La delincuencia organizada constituye un ente económico
cuyo crecimiento desmedido e influencia en los procesos de la política
ha sido inevitable, sus redes han penetrado a las estructuras del
gobierno e instituciones del Estado, a tal grado que, de no funcionar la
"amnistía" propuesta por Andrés Manuel López Obrador se multiplicará la
violencia, alertan expertos en seguridad nacional.
Considerado por la
Agenda Nacional de Riesgos, versiones 2014-2015, como la segunda amenaza a la seguridad nacional, después de los desastres naturales y pandemias.
El
crimen organizado "tiene una dimensión política y su esencia radica en
la forma como se relaciona con el poder, conectada directamente con la
concentración y conservación del mismo", asegura Fausto Carvajal Glass en el estudio
Alcances y límites de la doctrina de contrainsurgencia en el contexto mexicano.
Maestro en estudios de guerra por el
King's College London,
Carvajal Glass sostiene que, "contrario a ser una batalla por el poder,
la legitimidad y la supremacía entre el Estado y la delincuencia,
el
crimen organizado ha sido empleado por actores políticos como una
fuerza en contra de sus competidores, a cambio de libertad para operar
con impunidad".
En su análisis, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales
(Cesnav), Carvajal Glass resalta que la relevancia del vínculo entre
poder político y crimen organizado se produce principalmente en los
municipios, donde convergen dos dinámicas de violencia diferentes pero
que se intersectan: "La mayor fragmentación del submundo criminal y el
proceso de democratización en México".
En ese sentido, explica que
hay una correlación entre la transición democrática y el incremento de la violencia por un aumento en la competencia política,
debido a que "los cambios sociopolíticos asociados al proceso de
democratización socavaron las estructuras de patronazgo y clientelismo
lo que significó una pérdida de control social".
Apunta que "la interacción de estas dos dinámicas podría servir para
explicar, al menos parcialmente, la violencia política que se vivió en
el pasado proceso electoral de julio, particularmente la ejercida contra
candidatos a puestos de elección popular de carácter local", en la que
fueron asesinados más de 130 candidatos.
"Así, las transiciones políticas a nivel federal, estatales, pero principalmente municipales, contribuyeron a 'emancipar' a los grupos de poder incrustados en el paisaje político mexicano, a saber, sindicatos, organizaciones civiles, sector privado y, por supuesto, organizaciones criminales", subraya el experto.
Bajo esta dinámica, Carvajal Glass señala que la creciente lucha por el
poder político y económico incentivó la colusión de actores locales con
los grupos delictivos,
quienes se convirtieron en proveedores de violencia a cambio de impunidad y libertad de negocio.
El especialista considera necesario que el nuevo gobierno federal
replantee el diagnóstico sobre la violencia en México y la política
pública diseñada para su combate, bajo la premisa de que
el crimen organizado es polimórfico, es decir, adopta muchas formas.
Plantea que hay una variedad de violencias dentro de la narrativa del
combate a la delincuencia organizada, se ha vuelto más descentralizada,
diversa y ha adoptado una dimensión local.
Ejemplifica con el estado de Guerrero en el que, según reportes de 2017
de la Procuraduría General de la República (PGR), existen 15
organizaciones delictivas y, al menos, 40 células criminales
independientes.
En cuanto a la diversificación, para el primer trimestre de 2018 se
registraron 852 actos de robo a trenes primordialmente en Puebla,
Jalisco y Guanajuato, luego de una tendencia al alza durante 2017; y
durante este año las tomas clandestinas de combustibles fue de 10 mil
363, frente a las 6 mil 873 registradas en 2016.
Indica que considerar a los grupos de la delincuencia como entes
ajenos a una comunidad, cuya violencia es el medio del que se valen
para alcanzar el control territorial, puede resultar insuficiente para
entender cómo opera el crimen organizado a nivel municipal.
En cambio, dice el catedrático,
es necesario contemplar que la
forma como se relaciona el crimen organizado con la población tiene
diferentes expresiones, ya que, en un contexto de fragmentación, han
tenido necesidad de hacer alianzas y coaliciones con diversos actores
locales.
Relación narcotráfico-poder político, "desde siempre"
"Siempre ha habido un grado de penetración del crimen organizado y el narcotráfico a las instituciones de gobierno y quien no lo sepa es que no vive en México", suelta -en entrevista con Contralínea- el almirante en retiro de la Armada de México Wilfrido Robledo Rincón.
