Gas Natural Fenosa en Colombia, historia de una intervención pactada
Pedro
Ramiro y Erika González* // “Colombia interviene la filial de Gas
Natural Fenosa en el país”. La noticia saltaba el pasado martes, 15 de
noviembre, y enseguida pasaba a ocupar grandes titulares en los
principales medios de comunicación españoles. Con muchas preguntas que,
aparentemente, quedaban sin resolver: ¿será que el gobierno de
Juan Manuel Santos había decidido nacionalizar el servicio eléctrico? ¿Se tratará, como en el caso de
Repsol
en Argentina, de una expropiación de la filial de la multinacional
española? ¿Podría afectar negativamente a los intereses de una de las
mayores compañías del
Ibex 35? En realidad, si
escarbamos un poco más en el caso y analizamos la historia de la empresa
en el país desde principios de este siglo, parece que la cosa va por
otro lado: lejos de plantearse un conflicto frontal con la corporación
presidida por
Isidre Fainé, el gobierno colombiano ha decidido pactar con
Gas Natural Fenosa
un intervención temporal de su subsidiaria en la Costa del Caribe para
sanear sus cuentas, mejorar su imagen, ganar tiempo y calmar el aumento
de las protestas sociales en contra de la privatización del servicio
eléctrico.
La situación actual Hace tres meses, Gas
Natural Fenosa anunciaba que estaba dispuesta a interponer una demanda
contra el Estado colombiano ante el
CIADI, el tribunal
internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial, si no
respondía ante la deuda que —según la empresa— la población y las
administraciones públicas tenían con la multinacional española y que
cifraban en
1.259 millones de euros. Acogiéndose al
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado
entre Colombia y España en 2005, Gas Natural Fenosa pedía “soluciones
integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación
del servicio de energía en la Costa Caribe”. Y es que
Electricaribe,
su filial colombiana encargada de la distribución y comercialización de
electricidad en siete departamentos, ya había venido siendo objeto de
numerosas críticas y movilizaciones en su contra durante todo este año
por grandes deficiencias en la prestación del servicio eléctrico. Así
pues, la compañía se marcó un plazo de seis meses para negociar un
“acuerdo amistoso”
con el Estado colombiano que evitara el litigio ante el tribunal
internacional de arbitraje. Y, desde entonces hasta anteayer, el proceso
de diálogo entre el gobierno y la compañía fue avanzando, culminando
con el viaje a Colombia que hizo Fainé el pasado fin de semana para
reunirse directamente con el presidente Santos. En todo este tiempo, las
exigencias de la multinacional se han centrado en
la asunción de la deuda por parte del Estado,
la puesta en marcha de cambios regulatorios y la capitalización de la
empresa. “La protección a los inversionistas es condición indispensable
para que los recursos del exterior continúen llegando y se destinen al
desarrollo del país”, indicaba Gas Natural en agosto en un comunicado
emitido desde su casa matriz, en el que recalcaba la concepción
dominante de lo que ha de ser la
“seguridad jurídica”,
aquella que sitúa los intereses empresariales por encima de la
protección de los servicios básicos y los derechos de las mayorías
sociales. En la mañana del martes, sin embargo, la
Superintendencia de Servicios Públicos
anunciaba a bombo y platillo la intervención de Electricaribe y la toma
de posesión de sus bienes, haberes y negocios, mandando a la policía y
al ejército a veinte de sus oficinas para “asegurar la prestación
eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional”.
“Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural
Fenosa accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta
ronda de negociaciones un acuerdo para
la capitalización de la empresa. Sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción es la toma de posesión”,
afirmaba el ministro de Minas y Energía,
Germán Arce.
Según el gobierno colombiano, de aquí a poco tiempo, Electricaribe no
estaría en condiciones de poder garantizar el suministro eléctrico al no
estar pagando la generación de electricidad a sus productores, con lo
que podría producirse un
“apagón” en toda la región que afectaría a sus 2,5 millones de clientes.
Deudas acumuladas
En el núcleo del conflicto está la deuda que la compañía dice haber
acumulado en todos estos años. Su origen se encuentra, desde la
perspectiva de la empresa, en
el impago del servicio por parte de una gran cantidad de clientes, entre los que figuran administraciones, escuelas u hospitales. Para
Omar Mendivil, activista de la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos,
por el contrario, la corporación está presionando al gobierno “con su
supuestamente crítica situación financiera para exigir más seguridad
jurídica, reclamando exagerados cobros de deudas por fraude, de lo que
acusa a toda la comunidad, para decir que con ello están en riesgo sus
inversiones”. La historia de la filial de la
multinacional española
en Colombia, como ahora veremos, se ha venido caracterizando por sus
continuas acusaciones de impagos generalizados en la región de la Costa
Atlántica. Esta deuda, además, se ha visto agravada por el
incremento del 34% en el precio de la electricidad en 2015
—la mayor parte de la generación en Colombia es a través de centrales
hidroeléctricas, con lo que la disminución de lluvias provocada por el
efecto climatológico de
El Niño ha repercutido
negativamente en el coste final de la energía— y por la demora en el
pago de subsidios por parte del gobierno. Ambos factores han conducido a
empeorar las ya de por sí malas condiciones en las que Electricaribe ha
venido prestando el suministro eléctrico desde que fue privatizada hace
una década y media. En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante
el Ministerio Público ya
reflejaban irregularidades en la gestión de los impagos,
coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas. Un año antes, la problemática era la misma: en
Cartagena
380 usuarios denunciaron cobros inadecuados y accidentes por fallos en
servicio de energía. Todo ello ha contribuido al aumento de las
protestas y las movilizaciones sociales contra Electricaribe, como las
que hace dos años llevaron al bloqueo de carreteras en
Barranquilla tras sufrir
apagones de 34 horas seguidas sin
electricidad. Nada de esto es nuevo; de hecho, es el patrón de conducta
que ha caracterizado las operaciones de Gas Natural Fenosa desde que
inició su andadura en Colombia.
