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El desarrollo de la contrainsurgencia y la guerra sucia en México: antecedentes del narco-paramilitarismo (X)
El desarrollo de la contrainsurgencia y la guerra sucia en México: antecedentes del narco-paramilitarismo (X)
Guerra de Baja Intensidad, base teórica del narco-paramilitarismo.
Cuando Ronald Reagan llego a la presidencia de Estados Unidos, asumió la idea de devolver a ese país su lugar como potencia hegemónica mundial, para lo cual adopta una estrategia ofensiva, tanto en lo ideológico como en lo geoestratégico, siendo su lema “America is back”.
De suerte que, Reagan impulsa un nuevo y revolucionario aspecto de la política exterior, implementando la doctrina de los Conflictos de Baja Intensidad [1] o Guerras de Baja Intensidad, iniciado por el Pentágono en 1985.
Acorde a lo cual, un año más tarde, se publica una obra de dos volúmenes titulada Joint Low-Intensity Conflict Proyect Final Report [2]. En el que se fijan los conceptos, la estrategia, las pautas y la aplicación de la doctrina de combate para los Conflictos de Baja Intensidad.
Obra a los que, en enero de 1986, se le sumara la inauguración de la primera conferencia del Pentágono, sobre la Guerra de Baja Intensidad, realizada por el Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, y celebrada en Fort Leslie Mc Nair, Washington D.C. Además de que en febrero del mismo año, se establece el Comando Conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea, para la Guerra de Baja Intensidad.
Así como desde ese momento, la doctrina del CBI será transferida a los cuerpos militares operativos, mediante manuales de campo y folletos especiales. Siendo el objetivo, proporcionar a las fuerzas estadounidenses los conceptos, las pautas y la aplicación de la doctrina de combate del CBI para el III Mundo, principalmente.
Todo con el fin de perfeccionar los programas contrainsurgentes norteamericanos de 1960, e incorporar estrategias pro-insurgentes, destinadas a contrarrestar los efectos positivos que dejaron los movimientos revolucionarios en las comunidades donde desarrollaron sus luchas.
Y para conseguir tales fines, la GBI operará bajo tres modalidades:
1. La “no” eliminación física del contrincante, como se realizó prioritariamente con la Guerra Sucia, sino el debilitamiento, la deslegitimación y el aislamiento del guerrillero. Para eliminarlo como alternativa política, en momentos en que se implementarán las “democracias viables”.
2. Además de terminar con el núcleo armado de la guerrilla, se atacará a la población civil que le brinde apoyo, así como con sus simpatizantes. De suerte que desde entonces, la población se convierte en un objetivo estratégico de la guerra. Buscando su desgaste físico, moral, psicológico y material, para que disminuya el apoyo a los grupos rebeldes.
3. La creación de “grupos de autodefensa” (paramilitares) [3], que realicen el trabajo sucio que organismos oficiales, como policías y el Ejército, habían venido realizado, pero a partir de entonces se pretenderá no “manchar” la imagen de las instituciones gubernamentales. Aquí se incluirán las denominadas operaciones especiales utilizadas durante la Guerra Sucia, (actividades clandestinas paramilitares), así como el protagonismo de los sistemas de inteligencia, las estructuras diplomáticas y los despliegues logísticos [4].
Así, acorde con los tres elementos de la GBI, la violencia o el uso de la fuerza, quedará a cargo del ejército, las policías y los grupos de autodefensa (paramilitares), previamente entrenados, particularmente en EU. Violencia que ira desde la tortura, el asesinato, las desapariciones forzadas, hasta las masacres masivas.
Actividades que estarán íntimamente vinculadas con la manipulación ideológica, en la búsqueda del apoyo popular a través de campañas políticas y demás, cuyas premisas serán “ganar las mentes y los corazones del pueblo” [5] .
Debido a que no bastará con las operaciones militares por parte del Estado, para contrarrestar a la guerrilla y terminar con su base de apoyo.
De manera que, el Estado, en contubernio con medios de comunicación, sectores de la Iglesias, autoridades escolares, partidos políticos y demás, buscará crear un c onsenso entre la población para que apruebe la intervención del ejército y acabe con movimiento armado, así como con quienes lo apoyen.
Descalificando continuamente a los movimientos armados, se buscará que sean vistos por la mayor parte de la población, como procesos subversivos y siniestros, una plaga de malas hierbas diseminadas por doquier, nutridas en el suelo de la discordia social, del dislocamiento económico, del caos político, hasta resultar transformados en fanáticos armados, quienes antes eran obreros y campesinos pacíficos.
Y que, al recurrir a la violencia, violan la ley y por ende desestabiliza la “paz social en que se vive”.
Más todavía, se tratará de convencer a la población de que el guerrillero, normalista y demás luchadores sociales, son producto de una ideología y no de una realidad social represiva, surgidos a partir de una lectura oportuna o tardía de libros que lo radicalizaron o por manipulaciones de países extranjeros.
Dejando de lado el Estado, las causas que han hecho surgir a la guerrilla o movimiento de protesta, como la represión, la injusta condición de vida, la falta de respuesta a sus demandas, entre otras cuestiones. Y, manipulando por el contrario la información, para que ante la vista de la opinión pública, sean vistos como delincuentes que solo entenderán con la violencia ejercida por los aparatos militares y policiacos [6].
