El desarrollo de la contrainsurgencia y la guerra sucia en México: antecedentes del narco-paramilitarismo (X)
Guerra de Baja Intensidad, base teórica del narco-paramilitarismo.
Cuando Ronald Reagan llego a la presidencia de Estados Unidos, asumió
la idea de devolver a ese país su lugar como potencia hegemónica
mundial, para lo cual adopta una estrategia ofensiva, tanto en lo
ideológico como en lo geoestratégico, siendo su lema
“America is back”.
De suerte que, Reagan impulsa un nuevo y revolucionario aspecto de la
política exterior, implementando la doctrina de los Conflictos de Baja
Intensidad
[1] o Guerras de Baja Intensidad, iniciado por el Pentágono en 1985.
Acorde a lo cual, un año más tarde, se publica una obra de dos volúmenes titulada
Joint Low-Intensity Conflict Proyect Final Report [2]. En
el que se fijan los conceptos, la estrategia, las pautas y la
aplicación de la doctrina de combate para los Conflictos de Baja
Intensidad.
Obra a los que, en enero de 1986, se le sumara la
inauguración de la primera conferencia del Pentágono, sobre la Guerra de
Baja Intensidad, realizada por el Secretario de Defensa, Caspar
Weinberger, y celebrada en Fort Leslie Mc Nair, Washington D.C. Además
de que en febrero del mismo año, se establece el Comando Conjunto del
Ejército y la Fuerza Aérea, para la Guerra de Baja Intensidad.
Así como desde ese momento, la doctrina del CBI será transferida a los
cuerpos militares operativos, mediante manuales de campo y folletos
especiales. Siendo el objetivo, proporcionar a las fuerzas
estadounidenses los conceptos, las pautas y la aplicación de la doctrina
de combate del CBI para el III Mundo, principalmente.
Todo con el fin de perfeccionar los programas contrainsurgentes norteamericanos de 1960, e incorporar estrategias
pro-insurgentes,
destinadas a contrarrestar los efectos positivos que dejaron los
movimientos revolucionarios en las comunidades donde desarrollaron sus
luchas.
Y para conseguir tales fines, la GBI operará bajo tres modalidades:
1. La “no” eliminación física del contrincante, como se realizó
prioritariamente con la Guerra Sucia, sino el debilitamiento, la
deslegitimación y el aislamiento del guerrillero. Para eliminarlo como
alternativa política, en momentos en que se implementarán las
“democracias viables”.
2. Además de terminar con el núcleo
armado de la guerrilla, se atacará a la población civil que le brinde
apoyo, así como con sus simpatizantes. De suerte que desde entonces,
la población se convierte en un objetivo estratégico de la guerra. Buscando su desgaste físico, moral, psicológico y material, para que disminuya el apoyo a los grupos rebeldes.
3. La creación de “
grupos de autodefensa” (paramilitares) [3],
que realicen el trabajo sucio que organismos oficiales, como policías y
el Ejército, habían venido realizado, pero a partir de entonces se
pretenderá no “manchar” la imagen de las instituciones gubernamentales.
Aquí se incluirán las denominadas operaciones especiales utilizadas
durante la Guerra Sucia, (actividades clandestinas paramilitares), así
como el protagonismo de los sistemas de inteligencia, las estructuras
diplomáticas y los despliegues logísticos
[4].
Así,
acorde con los tres elementos de la GBI, la violencia o el uso de la
fuerza, quedará a cargo del ejército, las policías y los grupos de
autodefensa (paramilitares), previamente entrenados, particularmente en
EU. Violencia que ira desde la tortura, el asesinato, las desapariciones
forzadas, hasta las masacres masivas.
Actividades que estarán
íntimamente vinculadas con la manipulación ideológica, en la búsqueda
del apoyo popular a través de campañas políticas y demás, cuyas premisas
serán “ganar las mentes y los corazones del pueblo”
[5] .
Debido a que no bastará con las operaciones militares por parte del
Estado, para contrarrestar a la guerrilla y terminar con su base de
apoyo.
De manera que, el Estado, en contubernio con medios de
comunicación, sectores de la Iglesias, autoridades escolares, partidos
políticos y demás, buscará crear un c onsenso
entre la población
para que apruebe la intervención del ejército y acabe con movimiento
armado, así como con quienes lo apoyen.
Descalificando
continuamente a los movimientos armados, se buscará que sean vistos por
la mayor parte de la población, como procesos subversivos y siniestros,
una plaga de malas hierbas diseminadas por doquier, nutridas en el suelo
de la discordia social, del dislocamiento económico, del caos político,
hasta resultar transformados en fanáticos armados, quienes antes eran
obreros y campesinos pacíficos.
Y que, al recurrir a la violencia, violan la ley y por ende desestabiliza la “paz social en que se vive”.
Más todavía, se tratará de convencer a la población de que el
guerrillero, normalista y demás luchadores sociales, son producto de una
ideología y no de una realidad social represiva, surgidos a partir de
una lectura oportuna o tardía de libros que lo radicalizaron o por
manipulaciones de países extranjeros.
