Plataforma Distrito Cero: 10/19/18

viernes, 19 de octubre de 2018

Nuevo aeropuerto y consulta sesgada

La oposición de López Obrador a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco no es nueva, pero tampoco ha sido por razones técnicas ni ecológicas. El 18 de noviembre de 2001, siendo jefe de Gobierno del Distrito Federal, declaró que era injusto el trato que se estaba dando a los campesinos con la expropiación de las tierras para el nuevo aeropuerto. (La Jornada, 19/11/01).
El 22 de octubre de 2001, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria dio a conocer el decreto de expropiación de alrededor de 5 mil 500 hectáreas a unos 4 mil 300 propietarios de 13 ejidos de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, comenzaron las protestas por el precio del avalúo y por el mismo decreto de expropiación, por lo que los campesinos decidieron proceder legalmente. Lo que ofrecía el gobierno por metro cuadrado no parecía justo. Les prometieron 7.20 pesos por metro cuadrado. Se especuló entonces que si les hubieran ofrecido 50 pesos por metro cuadrado habrían aceptado, pues en su totalidad esos terrenos son sódico-salinos con alto porcentaje de sodio intercambiable, alta salinidad y alta alcalinidad y sólo favorables a organismos halófilos. No son, por lo tanto, suelos propicios para cultivos agrícolas. Estas condiciones, según el Atlas de la Ciudad de México (1961 y 1987), son exactamente las mismas (al igual que por formación geológica y depósitos lacustres) para los terrenos donde están ubicados los aeropuertos de Santa Lucía, el Benito Juárez actual y el proyecto ya iniciado en el antiguo Lago de Texcoco denominado indistintamente NAIM o NAICM.
De esas 5 mil y pico hectáreas expropiadas, alrededor de 2 mil 60 se dedicarían al aeropuerto y el resto a la zona de conservación ecológica. En realidad no se requería expropiar esa cantidad de hectáreas, pues el gobierno federal, según se dijo entonces, contaba con 5 mil hectáreas de su propiedad; pero, además, en opinión de varios especialistas, no se necesitaban tantas para un aeropuerto, pues el Kennedy de Nueva York ocupa la mitad de esa área (2 mil hectáreas), el de Narita en Japón 3 mil hectáreas y el Charles de Gaulle de París 3 mil 200 hectáreas.
Si el actual aeropuerto de Ciudad de México está asentado en terrenos de igual consistencia al iniciado en Texcoco y al de Santa Lucía, sobran las discusiones sobre su pertinencia por cuanto a suelo y la nula vocación agrícola de las áreas correspondientes (sólo aptas para pastos salados y algunas cactáceas). Si ha funcionado el actual, el nuevo operará todavía mejor, con la ventaja sobre el de Santa Lucía de que está mucho más cerca de la capital del país. Por lo que se refiere a vuelos y tránsito de aviones, el problema es para superespecialistas, por lo que yo no puedo opinar y tal vez tampoco millones de mexicanos.
Pronto se hará una consulta sobre el tema para que –según AMLO– sea el pueblo el que decida. Sólo veo, en principio, un problema: si los especialistas no se ponen de acuerdo y en ocasiones parecen sordos en un diálogo en el que cada quien dice lo que se le viene a la cabeza, ¿qué se espera que digamos los ignorantes que seremos consultados? ¿Nos basamos en la información que se ha divulgado hasta ahora? ¿En cuál de todas? Porque, recordemos, López Obrador señaló en su campaña que no lo haría el gobierno porque saldría muy costoso para el pueblo de México, pero que sí se podría concesionar su construcción y mantenimiento a la iniciativa privada. Si ellos creen que será negocio, que le entren –dijo en síntesis. Más adelante un ingeniero cercano a AMLO mencionó que no era buena idea en Texcoco y que sería mejor agrandar y habilitar el de Santa Lucía al mismo tiempo que se podría mantener el actual. Jiménez Espriú aceptó esa opción, aunque semanas después discurrió que también podría habilitarse el aeropuerto de Toluca y remozar el actual en Ciudad de México. Esta opción, que incluiría la ampliación de Santa Lucía (tres aeropuertos), sería viable sólo a corto plazo. La de Texcoco, en cambio, es un proyecto ventajoso a mucho mayor plazo y se trataría de una sola terminal aérea.
A mí me parece ociosa la consulta (difícilmente vinculante), pues es tal la complejidad técnica del aeropuerto que lo ideal sería que los que sí saben lo resuelvan, incluido el tema de las aves residentes y migratorias que se ha solucionado positivamente en otros aeropuertos ya existentes, por ejemplo en España y en Holanda. Realizar la consulta como fue presentada el lunes pasado es, además de sesgada (en su comité ciudadano sólo participaron opositores al proyecto de Texcoco), poco razonable o, si se prefiere, basada en un concepto muy pobre de la democracia participativa, pues sólo concurrirá, en el mejor de los casos, alrededor de 2 por ciento de los ciudadanos del país y no necesariamente los más conocedores del asunto.
Fuente: http://www.jornada.com.mx/2018/10/18/opinion/021a2pol

Derrame minero en Oaxaca alarma a poblaciones rurales

Aunque el derrame de la presa de jales de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines ha disminuido, sobre el cauce del río El Coyote la contaminación se ha esparcido en tierras de cultivo, en un abrevadero y en una zona de recarga de acuíferos, donde se encuentra el principal pozo de agua potable que abastece a esta comunidad zapoteca de los Valles Centrales.
Los Valles Centrales es una región geográfica y cultural del centro del estado de Oaxaca, en el sur de México, conformado por tres valles fluviales localizados entre el Nudo Mixteco, la Sierra Juárez y la Sierra Madre del Sur.
La Fortuna Silver Mines admitió que las fuertes lluvias de los últimos días causaron un desbordamiento en un estanque de contingencia de la instalación de relaves de pila seca de la mina La Trinidad, ubicada en San José del Progreso, que terminó en el río El Coyote, en territorio de Magdalena Ocotlán.
En un comunicado, fechado en Vancouver, la empresa informó que en la madrugada del pasado lunes 8 de octubre, una lluvia anormalmente alta causó el derramamiento del estanque de emergencia, donde se recoge el agua de un sistema de zanja de la instalación de pila seca diseñada para capturar y gestionar el agua de lluvia.
Los relaves son un conjunto de desechos tóxicos de procesos mineros de la concentración de minerales, usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua y minerales de ganga, aunque también se encuentran bajas concentraciones de metales pesados, tales como cobre, plomo, mercurio y metaloides como el arsénico
Desde entonces el fuerte olor a azufre que ronda por la corriente de agua color blanca, procedente de San José del Progreso, donde se encuentra el yacimiento de oro y plata en explotación, y las manchas dejadas en la tierra, en los sedimentos y en la hierba, hacen suponer a los pobladores que su territorio se ha infestado de químicas tóxicos.
Ante esto, como una medida emergente para atender esta eventualidad, la autoridad municipal decidió suspender temporalmente el suministro de agua potable y pidió a los habitantes no consumir el líquido, mientras se conoce el tipo de sustancias derramadas de la presa de jales.
El río El Coyote constituye la principal fuente de recarga de los mantos acuíferos del paraje La Ciénega, donde se localiza el pozo de agua para uso humano, a no más de cinco metros de distancia.
“La mayor preocupación que tenemos, es que esa agua sucia está escurriendo hacia el subsuelo y se esté contaminando nuestro pozo”, afirmó el síndico municipal, Tomás Valentín Sánchez Cosme.
De afectarse el pozo, esta comunidad zapoteca se quedaría sin agua potable, porque carecen de cualquier otra posibilidad de abastecimiento. “Es el agua que consumimos todos los habitantes, la que usamos para tomar, para la comida y para bañarnos. Si ya no sirve el pozo, ¿qué vamos a hacer?”, cuestionó.
Aunque la contaminación del río El Coyote también afectará al ganado que llegan a beber agua en los pequeños retenes hechos en su cauce y a las tierras agrícolas cercanas. “Muchos campesinos llegan acá a pastorear y dar agua a su ganado. Seguramente, si beben esa agua contaminada y comen el pasto manchado de ese polvo, se podrían hasta morir”, señaló.
Sin embargo, la contaminación más evidente se dio en la olla de agua o represa construida en el paraje La Estación, donde se capta el agua de lluvia para ganado y riego, por su cercanía con la presa de jales. “Para eso se hizo, pero toda el agua está contaminada, toda el agua está blanca, llena de esos desperdicios”, agregó.
Por eso, la incertidumbre crece en la población porque desconoce a ciencia cierta qué tipo de sustancias se derramaron de la presa de jales de la minera canadiense, a pesar del llamado hecho a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Estamos inquietos, intranquilos, queremos saber qué desperdicios tiró la mina al río. Ya se avisó a la Profepa para que realice un análisis del agua, se conozca el grado de contaminación y así sepamos hasta dónde nos llegará a perjudicar, pero no nos hacen caso, acá no se han presentado”, apuntó.
Por estar asentadas aguas abajo del río El Coyote, la contaminación y sus efectos, también se cree que se están presentando en comunidades aledañas, que utilizan su agua para el campo. “Ojalá, también en San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol y Tejas de Morelos no estén utilizando el agua contaminada para la agricultura o el ganado.
Otros testimonios
La compañía dijo que notificó el desbordamiento a funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el día del incidente, y actualmente, trabaja con autoridades federales, estatales y locales, mientras se realizan inspecciones en sus instalaciones.
La PROFEPA emitió un comunicado de prensa a través de su portal, en donde indica que el escurrimiento es de 4 kilómetros de largo y existen «impregnaciones sobre suelo natural en los márgenes del arroyo», sin embargo afirmó que no existen riesgos.
Ante la desatención y el desinterés de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los propios pobladores se dieron a la tarea de tomar muestras del agua del río El Coyote, para que quedara como evidencia de un eventual análisis de la calidad del líquido.
“La guardé para que después no vayan a decir que no es cierto, aquí está como prueba de todo lo que nos echaron de la mina cuando hacen el lavado del metal. Queremos que la analicen y nos digan cuál es el peligro, porque vivimos del campo y del poco ganado que tenemos”: Francisco Rosario Valencia, campesino.
“Es una lástima el abrevadero, que está aquí en el paraje La Estación; ahora que llovió, todos los desperdicios de la presa de jales se vinieron para acá. El agua, está blanca, huele feo, como a azufre. Se está secando y ya empieza a filtrarse a los pozos. Por eso, se dio la alerta a los habitantes, para que tengan precaución y no tomen el agua, ni traigan a sus animales, porque seguramente está contaminada con sustancias químicas de la mina”: Gisela Patricia Vásquez Méndez.
“Desde el lunes pasado, cuando se descubrió la contaminación, se suspendió la distribución del pozo de La Ciénega y se pidió a la población dejar temporalmente de consumir y utilizar el agua para la preparación de los alimentos, por cuestiones de seguridad y de salud. Con esto, la gente está comprando agua de garrafón, pues no hay otra alternativa. El uso del agua para bañarse queda en la decisión propia. Una vez que se sepan los resultados del análisis del agua, se decidirá qué hacer”: Julio César Aquino Martínez, tesorero del Comité de Agua Potable.
La empresa canadiense Fortuna Silver Mines opera la mina La Trinidad, localizada en San José del Progreso, a través de una de sus filiales, la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.
Por medio de diferentes concesiones, la transnacional, con sede en Vancouver, controla cerca de 80 mil hectáreas pertenecientes a 35 municipios de los valles centrales de Oaxaca. En el 2013, expandió la capacidad de almacenamiento de su presa de jales y así tendrá dos millones 306 mil 752 metros cúbicos, lo que equivale a dos mil 306 millones, 752 mil litros de contaminantes almacenados.
A pesar de la existencia de comunidades opositoras en el estado de Oaxaca -hasta agosto de 2018- la Fortuna Silver Mines (FSM) removió 3 mil toneladas de tierra y roca por día, para triturarla y extraer oro y plata.
En 2017 FSM ganó en esa entidad alrededor de 124 millones de dólares por concepto de plata y casi 73 millones de dólares por obtención de Oro. Se trata de un aproximado de 200 millones de dólares, de acuerdo a sus propios informes.
(Con información y fotos de NVI -Noticias, Vos e Imagen de Oaxaca- y Regeneración Radio, ciudad de México)
Fuente: http://americaxxi.com.ve/index.php/news-item/derrame-minero-en-oaxaca-alarma-a-poblaciones-rurales/#