Hechos dentro de los cuales también se contemplara la intervención mediante operaciones especiales, realizadas por cuerpos seleccionados y entrenados ad hoc, que tomaran en cuenta el espacio geográfico, los rasgos culturales y la mentalidad de la región, a fin de evitar la mayor cantidad de obstáculos posibles.
Y que derivarán en la resignificación de lo que será considerado como una amenaza y la respuesta a la misma, por parte de países como el nuestro, bajo la presión estadounidense, en este caso, lo que desde 1979 se ha venido considerando como terrorismo y narcotráfico.
Respecto al terrorismo, desde la década de los 80 se ha ido tejiendo un discurso a modo desde los Estados Unidos, donde el problema es que se atenta directamente contra los intereses estratégicos de los EE UU. Y dentro de tal discurso, las medidas de intervención, las técnicas y las formas que se han adoptado, contra lo que han denominado terrorismo, han sido en la mayor parte de los casos, estrictamente secretas y confidenciales.
Aspecto que ha sido similar para el caso de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, implementada principalmente en nuestro continente. A partir de una iniciativa enviada al Congreso estadounidense por Reagan, quien firma un documento secreto, que autoriza al Departamento de Defensa, a emprender una amplia gama de operativos.
A consecuencia de ello, desde 1981, las fuerzas armadas, fueron asignadas a colaborar - como fuerzas de apoyo - con las autoridades federales y estatales (fundamentalmente la DEA) en todo lo referente a las acciones antidroga.
Así como en 1986, una orden presidencial autorizó al Pentágono a planear maniobras de ataque contra laboratorios y centros de procesamiento de estupefacientes ubicadas en otros países, además de ampliar sus tareas de inteligencia [7].
La estrategia del Estado mexicano para combatir a la guerrilla, conforme a la Guerra de Baja Intensidad.
Para combatir a la guerrilla, conforme a la Guerra de Baja Intensidad [8], el Estado mexicano, dentro de los lineamientos estadounidenses, militarizo zonas en conflicto, como lo fue Chihuahua, para combatir a Óscar González Eguiarte y la guerrilla que él encabezo, aplicando la “Operación Yunque y Martillo”.
Instaurando dichas operaciones, en un primer momento un estado de sitio en todas las comunidades identificadas como bases de apoyo, así como establecieron campamentos militares a gran escala. A partir de lo cual, crearon 15 partidas militares en lugares donde antes no tenían presencia, para saturar la zona con diez mil soldados y lograr cercar el área de influencia del movimiento guerrillero, hasta penetrar en los lugares más apartados de la sierra, con helicópteros de la fuerza aérea y avionetas de la policía militar.
Todo lo cual, que combinado con patrullajes permanentes de convoyes militares, que peinaron la región con tanquetas y vuelos rasantes, permitirían el total avance del estado de sitio.
Sin embargo, la guerra de Baja Intensidad no se agota en lo militar, sino que conforme a su tarea crucial, que no es destruir a las fuerzas enemigas en el campo de batalla, sino ganar el apoyo de la población, el ejército, a la vez que ha enfrentado a los comandos armados, ha llevado asesoría agrícola a los campesinos, atención médica y medicinas, víveres y ropa a la población.
Inyectando en su momento el Estado recursos en créditos, electrificación, apertura de caminos, centros de salud, agua potable y demás [9]. E introdujo tiendas de la CONASUPO, el IMECAFE [10], entre otros programas de gobierno.
Medidas referentes a recursos económicos y sociales, que se han aplicado mientras los conflictos se mantienen vivos, pero una vez que la zona pasa a control del Ejército se retiran. Por lo que las estrategias cívicas o las Campañas humanitarias solo han resultado ser una maniobra de inteligencia y reconocimiento del terreno. Consistentes en llevar tiendas Conasupo, en las que se ha vendido o regalado maíz, frijol, azúcar, café y arroz.
Campañas dentro de las cuales también han participado médicos, entrenadores deportivos y técnicos, encargados de entablar comunicación con los pueblos de la sierra, construir carreteras y canchas deportivas, para ubicar a quienes simpatizan o forman parte de la base guerrillera.
Pero una vez logrado dichos objetivos, se ha dado paso a la estrategia militar, dado que las carreteras construidas han servido para transportar tropas rápidamente en la sierra, las canchas deportivas para el aterrizaje de helicópteros que han transportado paracaidistas y pertrechos militares.
Mientras que el contacto social con los habitantes, establecido a través de las consultas médicas y el entrenamiento deportivo, ha servido para cazar a los insurgentes, especialmente a sus familiares, vecinos y simpatizantes y lo cual a derivado en ejecuciones, desapariciones y desplazamientos poblacionales [11].
De suerte que una vez colocadas las bases militares, lo que se ha mantenido vigente hasta la fecha, es la ocupación militar de amplias zonas.
Y profesionalizándose la acción contrainsurgente, al ponerse en marcha programas de reclutamiento militar, disfrazados bajo la promoción de actividades deportivas. De manera que, entre 1968 y 1974, se hicieron pasar como “apoyo humanitario”, catorce campañas militares. Para en realidad enfrentar de manera directa a la guerrilla, reprimiendo al pueblo y sus bases de apoyo.