Dejando de lado el
Estado, las causas que han hecho surgir a la guerrilla o movimiento de
protesta, como la represión, la injusta condición de vida, la falta de
respuesta a sus demandas, entre otras cuestiones. Y, manipulando por el
contrario la información, para que ante la vista de la opinión pública,
sean vistos como delincuentes que solo entenderán con la violencia
ejercida por los aparatos militares y policiacos
[6].
Hechos dentro de los cuales también se contemplara la intervención
mediante operaciones especiales, realizadas por cuerpos seleccionados y
entrenados ad hoc, que tomaran en cuenta el espacio geográfico, los
rasgos culturales y la mentalidad de la región, a fin de evitar la mayor
cantidad de obstáculos posibles.
Y que derivarán en la
resignificación de lo que será considerado como una amenaza y la
respuesta a la misma, por parte de países como el nuestro, bajo la
presión estadounidense, en este caso, lo que desde 1979 se ha venido
considerando como terrorismo y narcotráfico.
Respecto al
terrorismo, desde la década de los 80 se ha ido tejiendo un discurso a
modo desde los Estados Unidos, donde el problema es que se atenta
directamente contra los intereses estratégicos de los EE UU. Y dentro de
tal discurso, las medidas de intervención, las técnicas y las formas
que se han adoptado, contra lo que han denominado terrorismo, han sido
en la mayor parte de los casos, estrictamente secretas y confidenciales.
Aspecto que ha sido similar para el caso de la llamada Guerra
contra el Narcotráfico, implementada principalmente en nuestro
continente. A partir de una iniciativa enviada al Congreso
estadounidense por Reagan, quien firma un documento secreto, que
autoriza al Departamento de Defensa, a emprender una amplia gama de
operativos.
A consecuencia de ello, desde 1981, las fuerzas
armadas, fueron asignadas a colaborar - como fuerzas de apoyo - con las
autoridades federales y estatales (fundamentalmente la DEA) en todo lo
referente a las acciones antidroga.
Así como en 1986, una orden
presidencial autorizó al Pentágono a planear maniobras de ataque contra
laboratorios y centros de procesamiento de estupefacientes ubicadas en
otros países, además de ampliar sus tareas de inteligencia
[7].
La estrategia del Estado mexicano para combatir a la guerrilla, conforme a la Guerra de Baja Intensidad.
Para combatir a la guerrilla, conforme a la Guerra de Baja Intensidad
[8],
el Estado mexicano, dentro de los lineamientos estadounidenses,
militarizo zonas en conflicto, como lo fue Chihuahua, para combatir a
Óscar González Eguiarte y la guerrilla que él encabezo, aplicando la “
Operación Yunque y Martillo”.
Instaurando dichas operaciones, en un primer momento un estado de sitio
en todas las comunidades identificadas como bases de apoyo, así como
establecieron campamentos militares a gran escala. A partir de lo cual,
crearon 15 partidas militares en lugares donde antes no tenían
presencia, para saturar la zona con diez mil soldados y lograr cercar el
área de influencia del movimiento guerrillero, hasta penetrar en los
lugares más apartados de la sierra, con helicópteros de la fuerza aérea y
avionetas de la policía militar.
Todo lo cual, que combinado
con patrullajes permanentes de convoyes militares, que peinaron la
región con tanquetas y vuelos rasantes, permitirían el total avance del
estado de sitio.
Sin embargo, la guerra de Baja Intensidad no
se agota en lo militar, sino que conforme a su tarea crucial, que no es
destruir a las fuerzas enemigas en el campo de batalla, sino ganar el
apoyo de la población, el ejército, a la vez que ha enfrentado a los
comandos armados, ha llevado asesoría agrícola a los campesinos,
atención médica y medicinas, víveres y ropa a la población.
Inyectando en su momento el Estado recursos en créditos,
electrificación, apertura de caminos, centros de salud, agua potable y
demás
[9]. E introdujo tiendas de la CONASUPO, el IMECAFE
[10], entre otros programas de gobierno.
Medidas referentes a recursos económicos y sociales, que se han
aplicado mientras los conflictos se mantienen vivos, pero una vez que la
zona pasa a control del Ejército se retiran. Por lo que las estrategias
cívicas o las
Campañas humanitarias solo han resultado
ser una maniobra de inteligencia y reconocimiento del terreno.
Consistentes en llevar tiendas Conasupo, en las que se ha vendido o
regalado maíz, frijol, azúcar, café y arroz.
Campañas dentro de
las cuales también han participado médicos, entrenadores deportivos y
técnicos, encargados de entablar comunicación con los pueblos de la
sierra, construir carreteras y canchas deportivas, para ubicar a quienes
simpatizan o forman parte de la base guerrillera.
Pero una vez
logrado dichos objetivos, se ha dado paso a la estrategia militar, dado
que las carreteras construidas han servido para transportar tropas
rápidamente en la sierra, las canchas deportivas para el aterrizaje de
helicópteros que han transportado paracaidistas y pertrechos militares.