La migración, la discriminación, el racismo y la xenofobia, nacen con la propiedad privada

1. Me preocupan las grandes caravanas de migrantes que caminan de Centroamérica buscando llegar a los EEUU. Son muchos miles de seres humanos –igualitos a nosotros- cargando a niños, ancianos, mujeres, que han dicho ¡basta! y se han puesto a andar como gigantes que reclaman sus derechos pisoteados en el mundo por una minoría rapaz. Me gustaría tener 10 años menos de edad (para no perjudicar) y estar peleando en la frontera sur para que puedan atravesar con libertad nuestra nación mexicana. Desde hace muchas décadas comprendí que las fronteras, las patrias y las banderas no deberían existir porque fueron impuestas por los ganadores por la fuerza.
2, Asimilar nada más los siguientes datos para entender la migración: a) En 2017, el año pasado, había 257.7 millones de migrantes en el mundo; b) El corredor de México-EE UU es el más importante en el mundo, con más de 12 millones de migrantes, seguido por la India-Emiratos Árabes Unidos, con 3.3 millones.3.3 millones. c) Hay 12.9 millones de migrantes mexicanos en el mundo en 2017, 98% en Estados Unidos. d) Las actividades en las que laboran principalmente los migrantes mexicanos en EEUU son en la construcción (19.7%), la hostelería y esparcimiento (14.1%), y en los servicios profesionales y administrativos (13.6%). e) En 2017, había 25.3 millones de mexicanos de segunda y tercera generación en EEUU
3. Si los pueblos pueden ser en parte culpables de los malos gobiernos que los oprimen, no es porque se los “merezcan”; no debe olvidarse que los gobiernos se amafian con otros gobiernos e imperios para que mediante sus ejércitos y sus armas sometan a las grandes mayorías. África, Asia, América, nunca han sido pueblos indolentes, al contrario: han sido los productores de las riquezas y maravillas del mundo; lo que sucedió es que Europa y los EEUU, con estrategias de dominación y rapiña usaron sus armas para dominar. Pero, a pesar de sus tácticas de rechazo con la migración ya no podrán resistir; la migración también forma parte de la revolución mundial que ya nadie podrá frenar.
4. En Estados Unidos hubo siempre una criminal discriminación contra los negros, originarios del África; hoy aunque continúa ese desprecio porque es una enfermedad histórica, lo que más ha crecido es la discriminación contra los mexicanos, centroamericanos y puertorriqueños. Pero en México no hay discriminación contra los negros –porque casi no hay- sino contra los indígenas y los marginados sociales, así como de los países centroamericanos. En Europa también la discriminación es permanente, sobre todo en España porque -aunque estén a la cola de la Europa privilegiada del Norte- siguen considerándose como los “descubridores de América”.
5. ¿Por qué negar que los ricos, los dueños de propiedades, ven a los pobres, a los miserables, como seres humanos inferiores? ¿Por qué esconder que quienes poseen títulos académicos ven a la mayoría de los trabajadores como como personas que no pertenecen a su mundo intelectual? ¿Por qué los mexicanos admiran a los yanquis y los europeos y a los centroamericanos los tildan como atrasados? ¿Por qué los que usamos computadoras vemos a los que no lo hacen como jodidos? Mi única explicación es el capitalismo, la extrema desigualdad socioeconómica, la educación como un privilegio. Esas son formas de discriminación y racismo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La necesaria necedad de la existencia