Guerra de Baja Intensidad que desde 1968 se ha mantenido en Guerrero, dirigida desde las zonas militares 27 y 35, y que ha contado con el apoyo de la policía federal. Conjugando el Estado la aplicación de programas asistenciales y el terror, a partir del uso de grupos de narcoparamilitares y la presión oficial de las instancias policiacas de gobierno, para implementar el asesinato selectivo o masivo.
Y conforme a lo cual, se han multiplicado los entierros colectivos, los detenidos desaparecidos, los secuestrados desaparecidos y los migrantes desaparecidos. Situación que tan sólo durante la gubernatura de Alejandro Cervantes Delgado (1981–1987) llevo al descubrimiento de 5 pozos en el fraccionamiento residencial Copacabana, en Acapulco, con 38 cadáveres.
Más todavía, dentro de tal espectro, se le sumarán los asesinatos individuales de personajes como Gregorio Flores Cortés (1992) [12], Juan Mercenario, regidor suplente del municipio de Metlatónoc; el comisariado ejidal de Xaltianguis, Julián Vergara Nava y Moisés Bruno López, líder del PRD en Moyetec, municipio de Tlapa. Muertos a manos de pistoleros a sueldo.
Eventos en los que también han participado la policía estatal y el Ejército, a partir de actos como la emboscada perpetrada por varios de estos elementos en 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, y resultaron asesinados 17 campesinos e hirieron a 23 más. Cuando un contingente se dirigía a un mitin político a realizarse en la Presidencia Municipal de Atoyac para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero López, desaparecido un mes antes [13].
Siendo el caso más reciente (2014), el asesinato de seis personas, 25 heridos y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, después de ser agredidos a tiros por parte de la policía municipal de Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
Y donde también han resultado implicadas Fuerzas del Ejército Nacional, particularmente, el 27º Batallón de Infantería acantonado en Iguala. Dos horas después del primer ataque, se suscitó uno nuevo, donde el Ejército se presenta, sin evitar el primer ataque, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.
“Los soldados –contó el estudiante normalista Omar García a Tele Sur– "nos dijeron: 'ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, "amárrensen " los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar [14].
Así como se ha venido señalando a Humberto Velázquez Delgado, comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, como elemento indispensable para aclarar la relación entre criminales y autoridades [15].
Y peor aún, se han venido reportando actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos contra 34 de los 129 procesados por el caso Ayotzinapa, a fin de que estos se autoinculpen y señalen a otros posibles responsables.
Además de que han sido víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser detenidos, por parte de agentes del gobierno federal, según ha indicado el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab [16].
Actos pasados y presentes, por los cuales los jefes militares, han cobrado altos réditos, desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y hasta la fecha. A lo cual responden los premios otorgados a algunos generales a partir de concesiones de poder político y multiplicación de sus recursos materiales, económicos y humanos. Hechos que han sido apoyados por secretarios de la Defensa como, Marcelino García Barragán, Hermenegildo Cuenca, Félix Galván y Juan José Arévalo Gardoqui [17].
Resabios de la Guerra Sucia que fortalecen la conformación del narcoparamilitarismo.
Una de las consecuencias principales de la “guerra sucia” que se ha ejercido en nuestro país en contra de los movimientos subversivos, particularmente durante la década de los setenta. Ha sido la reproducción sistemáticamente de violaciones a los derechos humanos fundamentales, mediante el uso de la tortura [18], las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, actos revitalizados a partir del establecimiento de la llamada guerra contra el narcotráfico en nuestro país.
Toda vez que, a finales de los setentas, mediante instrumentos como “la reforma política” del régimen de López Portillo, las fuerzas contrainsurgentes y sus elementos no fueron desactivadas, una vez que la subversión fue aparentemente derrotada.
De suerte que, si bien a principios de los ochentas se abolió la estructura central contrainsurgente (Brigada Blanca), los grupos especiales de distintas corporaciones se mantuvieron y fueron refuncionalizadas para que cometieran todo tipo de delitos sin justificación por “razones de Estado”.
Dentro de tal espectro, en 1979 se sustituye a la Brigada Blanca, por miembros de la Brigada No 15, mejor conocida como el “Grupo Jaguar”, de la extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD).
Siendo el primer jefe de la nueva brigada el mayor Roberto Reta Ochoa, pero asesinado en octubre de 1980 en un enfrentamiento en la población de Yuriria, Guanajuato, sería sustituido por Rodolfo Reséndiz Rodríguez “El Rudy”, mismos que sería cobijado después, como muchos otros, en la Policía Judicial del Distrito Federal [19].
Dotándoseles a todos los miembros de la Brigada No 15, de armas de alto poder, patrullas y sistemas de radiotelefonía, pero en lugar de brindar seguridad a la ciudadanía, al realizar sus principales rondines en los centros fabriles, atracaban a los obreros cada quincena.
Además, en complicidad con los jefes de seguridad de los grandes almacenes y tiendas de autoservicio como “Liverpool”, “El Palacio de Hierro”, “Gigante” y “Aurrerá”, llevaban a los detenidos por robos de mercancías hasta diversas cárceles clandestinas, centros de tortura y muerte [20].
Tolerancia hacia la comisión de delitos aislados por parte de los ejecutores de la guerra sucia, que transitara a la tolerancia de formas generalizadas, sistemáticas y mejor organizadas de crímenes, que alcanzarán a los más altos niveles de decisión del Estado.