Mientras que el contacto social con los habitantes, establecido a
través de las consultas médicas y el entrenamiento deportivo, ha servido
para cazar a los insurgentes, especialmente a sus familiares, vecinos y
simpatizantes y lo cual a derivado en ejecuciones, desapariciones y
desplazamientos poblacionales
[11].
De suerte que una
vez colocadas las bases militares, lo que se ha mantenido vigente hasta
la fecha, es la ocupación militar de amplias zonas.
Y
profesionalizándose la acción contrainsurgente, al ponerse en marcha
programas de reclutamiento militar, disfrazados bajo la promoción de
actividades deportivas. De manera que, entre 1968 y 1974, se hicieron
pasar como “apoyo humanitario”, catorce campañas militares. Para en
realidad enfrentar de manera directa a la guerrilla, reprimiendo al
pueblo y sus bases de apoyo.
Guerra de Baja Intensidad que
desde 1968 se ha mantenido en Guerrero, dirigida desde las zonas
militares 27 y 35, y que ha contado con el apoyo de la policía federal.
Conjugando el Estado la aplicación de programas asistenciales y el
terror, a partir del uso de grupos de narcoparamilitares y la presión
oficial de las instancias policiacas de gobierno, para implementar el
asesinato selectivo o masivo.
Y conforme a lo cual, se han
multiplicado los entierros colectivos, los detenidos desaparecidos, los
secuestrados desaparecidos y los migrantes desaparecidos. Situación que
tan sólo durante la gubernatura de Alejandro Cervantes Delgado
(1981–1987) llevo al descubrimiento de 5 pozos en el fraccionamiento
residencial Copacabana, en Acapulco, con 38 cadáveres.
Más todavía, dentro de tal espectro, se le sumarán los asesinatos individuales de personajes como Gregorio Flores Cortés (1992)
[12],
Juan Mercenario, regidor suplente del municipio de Metlatónoc; el
comisariado ejidal de Xaltianguis, Julián Vergara Nava y Moisés Bruno
López, líder del PRD en Moyetec, municipio de Tlapa. Muertos a manos de
pistoleros a sueldo.
Eventos en los que también han participado
la policía estatal y el Ejército, a partir de actos como la emboscada
perpetrada por varios de estos elementos en 1995, en el vado de Aguas
Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, y resultaron asesinados 17
campesinos e hirieron a 23 más. Cuando un contingente se dirigía a un
mitin político a realizarse en la Presidencia Municipal de Atoyac para
exigir la presentación con vida de Gilberto Romero López, desaparecido
un mes antes
[13].
Siendo el caso
más reciente (2014), el asesinato de seis personas, 25 heridos y 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos,
después de ser agredidos a tiros por parte de la policía municipal de
Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
Y donde
también han resultado implicadas Fuerzas del Ejército Nacional,
particularmente, el 27º Batallón de Infantería acantonado en Iguala. Dos
horas después del primer ataque, se suscitó uno nuevo, donde el
Ejército se presenta, sin evitar el primer ataque, agrediendo a los
estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles
culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.
“Los soldados –contó el estudiante normalista Omar García a Tele Sur–
"nos dijeron: 'ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con
hombrecitos, "
amárrensen "
los pantalones. Eso les pasa
por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales.
Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca
los van a encontrar
[14].
Así como se ha venido
señalando a Humberto Velázquez Delgado, comandante de la Policía
Ministerial de Guerrero, como elemento indispensable para aclarar la
relación entre criminales y autoridades
[15].
Y peor
aún, se han venido reportando actos de tortura y otras violaciones a
derechos humanos contra 34 de los 129 procesados por el caso Ayotzinapa,
a fin de que estos se autoinculpen y señalen a otros posibles
responsables.
Además de que han sido víctimas de otras
violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser
detenidos, por parte de agentes del gobierno federal, según ha indicado
el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab
[16].
Actos pasados y presentes, por los cuales los jefes militares, han
cobrado altos réditos, desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis
Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y hasta la fecha. A
lo cual responden los premios otorgados a algunos generales a partir de
concesiones de poder político y multiplicación de sus recursos
materiales, económicos y humanos. Hechos que han sido apoyados por
secretarios de la Defensa como, Marcelino García Barragán, Hermenegildo
Cuenca, Félix Galván y Juan José Arévalo Gardoqui
[17].
Resabios de la Guerra Sucia que fortalecen la conformación del narcoparamilitarismo.
Una de las consecuencias principales de la “guerra sucia” que se ha
ejercido en nuestro país en contra de los movimientos subversivos,
particularmente durante la década de los setenta. Ha sido la
reproducción sistemáticamente de violaciones a los derechos humanos
fundamentales, mediante el uso de la tortura
[18], las
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, actos
revitalizados a partir del establecimiento de la llamada guerra contra
el narcotráfico en nuestro país.
Toda vez que, a finales de los
setentas, mediante instrumentos como “la reforma política” del régimen
de López Portillo, las fuerzas contrainsurgentes y sus elementos no
fueron desactivadas, una vez que la subversión fue aparentemente
derrotada.
De suerte que, si bien a principios de los ochentas
se abolió la estructura central contrainsurgente (Brigada Blanca), los
grupos especiales de distintas corporaciones se mantuvieron y fueron
refuncionalizadas para que cometieran todo tipo de delitos sin
justificación por “razones de Estado”.