El exfuncionario sostiene que desde siempre ha existido la relación del
narcotráfico con políticos y gobernantes de todos los niveles. "Por
ejemplo,
en Reynosa, Nuevo Laredo, en todo Tamaulipas es por
donde pasa el mayor número de armas a México y de drogas hacia Estados
Unidos, y en Sinaloa ¿quién no está contaminado?".
Hay que reconocer que el narcotráfico lo único que quiere, señala, es
una ruta en la que haya involucrados policías, políticos, ciudadanos,
etcétera que permitan que pase la droga para que llegue al mercado más
grande del mundo.
Estas cuestiones no cambian, ya es como una cultura que existe en los
pueblos de México. Basta conocer al país para saber dónde hay y dónde no
hay vínculos entre el poder político y el narcotráfico, remata Robledo
Rincón.
Crimen organizado penetró al Estado
La catedrática del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM) Aida Torres Chávez coincide en que
existe una permanente presencia del crimen organizado dentro de la estructura del Estado:
territorio, población y gobierno, por lo que "no en balde, el tema
lleva años siendo el más relevante para la agenda de seguridad de las
dos últimas administraciones".
Destaca que las operaciones del crimen organizado han llevado a los
grupos que lo integran a asumir gradualmente funciones de gobierno, para
generar el ambiente idóneo para sus actividades o porque realmente
desean ser considerados como un ente político con poder.
Explica que la transición democrática rompió la sinergia que sostenía la
delincuencia organizada con la estructura política y resultó en la
descoordinación de los diferentes niveles de gobierno en el ámbito de la
seguridad pública.
Fue entonces, asegura Torres Chávez, que la delincuencia organizada
centró su fuerza en el establecimiento de alianzas y vínculos en todos
los niveles -político, militar y empresarial-, con un alto componente de
corrupción y se infiltró en espacios públicos al grado de asumir toda
una estructura de gobierno.
Nelson Arteaga Botello, doctor en sociología por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), apunta en entrevista con
Contralínea que
existen
poderes y ámbitos de gobierno que han establecido vínculos con bandas
criminales que operan en ámbitos específicos y localizados y con
objetivos territoriales distintos a mediano y largo plazos, lo cual
permite la cooptación parcial de las instituciones.
Estrategia fallida contra el crimen
La estrategia seguida de perseguir a los capos de las grandes
organizaciones criminales se ha mostrado ineficaz y sólo ha servido para
que los grandes cárteles de la droga se fragmenten en células más
pequeñas y sean más difíciles de atacar debido a la limitada
capacidad de las unidades de policía locales y al incremento de
actividades delictivas cada vez más sofisticadas, señala María Luisa
Pastor Gómez.
Sin embargo,
esta pugna ha elevado sustancialmente el nivel de
violencia; las organizaciones delictivas se han atomizado y han ampliado
su elenco criminal, que además de droga ahora abarca secuestros,
extorsiones, tráfico de personas y robo de combustible, lo que
dificulta la labor de las autoridades, desgasta al Ejército y pone en
mayor peligro a la población.
La realidad, explica, es que
Peña Nieto podría terminar su gobierno con cifras de violencia similares a las de Calderón.
De las 10 propuestas de seguridad nacional que el mandatario expuso a 2
meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en noviembre
de 2014, ninguna ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. "Sólo ha
prosperado la creación del número de emergencia 911, algo que no
necesitaba la aprobación parlamentaria".
En su análisis
México y el nuevo gobierno tras el triunfo de López Obrador
publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en
septiembre de 2018, Pastor Gómez señala que a nivel de la administración
local, aprovechando la fragilidad financiera y política de los
municipios rurales, las organizaciones criminales han logrado durante
años financiar campañas electorales, dando paso a una variable de
"narcopolítica".
"Todo ello en el marco de la corrupción, impunidad del sistema judicial,
ineficacia de las investigaciones, baja remuneración y falta de
entrenamiento de la policía, precaria situación económica de millones de
mexicanos, a lo que se añade la proliferación de asesinatos a
periodistas", subraya.
La catedrática del IEEE, del Ministerio de Defensa de España, estima que
la
solución al conflicto del narcotráfico es muy complicada, como lo
demuestran los escasos resultados obtenidos hasta la fecha en esta
lucha. Por el contrario, dice, los cárteles se han multiplicado,
sofisticado, expandido y fragmentado.
La estrategia de decapitar a las organizaciones, pero sin conseguir
aniquilarlas ha provocado una fragmentación en la mayoría de los
cárteles, proliferación dificulta la labor de las fuerzas de seguridad,
que ahora tienen que vigilar a un mayor número de grupos, a la vez más
pequeños y por tanto más difíciles de controlar.