Proliferando así crímenes como el narcotráfico, el robo de autos en el sur de Estados Unidos [21], el control de la lotería clandestina, el lenocinio, el contrabando de mercancías ilícitas, la extorción hacia asaltantes, así como hacia otros delincuentes, el tráfico de armas, asaltos a camiones que transportan mercancías e insumos, el tráfico de personas, secuestro, asalto a bancos, entre otros.
Debido a que, tanto jefes policiacos y hoy militares, se han valido de elementos en activo, así como de delincuentes sin placa, brindándoseles una impunidad garantizada. Entramado que además ha incluido la corrupción de empleados y mandos de penales del país, miembros de las fuerzas armadas, legisladores federales y locales, presidentes municipales y a miembros del poder judicial [22].
Y peor aún, dentro de tales hechos, comandantes se han convertido en los jefes criminales. Siendo uno de los casos más representativos el de Rafael Aguilar Guajardo, mismo que fuera un ferviente participe en la guerra sucia de los años setenta, siendo comandante de la región noreste de la Dirección Federal de Seguridad, posteriormente funda y será jefe del cártel de Juárez, hasta su asesinato en 1993.
Caso similar sería el de Alfredo Ríos Galeana, quien fuera comandante del Batallón de Radio Patrullas del Estado de México, y desde su puesto manejo una de las bandas más importantes de asalta bancos.
Hechos que se verán replicados en los noventa, en el estado de Jalisco, cuando algunos ex miembros de la Brigada Blanca, formaron parte de un par de escuadrones de la muerte Los Thundercats y Los Muñecos. Financiados por un grupo de empresarios y con protección de cinco ex gobernadores, estos grupos se vieron implicados en el asesinato de secuestradores.
Actos que peor aún, se han desarrollado aparejados con el mantenimiento de la represión y destrucción de los movimientos sociales.
Caso particular ha sido el de loxicha en Oaxaca, zona donde a partir del levantamiento armado del EZLN en 1994 y desde la firma de los acuerdos de San Andrés, sobre derechos y cultura indígena –acuerdos traicionados por el Estado mexicano- se implementaron medidas contrainsurgentes por parte del entonces gobernador, Diodoro Carrasco Altamirano y el presidente, Ernesto Zedillo.
Medidas implementadas en 1994, que partirán de un nuevo acuerdo para los pueblos indígenas, que para 1998 daría lugar a la aprobación de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. Como parte de una estrategia de contención del descontento social y de la desarticulación de procesos organizativos que pudieran derivar en un acercamiento con los diferentes grupos armados.
Dentro de la misma lógica, en 1996, en todo el estado de Oaxaca se implementaron acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, se desarrollaron tareas de inteligencia, así como se crearon grupos paramilitares, como “Los entregadores”, en la región loxicha.
Dicho grupo estaría financiada por los caciques y su labor fundamental sería la delación, que se realizaría entregando a los presuntos guerrilleros y realizando acciones de tortura, asesinatos selectivos, violaciones de mujeres y detenciones arbitrarias. Además de que, partir de ese año, Oaxaca se militarizó, lo cual genero tensión, miedo y hostigamiento hacia diversas comunidades y organizaciones sociales [23].
Situación que se mantendrá en Oaxaca, particularmente durante el conflicto que se desarrolló entre el gobierno de Ulises Ruiz y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En ese momento, el gobierno organizó una Unidad Mixta de Intervención Táctica (UMIT), que ha sido conocida también como Brigada Blanca y que se dedicó a realizar espionajes, secuestros, sabotaje de manifestaciones y tiroteos a barricadas.
Y que dejaría como saldo la detención “preventiva” de más de 500 personas, así como se volvió a agudizar la práctica de la tortura, la desaparición forzada y el asesinato.
Más toda vía, al terminar el conflicto, cuando intervino la Policía Federal Preventiva en el estado, la UMIT fue desarticulada, pero en su lugar se formó un nuevo grupo con sus mismos integrantes, al que llamaron Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR). Misma que sería responsable de las detenciones – desapariciones de los militantes del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR): Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
A lo cual habrá que añadir que desde ese momento, la ciudad de Oaxaca es una de las más vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente, contándose con 230 cámaras, que forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) [24].
Mismo que filma y guarda los datos recabados en cada una de las áreas monitoreadas, además de ser capaz de detectar rostros, gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento.
Dentro de la misma lógica, en el estado de Guerrero, en 2008, el ex gobernador Zeferino Torreblanca (2005-2011) ordenó la realización de lo que llamó Operativos Especiales, con la finalidad de combatir a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
E igualmente, en la Ciudad de México, durante las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012, en rechazo a la toma de protesta presidencial de Enrique Peña Nieto, aparece de forma violenta un grupo de sujetos que llevaban un guante negro con los dedos cortos y no sabían pintar el símbolo de los anarquistas, destruyendo semáforos y atacando policías, mientras las cámaras de vigilancia quedaron inexplicablemente inutilizadas.
Además, durante las manifestaciones que se realizaron a lo largo del 2013, se pudo observar camiones del Ejército y de la Marina transportando a algunos de sus elementos vestidos como manifestantes, mismos que realizan destrozos durante las protestas para posteriormente detener a manifestantes, acusándolos de anarquistas [25].
Similitudes con Colombia.