Dentro de tal espectro, en 1979 se sustituye a la Brigada Blanca, por miembros de la
Brigada No 15, mejor conocida como el “
Grupo Jaguar”, de la extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD).
Siendo el primer jefe de la nueva brigada el mayor Roberto Reta Ochoa,
pero asesinado en octubre de 1980 en un enfrentamiento en la población
de Yuriria, Guanajuato, sería sustituido por Rodolfo Reséndiz Rodríguez
“El Rudy”, mismos que sería cobijado después, como muchos otros, en la
Policía Judicial del Distrito Federal
[19].
Dotándoseles a todos los miembros de la Brigada No 15, de armas de alto
poder, patrullas y sistemas de radiotelefonía, pero en lugar de brindar
seguridad a la ciudadanía, al realizar sus principales rondines en los
centros fabriles, atracaban a los obreros cada quincena.
Además, en complicidad con los jefes de seguridad de los grandes
almacenes y tiendas de autoservicio como “Liverpool”, “El Palacio de
Hierro”, “Gigante” y “Aurrerá”, llevaban a los detenidos por robos de
mercancías hasta diversas cárceles clandestinas, centros de tortura y
muerte
[20].
Tolerancia hacia la
comisión de delitos aislados por parte de los ejecutores de la guerra
sucia, que transitara a la tolerancia de formas generalizadas,
sistemáticas y mejor organizadas de crímenes, que alcanzarán a los más
altos niveles de decisión del Estado.
Proliferando así crímenes como el narcotráfico, el robo de autos en el sur de Estados Unidos
[21],
el control de la lotería clandestina, el lenocinio, el contrabando de
mercancías ilícitas, la extorción hacia asaltantes, así como hacia otros
delincuentes, el tráfico de armas, asaltos a camiones que transportan
mercancías e insumos, el tráfico de personas, secuestro, asalto a
bancos, entre otros.
Debido a que, tanto jefes policiacos y hoy
militares, se han valido de elementos en activo, así como de
delincuentes sin placa, brindándoseles una impunidad garantizada.
Entramado que además ha incluido la corrupción de empleados y mandos de
penales del país, miembros de las fuerzas armadas, legisladores
federales y locales, presidentes municipales y a miembros del poder
judicial
[22].
Y peor aún, dentro de tales hechos,
comandantes se han convertido en los jefes criminales. Siendo uno de los
casos más representativos el de
Rafael Aguilar Guajardo,
mismo que fuera un ferviente participe en la guerra sucia de los años
setenta, siendo comandante de la región noreste de la Dirección Federal
de Seguridad, posteriormente funda y será jefe del cártel de Juárez,
hasta su asesinato en 1993.
Caso similar sería el de
Alfredo Ríos Galeana,
quien fuera comandante del Batallón de Radio Patrullas del Estado de
México, y desde su puesto manejo una de las bandas más importantes de
asalta bancos.
Hechos que se verán replicados en los noventa,
en el estado de Jalisco, cuando algunos ex miembros de la Brigada
Blanca, formaron parte de un par de escuadrones de la muerte
Los Thundercats y
Los Muñecos.
Financiados por un grupo de empresarios y con protección de cinco ex
gobernadores, estos grupos se vieron implicados en el asesinato de
secuestradores.
Actos que peor aún, se han desarrollado
aparejados con el mantenimiento de la represión y destrucción de los
movimientos sociales.
Caso particular ha sido el de loxicha en
Oaxaca, zona donde a partir del levantamiento armado del EZLN en 1994 y
desde la firma de los acuerdos de San Andrés, sobre derechos y cultura
indígena –acuerdos traicionados por el Estado mexicano- se implementaron
medidas contrainsurgentes por parte del entonces gobernador, Diodoro
Carrasco Altamirano y el presidente, Ernesto Zedillo.
Medidas
implementadas en 1994, que partirán de un nuevo acuerdo para los pueblos
indígenas, que para 1998 daría lugar a la aprobación de los
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca.
Como parte de una estrategia de contención del descontento social y de
la desarticulación de procesos organizativos que pudieran derivar en un
acercamiento con los diferentes grupos armados.
Dentro de la
misma lógica, en 1996, en todo el estado de Oaxaca se implementaron
acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, se
desarrollaron tareas de inteligencia, así como se crearon grupos
paramilitares, como “
Los entregadores”, en la región loxicha.
Dicho grupo estaría financiada por los caciques y su labor fundamental
sería la delación, que se realizaría entregando a los presuntos
guerrilleros y realizando acciones de tortura, asesinatos selectivos,
violaciones de mujeres y detenciones arbitrarias. Además de que, partir
de ese año, Oaxaca se militarizó, lo cual genero tensión, miedo y
hostigamiento hacia diversas comunidades y organizaciones sociales
[23].
Situación que se mantendrá en Oaxaca, particularmente durante el
conflicto que se desarrolló entre el gobierno de Ulises Ruiz y la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En ese momento, el
gobierno organizó una
Unidad Mixta de Intervención Táctica
(UMIT), que ha sido conocida también como Brigada Blanca y que se
dedicó a realizar espionajes, secuestros, sabotaje de manifestaciones y
tiroteos a barricadas.