Una de las más encarnizadas batallas por la defensa de la vida en el México contemporáneo es, sin duda alguna, la que con firmeza y tesón inigualables ha encabezado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). En pocos días esta organización campesina, convertida ya en un referente si de movilización social en el país se habla, cumplirá diecisiete años de resistencia ininterrumpida. Desde el 22 de octubre del 2001, cuando Vicente Fox anunció el decreto expropiatorio que arrebataba las tierras de Atenco y Texcoco para dar paso a la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, el FPDT ha enfrentado a toda la fuerza del Estado mexicano. En aquel primer embate, la imaginación, la entereza y el arropo popular que los atenquenses supieron generar fueron los elementos que echaron atrás el decreto, venciendo, sin matiz alguno, a la administración foxista. No obstante, la osadía del triunfo fue cobrada con cárcel para mujeres y hombres del FPDT, así como con la vida de José Enrique Espinoza Juárez.
En agosto del 2002 se anunció la cancelación del decreto expropiatorio, pero las y los atenqueses no echaron las campanas al vuelo. Advirtieron que sus tierras continuarían bajo constante amenaza y que los poderes empresariales no se detendrían hasta conseguir su objetivo. No se equivocaban. En mayo de 2006, con Felipe Calderón como presidente y con Enrique Peña Nieto en la gubernatura mexiquense, llegó la venganza. En una operación represiva sin precedentes hasta ese momento en el país, orquestada y reivindicada por el propio Peña Nieto, se pretendió eliminar al FPDT. El saldo de dicha operación fue el asesinato de dos jóvenes, la incursión policiaca en San Salvador Atenco, detenciones arbitrarias, persecución política, brutales condenas de cárcel y la violación sexual a más de veinte mujeres. Luego de cuatro años aciagos, y de una amplia campaña por la justicia, los presos políticos del FPDT fueron liberados, los perseguidos pudieron regresar a Atenco y la dignidad de las mujeres se convirtió en un pilar invencible capaz de sobreponerse a toda violenta ignominia. De ese modo, con el paliacate y el machete como símbolos, el FPDT se agenció una nueva victoria.
Con el arribo de Peña Nieto a la presidencia de la República el asedio a las tierras de Atenco y Texcoco se incrementó, especialmente desde el año 2014 cuando el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) se promocionó como el proyecto más importante del sexenio peñista. La campaña en los medios de comunicación apuntalando los beneficios del NAICM aumentó; dentro del script, se ha insistido en el desarrollo económico, en el despegue del progreso y, además, en el hecho de que la aerotrópolis está concebida como un proyecto de “primer mundo”. Sin embargo, lo que los medios silencian es la cantidad de irregularidades “legales” en las que el gobierno incurrió para la compra de tierras y el cambio en el uso del suelo, así como en el vital abasto del agua hacia tierras ejidales. [1] Asimismo, se oculta el hecho de que aún existen cuatro recursos de amparo que hasta el momento no han sido resueltos, según lo ha expresado Sandino Rivero, abogado defensor de los pueblos afectados. En ese sentido, sólo por la existencia de tales recursos la obra aeroportuaria debería haberse suspendido hasta conocer una resolución definitiva.
El actual avance del veinte por ciento en la construcción del NAICM está cimentado en la sangre, la opacidad y la corrupción. Los empresarios que invirtieron en “el proyecto más ambicioso del sexenio” no eran ajenos a las irregularidades y sabían, además, que la pelea del FPDT no iba a desaparecer. Pese a ello, continuaron su camino en el afán de obtener cuantiosas ganancias, sin importarles la violación de la legalidad y, mucho menos, los costos sociales y ecológicos cuyas implicaciones son ya notorias. [2] En otros términos: la decisión de los empresarios y del gobierno de Enrique Peña Nieto para no frenar el megaproyecto fue plenamente política. Por eso, en la actual coyuntura con la consulta nacional a realizarse del 25 al 28 de octubre, resulta por lo menos anodino que sean los magnates quienes apelen a no “politizar” el tema. [3]
Si bien el 1 de julio millones de mexicanos votaron por la posibilidad de un cambio en la vida del país, lo cierto es que los grandes empresarios, que se enriquecieron siempre utilizando a los gobiernos en turno, no se han ido y están jugando sus cartas para no perder el jugoso negocio del despojo. [4] Por más argumentos “especializados”, tanto técnicos como económicos, que pretendan esgrimirse lo cierto es que el punto de la disputa es si ellos pueden o no seguir con el privilegio del mando; si pueden o no imponerse, en aras de su beneficio, a millones de personas; si pueden o no continuar con el saqueo y la devastación con total impunidad; si su imperio de riqueza continúa creciendo al ritmo de su ruindad y de la pobreza que genera para los más humildes. La batalla verdadera es, pues, la de un pueblo entero buscando abrir paso, así sea a los tumbos, a la justicia, a la igualdad y al respeto mínimo de la vida contra quienes, desde la soberbia y el regocijo del dinero y el poder, han arrebatado el elemental derecho a la existencia.
Más allá del siempre necesario debate con respecto a la consulta o de la actuación ante el tema de un gobierno ampliamente votado y respaldado por distintos sectores de la población, la pelea por la cancelación del NAICM en Texcoco es un punto definitorio en el futuro inmediato de México. Se trata de un momento crucial en el que, para el movimiento social que busca la transformación verdadera, no existe punto medio: o el aeropuerto en Texcoco se cancela o los mismos que han llevado al país al acabose se adjudican una nueva victoria.
La ya épica vida del FPDT quedará registrada, con la tinta indeleble de la memoria, en la historia del México bravío que se niega desaparecer. El FPDT vivirá sus diecisiete octubres como en su nacimiento: luchando, resistiendo, gritando; machete en mano, paliacate en cuello y vida y alegría y amor y genuina rebeldía en cada paso. Las y los atenquenses han demostrado, a pesar de la adversidad, del dolor, del odio, de la mentira, que la necesaria necedad de la existencia bien vale vivirse, afrontarse y reivindicarse. Por su sagrada defensa de la tierra, como alguna vez la calificó Eduardo Galeano, bien vale la pena la necedad, la existencia y la vida.
Al FPDT, por sus enseñanzas, su amor inquebrantable, sus caminos recorridos, siempre gratitud, siempre admiración.
Notas:
[1] Véase el análisis realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C., disponible en http://cicm.org.mx/texcoco-y-la-compra-silenciosa-de-predios, así como el sitio http://www.mexicociudadfutura.com/proyectos/ciudad-futura/pp38.html en el que se enuncian los posibles beneficios que, según los empresarios, acarrearía la construcción del aeropuerto en Texcoco.
[2] El recorrido realizado el 10 de octubre del año en curso por parte de pobladores y funcionarios del nuevo gobierno no deja lugar a dudas, véase https://www.youtube.com/watch?v=A1EHltJs03s.
[3] Fernando Córdova, Doctor en Ecología por la UNAM, ha señalado las afectaciones ambientales y ecológicas que el NAICM en Texcoco acarrea, véase, por ejemplo, su ponencia en Casa Lamm el 15 de mayo de 2018, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QMH6R6QPMlU.
[4] Al respecto, vale la pena la serie de investigaciones publicadas en https://torredecontrol.projectpoder.org/investigacion.html. A través de diversos trabajos periodísticos se demuestra, por un lado, quiénes son los empresarios beneficiados y, por otro, los lazos políticos que permitieron la asignación de contratos sin concursos de licitación.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Retos del normalismo rural

Silvano Aureoles detesta las normales rurales. Tanto así que, para celebrar los 50 años de la masacre del 2 de octubre en Tlalteloco, se dedicó a atacar públicamente a la Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, la más antigua del país.
En su discurso en Diálogo por Michoacán, el gobernador de la entidad se fue de frente contra esa institución educativa. “Todo mundo sabe –dijo– que esa escuela la utilizan mucho para rollo de adoctrinamiento. En lugar de formar profesores es para adoctrinarlos en las locuras que traen algunos, que por cierto no son de aquí siquiera del estado. Para andar metiéndoles ideas a los muchachos que luego traen de rehenes”.
No son nuevos los ataques del mandatario estatal contra Tiripetío. Año con año, acostumbra combinar la denostación con los golpes. De manera que, mientras los acusa de vándalos, violentos, transgresores de la ley y manipulados, envía a la policía a pegarles.
No es el único político que aborrece estas escuelas. En Chiapas, desde finales de junio de este año, el gobernador Manuel Velasco ha soltado una y otra vez a los perros para apalear a los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá. Y, en otras entidades, multitud de funcionarios se llenan la boca con epítetos que escupen contra estas instituciones académicas y sus alumnos: ollas de grillos, fascinerosos, provocadores, son algunas de las descalificaciones que usan. Ahora, además, se les quiere asociar ya no sólo con grupos armados, sino con el crimen organizado.
A pesar de ello, algo cambió desde el 26 de septiembre de 2014. La tragedia de Ayotzinapa colocó en el centro del debate nacional la situación de las normales rurales. Puso a flor de piel el acoso de que son víctimas, evidenció la estigmatización que sufren sus alumnos, y mostró la precariedad de sus instalaciones y presupuestos. Hoy, hay muchas más personas y medios que hablan sobre estas escuelas con información fidedigna de las que se ocupaban de ellas antes de esa fecha.
Eso no significa que se haya detenido el clima de acoso en su contra ni la campaña de odio hacia sus integrantes. Durante 2017 fueron salvajemente reprimidos las estudiantes de Cañada Honda (Aguascalientes), de Panotla (Tlaxcala) y los muchachos de Tiripetío (Michoacán). En 2018 se han cebado sobre Mactumatzá y la José Guadalupe Aguilera (Durango).
Parte de los ataques en su contra utilizan los cursos de inducción que los aspirantes de nuevo ingreso deben tomar para enfrentar los retos de una educación a contracorriente. En muchos medios de comunicación se les presenta como salvajadas, Los jóvenes sostienen que no son novatadas sino cursos para que quienes llegan se familiaricen con la escuela y demuestren que son hijos de campesinos capaces de dominar las labores del campo. Uno de los retos que el normalismo rural enfrenta es explicar a la opinión pública que efectivamente son eso y no perradas denigrantes.
En contra del normalismo rural se dice que México es un país crecientemente urbanizado y que, por tanto, no se requiere una enseñanza para el campo. Sin embargo, esta afirmación oculta un hecho central. Cuarenta y tres por ciento de los planteles de educación básica en el país son escuelas multigrado. En sus aulas se atiende a poco más de 1.7 millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria, la mayoría en comunidades rurales aisladas y de alta marginación. A pesar de que la enseñanza en ellas es mucho más difícil que en las escuelas de un solo grado –dotadas con recursos e infraestructura– usualmente se manda a ellas a los maestros más inexpertos o a becarios.
Una parte de la materia de trabajo específica del normalismo rural es (o debiera ser) la enseñanza en escuelas multigrado. De manera natural, muchos de sus egresados van a laborar a esas aulas, entre otras razones, porque casi nadie más quiere ir allí. Trabajar en ellas requiere no sólo de vocación y preparación especializada, sino de la experiencia de crecer y vivir en un contexto precario y marginal. Justo como el que experimentaron quienes estudian en normales rurales.
Pero, es cierto que el campo mexicano es hoy diferente al de la época en la que las normales rurales se fundaron. Hay nuevas dificultades que los maestros que laboran allí deben enfrentar, y para los que requerirían una formación especial. Es el caso de la violencia y la acción del crimen organizado; la creciente migración que hace de las escuelas una especie de estacionamiento de mano de obra, en las que los niños esperan sólo a tener la edad suficiente para partir a otras tierras; la devastación ambiental; los graves problemas nutricionales, y el uso de las nuevas tecnologías en un entorno en el que no se tiene acceso a ellas.
Lejos de ser un lastre del pasado, las normales rurales son una necesidad para otro futuro. Hoy, más que nunca, se requieren de más escuelas de este tipo y de un mayor número de maestros y maestras egresados de ellas.
@Lhan
Fuente: http://www.jornada.com.mx/2018/10/16/opinion/021a2pol