Múltiples fuentes de violencia en México
De acuerdo con la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, durante el año pasado
el 75 por ciento de los homicidios dolosos en México estuvieron conectados con el crimen organizado.
No obstante, precisa que esta visión de la violencia tiende a hacer
invisibles otras dinámicas de la violencia en el país, además de la
relacionada con la delincuencia organizada.
Según la organización no gubernamental, la explicación de la violencia
como producto de la delincuencia organizada omite las motivaciones
públicas o privadas de las múltiples violencias que ocurren a nivel
comunitario "por la conservación del poder a nivel local, cuestiones
religiosas, recursos naturales, terrenos, afrentas personales,
rivalidades familiares, intereses económicos internacionales, etcétera".
En razón de lo anterior, agrega en su informe más reciente, es necesario
enfocar y atender la violencia comunitaria, toda vez que es la que
generalmente da cuenta de la mayor cantidad de homicidios. Por tanto, la
identificación de procesos paralelos de violencias en México puede
brindar una capa adicional para analizar la violencia que está
ocurriendo en el país bajo el nombre de combate a la delincuencia
organizada.
Al respecto, Carvajal Glass señala que en México como en otros países,
cualquier esfuerzo orientado a la construcción de instituciones supone
reconciliación social a nivel local (municipal).
"Teniendo esto en cuenta, la linealidad y rigidez con la que se emplea el concepto de clear, hold and build
[despejar, controlar y construir] en el teatro de operaciones
[militares], resultará insuficiente para reducir los índices de
violencia en localidades donde el tejido social se ha visto seriamente
afectado durante años por múltiples dinámicas de la violencia, más allá
de la del crimen organizado."
En particular, advierte que será imposible construir instituciones de
unidad local (policía municipal) si no está precedida de un mínimo
consenso social. De lo contrario, es altamente probable que la noción de
clear, hold and build pueda traer inestabilidad política y social en el corto plazo.
El catedrático concluye que es el vacío de poder por parte de un
gobierno y no un proyecto específico de los grupos delictivos lo que
hace que la delincuencia organizada adquiera dimensiones políticas en
las comunidades.
Legalizar o continuar la "guerra"
Para el almirante Wilfrido Robledo Rincón, la declaración del
expresidente Ernesto Zedillo de que se equivocó es ilustrativa al
reconocer que la "guerra" al narcotráfico durante su gobierno fue un
error.
"Los narcotraficantes no quieren guerra, luego hasta les hacen trampa y
cuando les quieren cerrar el paso se van a otros delitos como extorsión,
secuestro y robo. Por eso hay que conocer de qué se trata el fenómeno y cómo combatirlo",
advierte el militar en retiro y a quien se considera uno de los
candidatos a encabezar la Agencia Nacional de Inteligencia que plantea
el próximo gobierno.
"La salida está en revisar la legalización de las drogas en México, pero
si se continúa como dijo Zedillo que se equivocó y prohibió en lugar de
buscar alguna forma de lograr el control de las drogas, no habrá
remedio de inmediato, es un problema de largo plazo de resolver",
enfatiza.
Robledo Rincón, quien el 6 de febrero del 2000 al mando de la Policía
Federal Preventiva llegó al auditorio de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México para aprehender al pleno del
Consejo General de Huelga (CGH), considera que se requieren programas de
protección a las siguientes generaciones. "Hay generaciones que ya se
perdieron o están muy contaminadas, pero hay que blindar a las nuevas
generaciones para que no vayan a caer en las garras del crimen
organizado".
Señala necesario legalizar el uso medicinal y recreativo de la mariguana
y la cocaína y atender las adicciones como en Suiza, donde los adictos
reciben drogas de calidad y forman parte de programas de rehabilitación.
La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está a favor;
ya sólo es cuestión de ver como se concreta, destaca. Esa sería la
ruta. Señala que no es necesario continuar la "guerra" contra el
narcotráfico, porque éste no es un problema de seguridad pública, sino
de salud pública. De lo contrario, advierte que "seguirán cometiéndose
errores, como dijo Zedillo, porque la demanda de drogas tan sólo Europa
requiere más de 300 toneladas de cocaína al año".
El mapa del narcotráfico en México
De acuerdo con la académica del Instituto Español de Estudios
Estratégicos María Luisa Pastor Gómez, en la actualidad en México operan
ocho organizaciones delictivas y 43 brazos armados. Destacan el Cártel
de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fundado por Nemesio Oseguera Ramos,
el Mencho, y el Cártel de Sinaloa, ambos enzarzados en una
guerra sin cuartel en varios estados del país, disputándose porciones
del territorio.