El desarrollo y auge del actual paramilitarismo en México, tiene una gran similitud con el desarrollo del mismo en Colombia, especialmente respecto a sus vínculos con empresarios, gobernantes y militares.
Siendo que en Colombia, desde 1970, especialmente en los Llanos Orientales, compraron grandes extensiones de tierras empresarios de esmeraldas y narcotraficantes. Los primeros originarios del oriente de Boyacá y los segundos serían conocidos como Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano integrante del cartel de Medellín.
Compras que se incrementarían, a comienzos de la década de 1980, cuando Rodríguez Gacha establece alianzas económicas y militares con Fidel Castaño, promotor del paramilitarismo en Córdoba y la región del nordeste antioqueño.
Así como después de la sangrienta guerra desatada entre los ejércitos privados de Rodríguez Gacha y las FARC, y donde destacara el grupo perteneciente a Rodríguez, conocido como Los Masetos, al sembrar el terror en la población. Dado que, antes que confrontar militarmente a la guerrilla, la estrategia de dicho grupo consistió en eliminar a los militantes y simpatizantes del Partido Comunista Colombiano (PCC) y a todo aquel que fuera considerado “base social” de la guerrilla.
Lo cual configurará los primeros procesos de desestructuración y de arrasamiento de la izquierda en el territorio, que serían auspiciados por el Estado en cuanto que, Los Masetos tenían conexiones con miembros del Ejército.
Además de que a Los Masetos, se les sumaran los hechos delictivos cometidos por grupos de autodefensa locales conocidos como Mano Negra o Serpientes Negras, creados por terratenientes de la región, entre los cuales destacará a Henry Valenzuela, finquero de San Martín. A este grupo pertenecería, Edilson Cifuentes, quien después de prestar servicio militar en el Batallón 21 Vargas, ingresó en 1987 a las Serpientes Negras, con el seudónimo de Richard y se convertiría después en uno de los comandantes de las Auto defensas Unidas de Colombia (AUC) [26].
Más aún, los grupos de narcoparamilitares se fortalecerán y se vincularan, cuando atacan las élites de la región, el proceso de paz, iniciado por el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), que buscaba la solución política del conflicto armado con las FARC.
Encontrando dicho proceso, desde el primer momento oposición por parte de empresarios, terratenientes y políticos, como Alfonso López Michelsen, Carlos Lleras Restrepo, Fernando Landazábal y Luis Carlos Camacho Leiva, así como por sectores de las Fuerzas Militares, que se negaron a apoyarlo, y por el contrario se aferraron a los lineamientos de la lucha contrainsurgente, el anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional, empoderados por la política internacional anticomunista de Estados Unidos, en cabeza de Ronald Reagan.
A tal oposición también se sumarian, los caciques regionales de los partidos Liberal y Conservador, siendo que para ellos, la apertura democrática implicaría una ampliación en los referentes políticos de los electores, así como el riesgo de que las reformas sociales e institucionales jamás tramitadas se tuvieran que canalizar y que la cultura política gamonal y clientelista que tanto los favorecía desde tiempo atrás se fuera a cuestionar.
Así, en el Alto Ariari, los políticos regionales tradicionales vieron a la Unión Patriótica (UP), que apoya a las FARC y que probablemente ganaría las elecciones, como una amenaza al statu quo, vieron lo que estaba ocurriendo como una antesala para la toma del poder por parte de las FARC y sintieron que estaban en peligro sus grandes propiedades personajes como, Hernando Durán Dussán, Jorge Ariel Infante Leal y Leovigildo Gutiérrez, entre otros.
De suerte que, a partir de ese momento, se consolidará la guerra sucia y las operaciones de exterminio en Colombia, concretadas por medio de planes y operaciones, como la Operación Cóndor y el Plan Baile Rojo, los cuales buscaron socavar la dirección nacional de los movimientos sociales, por medio del asesinato de sus dirigentes.
Planes nacionales que tendrían como complemento planes regionales, como el Plan Esmeralda que tendría por objeto barrer con la influencia de la UP y el PCC en los departamentos del Caquetá y Meta [27].
Operaciones que lucirían inmediatamente después de las votaciones, perpetrando masacres, asesinatos y desapariciones forzadas. Y actuando los asesinos conjuntamente, o en complicidad, con agentes del Estado, miembros de la fuerza pública o los servicios de inteligencia.
En tal sentido, el 8 de agosto de 1986, tras la primera incursión de un grupo paramilitar en el municipio El Castillo, campesinos lograron identificar a tres de las personas que vestían uniformes y portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares: se trataba de Ezequiel Liberato, inspector de policía de El Dorado, Joaquín Silva, jefe de uno de los grupos paramilitares que operaban en El Dorado y Cubarral, y José Sierra, esposo de una concejal de Cubarral.
Más todavía, tras la misma incursión paramilitar, se produjo una masacre en la vereda Cumaral Bajo y un grupo de hombres armados, vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ingresaron violentamente en la madrugada a la vivienda del campesino José Antonio Guerra y asesinaron a dos personas.
Además, a José Antonio lo amarraron y se lo llevaron, junto con otras tres personas, a la fuerza, y se encontraron sus cadáveres al día siguiente, muy cerca de donde había estado ubicado uno de los campamentos militares. Encontrándose los cuerpos degollados, con señales de tortura causadas con armas cortopunzantes y rociados con ácido.