Y que dejaría como saldo la detención
“preventiva” de más de 500 personas, así como se volvió a agudizar la
práctica de la tortura, la desaparición forzada y el asesinato.
Más toda vía, al terminar el conflicto, cuando intervino la Policía
Federal Preventiva en el estado, la UMIT fue desarticulada, pero en su
lugar se formó un nuevo grupo con sus mismos integrantes, al que
llamaron
Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR). Misma
que sería responsable de las detenciones – desapariciones de los
militantes del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR):
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
A lo cual
habrá que añadir que desde ese momento, la ciudad de Oaxaca es una de
las más vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente, contándose
con 230 cámaras, que forman parte del Centro de Comando, Control,
Comunicación y Cómputo (C4)
[24].
Mismo que filma y
guarda los datos recabados en cada una de las áreas monitoreadas, además
de ser capaz de detectar rostros, gestos y rasgos, apoyados por
sordomudos que analizan cada movimiento.
Dentro de la misma
lógica, en el estado de Guerrero, en 2008, el ex gobernador Zeferino
Torreblanca (2005-2011) ordenó la realización de lo que llamó Operativos
Especiales, con la finalidad de combatir a la guerrilla del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
E igualmente, en
la Ciudad de México, durante las manifestaciones del 1 de diciembre de
2012, en rechazo a la toma de protesta presidencial de Enrique Peña
Nieto, aparece de forma violenta un grupo de sujetos que
llevaban un guante negro con los dedos cortos y no sabían pintar el símbolo de los anarquistas, destruyendo semáforos y atacando policías, mientras las cámaras de vigilancia quedaron inexplicablemente inutilizadas.
Además, durante las manifestaciones que se realizaron a lo largo del
2013, se pudo observar camiones del Ejército y de la Marina
transportando a algunos de sus elementos vestidos como manifestantes,
mismos que realizan destrozos durante las protestas para posteriormente
detener a manifestantes, acusándolos de anarquistas
[25].
Similitudes con Colombia.
El desarrollo y auge del actual paramilitarismo en México, tiene una
gran similitud con el desarrollo del mismo en Colombia, especialmente
respecto a sus vínculos con empresarios, gobernantes y militares.
Siendo que en Colombia, desde 1970, especialmente en los Llanos
Orientales, compraron grandes extensiones de tierras empresarios de
esmeraldas y narcotraficantes. Los primeros originarios del oriente de
Boyacá y los segundos serían conocidos como
Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano integrante del cartel de Medellín.
Compras que se incrementarían, a comienzos de la década de 1980, cuando
Rodríguez Gacha establece alianzas económicas y militares con Fidel
Castaño, promotor del paramilitarismo en Córdoba y la región del
nordeste antioqueño.
Así como después de la sangrienta guerra
desatada entre los ejércitos privados de Rodríguez Gacha y las FARC, y
donde destacara el grupo perteneciente a Rodríguez, conocido como
Los Masetos,
al sembrar el terror en la población. Dado que, antes que confrontar
militarmente a la guerrilla, la estrategia de dicho grupo consistió en
eliminar a los militantes y simpatizantes del Partido Comunista
Colombiano (PCC) y a todo aquel que fuera considerado “base social” de
la guerrilla.
Lo cual configurará los primeros procesos de
desestructuración y de arrasamiento de la izquierda en el territorio,
que serían auspiciados por el Estado en cuanto que, Los Masetos tenían
conexiones con miembros del Ejército.
Además de que a Los Masetos, se les sumaran los hechos delictivos cometidos por grupos de autodefensa locales conocidos como
Mano Negra o
Serpientes Negras,
creados por terratenientes de la región, entre los cuales destacará a
Henry Valenzuela, finquero de San Martín. A este grupo pertenecería,
Edilson Cifuentes, quien después de prestar servicio militar en el
Batallón 21 Vargas, ingresó en 1987 a las Serpientes Negras, con el
seudónimo de Richard y se convertiría después en uno de los comandantes
de las Auto defensas Unidas de Colombia (AUC)
[26].
Más
aún, los grupos de narcoparamilitares se fortalecerán y se vincularan,
cuando atacan las élites de la región, el proceso de paz, iniciado por
el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), que buscaba la solución
política del conflicto armado con las FARC.
Encontrando dicho
proceso, desde el primer momento oposición por parte de empresarios,
terratenientes y políticos, como Alfonso López Michelsen, Carlos Lleras
Restrepo, Fernando Landazábal y Luis Carlos Camacho Leiva, así como por
sectores de las Fuerzas Militares, que se negaron a apoyarlo, y por el
contrario se aferraron a los lineamientos de la lucha contrainsurgente,
el anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional, empoderados por la
política internacional anticomunista de Estados Unidos, en cabeza de
Ronald Reagan.