Según el Insight Crime, el CJNG se está expandiendo con bastante
rapidez. Hasta 2016, tenía presencia en 14 Estados, así como contactos
en Colombia, Perú, Bolivia, América Central, Estados Unidos, Canadá y
Australia. Actualmente, según la DEA, intenta desplazar al Cártel de
Sinaloa del que surgió.
En su análisis México en la encrucijada. Diez años de guerra contra el narcotráfico, incluido en el documento Panorama geopolítico de los conflictos 2017
-publicado por el del IEEE-, Pastor Gómez indica que el segundo grupo
más poderoso del país en este momento es el Cártel de Sinaloa, el cual,
aunque ha perdido cierta capacidad tras la detención de sus líderes
clave y la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, sigue dominando las rutas hacia el vecino del norte.
Dentro del mercado mexicano, el Cártel de Sinaloa ha sido pionero en la
producción, exportación y distribución de metanfetaminas, sin menoscabo
de su histórico papel en el tráfico de cocaína y su posición dominante
en la reconfiguración de las organizaciones del tráfico de drogas en
México, agrega.
Según la DEA, la Organización de Sinaloa es un consorcio internacional
que opera a través de alianzas en 54 países, en los cuales realiza
tráfico de drogas, lavado de dinero, falsificación de documentos, control de rutas y contrabando de bienes ilegales.
Sin embargo, la académica del IEEE explica que a pesar de su presencia
global y de la posición hegemónica en la que ubica la DEA a este grupo,
hay tres factores de cambio que apuntan al agotamiento en la estabilidad
de la coalición dominante y a una transición que inaugura una nueva ola
de violencia.
"Primero, el desgaste de la triada Guzmán-Zambada-Esparragoza que
ejerció el liderazgo desde sus orígenes y que le aportó estabilidad al
Cártel de Sinaloa; el segundo, el relevo generacional, y el tercero, el
aumento de la competencia, ya que el CJNG se perfila como el grupo
dominante", detalla.
Afirma que el resto de los cárteles han perdido poder, pero siguen
estando muy presentes en el espectro delictivo, incluso algunos, dice,
al haber perdido fuerza o bien se han fragmentado -el Cártel de Juárez y
el de Tijuana- o han dado lugar a la aparición de pequeños grupos
sucesores como el de Guerreros Unidos, que se desprendió de la
organización de los Beltrán Leyva.
"Estos grupos menores carecen de contactos internacionales para traficar
con drogas a gran escala y dependen cada vez más de otras fuentes
delictivas, como el comercio de drogas a nivel local, el secuestro, la
extorsión u otros ingresos locales y relativamente nuevos como la
minería y el hurto de gasolina", arguye Pastor Guzmán.
Añade que esta situación dificulta sensiblemente la labor de las fuerzas
armadas y de seguridad, que ahora tienen que vigilar a un mayor número
de grupos, a la vez más pequeños y por tanto más difíciles de investigar
e incrementa el peligro para la población, ya que esta se ve expuesta a
nuevos peligros.
El Cártel de Tijuana ahora es sólo un vestigio de lo que fue. Ha perdido fuerza, pero no la suficiente, ya que cobra piso al Cártel de Sinaloa para poder transportar droga a través de su territorio.
La Organización de los Beltrán Leyva está actualmente en un vacío de poder debido al arresto del H, en 2014; de hecho, casi todos los líderes del grupo Beltrán Leyva han sido capturados o están muertos.
El Cártel del Golfo ha perdido influencia en los últimos años, debido a
las batallas contra sus rivales, Los Zetas, su antigua ala militar.
Ahora este cártel tiene la tarea de combatir a un monstruo de su propia
creación. Por lo que se refiere a Los Zetas, sus días como el cártel más
temido de México están llegando a su fin y es probable que su enfoque
siga siendo cada vez más local.
Con respecto de La Familia Michoacana, su proximidad a la ciudad
portuaria de Lázaro Cárdenas le dio acceso a cargamentos de cocaína
procedentes de Colombia, así como a precursores químicos para la
producción de metanfetaminas procedentes de Asia. Pero la lucha por el
control de este puerto fue mortal y les debilitó.
La captura de los máximos líderes de Los Caballeros Templarios en 2014 y
2015 y la última de ellas, la de Ignacio Rentería Andrade, el Cenizo, en junio de 2017, selló su destino dejando en precario el futuro de esta organización.