Actos que se fortalecerán ante la expansión política y militar del paramilitarismo, a partir de la década de 1990, cuando se crean las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en 1995 y en 1997, cuando se crean de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), movimiento paramilitar nacional unificado bajo el mando de Carlos Castaño.
Importante transformación del paramilitarismo, que le permitirá expandirse, ampliando su dominio territorial a nuevos departamentos e insertarse con más fuerza en el mercado de la coca, articularse con actores legales e iniciar un acelerado proceso de reconfiguración cooptada del Estado [28].
Cambios que necesariamente tuvieron también una ampliación en los repertorios contrainsurgentes, aplicados contra la población civil y que hoy se vislumbran como un posible escenario exacerbado en México.
Bibliografía.
López Bárcenas Francisco. Muertes sin fin. Crónicas de represión en la región mixteca oaxaqueña. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Ce-Acatl, A.C. 2002.
Hemerografía.
17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).
200 o más cuerpos en las fosas clandestinas de la academia de policías en Veracruz, “ahí mismo se dan prácticas sádicas y enseñan cómo volverte sicario, delincuente y psicópata ”: poblador. Revolución 3.0
Tenían 14 y 16 años e iban al cine, mueren baleadas por policías, quienes les 'siembran' armas . Vanguardia.
Notas[1] La denominación de GBI derivó de lo que el Pentágono entendía por guerra, por lo cual hizo “una división teórica de la lucha armada en los niveles, bajo, mediano y alto, dependiendo del grado de fuerza y violencia que se tiene que utilizar en cada una. La guerra de guerrillas y otras contiendas desarrolladas por unidades irregulares son clasificadas como guerras de baja intensidad; los enfrentamientos regionales donde se emplean armas modernas son considerados guerras de mediana intensidad, y las conflagraciones globales o las hostilidades en que se utilicen armas nucleares, son identificadas como guerras de alta intensidad”. Es decir que para la guerrilla implica utilizar una GBI. Extraído de: Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR, de Blanca
Estela Martínez Torres. Tesina para obtener el grado de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Julio de 2006.
Para más información respecto al tema se puede consultar: Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico. 23-09-2015. Por: Ramón César González Ortiz , en Rebelión.
[2] La definición que establece el Informe final del Low Intensity Conflict Team sostiene que:
“ El Conflicto de Baja Intensidad es una lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos. Es muchas veces prolongado y varía de presiones diplomáticas, económicas y psico-sociales hasta el terrorismo y la contrainsurgencia. El conflicto de baja intensidad generalmente se limita a un área geográfica y muchas veces se caracteriza por constreñimientos en las armas, tácticas y nivel de violencia”. Extraído de: La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por: Patricia Kreibohm de Schiavone.
[3] -Para evitar que las fuerzas armadas sean enjuiciadas por los crímenes de lesa humanidad que han cometido; los actos que realizan los paramilitares permiten el desarrollo de actos criminales en donde no aparecen implicados directamente los organismos de seguridad del Estado, lo cual facilita la impunidad.
-Sirven para hacer creer que el conflicto es entre grupos paramilitares y guerrilla (como pugnas interfamiliares o intercomunitarias) y hacer ver a la opinión pública que las atrocidades son cometidas por la guerrilla, para restarle legitimidad.
-Los paramilitares le permiten al Estado y a las fuerzas armadas realizar operaciones masivas encubiertas de carácter contrainsurgente y movilizar recursos sin que se descubran sus fuentes.
Aunque el Ejército se encargue de entrenar a los paramilitares lógicamente nunca lo reconocerá, por eso el Estado los utiliza cuando lo cree conveniente, sino el mismo Ejército se encarga de reprimir. Extraído de: La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por: Patricia Kreibohm de Schiavone.
[4] Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR , de Blanca Estela Martínez Torres, tesina que la autora preparó para obtener el grado de licenciado en Ciencia Política ante la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Escrito en julio de 2006.
[5] Serán ejecutadas por agencias civiles o militares de los EUA dentro de programas aprobados por gobiernos extranjeros, destinadas a prevenir (programas proactivos) o derrotar movimientos insurgentes (programas reactivos). Conocidas como operativos IDAD (Internal Defense and Development). Acciones destinadas a ganar “las mentes y los corazones de las naciones amigas en riesgo”, mediante la coordinación de planes políticos, militares y económicos implementados por el país anfitrión, a efecto de alcanzar dos objetivos: a) privar a los grupos insurgentes de apoyo popular y b) frustrar sus opciones estratégicas concretas.
Ámbito dentro del cual, el rol de los EEUU se limita a prestar apoyo económico y asesoramiento militar - aunque descarta la posibilidad de una intervención armada directa.
Se trata de cubrir un rol auxiliar, de bajo perfil, para respaldar a las fuerzas locales en el manejo de la guerra contrainsurgente: acción cívico-militar, operativos psicológicos (mejorar la imagen del gobierno y desacreditar a los grupos insurgentes), tareas de inteligencia y lucha antiguerrillera (operaciones llevadas a cabo por pequeñas unidades y empleo quirúrgico de las fuerzas de combate para evitar bajas entre la población civil), estas últimas desempeñadas preferentemente por Fuerzas Especiales. Extraído de: La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por: Patricia Kreibohm de Schiavone.