Triunfo de AMLO o puñalada criminal al presupuesto público

Aeropuerto a consulta: triunfo de AMLO o puñalada criminal al presupuesto público

1. López Obrador puede llevar a consulta cualquier asunto que no afecte los intereses públicos, pero el caso de la construcción del aeropuerto no es simplemente jugar y perder una partida de naipes sino poner en riesgo miles de millones de dólares del presupuesto público comprometido con miles de jóvenes “ninis”, con jubilados y pensionados, con trabajadores de ingresos mínimos, con servicios de salud y educativos. Más aún, no repetiría como tonto que los millonarios “pueden hacer con su dinero lo que quieran”, porque si la gran propiedad es un robo (Proudhon), ese dinero de los millonarios del sector privado también pertenece al pueblo que con su trabajo contribuyó a la acumulación capitalista.
2. Acerca del origen de la propiedad recuerdo un cuento del literato Anatoly France: “Un día paseaba un joven lord Inglés por el campo; a sus espaldas llegó otro lord a caballo pidiéndole que saliera de su propiedad de inmediato; el joven le pidió que le dijera porqué era su propiedad; el señor de a caballo le respondió que esa propiedad la heredó de su padre, que éste la heredó de su abuelo y que éste la ganó en sus luchas con sus ejércitos y sus armas; entonces el joven apuesto le respondió: si la propiedad es producto del despojo a los más débiles y la lucha, entonces –subiéndose las mangas de la camisa- lo retó: bájate del caballo y vamos a luchar”. Me bastó este simple pasaje para entender el origen de todas las riquezas, de las propiedades y del poder de unos pocos sobre el 90 por ciento de la población.
3. Se ha probado que decenas de miles de grandes obras construidas con mucho dinero público han sido abandonadas a través de las décadas por fracasos de proyectos, porque fueron mal planeadas o porque el capitalismo las convirtió en “elefantes blancos”. Eso puede pasar con un aeropuerto construido sobre un lago que a diario se hunde, por idioteces del pensamiento irreflexivo. Por ello pienso que esa consulta no debería hacerse porque de triunfar el proyecto empresarial de Texcoco se continuaría enterrando gigantescas sumas de dinero que podría emplearse para solucionar miles de necesidades muy urgentes de la población. No debe hacerse la consulta, pero si sale mal el gobierno de AMLO comenzará a cavar su tumba.
4. Hay cosas que deben consultarse y otros asuntos que no. ¿Debe consultarse que nadie gane más que el presidente, que ninguna familia esté sin ingresos y que aumente el salario de todos los que ganan menos de 20 mil pesos al mes? ¿Debe consultarse si se construye el tren maya, si el dinero de las afores y los seguros siguen usándose para negocios privados? ¿Debe consultarse si los funcionarios ladrones, defraudadores y asesinos deben ir a la cárcel? ¿Si se debe reprimir a quienes luchan en las calles por la libertad, la democracia real y la libertad? La consulta sobre el aeropuerto pone en peligro muchos miles de millones del presupuesto público y permite dilapidar otros miles de millones de dinero privado que ha sido esquilmado de los trabajadores.
5. Estaba viendo una doble página del periódico “Regeneración” de Morena del mes de julio de 2010. En esas páginas vienen reunidas las 30 fotografías de “Los 30 personajes de la oligarquía mexicana” encabezados por Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Roberto Hernández, Ricardo Salinas, Alberto Bailleres y Germán Larrea. La realidad es que en las pequeñas notas de los 30 no se encuentra ningún trabajo ni sacrificio para convertirse en los grandes multimillonarios de México y el mundo. Todas esas riquezas son producto de herencias inmediatas, der confabulaciones con los gobiernos del PRI y del PAN y de las presiones en el marcado para hacer fracasar a los competidos. ¿Qué Proudhon tiene razón que la propiedad es un robo?, sólo basta leer algunas biografías.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México

Al presentar el proyecto para iniciar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), Enrique Peña Nieto declaró que esta obra “por su magnitud, diseño y beneficio social, será una obra trascendental, emblema del México moderno”. A cuatro años de esas declaraciones, demos un breve repaso sobre el “emblema de México”.
Al inicio del proyecto se contempló un presupuesto de 209 mil 712 millones de pesos que serían distribuidos en dos etapas; en la primera, se ejercerían 169 mil millones de pesos y, en la segunda, 40 mil 712 millones.
Teniendo en consideración la magnitud de la obra entendemos que se trata de un negocio millonario ¿Quiénes están detrás del aeropuerto? ¿Quiénes están defendiendo su construcción? ¿Quiénes son y serán los que se beneficiarán de este proyecto que los hará más millonarios? Ellos son los que tienen mucho que perder si el proyecto se cancela.
La encargada del NAICM es una empresa paraestatal llamada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la cual le otorgó el título de gerente integrador a la empresa Parsons International Limited por un monto de 2 mil 361 millones de pesos. Este corporativo es uno de los consentidos del gobierno estadounidense y, entre otros servicios, brinda el de reconstrucción de ciudades de países en guerra (como Irak) y la neutralización de armamento. Así que esta empresa de historial turbio, encargada de lucrar con la desgracia de la guerra, ahora es la supervisora del NAICM y recomendó a Norman Foster para el diseño arquitectónico del aeropuerto.
El diseño del aeropuerto estuvo a cargo de la empresa Romero-Foster & Partners que cobró la cantidad de 2 mil 136 millones 433 mil 614.56 pesos, a la cual también pertenece José Fernando Romero Havauxy, yerno del sexto hombre más rico del mundo: Carlos Slim. Para este magnate, el aeropuerto representa un negocio redondo ya que su empresa Operadora Cicsa, junto con Edificadora Gia+A, dirigida por Hipólito Gerard Rivera (el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari), y diez empresas más ganaron la licitación para la construcción del Edificio Terminal que tiene un costo de 84 mil 828 millones 377 mil 320 pesos. A eso hay que sumarle otro contrato por 7 mil 359 millones 204 mil 570 pesos para la pista 3.
Otra empresa beneficiada es Construcciones y Dragados del Sureste de Carlos Hank Rhon (hijo de Carlos Hank González, fundador del grupo Atlacomulco del viejo PRI) con dos contratos; el primero por 233 millones 470 mil 982 pesos y el segundo por 777 millones 986 mil 957 pesos. Además, de manera conjunta, Slim y Hank Rhon tienen otro contrato por 7 mil 359 millones 204 mil 570 pesos.
Decimos que el aeropuerto en Texcoco es un negocio redondo para estos empresarios porque tienen contratos para su construcción, pero también porque, a través de la Fibra E (Fideicomiso de Inversión en Infraestructura o Energía), han invertido 13 mil 500 millones de pesos en la compra de acciones, mediante sus Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores), Inbursa y XXI-Banorte. Otro grupo privado que invirtió a través de sus Afores (Profuturo) fue GNP de Alberto Baillères, el tercer hombre más rico de México, dueño del Palacio de Hierro, de Industrias Peñoles y de PetroBal —empresa que participa en el negocio del petróleo—. Además, el gobierno sin preguntar invirtió los ahorros de miles de trabajadores del Estado que tienen sus pensiones en PENSIONISSSTE. Sin embargo, tampoco alguno de estos empresarios consultó a los trabajadores si deseaban invertir en una obra como el aeropuerto, ya que si se “pierde” la inversión, los trabajadores perderán los ahorros de toda su vida laboral, mientras que los empresarios ya están gozando ganancias millonarias libres de impuestos.
Otra empresa beneficiada es la compañía Ferrovalle con un contrato por 2 mil 709.09 millones de pesos asignados de manera directa. El dueño es Germán Larrea Mota Velasco de Grupo México, el segundo hombre más rico de México, quien en 2006 dejó morir a 65 mineros en Pasta de conchos, Coahuila, aplastados por miles de toneladas de tierra y en 2014 provocó el desastre ecológico más grande de México: el derrame de 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora. Hasta el día de hoy no ha recibido ningún castigo ni se ha hecho responsable por lo sucedido, el Estado lo ha dejado trabajar en paz.
¿Se acuerdan del padre e hijo que murieron en el socavón del recién inaugurado Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, en 2017? Pues las empresas que construyeron esa trampa mortal, Aldesem, Epccor y Aldesa, ahora se encuentran trabajando en el NAICM y juntas tienen contratos por 2 mil 660 millones 155 mil 347.59 pesos en diferentes construcciones.
Falta mencionar a las empresas favoritas del grupo Atlacomulco, como ICA, COCONAL, TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS —ésta última pertenece al primo de Juan Armando Inojosa Cantú de Grupo Higa que construyó casa blanca—. Como dijera el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “no es negocio para la nación ni para los mexicanos, es negocio para un pequeño grupo, para los contratistas”.
Este pequeño grupo sabe que, por las condiones de terreno, Texcoco es el peor lugar para la construcción del NAICM, sin contar que el precio aumentó 77.5%, más del costo de mantenimiento (otro negociazo) y los 990 millones 336 mil 502 pesos que según la Auditoria Suprema de la Federación están “perdidos”.
Como podemos ver hay mucho dinero en juego, los empresarios que no quieren perder ni un céntimo de sus ganancias presionan para continuar la construcción de lo que sería el monumento a la corrupción y la estafa. Ese grupo reducido que AMLO ha llamado la “mafia en el poder y minoría rapaz” es el que impuso la consulta, por medio del chantaje, la cual quieren ganar a toda costa para legitimar sus negocios.
López Obrador hace bien al escuchar al pueblo, pero debe escuchar el NO de la mayoría. Sin embargo, cuando tome posesión del cargo tiene la capacidad legal de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, porque él sabe que el pueblo no cuenta con canales de televisión, radios, periódicos y revistas para poder informarle a todos los mexicanos sobre los pros y contras de esa construcción.
¡No al aeropuerto en Texcoco!
NOTA:
Este artículo fue publicado en el Suplemento Especial del FRAGUA , órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Octubre 2018.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