A tal oposición también se sumarian, los
caciques regionales de los partidos Liberal y Conservador, siendo que
para ellos, la apertura democrática implicaría una ampliación en los
referentes políticos de los electores, así como el riesgo de que las
reformas sociales e institucionales jamás tramitadas se tuvieran que
canalizar y que la cultura política gamonal y clientelista que tanto los
favorecía desde tiempo atrás se fuera a cuestionar.
Así, en el
Alto Ariari, los políticos regionales tradicionales vieron a la Unión
Patriótica (UP), que apoya a las FARC y que probablemente ganaría las
elecciones, como una amenaza al statu quo, vieron lo que estaba
ocurriendo como una antesala para la toma del poder por parte de las
FARC y sintieron que estaban en peligro sus grandes propiedades
personajes como, Hernando Durán Dussán, Jorge Ariel Infante Leal y
Leovigildo Gutiérrez, entre otros.
De suerte que, a partir de
ese momento, se consolidará la guerra sucia y las operaciones de
exterminio en Colombia, concretadas por medio de planes y operaciones,
como la
Operación Cóndor y el
Plan Baile Rojo, los cuales buscaron socavar la dirección nacional de los movimientos sociales, por medio del asesinato de sus dirigentes.
Planes nacionales que tendrían como complemento planes regionales, como el
Plan Esmeralda que tendría por objeto barrer con la influencia de la UP y el PCC en los departamentos del Caquetá y Meta
[27].
Operaciones que lucirían inmediatamente después de las votaciones,
perpetrando masacres, asesinatos y desapariciones forzadas. Y actuando
los asesinos conjuntamente, o en complicidad, con agentes del Estado,
miembros de la fuerza pública o los servicios de inteligencia.
En tal sentido, el 8 de agosto de 1986, tras la primera incursión de un
grupo paramilitar en el municipio El Castillo, campesinos lograron
identificar a tres de las personas que vestían uniformes y portaban
armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares: se trataba de Ezequiel
Liberato, inspector de policía de El Dorado, Joaquín Silva, jefe de uno
de los grupos paramilitares que operaban en El Dorado y Cubarral, y José
Sierra, esposo de una concejal de Cubarral.
Más todavía, tras
la misma incursión paramilitar, se produjo una masacre en la vereda
Cumaral Bajo y un grupo de hombres armados, vestidos con prendas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas, ingresaron violentamente en la
madrugada a la vivienda del campesino José Antonio Guerra y asesinaron a
dos personas.
Además, a José Antonio lo amarraron y se lo
llevaron, junto con otras tres personas, a la fuerza, y se encontraron
sus cadáveres al día siguiente, muy cerca de donde había estado ubicado
uno de los campamentos militares. Encontrándose los cuerpos degollados,
con señales de tortura causadas con armas cortopunzantes y rociados con
ácido.
Actos que se fortalecerán ante la expansión política y
militar del paramilitarismo, a partir de la década de 1990, cuando se
crean las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en 1995 y en
1997, cuando se crean de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia),
movimiento paramilitar nacional unificado bajo el mando de Carlos
Castaño.
Importante transformación del paramilitarismo, que le
permitirá expandirse, ampliando su dominio territorial a nuevos
departamentos e insertarse con más fuerza en el mercado de la coca,
articularse con actores legales e iniciar un acelerado proceso de
reconfiguración cooptada del Estado
[28].
Cambios que
necesariamente tuvieron también una ampliación en los repertorios
contrainsurgentes, aplicados contra la población civil y que hoy se
vislumbran como un posible escenario exacerbado en México.
Bibliografía.
López Bárcenas Francisco.
Muertes sin fin. Crónicas de represión en la región mixteca oaxaqueña. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Ce-Acatl, A.C. 2002.
Hemerografía.
17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento
forzado en El Castillo (Meta).
200 o más cuerpos en las fosas clandestinas de la academia de policías
en Veracruz, “ahí mismo se dan prácticas sádicas y enseñan cómo volverte
sicario, delincuente y psicópata ”:
poblador. Revolución 3.0
Tenían 14 y 16 años e iban al cine, mueren baleadas por policías, quienes les 'siembran' armas . Vanguardia.
Notas[1]
La denominación de GBI derivó de lo que el Pentágono entendía por
guerra, por lo cual hizo “una división teórica de la lucha armada en los
niveles, bajo, mediano y alto, dependiendo del grado de fuerza y
violencia que se tiene que utilizar en cada una. La guerra de guerrillas
y otras contiendas desarrolladas por unidades irregulares son
clasificadas como
guerras de baja intensidad; los enfrentamientos regionales donde se emplean armas modernas son considerados
guerras de mediana intensidad, y las conflagraciones globales o las hostilidades en que se utilicen armas nucleares, son identificadas como
guerras de alta intensidad”. Es decir que para la guerrilla implica utilizar una GBI. Extraído de:
Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR, de Blanca
Estela Martínez Torres. Tesina para obtener el grado de licenciado en
Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa. Julio de 2006.
Para más información respecto al tema se puede consultar:
Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico. 23-09-2015. Por: Ramón César González Ortiz , en Rebelión.
[2] La definición que establece el Informe final del
Low Intensity Conflict Team sostiene que:
“
El Conflicto de Baja Intensidad es una lucha político-militar limitada
para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos.