[6] Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR , de Blanca Estela Martínez Torres, tesina que la autora preparó para obtener el grado de licenciado en Ciencia Política ante la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Escrito en julio de 2006.
[7] La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por: Patricia Kreibohm de Schiavone.
[8] Para checar más información sobre la Guerra de Baja Intensidad ver: Rebelión. Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico. Por: Ramón César González Ortiz. 23-09-2015.
[9] Lo cual ocurre de acuerdo al Plan de Defensa Nacional III (DN-III-E), que supuestamente tiene la finalidad de proteger a la población en caso de desastres naturales o causados por el hombre.
[10] En 1958 se crea el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), órgano federal que aglutinó las actividades del café mexicano. Durante su funcionamiento, que llegó a su fin en 1989 por problemas políticos que llevaron a su último director ejecutivo, Fausto Cantú Peña, esta institución fomentó la investigación agronómica del cafeto, incluso llegando a desarrollar una nueva variedad del cafeto, el Café Oro Azteca.
[11] Restos de la Brigada Blanca - Proceso
www.proceso.com.mx › Edicion › Edicion Mexico
GUERRERO: RED DE NARCOS, POLICÍAS Y POLÍTICOS
www.sinembargo.mx/12-10-2014/1136363
[12] Acusado de haber pertenecido al grupo de Lucio Cabañas, y en el momento de su asesinato era presidente de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Costa Chica (URECCCH).
[13] De acuerdo con un informe del Centro Prodh, el mismo año de 1995 …se produjeron en el estado 113 hechos violentos: treinta y siete en la Costa Grande, dieciocho en Acapulco, diecisiete en la Costa Chica, diez en la Montaña, diez en la Mixteca, otros diez en la Tierra Caliente, seis en Chilpancingo, tres en la región centro y dos en el norte.
Fuente: Pacarina del Sur - http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1075-ayotzinapa-dolor-del-pueblo-y-contrainsurgencia -
[14] Rebelión. El trasfondo de Ayotzinapa. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Por: Ramón César González Ortiz. 05-12-2014.
[15] Comandante Humberto Velázquez, el sospechoso al que nadie busca ...
oronegro.mx/.../comandante-humberto-velazquez-el-sospechoso-al-que-nadie-busca-...
[16] La Jornada en línea. Tortura a procesados por caso Iguala es "doble injusticia": ONU-DH. Jueves 15 de marzo de 2018.
[17] T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[18] La tortura ha sido uno de los elementos más utilizados desde la implementación de la Guerra Sucia en nuestro país, acto que se realizaría dentro de prisiones militares.
En estos lugares con los ojos fuertemente vendados, han sido recibidos los insurgentes, con lo que llamaban “Bienvenida” o “las calientes”, practicada en dos modalidades: golpes de karate, patadas y puñetazos principalmente en la cara y en los genitales evitando siempre el estómago, además de insultos y humillaciones, entre las que destacaba orinar a los detenidos en el rostro; o el “pocito” en el cual, los vendaban totalmente a una tabla, dejándoles libre la boca para que pudieran respirar, y ésta la sumergían de cabeza en tanques de agua sucia, en los que previamente habían defecado los agentes y militares, hasta que salieran las últimas burbujas grandes, símbolo de que se estaban ahogando, luego sacaban la tabla y cuando tomaban una nueva bocanada de aire les golpeaban la boca del estómago para ser sumergidos de nueva cuenta, tragando así parte del contenido del tanque.
Acciones realizadas por varios minutos sin preguntarles nada. Al terminar, eran fotografiados y llevados a otro lugar dentro de la misma cárcel, en donde comenzaba un interrogatorio hecho por sujetos disfrazados o cubiertos atrás de la luz de potentes lámparas: “Nombres, citas, casas de seguridad”, si no había respuesta comenzaban los golpes en las manos, en los pies y en los oídos; más “pocito” y toques.
Les enseñaban enormes álbumes de fotografías de gente que era buscada por las fuerzas de seguridad, de militantes y simpatizantes de la lucha armada, así como de partidos políticos.
Entre golpes, debían señalar a qué personas de allí conocían, y si a alguien cercano al detenido ya lo habían detectado como sospechoso, la detención solo confirmaba que el otro sospechoso sí era de la LC23S.
Todos los guerrilleros tenían la consigna de resistir veinticuatro horas el interrogatorio, horas cruciales para ambos bandos de los que dependía toda la organización. Si los interrogadores no recibían respuesta comenzaba la saña.
Al pocito le seguían los instrumentos de tortura: la chicharra, cigarros, navajas, pinzas, garrotes, alambre, tehuacanazos. “comenzaban por apagarles los cigarros en el cuerpo, en donde fuera; les enterraban agujas por debajo de las uñas o se las arrancaban una a una; les hacían cortes en la piel; les destrozaban los dedos o los genitales a garrotazo limpio, los castraban, los incendiaban…”
Todo era válido y supervisado por un médico militar que, haciendo uso de toda su preparación profesional, decidía si se continuaba o no.
Cuando llegaban a detener a los familiares, estos eran torturados frente el prisionero, quien era obligado a ver y a escuchar la tortura sobre su pareja, sus padres, hermanos e hijos. La humillación era constante.