López Obrador quiere cambios profundos; pero la resistencia empresarial será más fuerte

1. Señala Julio Boltvinik (magnífico economista y articulista de La Jornada) que “la pobreza se reduce aumentando los satisfactores disponibles y repartiéndolos más igualitariamente entre los habitantes. Lo primero se logra con el crecimiento económico. Lo segundo mediante -entre otras medidas- la política fiscal (impuestos más progresivos y gasto social redistributivo), y salarios reales más altos”.
2. La política fiscal –cuando existe interés y decisión de ponerla en práctica- puede disminuir mucho la desigualdad en la distribución del ingreso producida por el mercado, “como ocurre en muchos países europeos, en los que el Estado se desempeña como Robin Hood: cobra impuestos a los ricos y lo reparte entre los pobres o entre todos”. ¿Está realmente interesado López Obrador en reducir la pobreza?
3. Bien escuchados, López Obrador en sus discursos, no ha dejado de girar en torno al tema de la igualdad, pero lo importante en los políticos nunca ha sido lo que dicen sino lo que hacen. Parece que AMLO huye a toda confrontación con los empresarios y demás grupos de poder porque su estrategia es no poner en peligro su mandato: Sus opositores y enemigos al contrario: buscan cualquier error para agrandarlo y hacer campaña en contra.
4. Aquí parece haber sintetizado sus objetivos AMLO: “¿Por qué para los humildes? porque la equidad, la justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a los humildes. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso es ser buenos ciudadanos, laicos y cristianos, llevar a la práctica el principio del amor al prójimo.”
5. Además AMLO busca sumar, sin darse cuenta (o sabiendo) que en esas sumas llegan políticos muy corrompidos que pueden presionarlo hacia una política que podría ser más de lo mismo. La asistencia de Muñoz Ledo a palacio; la doble votación por el gobernador de Chiapas; la asistencia de AMLO a la boda frívola; la contratación de 50 mil paramilitares; las rebeldías de altos funcionarios para no rebajar sus salarios, son advertencia.
6. Los resultados de la consulta sobre el aeropuerto y su instrumentación van a ser ejemplo de la política siguiente. Es una consulta política –extremadamente mediatizada- que demostrará en donde está la fuerza: si continúa con López Obrador o los empresarios han avanzado. Pero además no es un juego, sino que representan miles de millones de pesos del presupuesto púbico que debe usarse en otras cosas importantes e inmediatas.
7. Lo único que se le pide a López Obrador es que sea congruente con sus promesas y con los votos que los ciudadanos le dieron. Si se acobarda jamás el pueblo lo perdonará; pero –aunque se acumulen más sufrimientos por miseria y muertes provocadas por el capitalismo y los funestos gobiernos- mayor cantidad de trabajadores saldrán a las calles para hacer justicia con sus propias manos para luego conquistar la igualdad.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Los datos clave de Santa Lucía y el proyecto del aeropuerto en Texcoco

A siete días de que se realice la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) realizó un análisis que contrasta los pros y los contras de las opciones planteadas para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).
Para este análisis, el FCCyT – órgano autónomo de consulta del Poder Ejecutivo – analizó más de 100 documentos oficiales sobre el proyecto de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y la opción propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la operación conjunta del actual aeropuerto Benito Juárez y la ampliación de la base militar de Santa Lucía para convertirla en una segunda terminal aérea.
“Este análisis no busca decir cuál es la mejor opción, sino que está hecho con la finalidad de que las y los ciudadanos que vayan a participar en la consulta lo revisen y con base en la información aquí expuesta tomen la mejor decisión”, comentó José Franco, coordinador general del FCCyT.
Ambas opciones se consultarán del 25 al 28 de octubre próximo y con base en los resultados, el equipo de trabajo del próximo gobierno decidirá por alguna de los dos proyectos.
A continuación te presentamos el análisis que compara pros y contras entre el NAIM y el plan del presidente electo.

Opciones para la saturación del AICM

La capacidad “aire” (número de aterrizajes y despegues) y la capacidad “tierra” (número de pasajeros que puede recibir) del AICM están rebasadas. Hoy en día, el aeropuerto capitalino realiza más operaciones por hora que el límite establecido por la autoridad aeronáutica nacional, lo que se refleja en servicios inferiores al óptimo.
En 2017 recibió alrededor de 45 millones de pasajeros, 7.2% más usuarios que en 2016. Debido a la densidad urbana de la zona, el AICM no tiene espacio para ampliarse.
Los dos proyectos, NAIM y Santa Lucía, requieren por lo menos 4 años para entrar en operación, por lo que se necesitan soluciones a corto plazo.
Por ello, el gobierno actual ha decidido usar tecnología especializada para la optimización de las actividades en los aeropuertos como una posible alternativa.
Por ejemplo, se ha propuesto la implementación de dos sistemas modernos y tecnológicamente eficientes que incrementen la capacidad del AICM. Estos sistemas aumentarían la capacidad de un aeropuerto entre 10% y 40%.
Su implementación puede tomar año y medio, y requiere de capacitación de personal, certificaciones y un equipo adecuado.
Aunado a estas medidas se contempla el uso de los aeropuertos aledaños a la ciudad como el de Toluca, Puebla, Querétaro y Cuernavaca.

Interoperabilidad entre los proyectos

Como ya se ha dicho un punto importante es la viabilidad de los proyectos planteados trabajando entre sí. En el caso del NAIM, no podría funcionar al mismo tiempo que el AICM y la Base de Santa Lucía, debido a que las pistas proyectadas del NAIM no son paralelas a las de los otros dos.
Por ello, la operación del NAIM requiere la clausura de la infraestructura de los dos aeropuertos actuales.
En el caso de Santa Lucía-AICM existe un debate sobre la eficiencia de su capacidad de operación simultánea, ya que con las actuales rutas aéreas que sirven a estos aeropuertos, los aviones en vuelo coincidirían en el área de San Mateo.
Para deliberar esto, el gobierno de López Obrador tendría que pagar un estudio de 600 mil dólares que sería realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Costos y beneficios

El análisis plantea que la construcción de cualquier aeropuerto traerá efectos tanto positivos como negativos, y para ello es importante primero realizar un análisis de las opciones contempladas y así tomar la mejor decisión.
En este sentido el NAIM es un proyecto que se anunció desde septiembre de 2014. Desde entonces, ha aumentado su costo y su fecha de término se ha prolongado. Según el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM), el aumento del costo final se debe al incremento del precio del dólar, que en 2014 rondaba los 12.70 pesos por dólar y llegó a subir, años después, a 21.4 pesos.
El análisis inicial de costo-beneficio del NAIM en 2014 se estimó en 178 mil millones de pesos para el proyecto completo (incluidas todas las fases de construcción, obras complementarias, operación y mantenimiento).
La estimación actual es de 285 mil millones de pesos, cuyo costo corresponde solo a la construcción de la primera fase.
Por esta razón, se requiere un análisis actualizado de estas cifras. Hace unos días el GACM informó que la actualización de costo-beneficio se encuentra en proceso.
En este rubro, la opción de Santa Lucía-AICM estima un costo total de 70 mil 342 millones de pesos. Presupuesto que contempla la construcción de tres pistas, una terminal y los servicios necesarios para un aeropuerto internacional complementario.
Sin embargo, aún falta incluir el estudio de factibilidad que podría llegar a costar el 5% del costo total, así como las obras de reacondicionamiento de los aeropuertos de Toluca y AICM que costarían 5 mil millones de pesos.
Estas obras de reacondicionamiento se harán independientemente de la opción que se elija. A este proyecto, también es necesario incluir los costos de cancelación del NAIM (100 mil millones de pesos).

Financiamiento

El NAIM está financiado con una combinación de recursos públicos y privados. A continuación el desglose de éstos:

Como se puede ver la mayor parte del financiamiento (119 mil millones de pesos) serían subsidiados por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), es decir, el monto sería cubierto con la tarifa que pagan los usuarios al comprar sus boletos de avión.
Este punto no es del todo comparable con el proyecto Santa Lucía-AICM pues a la fecha no existe información sobre la situación del financiamiento para este proyecto.

