% y los venezolanos
comenzaron a padecer una enorme pérdida de calidad de vida.
El gobierno de Nicolás Maduro ha optado por un feroz recorte de las
importaciones que se traduce en desabastecimiento de productos básicos,
empresas paralizadas por la falta de materia prima y presión
inflacionaria por el déficit de oferta. Herrera señala que en términos
per cápita las importaciones no petroleras cayeron desde 1.800 dólares
en 2012 hasta un estimado de 325 dólares este año: el mínimo en términos
históricos.
La economía acumula cuatro años de declive. De acuerdo con un
análisis elaborado por los economistas Luis Zambrano Sequín y Demetrio
Marotta del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
UCAB, para mantener el nivel de actividad económica en órdenes similares
a los de 2013, Venezuela requiere de importaciones por el orden de 57
mil millones de dólares y este año se calculan en torno a 19 mil
millones.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, resume que por el alto
costo social “al gobierno se le agotó la estrategia con la que venía
pagando la deuda. El próximo año hay elecciones presidenciales y resulta
cuesta arriba pensar que Nicolás Maduro vaya a reelegirse en un entorno
de restricción de importaciones tan agresivo, por más que las
elecciones no sean competitivas”.
En 2018 el país debe cancelar por vencimientos de bonos 8 mil
millones de dólares a los que se añaden otros 4 mil millones por
préstamos de otro tipo. Según las estimaciones del trabajo realizado por
Zambrano Sequín y Marota, “en un contexto optimista para los precios
petroleros, en 2018 las exportaciones petroleras podrían alcanzar unos
32 mil millones de dólares”, es decir, la deuda consumiría alrededor de
37% del ingreso de divisas, lo que obligaría a mantener el recorte de
importaciones para pagar a tiempo. De allí la urgencia del gobierno por
alcanzar un acuerdo que alivie los pagos.
Los escollos
Los mencionados Tamara Herrera y Asdrúbal Oliveros, así como
Francisco Rodríguez, analista de la firma Torino Capital; José Guerra,
diputado miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y
Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Católica Andrés Bello, participaron en un foro organizado
por esta universidad para analizar la posibilidad de que el gobierno
lograse un acuerdo de reestructuración o refinanciamiento.
Tamara Herrera indica que es vital un plan económico que en este
momento no existe. “Cualquier propuesta de renegociación o
refinanciamiento de la deuda necesita ser creíble y para eso se requiere
de un plan económico que garantice la sostenibilidad de la economía.
Desde 2014 solo ha habido reformas cambiarias incompletas e inútiles, no
hay ancla fiscal ni monetaria, al punto de que esperamos que este año
la masa monetaria crezca 900%”.
Otro factor a tomar en cuenta es que una operación de
refinanciamiento o reestructuración necesitaría la aprobación de la
Asamblea Nacional, la cual fue desconocida por el gobierno bajo el
argumento de que “está en desacato”. Miguel Mónaco explica que “el
artículo 100 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público
dice que el gobierno no necesita autorización previa de la Asamblea
Nacional en el caso de que la negociación conduzca a mejoras en las
condiciones de la deuda como reducción de las tasas de interés o
extensión de plazos. Pero por las dimensiones de las que hablamos, un
programa de reestructuración de la deuda sería un contrato de interés
público nacional y el artículo 150 de la Constitución, que priva sobre
la Ley de Administración Financiera del Sector Público, dice que todo
contrato de este tipo tiene que someterse a la aprobación de la Asamblea
Nacional”.
José Guerra afirma que sin un programa serio de reformas la Asamblea
Nacional no debe aprobar ninguna operación que implique nuevo
endeudamiento: “si dicen que presentan un programa económico donde
eliminan el control de cambio, el control de precios, sinceran el precio
de la gasolina, crean un subsidio social para los más necesitados, un
plan para aumentar la exportación petrolera, entonces sí se podría
pensar que la Asamblea respalde un nuevo endeudamiento. De lo contrario
me voy a oponer porque no va a haber cómo pagar”.
El 26 de agosto el presidente de Estados Unidos prohibió a las
personas naturales y jurídicas de Estados Unidos o que operen bajo la
jurisdicción de este país, financiar por más de 90 días a Pdvsa y por
más de 30 días a la República a fin de presionar al gobierno de Nicolás
Maduro, que desde su punto de vista se ha apartado del camino
democrático.
Miguel Mónaco explica que “obviamente el refinanciamiento tendría que
ser por plazos superiores a estos y la mayoría de los acreedores son
corporaciones de Estados Unidos o donde al final del camino hay una
persona natural que es estadounidense. Además, la deuda está contraída
en dólares y si el refinanciamiento es en dólares se considera que está
bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Si se hace una transferencia en
dólares a Suiza, por ejemplo, se produce una conciliación de cuenta
interbancaria en Estados Unidos y muchos bancos consideran que por esta
causa la operación está en el marco de la prohibición”.