Es muchas veces prolongado y varía de presiones diplomáticas, económicas
y psico-sociales hasta el terrorismo y la contrainsurgencia. El
conflicto de baja intensidad generalmente se limita a un área geográfica
y muchas veces se caracteriza por constreñimientos en las armas,
tácticas y nivel de violencia
”. Extraído de:
La doctrina de
la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la
formulación de una nueva categoría de conflicto. Por:
Patricia Kreibohm de Schiavone.
[3]
-Para evitar que las fuerzas armadas sean enjuiciadas por los crímenes
de lesa humanidad que han cometido; los actos que realizan los
paramilitares permiten el desarrollo de actos criminales en donde no
aparecen implicados directamente los organismos de seguridad del Estado,
lo cual facilita la impunidad.
-Sirven para hacer creer que el
conflicto es entre grupos paramilitares y guerrilla (como pugnas
interfamiliares o intercomunitarias) y hacer ver a la opinión pública
que las atrocidades son cometidas por la guerrilla, para restarle
legitimidad.
-Los paramilitares le permiten al Estado y a las
fuerzas armadas realizar operaciones masivas encubiertas de carácter
contrainsurgente y movilizar recursos sin que se descubran sus fuentes.
Aunque el Ejército se encargue de entrenar a los paramilitares
lógicamente nunca lo reconocerá, por eso el Estado los utiliza cuando lo
cree conveniente, sino el mismo Ejército se encarga de reprimir.
Extraído de:
La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del
intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría
de conflicto. Por:
Patricia Kreibohm de Schiavone.
[4] Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR ,
de Blanca Estela Martínez Torres, tesina que la autora preparó para
obtener el grado de licenciado en Ciencia Política ante la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Escrito en julio de 2006.
[5]
Serán ejecutadas por agencias civiles o militares de los EUA dentro de
programas aprobados por gobiernos extranjeros, destinadas a prevenir
(programas proactivos) o derrotar movimientos insurgentes (programas
reactivos). Conocidas como operativos IDAD (Internal Defense and
Development). Acciones destinadas a ganar
“las mentes y los corazones de las naciones amigas en riesgo”, mediante
la coordinación de planes políticos, militares y económicos
implementados por el país anfitrión, a efecto de alcanzar dos objetivos:
a) privar a los grupos insurgentes de apoyo popular y b) frustrar sus
opciones estratégicas concretas.
Ámbito dentro del cual, el rol
de los EEUU se limita a prestar apoyo económico y asesoramiento militar
- aunque descarta la posibilidad de una intervención armada directa.
Se trata de cubrir un rol auxiliar, de bajo perfil, para respaldar a
las fuerzas locales en el manejo de la guerra contrainsurgente: acción
cívico-militar, operativos psicológicos (mejorar la imagen del gobierno y
desacreditar a los grupos insurgentes), tareas de inteligencia y lucha
antiguerrillera (operaciones llevadas a cabo por pequeñas unidades y
empleo quirúrgico de las fuerzas de combate para evitar bajas entre la
población civil), estas últimas desempeñadas preferentemente por Fuerzas
Especiales. Extraído de:
La doctrina de la Guerra de Baja
Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una
nueva categoría de conflicto. Por:
Patricia Kreibohm de Schiavone.
[6] Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR ,
de Blanca Estela Martínez Torres, tesina que la autora preparó para
obtener el grado de licenciado en Ciencia Política ante la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Escrito en julio de 2006.
[7] La
doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo
norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por:
Patricia Kreibohm de Schiavone.
[8] Para checar más información sobre la Guerra de Baja Intensidad ver: Rebelión.
Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico. Por:
Ramón César González Ortiz.
23-09-2015.
[9]
Lo cual ocurre de acuerdo al Plan de Defensa Nacional III (DN-III-E),
que supuestamente tiene la finalidad de proteger a la población en caso
de desastres naturales o causados por el hombre.
[10]
En 1958 se crea el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), órgano
federal que aglutinó las actividades del café mexicano. Durante su
funcionamiento, que llegó a su fin en 1989 por problemas políticos que
llevaron a su último director ejecutivo, Fausto Cantú Peña, esta
institución fomentó la investigación agronómica del cafeto, incluso
llegando a desarrollar una nueva variedad del cafeto, el Café Oro
Azteca.
[11] Restos de la Brigada Blanca - Proceso
www.proceso.com.mx › Edicion › Edicion Mexico
GUERRERO: RED DE NARCOS, POLICÍAS Y POLÍTICOS
www.sinembargo.mx/12-10-2014/1136363
[12]
Acusado de haber pertenecido al grupo de Lucio Cabañas, y en el momento
de su asesinato era presidente de la Unión Regional de Ejidos y
Comunidades de la Costa Chica (URECCCH).
[13] De acuerdo con un informe del Centro Prodh, el mismo año de 1995 …
se
produjeron en el estado 113 hechos violentos: treinta y siete en la
Costa Grande, dieciocho en Acapulco, diecisiete en la Costa Chica, diez
en la Montaña, diez en la Mixteca, otros diez en la Tierra Caliente,
seis en Chilpancingo, tres en la región centro y dos en el norte.