Impacto ambiental

Quizá este es el punto que más ha generado controversia entre ambos proyectos.
Como requisito indispensable para desarrollar grandes proyectos de infraestructura las leyes en México solicitan, como requisito indispensable, una Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La MIA-R debe estudiar las características de la región previas al desarrollo del proyecto y evaluar los impactos que éste ocasionará, para definir las acciones que los prevengan, mitiguen y/o compensen.
El impacto ambiental de la construcción de cualquier aeropuerto incide en: la biodiversidad de la zona, los niveles de ruido en las comunidades aledañas, la calidad y cantidad de agua disponible, y la calidad del aire.
Dentro de su MIA-R el NAIM plantea tener una infraestructura “limpia y sustentable”. Pero su impacto ambiental dista de su infraestructura, pues el tránsito aéreo y terrestre que se generen cuando entre en operación produciría niveles altos de contaminación atmosférica, sonora y lumínica.
Sin embargo la Semarnat aprobó al NAIM con la condición de que el GACM realice medidas de mitigación.
Hasta el momento, el GACM ha entregado seis informes semestrales de cumplimiento en materia de impacto ambiental, del periodo de junio de 2015 a noviembre de 2017.
En ellos se argumenta que se han rescatado 64 mil 576 ejemplares de flora y 2 mil 100 ejemplares de fauna.
Otro tema que se resalta del NAIM en el tema del impacto ambiental son las obras y actividades que se realizan fuera del polígono del proyecto. En especial, existe preocupación sobre el futuro del lago Nabor Carrillo y la explotación de minas para la obtención de material rocoso.
En el caso del lago Nabor Carrillo no se ha especificado si mantendrá su función ecológica o se secará. Actualmente este lago es el hábitat de más de 150 especies de aves locales y migratorias pero su cercanía con el NAIM representa un riesgo para éstas ya que podrían colisionar con las aeronaves y causar accidentes.
Sobre la explotación de minas, la construcción del NAIM, tan solo para su primera fase, requiere de 36.56 millones de toneladas de rocas para precargar el suelo de cimentación. Esta cantidad de material rocoso se obtiene desde hace años de las minas de basalto y tezontle de la región.
Integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra acusan que el trabajo de las minas de la región causa problemas a la salud de la población y diversos impactos negativos en la zona.
El análisis del impacto ambiental del proyecto Santa Lucía-AICM actualmente se encuentra en desarrollo, y aún no cuenta con su MIA-R. Pero se asegura que éste, por ser ya un aeropuerto, tendría un menor impacto ambiental, además que está más alejado de grandes poblaciones y cuenta con áreas propicias para la compensación ambiental causada por el proyecto.

Agua potable y hundimientos

El 70 % del agua utilizada para consumo humano de la Zona Metropolitana del Valle de México proviene del acuífero en la zona del Lago de Texcoco el cual es explotado seis veces más de lo recomendado y sin recargarse como se debe.
Ante esto el NAIM plantea tratar 70% del agua de su consumo para reutilizarla, además de recargar el acuífero del Lago de Texcoco con tres veces más agua de la que se extrae.
Se dice que el NAIM tendría un suministro de agua inferior al de las poblaciones aledañas, que de por sí ya tienen un suministro de agua deficiente.
La población y los expertos de la zona aseguran que la construcción del NAIM han disminuido la capacidad de captación y recarga natural del acuífero e incrementado su sobreexplotación.
La información de Santa Lucía-AICM de este punto es escasa, por lo que no es posible comparar la factibilidad de las propuestas a partir de los datos existentes.
Lo único que se sabe es que el agua potable para el aeropuerto en Santa Lucía se obtendría de acuíferos de la región, que también están sobreexplotados, esto sin mencionar el problema de abastecimiento de agua potable en el AICM, que es atendido con el uso de pipas.
En lo que respecta a los hundimientos, el 42% de la superficie del NAIM es una zona inundable, por lo cual se estima que se presenten hundimientos anuales desde los 13 hasta los 40 centímetros.
Experimentos realizados sobre la futura pista norte-sur del NAIM mostraron hundimientos en el terreno, de 11 cm hasta 1.80 m en nueve meses dependiendo la técnica usada.
En el otro proyecto, aunque el suelo de Santa Lucía presenta mejores características, las pistas del AICM requieren renivelarse cada dos años ya que presentan hundimientos anuales de entre 20 y 35 cm, especialmente en la Terminal 2.

Conectividad terrestre

En el NAIM se contempla la construcción de vialidades con un costo estimado de 37 mil mdp y extensiones de líneas de servicio público tipo Metrobús, cuyo costo sería de 4 mil mdp.
Estos montos no están considerados dentro del costo total de la primera fase del proyecto.
También se contempla la extensión de líneas de metro y la construcción de un tren exprés, para los que no hay la suficiente información.
La opción de Santa Lucía-AICM enfrentaría el reto de conectar dos aeropuertos mediante vialidades para automóviles y dos alternativas de transporte público: autobús (tipo Metrobús): con un costo de 16 mil 500 mdp y un tren rápido, de un costo de 43 mil 677 mdp.

Impacto urbano y social

El terreno donde se construye el NAIM está rodeado por los municipios de Atenco (62,392 habitantes), Chimalhuacán (679,811 hab.), Ecatepec (1,677,678 hab.), Nezahualcóyotl (1,039,867 hab.) y Texcoco (240,749 hab.). Así, la región es habitada por aproximadamente 3.7 millones de personas.
Algunas encuestas realizadas por el GACM revelan que la opinión de los habitantes de la zona es ligeramente favorable hacia la construcción del NAIM, principalmente, porque creen que los beneficios económicos compensarán el impacto negativo que pueda existir.
Pero a pesar de que existe una percepción positiva, algunos grupos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra mantienen su lucha para frenar las obras del NAIM.
Estas diferencias han sido motivo de conflictos sociales entre habitantes de la misma comunidad e incluso personas que se oponen al NAIM han sido víctimas de amenazas y agresiones.
La opción Santa Lucía-AICM se encuentra en el municipio de Zumpango (159,647 hab.) y la zona oriente de CDMX.
La Base Aérea Militar de Santa Lucía tendría que trasladar sus operaciones en cualquiera de los dos casos, ya que en la opción NAIM es incompatible y en el proyecto con el AICM se debe rediseñar gran parte de la base para darle uso comercial.
Además, en este caso no se han publicado estudios de impacto urbano y de impacto económico que se vaya a aprovechar en la zona.
El documento, conformado de 15 páginas, fue recibido por el futuro titular de la SCT quien agradeció a los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico su realización y comentó que “este análisis llega en el mejor momento previo a la consulta para que la ciudadanía esté bien informada antes del 25 de octubre”.
Reiteró que los resultados de ésta se respetarán y acatarán pues así lo decidió el presidente electo. “Él tiene muy claro que el pueblo es sabio y por ello es necesario que emitan su opinión y decidan lo mejor para el país”.

Trazan ejes del nuevo gobierno

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó ayer los ejes de la estructura que tendrá el Gobierno de la República a partir del próximo 1 de diciembre.
En una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; se transforma la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar y se desaparecen las más de 2 mil representaciones federales en los estados.
Además, la propuesta contempla la transformación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el del nuevo gobierno Centro Nacional de Inteligencia (CNI); se desaparecen las oficinas de Oficialía Mayor de las dependencias federales; y se transforman otras secretarías en sus nombres y estructuras.

La iniciativa de la nueva estructura fue presentada por Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, quien se asegurará de que quede aprobada a más tardar en un mes, antes de que la administración entrante asuma su cargo

Una nueva estructura

La futura arquitectura del Gobierno federal modificará algunos ejes que llevaban años inamovibles.
La propuesta fue catalogada como “de gran calado” por la bancada de Morena, pues la intención es tener un gobierno más austero y eficiente, sostuvo Mario Delgado, quien presentó la iniciativa en tribuna.
En esta Ley se crea nuevamente una dependencia encargada de la seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
“Está claro que la concentración en la Secretaría de Gobernación de las labores de seguridad no dio resultados. Ahí están los números, son evidentes”, expuso Delgado.
A la par de la creación de la nueva SSP, también se lanzará una nueva estrategia para combatir la inseguridad, en la que esta dependencia llevará la batuta de la política sobre ese tema.
“A esta secretaría se le adscribe el mando de la Policía Federal, se le faculta para hacer actividades de investigación, para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para supervisar y tener bajo su adscripción el Centro Nacional de Inteligencia. También lanzará el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, expuso.
Con el cambio, la Secretaría de Gobernación ahora estará enfocada principalmente a la política interior, al diálogo institucional y la atención integral de las víctimas.
Otro cambio se dará en la Secretaría de Hacienda, que ahora estará a cargo de hacer compras consolidadas y tendrá la obligación de manejar el censo y los padrones de todos los programas sociales, a fin de que no haya duplicidades.