La historia de Fenosa en Colombia Unión Fenosa
comenzó con sus negocios en Colombia en el año 2000, cuando compró tres
empresas del sector eléctrico que habían sido públicas hasta su
privatización a finales de la década de los noventa:
Electrocosta
y Electricaribe, dedicadas a la distribución y venta de energía en los
siete departamentos de la costa del Caribe —ambas unificadas bajo el
nombre de Electricaribe en 2008—, y
Energía del Pacífico
(EPSA), compañía que operaba en el suroccidente del país controlando
todo el proceso desde la generación hasta la comercialización de
electricidad. En 2009, Unión Fenosa vendió EPSA a capitales colombianos
y, tras culminar su fusión con Gas Natural, pasó a integrar todos sus
activos en la renombrada como Gas Natural Fenosa. Como analizamos en
2007 en el libro
La energía que apaga Colombia,
la llegada de la compañía española a este país suramericano siguió
entonces las pautas marcadas en su estrategia de expansión
internacional: tras llevar a cabo adquisiciones a muy bajo precio y con
la posibilidad de operar en
régimen de monopolio pero, a
la vez, con poca rentabilidad inicial, ya que se trataba de empresas
situadas en regiones con infraestructuras en mal estado y amplias capas
de población empobrecida, se trataba de maximizar los beneficios
empresariales en muy poco tiempo mediante tres vías: invertir solamente
en aquellas zonas que aportasen beneficios, tener mano dura en la
gestión del cobro y reducir drásticamente los costes laborales. Desde
el principio de sus operaciones en Colombia, Unión Fenosa achacaba su
agresiva política de recaudación
y la mala prestación del servicio eléctrico al hecho de que la
población de la costa caribeña tenía una “cultura del no pago”. Así,
sostenía la empresa, el antiguo monopolio estatal habría creado una
suerte de
cultura clientelar que favorecería el impago;
la versión de los usuarios y usuarias, sin embargo, era radicalmente
distinta: ante un servicio prestado en pésimas condiciones, las familias
se negaban a pagar unas tarifas que no paraban de crecer. No olvidemos
que, en 2002, una persona con pocos recursos que viviera en una ciudad
costera como Barranquilla tenía que destinar nada menos que el 52% de
sus ingresos totales al pago de la factura mensual de Electricaribe.
Para asegurarse el cobro de las facturas a toda costa, las filiales de
Unión Fenosa emplearon todos los medios a su alcance:
racionamientos de electricidad, apagones, sobrefacturación, amenazas de demanda por la vía penal
por acometer conexiones irregulares… Junto a ello, no realizaron las
inversiones necesarias para el mantenimiento de las redes ni para su
extensión en barrios empobrecidos, con lo que eran continuos los cambios
de tensión y las caídas del cableado que provocaban cuantiosos daños
materiales e incluso llegaron a costar la vida a muchas personas por
electrocuciones.
Ayudas del Estado Ante ese contexto,
se sucedieron las denuncias de la población y aumentó la movilización
social. Sin exagerar demasiado, podemos decir que entre 2002 y 2003
prácticamente toda la costa del Caribe salió a manifestarse,
a cortar carreteras, a concentrarse en las puertas de la empresa. Al
mismo tiempo, Electricaribe anunciaba que estaba a punto de entrar en
quiebra y que, por tanto, tendría que “escoger los sitios y las
condiciones que pudieran hacer su actividad más rentable y productiva”.