La gran mayoría de los bonos de la República cuentan con una cláusula
de acción colectiva que indica que para modificar las condiciones de
los títulos es necesario que estén de acuerdo los inversionistas cuyos
títulos representan al menos 75% de la deuda. Este es otro tema a
evaluar.
Mónaco indica que “si los acreedores intransigentes, que no están
dispuestos a negociar una reestructuración, controlan más del 25% no va a
haber la mayoría necesaria para renegociar esa deuda, en el caso de la
República. Con la caída que hubo estos días en el precio de los bonos es
posible que estos inversionistas intransigentes hayan aumentado su
posición”.
Agrega que “cualquier reestructuración de la deuda pasa por enseriar
las finanzas públicas y cambiar el modelo económico. De cara a las
prohibiciones, pasa por restaurar el proceso democrático del país, donde
Estados Unidos y la Unión Europea vean que se han restablecido las
garantías democráticas; sin eso es difícil creer que un acreedor va a
aceptar refinanciar la deuda venezolana”.
Asdrúbal Oliveros indica que “para una reestructuración de la deuda
es necesario conformar un equipo técnico de alto nivel en lo económico,
financiero y jurídico. Eso no se ha planteado todavía. Además, hay que
colocar en la balanza los conflictos de intereses que existen a lo
interno del chavismo, grupos que tienen bonos y están ligados a actores
políticos que son claves para el sostenimiento del presidente Maduro”.
Francisco Rodríguez señala que aun suponiendo que hubiese un cambio
de gobierno y no existieran las sanciones de Estados Unidos sería
difícil reestructurar la deuda venezolana, entre otras cosas, porque
“una parte importante de esta es de Pdvsa y es atípico tener un Estado
que no puede pagar sus compromisos pero que al mismo tiempo obtiene
ingresos importantes por sus exportaciones. Es un caso inusual y los
precedentes no son buenos para los deudores”.
El default
El gobierno tiene que estar consciente de estas fuertes limitaciones,
por lo tanto, el anuncio hecho por Nicolás Maduro el pasado 2 de
noviembre de que iniciará un proceso para renegociar o reestructurar la
deuda hay que analizarlo desde el punto de vista político en un contexto
donde en 2018 el gobierno intentará ganar las elecciones presidenciales
a toda costa y para esto necesita aumentar su capacidad de importar.
Tamara Herrera explica que “el año que viene hay que cancelar 5,5
millardos de dólares por bonos de la República y si el gobierno dejara
de pagarlos el servicio de la deuda sería solo de 2,9 millardos
correspondiente a bonos de Pdvsa. Esto luce astuto, a lo mejor liberar 5
millardos de dólares te da un margen de maniobra importante, pero en
2019 el país estará en una situación sumamente grave de cara al resto de
sus compromisos”.
Bajo esta perspectiva el anuncio del 2 de noviembre y la convocatoria
a los inversionistas a que vengan a Caracas a una reunión el lunes 13
de noviembre para iniciar las negociaciones solo buscaría crear el
contexto para justificar la cesación de pagos el próximo año
argumentando que las sanciones de Estados Unidos y la negativa de los
inversionistas no dejó otro camino al gobierno. El default sería culpa
de la “agresión imperial de Donald Trump”.
Francisco Rodríguez recordó que la deuda emitida por el gobierno
“está amparada por el principio de inmunidad soberana, cuando el deudor
entra en default el acreedor no puede embargar los bienes del soberano.
Nadie puede entrar a la embajada de Venezuela, por ejemplo, y llevarse
los muebles. No puedes incautar oro que el Banco Central tenga guardado
en Basilea, por ejemplo. Pero este principio no aplica para las
corporaciones como Pdvsa y sí se pueden embargar activos y facturas
petroleras de Pdvsa”.
Una opción para evitar el embargo de activos de Pdvsa, indica
Francisco Rodríguez, es que la corporación en caso de un hipotético
default se acoja al proceso de bancarrota que contempla la legislación
de Estados Unidos, pero por el alto costo político que tendría un paso
como este y por el intrincado camino legal luce muy poco probable que el
gobierno esté contemplando esta posibilidad.
Un eventual default añadiría mayor presión a una economía que en
2018, según todas las proyecciones, acumulará el quinto año consecutivo
en recesión y que camina al borde de la hiperinflación. De acuerdo con
las estimaciones de Ecoanalítica y Síntesis Financiera si la inflación
de noviembre y diciembre se mantiene entre 40% y 50%, en 2017 habrá un
salto de 2.000%.
*
El martes 21 de noviembre, Prodavinci realizará un evento en el
teatro Chacao en el que Yorelis Acosta, Asdrúbal Oliveros, Michael
Penfold y Ángel Alayón compartirán sus visiones sobre la situación en
Venezuela y las perspectivas para el año 2018.
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