En la nueva estructura gubernamental desaparecerán todas las oficinas de Oficialía Mayor, y solo habrá una Oficialía Mayor única que estará en la Secretaría de Hacienda

Esta secretaría, que estará a cargo de Carlos Urzúa, entregará de manera directa los apoyos de los programas sociales a los ciudadanos empadronados; esto, sin intermediarios de organizaciones o grupos sociales.
Sin embargo, no se ha especificado cómo se entregarán estos apoyos cuando se trate de comunidades donde no hay acceso a servicios bancarios.
La Secretaría de Desarrollo Social cambiará de nombre a Secretaría de Bienestar y estará bajo las órdenes de María Luisa Albores.
Delgado explicó que no solo se trata de un cambio de denominación, sino de enfoque.
“Es una transformación de fondo. Queremos pasar de una estrategia que privilegiaba políticas asistencialistas y clientelares, a políticas que impulsen los derechos sociales y que lleven a los mexicanos a superar las condiciones que provocan la pobreza, y que el objetivo principal sea el bienestar.
“Vamos a pasar de beneficiarios a sujetos de derechos, de una política asistencialista a una política participativa. De tener un enfoque residual y focalizado, a un enfoque integral. De tener un manejo opaco y discrecional, a un manejo transparente y con rendición de cuentas, y a tener una visión sobre todo progresiva con perspectiva de derechos”, afirmó Delgado en tribuna.
Otro cambio se dará también en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estará a cargo de Josefa González Blanco Ortíz Mena.
Uno de los cambios es que su prioridad será el agua, cuyo enfoque se centrará en que el acceso al líquido sea un derecho.
También se transforma la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que ahora será Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
El eje de esta dependencia será la autosuficiencia alimentaria y no tanto el enfoque exportador que se tiene ahora.
Además, la Ley contempla fusionar Liconsa y Diconsa y crea un nuevo organismo llamado Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana.
La Secretaría de la Función Pública estará a cargo de monitorear la política de austeridad de toda la estructura de gobierno, así como de nombrar a los titulares de los órganos internos de control de todas las dependencias.
La reforma a la Ley contempla también la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que operarán en cada entidad federativa, y donde operarán los coordinadores nombrados por López Obrador.
Estas Delegaciones estarán a cargo de la coordinación entre autoridades federales y estatales.
2 mil representaciones federales serán sustituidas por las Delegaciones de Programas de Desarrollo
Jerárquicamente, estarán a cargo de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; pero en su acción se involucrarán también otras dependencias.
“Para el ejercicio de sus funciones, los titulares de las Delegaciones contarán con la estructura administrativa que determine el reglamento aplicable o los acuerdos que al efecto expida el jefe de la Oficina de la Presidencia; las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán lo conducente”, expone la iniciativa.
Esta propuesta deberá ser aprobada antes del último día de noviembre para que el nuevo gobierno entre con su estructura.

Hospitales de Alta Especialidad, construidos por razones políticas y no de salud pública

19 de oct., 2018

En una zona rural al norte del Estado de México se levanta un edificio de 25 mil metros cuadrados de construcción, blanco y lleno de ventanitas cuadradas, que parece un barco encallado entre maizales y girasoles silvestres. Es el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) que Enrique Peña Nieto inauguró en Zumpango en su último día como gobernador de la entidad.
Lo construyó bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) con Constructora Teya, una firma de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario vinculado a la investigación de La Casa Blanca. Pero lo hizo sin que exista justificación de por qué se eligió ese municipio o esa zona para levantar un Hospital de Alta Especialidad y, a siete años de distancia, el resultado es que opera a menos del 50% de su capacidad.
Para llegar hasta este hospital, lo mejor es hacerlo en coche, aunque no hay acceso al estacionamiento. De lo contrario, hay que tomar un autobús al centro de Zumpango o a la carretera más cercana y luego una combi que cobra 10 pesos hasta la puerta del hospital.
Solo hay acceso para pacientes y un único acompañante, visitas y familiares se quedan afuera. No importa que adentro haya salas de espera casi vacías, en la reja de entrada los familiares de los enfermos llegan con sombrillas de playa, cargan con un paraguas o de plano intentan taparse con un suéter del inclemente sol, no hay ni un árbol bajo el cual resguardarse. La única infraestructura pública que hay para ellos son tres bancas de piedra gris.
“A nosotros no nos dejan entrar, nada más a los que vienen con su credencial y que van a una visita o a revisión médica. Pero a los demás nos tienen aquí sentados a pleno sol, no nos dejan entrar ni al baño. Si quieren revisan adentro hay una sala enorme con sillas, con bancas para la gente. Aquí hace calor y ni un árbol hay para taparnos. Pero así es esto”, se queja en la puerta Yaneth Cruz, que junto a su hermana y cuñado visitan a una pariente que dio a luz.
Ni para ir al baño se permite el acceso al hospital. Los familiares recurren a una oficina del Poder Judicial de Zumpango que está enfrente y a la que sí los dejan entrar. Además de ese edificio, en los alrededores solo hay dos locales de funerales y velorios; tres puestos de tacos, antojitos y dulces; y franeleros que intentan ganarse una moneda señalando alguna de las bahías vacías al exterior del estacionamiento al que solo entra el personal.
Por dentro, esta magna obra del gobierno peñista en el Estado de México se parece poco a la imagen clásica de un hospital público en el país: no hay aglomeraciones, nadie que duerma en alguna silla esperando a un familiar, ni largas filas para análisis de laboratorio. Un martes a mediodía apenas se encuentra a una decena de personas en el área de mastografías, ultrasonidos y tomografías, y en cada uno de los cuatro pisos de la zona de consultas se repite la imagen de sillas y sillas sin ocupar. Puertas, escaleras y baños relucen como nuevos, a siete años de apertura de este Hospital de Alta Especialidad.
La construcción del HRAE de Zumpango fue concesionada por el gobierno local de Peña Nieto en 2009, a pesar de que ese mismo año el gobierno federal tenía proyectado otro hospital de alta especialidad, también en asociación público-privada, a 60 kilómetros de ahí, en Ixtapaluca.
Un estudio internacional elaborado por The Global Health Group, de la Universidad de California, junto con PWC, advirtió en 2015 que en la selección de esta obra lo que resalta son intereses políticos y no de salud pública.
“La política influyó en la decisión de construir un gran hospital de especialidades en lugar de hospitales de cuidados agudos generales más pequeños, que habrían ampliado el acceso a la atención a una mayor proporción de la población. Los grandes hospitales especializados son más favorables desde el punto de vista político, ya que brindan acceso a los pacientes más enfermos que más lo necesitan. En ambos casos, la percepción fue que la política, y no la necesidad social, influyó en las decisiones de diseño de los hospitales de PPP [público-privado]”.
La Secretaría de Salud no justificó la ubicación de ninguno de los HRAE
El de Zumpango es de competencia local, pero hay otros seis Hospitales de Alta Especialidad federales —tres de ellos construidos también en modalidad APP—, de los que el informe Salud Deteriorada: Opacidad y negligencia en el sistema público de salud de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) alerta sobre lo cuestionable que es la decisión de dónde fueron construidos.
“Los HRAE se construyeron para fortalecer el acceso a la medicina de alta especialidad en el interior del país. Su localización geográfica se determinó con base en un análisis nacional y regional sobre la demanda de servicios de medicina de alta especialidad. Sin embargo, las auditorías e informes especializados de universidades y consultorías independientes sugieren que la localización y el tamaño de los hospitales no fueron decididos exclusivamente con criterios técnicos, sino que también influyeron factores políticos”, señala el reporte.

El primer contrato APP del sector salud se firmó en el sexenio de Vicente Fox para construir el HRAE del Bajío a las afueras de León, Guanajuato, estado natal del entonces presidente. Esa obra se concesionó en 2005 a la empresa española Acciona S.A., para operar hasta 2030 por un monto de mil 147 millones de pesos. Esa firma, actualmente construye el edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La segunda concesión de un HRAE se entregó en 2007, ya durante la presidencia de Felipe Calderón: el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario, en las orillas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue otorgado por mil 456 millones de pesos a la empresa Marhnos, de la familia Mariscal Servitje, que lo mismo construye puentes que oficinas de gobiernos locales. El contrato de operación es hasta 2032.
En 2009 se otorgó el de Ixtapaluca, Estado de México, a GIA+A, Assignia y Eductrade, levantado sobre la carretera México-Puebla. GIA+A lo preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que en 2016 ganó otro contrato de este tipo para un hospital del ISSSTE en Mérida, proyecto que fue propuesta de la propia empresa y el gobierno aceptó construir.
Y ese mismo año se concesionó en la misma entidad —apenas 60 kilómetros al norte—, el de Zumpango, pero en este caso por la secretaría de salud local. La empresa a cargo fue IGSA Solutions y Constructora Teya, parte de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa. Fue el más caro, con un contrato por más de 7 mil millones de pesos hasta 2034, por lo que cada año el gobierno estatal paga alrededor de 315 millones, según se explicó en su inauguración.
Todos estos hospitales de alta especialidad o tercer nivel están subutilizados, a veces en más del 50%, mientras las clínicas de primer nivel y los hospitales generales de segundo padecen saturación.
En 2013, la Auditoría Superior de la Federación realizó una revisión para fiscalizar la infraestructura y equipamiento de los HRAES, y una de sus observaciones fue que no se justificó si había otros hospitales que pudieran equiparse y ampliarse para convertirse en centros regionales de alta especialidad, antes de construir estos; o por qué se eligió una ciudad en particular y no en otra.
“La Secretaría de Salud no dispuso del estudio técnico para determinar aquellas unidades médicas que, por sus características y ubicación, pudieran convertirse en centros regionales de alta especialidad, o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito; de los criterios de distribución del universo de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de la cobertura (…). Tampoco dispuso de la justificación por la que se determinó la creación de los HRAE en las zonas en las que se ubicaron”, señaló.
La mayoría de atenciones, por urgencias
En los pasillos del Hospital de Ixtapaluca, tres mujeres buscan a la trabajadora social para saber si el Seguro Popular cubre a su hermano, que llegó de emergencia tras sufrir un derrame cerebral. Afuera de la puerta del HRAE de Zumpango, varias personas esperan entrar a conocer al nuevo miembro de la familia, ya que su parienta dio a luz ahí porque el hospital de Tecámac está en remodelación. Mientras otra mujer está desesperada porque le piden pagar 500 mil pesos para dar de alta a su hijo, que fue llevado ahí porque tuvo un accidente en una carretera cercana.
Con pasar un día en la puerta de estos hospitales se puede constatar que abundan las hospitalizaciones por urgencias, que deberían resolverse en otras unidades de salud; mientras que las citas para atender las enfermedades que los HRAE deberían atender, son pocas.
En el Hospital de Alta Especialidad de Yucatán, por ejemplo, el 65% de los pacientes dados de alta entraron por una urgencia, de acuerdo con información del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de la Secretaría de Salud, que revisó MCCI revisó para el informe Salud Deteriorada.
Los Hospitales de Alta Especialidad sólo deberían atender alrededor de un 5% de los padecimientos, los más complejos, mientras en los Hospitales Generales podrían resolver más del 15%, y en los centros de salud, la gran mayoría. Pero ni todos los que necesitan atención especializada llegan hasta el tercer nivel, ni los primeros niveles logran atender a toda la población.
Yolanda Terrones no puede entender por qué si el Hospital de Zumpango está semivacío, a su papá le hayan tardado meses en dar fecha de cirugía por la insuficiencia renal que le trataban. Tanto, que finalmente una complicación lo hizo entrar de urgencia para que lo operaran tres días antes de lo programado.
“Ya lo habían diagnosticado porque su riñón ya no funcionaba. Se le hizo un litro de pus adentro y ya no aguantó el dolor, se tuvo que venir el sábado 15 de septiembre de urgencia, cuando su cirugía estaba para el martes”, cuenta semanas después, con su papá, Pablo, de 89 años, recién dado de alta.
“Lo peor es que el martes que estaba mi hermana con él, de repente llegan y lo empiezan a preparar, porque tenía cirugía programada. Y tuvo que explicarles y moverse para decirles: es que a mi papá ya lo operaron. ¿Pero cómo pueden ser estos errores? Si no estamos al pendiente se lo llevan y capaz que le sacan el otro riñón, o lo vuelven a abrir, ¿o qué? Y para mi hermana fue un susto, porque primero creyó que era porque mi papá había caído en crisis”.
En la familia, todos los hermanos hombres son caballerangos de un club de polo, igual que lo fue su papá, por lo que recurrieron al Seguro Popular, quienes deberían beneficiarse de los servicios de los HRAE’s. “No tienen salud, ni afore, ni antigüedad, son como trabajadores de la época de la Revolución”, dice Yolanda. Sin embargo, no se los hicieron válido para la operación y entre los ocho hermanos tuvieron que reunir dinero para pagar más de 30 mil pesos de la cirugía.
“Para los que ganamos el salario mínimo es fuerte. Aunque claro, para la cirugía que le hicieron, estoy consciente de que no es mucho”, se consuela.