Fuente: Pacarina del Sur -
http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1075-ayotzinapa-dolor-del-pueblo-y-contrainsurgencia
-
[14] Rebelión.
El trasfondo de Ayotzinapa. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Por: Ramón César González Ortiz. 05-12-2014.
[15] Comandante Humberto Velázquez, el sospechoso al que nadie busca ...
oronegro.mx/.../comandante-humberto-velazquez-el-sospechoso-al-que-nadie-busca-...
[16] La Jornada en línea.
Tortura a procesados por caso Iguala es "doble injusticia": ONU-DH. Jueves 15 de marzo de 2018.
[17] T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[18]
La tortura ha sido uno de los elementos más utilizados desde la
implementación de la Guerra Sucia en nuestro país, acto que se
realizaría dentro de prisiones militares.
En estos lugares con
los ojos fuertemente vendados, han sido recibidos los insurgentes, con
lo que llamaban “Bienvenida” o “las calientes”, practicada en dos
modalidades: golpes de karate, patadas y puñetazos principalmente en la
cara y en los genitales evitando siempre el estómago, además de insultos
y humillaciones, entre las que destacaba orinar a los detenidos en el
rostro; o el “pocito” en el cual, los vendaban totalmente a una tabla,
dejándoles libre la boca para que pudieran respirar, y ésta la sumergían
de cabeza en tanques de agua sucia, en los que previamente habían
defecado los agentes y militares, hasta que salieran las últimas
burbujas grandes, símbolo de que se estaban ahogando, luego sacaban la
tabla y cuando tomaban una nueva bocanada de aire les golpeaban la boca
del estómago para ser sumergidos de nueva cuenta, tragando así parte del
contenido del tanque.
Acciones realizadas por varios minutos
sin preguntarles nada. Al terminar, eran fotografiados y llevados a otro
lugar dentro de la misma cárcel, en donde comenzaba un interrogatorio
hecho por sujetos disfrazados o cubiertos atrás de la luz de potentes
lámparas: “Nombres, citas, casas de seguridad”, si no había respuesta
comenzaban los golpes en las manos, en los pies y en los oídos; más
“pocito” y toques.
Les enseñaban enormes álbumes de fotografías
de gente que era buscada por las fuerzas de seguridad, de militantes y
simpatizantes de la lucha armada, así como de partidos políticos.
Entre golpes, debían señalar a qué personas de allí conocían, y si a
alguien cercano al detenido ya lo habían detectado como sospechoso, la
detención solo confirmaba que el otro sospechoso sí era de la LC23S.
Todos los guerrilleros tenían la consigna de resistir veinticuatro
horas el interrogatorio, horas cruciales para ambos bandos de los que
dependía toda la organización. Si los interrogadores no recibían
respuesta comenzaba la saña.
Al pocito le seguían los
instrumentos de tortura: la chicharra, cigarros, navajas, pinzas,
garrotes, alambre, tehuacanazos. “comenzaban por apagarles los cigarros
en el cuerpo, en donde fuera; les enterraban agujas por debajo de las
uñas o se las arrancaban una a una; les hacían cortes en la piel; les
destrozaban los dedos o los genitales a garrotazo limpio, los castraban,
los incendiaban…”
Todo era válido y supervisado por un médico
militar que, haciendo uso de toda su preparación profesional, decidía si
se continuaba o no.
Cuando llegaban a detener a los
familiares, estos eran torturados frente el prisionero, quien era
obligado a ver y a escuchar la tortura sobre su pareja, sus padres,
hermanos e hijos. La humillación era constante.
Los torturados
siempre permanecían vendados o con el rostro completamente cubierto, la
tortura nunca fue una acción realizada por psicópatas ya que éstos no
son controlables, sino por gente psicológicamente sana que fue sometida a
un entrenamiento gradual de desensibilización, a través de la
exposición gradual a actos repugnantes, a la deshumanización de la
víctima arrebatándoles su identidad y un sistema de recompensas y
castigos.
No solo los agentes de la Brigada temían a los
torturadores, también los soldados que vigilaban el Campo Militar a los
que debían soltar dinero y mantenerlos contentos para que no fueran a
hablar. Extraído de:
T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[19] Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México. Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C. Ediciones Océano, 1998. Pp. 32-34.
[20] Proceso en línea.
Durazo ordenó la matanza de Tula, decía Sahagún Baca. 4 de agosto de 1984.
[21]
Miguel Nazar Haro, fue informante de la CIA y dirigente de una banda de
roba carros en Estados Unidos, mismos que importaba a México y eran
utilizados por la DFS y la Brigada Especial.
[22] Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México. Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C. Ediciones Océano, 1998. Pp. 40-41.
[23] 17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
[24] 17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
[25] T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[26] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento
forzado en El Castillo (Meta).
[27] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento
forzado en El Castillo (Meta).
[28] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento
forzado en El Castillo (Meta).
Ramón César González Ortiz es Licenciado en Sociología y Maestro en Estudios Políticos por la UNAM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