Frente a la amenaza de abandonar el servicio en amplias zonas, el
gobierno colombiano —entonces presidido por
Álvaro Uribe—
desplegó las políticas y promulgó las leyes que exigía la multinacional
española para hacer rentable su negocio: subsidios estatales —pagados
directamente a la filial de Fenosa— para reducir la factura de la
población con menos recursos,
inversión pública en infraestructura eléctrica,
capitalización de la empresa —en la que el Estado siempre ha mantenido
una participación significativa, aunque con los años esta se ha ido
reduciendo hasta llegar al 15% actual—, reenvío a las instituciones
municipales de la responsabilidad de ofrecer el servicio a los barrios
más pobres. Ya entonces Electricaribe afirmaba, como lo hace ahora, que
los clientes acumulaban una deuda insostenible. Efectivamente, había
un elevado endeudamiento de los habitantes de los barrios empobrecidos
y de algunas administraciones, pero es igualmente cierto que nunca
llegó a plantearse seriamente cómo hacer frente a este problema. En
realidad, como tratamos de demostrar en un
estudio publicado en 2008,
la deuda ha venido funcionando como un elemento de presión para obligar
al gobierno a seguir asegurando los ingresos empresariales vía
subsidios públicos. Con el paso de los años, las protestas contra la
filial de Gas Natural Fenosa fueron reduciéndose, tanto por las
políticas estatales a favor de la compañía como por sus propios
programas de “responsabilidad social”,
con los que —a través de otra subsidiaria llamada, no por casualidad,
Energía Social— subcontrataba a destacados líderes comunitarios como
cobradores de las facturas para así desarticular al movimiento social. Y
en eso también tuvo mucho que ver, como en tantas otras partes de
Colombia,
la violencia ejercida por los grupos paramilitares contra los dirigentes sociales y sindicales:
entre 1998 y 2006 fueron asesinados 27 sindicalistas relacionados con
el sector eléctrico en la Costa del Caribe. Como resumía una vecina de
Riohacha, la capital de La Guajira, “la dilatación de los procesos
debilitó la protesta, a la vez que los paños de agua caliente de la
administración, la eliminación selectiva de los líderes sociales y las
amenazas favorecieron la apatía de la comunidad”.
Las perspectivas de futuro En 2016, solo en el municipio de Barranquilla se han producido
142 protestas por fallos de Electricaribe,
lo que nos da una idea del nivel de conflicto social que está causando
la prestación del servicio eléctrico en malas condiciones. La empresa, a
su vez, también maneja sus propias estadísticas:
193 agresiones físicas
contra el personal que realizaba el cobro o la supervisión de las
conexiones en lo que va de año. Protestas crecientes, aumento de los
apagones y de la tarifa, violencia en la relación usuarios-empresa,
amenaza de estar en una situación de quiebra por parte de Electricaribe,
críticas a la “cultura del no pago”, apertura de mesas de negociación
por el Estado… En realidad, la situación actual es prácticamente la
misma que se vivió en el año 2003. Por aquel entonces, el gobierno puso
en marcha las
leyes y la financiación pública
necesarias para lograr la rentabilidad exigida por Electricaribe.
¿Ocurrirá algo parecido en esta ocasión? Si atendemos a la postura del
gobierno de Santos respecto a la inversión extranjera y a los mensajes
que ha transmitido Gas Natural Fenosa, todo indica que estamos ante una
segunda parte de la misma película. El presidente Santos ha sido un
invitado habitual a muchos foros internacionales impulsados por los
lobbies empresariales, donde no ha dudado en promocionar una idea de
“seguridad jurídica” muy favorable a los intereses de las empresas transnacionales. Por ejemplo, en el
Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial entre Colombia y España, celebrado en 2012 justo un mes después de que el gobierno de
Cristina Fernández expropiara la filial de Repsol en Argentina, Santos se reafirmó en
su declaración de intenciones: “Aquí nosotros no expropiamos, presidente Rajoy”. Dos años después, en el Foro Invertir en Colombia, organizado por el grupo
PRISA junto a grandes multinacionales con presencia en el país como
Telefónica, Ferrovial, BBVA, Endesa
y Gas Natural Fenosa —representada esta última en aquel encuentro por
quien fue su consejero hasta hace poco, el expresidente del gobierno
Felipe González—, venía a trasmitirse un mensaje similar: lo que es bueno para las
transnacionales españolas
es bueno para la población colombiana. Con estos antecedentes, no
parece que precisamente vaya a avanzarse por la senda del conflicto con
compañías como Gas Natural Fenosa, a pesar de que esté incumpliendo con
su obligación de proveer un servicio público básico. La multinacional,
por su parte, tampoco se ha sentido demasiado amenazada con la
intervención del gobierno colombiano, tal y como se desprende de
su comunicado del martes:
“No se estima que la mencionada intervención temporal de la compañía
colombiana tenga impacto sobre el resultado neto ni sobre el cash-flow
de Gas Natural Fenosa, no afectando por tanto a su actual
política de dividendos”.
En sintonía con lo que ha sido la historia de la empresa en el país y
en línea con lo que apuntaba hace un par de días el diario
El Confidencial, más bien parece que
la intervención de Electricaribe por parte del Estado
colombiano a lo que responde es a un acuerdo no oficial, a un pacto
gobierno-empresa no declarado públicamente, con unos objetivos muy
claros: calmar las protestas sociales, inyectar liquidez y sanear las
cuentas de la empresa, y crear los instrumentos necesarios para que la
compañía continúe obteniendo grandes dividendos con sus operaciones en
el país.
*Autores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Más en
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