Sobrecosto, opacidad y sospecha de corrupción marcaron el NAIM desde un principio: The Economist

La revista The Economist dedica un espacio en su edición para abordar el tema de la consulta ciudadana para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Destaca aspectos como las dudas sobre el ejercicio en democracia directa, pues a diferencia de los realizados para los aeropuertos de Berlín y Nantes, éste será organizado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador y no por el Instituto Nacional Electoral.

También señala que la realización de la consulta fue resultado de los cuestionamientos sobre el proyecto en Texcoco y del proceso descuidado de México para planificar y aprobar grandes proyectos: “El Nuevo Aeropuerto ha sido criticado desde su inicio. Se pondrán en peligro a 100 mil aves migratorias que se posan en el área y, según los críticos, causarán más inundaciones en el Este de la Ciudad de México, propenso a las inundaciones. Dos tercios de los mexicanos nunca han estado en un avión. Eso hace que el aeropuerto parezca un adorno para los ricos”.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– El desastre con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es culpa del mismo Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, dice este día la influyente revista económica y financiera The Economist. El sobrecosto, la falta de transparencia, la ausencia de consulta con las comunidades afectadas, la prisa y la falta de cuidado en el proyecto, así como sospechas de corrupción han hecho que fuera criticado desde un inicio.
El Nuevo Aeropuerto, dice la prestigiada publicación con sede en Londres, “ha sido criticado desde su inicio. Se pondrán en peligro a 100 mil aves migratorias que se posan en el área y, según los críticos, causarán más inundaciones en el Este de la Ciudad de México, propenso a las inundaciones. Dos tercios de los mexicanos nunca han estado en un avión. Eso hace que el aeropuerto parezca un adorno para los ricos”.
“El precio de 285 mil millones de pesos es un 70 por ciento más alto que el presupuesto original del Gobierno” de Enrique Peña Nieto, agrega.

“Estas deficiencias son el resultado del proceso acelerado y descuidado [‘slapdash’, en inglés] de México para planificar y aprobar grandes proyectos. Los desarrolladores rara vez consultan a los residentes que se verán afectados por las obras o publican información sobre subcontratistas. Aunque los contratos para construir el NAIM se adjudicaron de manera transparente, las compañías que los obtuvieron no están obligadas a informar regularmente sobre su progreso”, dice The Economist. “Eso alimenta una sospecha de que los costos excesivos son el resultado de la corrupción. El Gobierno publicó solo un resumen ejecutivo de su informe sobre el impacto ambiental del aeropuerto”.

Tales problemas se ven agravados por la política del país, detalla The Economist. Por ejemplo, “los presidentes mexicanos, que sirven solo un término, se apresuran a construir sus proyectos personales o al menos a hacer suficiente progreso para que sus sucesores estén obligados a completarlos. La construcción a menudo comienza antes de que los planos sean definitivos. El muro perimetral de NAIM comenzó a subir antes de que los constructores supieran dónde estaba la entrada del aeropuerto. Tenían que hacer cambios costosos. Las agencias responsables de proyectos a menudo no se hablan entre sí. Los procedimientos de mala calidad de México afectan a todos los proyectos de infraestructura de todas las descripciones, incluida la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y un túnel de drenaje planificado para la capital”.
La revista también menciona que la consulta para continuar con la construcción del NAIM, que se llevará a cabo la próxima semana, puede resultar un dudoso ejercicio en democracia directa, pues a diferencia de los realizados para los aeropuertos de Berlín y Nantes, éste será organizado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador y no por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En el caso de NAIM, refiere The Economist, “el señor López Obrador dice que prefiere un pastel diferente. La reutilización de la base aérea de Santa Lucía es el tipo de alternativa de bajo presupuesto y bajo impacto que apela el Presidente electo. Pero el nuevo pastel tiene problemas. Santa Lucía está más lejos del centro de la ciudad que el de Texcoco. Algunos pasajeros tendrían que trasladarse a un aeropuerto diferente para tomar vuelos de conexión. Los aviones que aterrizan y salen de los dos aeropuertos, todos los cuales deben pasar por el mismo corredor en el noroeste de la ciudad, corren el riesgo de colisionar”.
“Ese es un problema de seguridad que las autoridades mexicanas seguramente nunca permitirían”, dijo al medio Bernardo Lisker de Mitre, un instituto que estudia el tráfico aéreo.
De acuerdo con el medio británico, las encuestas sugieren que los mexicanos están a favor de completar el nuevo aeropuerto en Texcoco dos a uno, pero la consulta puede no reflejar eso. “Solo unas 100 mil personas participarán, según creen algunos analistas. Algunos observadores sospechan que el señor López Obrador está diseñando un voto a favor del NAIM, dándole una excusa para completar un proyecto al que dice oponerse pero que sería difícil abandonar”.
Para The Economist, la consulta sobre el destino del NAIM será la primera incursión presidencial de López Obrador en la democracia popular y advierte que será difícil:
“Como alcalde de la Ciudad de México, de 2000 a 2005, el señor López Obrador envió a los encuestados de puerta en puerta para averiguar qué pensaba la gente sobre sus iniciativas. Estaba buscando las respuestas que quería, dijeron algunos. Pero a diferencia de los votos recientes en los aeropuertos de Berlín y Nantes en Francia, la consulta no solo pone a prueba la opinión de los ciudadanos de los alrededores. Ésta será organizada por el círculo íntimo del señor López Obrador, no por el INE. Activistas del partido Morena instalarán y monitorearán mil 73 casetas en unos 500 municipios, que albergan al 80 por ciento de la población. Se imprimirán solo 1 millón de papeletas de voto para un electorado nacional de 90 millones de personas. Serán contados por una organización poco conocida. Sin acceso a las listas electorales del INE, no está claro cómo los trabajadores electorales evitarán que las personas voten más de una vez.
“Se les pedirá a los participantes que elijan si seguir adelante con la construcción del aeropuerto en forma de x, que ya está completado en un 30 por ciento, o desecharlo. La alternativa es complementar el aeropuerto existente con uno nuevo en la base aérea de Santa Lucía al norte de la Ciudad de México. El señor López Obrador dice que el resultado será vinculante, sea cual sea la participación”.
La controversia sobre el NAIM es una señal de que la democracia de México está madurando, señaló a The Economist Onésimo Flores, un experto en planificación urbana:

“La élite ya no puede sentirse cómoda haciendo trampas en los proyectos, aunque la alternativa de López Obrador parece poco considerada. Ha mostrado escaso interés en mejorar los procedimientos de planificación descuidados. Afirma que sus proyectos favoritos, como un Tren Maya a través del sur de México, ya han sido respaldados por los votantes a través de su elección. Si el señor López Obrador ha cambiado de opinión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la votación de este mes puede darle cobertura política, pero no es un modelo para los proyectos del futuro”.

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viernes, 19 de octubre de 2018

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