Los torturados siempre permanecían vendados o con el rostro completamente cubierto, la tortura nunca fue una acción realizada por psicópatas ya que éstos no son controlables, sino por gente psicológicamente sana que fue sometida a un entrenamiento gradual de desensibilización, a través de la exposición gradual a actos repugnantes, a la deshumanización de la víctima arrebatándoles su identidad y un sistema de recompensas y castigos.
No solo los agentes de la Brigada temían a los torturadores, también los soldados que vigilaban el Campo Militar a los que debían soltar dinero y mantenerlos contentos para que no fueran a hablar. Extraído de: T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[19] Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México. Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C. Ediciones Océano, 1998. Pp. 32-34.
[20] Proceso en línea. Durazo ordenó la matanza de Tula, decía Sahagún Baca. 4 de agosto de 1984.
[21] Miguel Nazar Haro, fue informante de la CIA y dirigente de una banda de roba carros en Estados Unidos, mismos que importaba a México y eran utilizados por la DFS y la Brigada Especial.
[22] Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México. Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C. Ediciones Océano, 1998. Pp. 40-41.
[23] 17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
[24] 17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
[25] T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[26] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).
[27] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).
[28] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).
Ramón César González Ortiz es Licenciado en Sociología y Maestro en Estudios Políticos por la UNAM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Cuando Ronald Reagan llego a la presidencia de Estados Unidos, asumió la idea de devolver a ese país su lugar como potencia hegemónica mundial, para lo cual adopta una estrategia ofensiva, tanto en lo ideológico como en lo geoestratégico, siendo su lema “America is back”.
De suerte que, Reagan impulsa un nuevo y revolucionario aspecto de la política exterior, implementando la doctrina de los Conflictos de Baja Intensidad [1] o Guerras de Baja Intensidad, iniciado por el Pentágono en 1985.
Acorde a lo cual, un año más tarde, se publica una obra de dos volúmenes titulada Joint Low-Intensity Conflict Proyect Final Report [2]. En el que se fijan los conceptos, la estrategia, las pautas y la aplicación de la doctrina de combate para los Conflictos de Baja Intensidad.
Obra a los que, en enero de 1986, se le sumara la inauguración de la primera conferencia del Pentágono, sobre la Guerra de Baja Intensidad, realizada por el Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, y celebrada en Fort Leslie Mc Nair, Washington D.C. Además de que en febrero del mismo año, se establece el Comando Conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea, para la Guerra de Baja Intensidad.
Así como desde ese momento, la doctrina del CBI será transferida a los cuerpos militares operativos, mediante manuales de campo y folletos especiales. Siendo el objetivo, proporcionar a las fuerzas estadounidenses los conceptos, las pautas y la aplicación de la doctrina de combate del CBI para el III Mundo, principalmente.
Todo con el fin de perfeccionar los programas contrainsurgentes norteamericanos de 1960, e incorporar estrategias pro-insurgentes, destinadas a contrarrestar los efectos positivos que dejaron los movimientos revolucionarios en las comunidades donde desarrollaron sus luchas.
Y para conseguir tales fines, la GBI operará bajo tres modalidades:
1. La “no” eliminación física del contrincante, como se realizó prioritariamente con la Guerra Sucia, sino el debilitamiento, la deslegitimación y el aislamiento del guerrillero. Para eliminarlo como alternativa política, en momentos en que se implementarán las “democracias viables”.
2. Además de terminar con el núcleo armado de la guerrilla, se atacará a la población civil que le brinde apoyo, así como con sus simpatizantes. De suerte que desde entonces, la población se convierte en un objetivo estratégico de la guerra. Buscando su desgaste físico, moral, psicológico y material, para que disminuya el apoyo a los grupos rebeldes.
3. La creación de “grupos de autodefensa” (paramilitares) [3], que realicen el trabajo sucio que organismos oficiales, como policías y el Ejército, habían venido realizado, pero a partir de entonces se pretenderá no “manchar” la imagen de las instituciones gubernamentales. Aquí se incluirán las denominadas operaciones especiales utilizadas durante la Guerra Sucia, (actividades clandestinas paramilitares), así como el protagonismo de los sistemas de inteligencia, las estructuras diplomáticas y los despliegues logísticos [4].
Así, acorde con los tres elementos de la GBI, la violencia o el uso de la fuerza, quedará a cargo del ejército, las policías y los grupos de autodefensa (paramilitares), previamente entrenados, particularmente en EU. Violencia que ira desde la tortura, el asesinato, las desapariciones forzadas, hasta las masacres masivas.
Actividades que estarán íntimamente vinculadas con la manipulación ideológica, en la búsqueda del apoyo popular a través de campañas políticas y demás, cuyas premisas serán “ganar las mentes y los corazones del pueblo” [5] .
Debido a que no bastará con las operaciones militares por parte del Estado, para contrarrestar a la guerrilla y terminar con su base de apoyo.
De manera que, el Estado, en contubernio con medios de comunicación, sectores de la Iglesias, autoridades escolares, partidos políticos y demás, buscará crear un c onsenso entre la población para que apruebe la intervención del ejército y acabe con movimiento armado, así como con quienes lo apoyen.
Descalificando continuamente a los movimientos armados, se buscará que sean vistos por la mayor parte de la población, como procesos subversivos y siniestros, una plaga de malas hierbas diseminadas por doquier, nutridas en el suelo de la discordia social, del dislocamiento económico, del caos político, hasta resultar transformados en fanáticos armados, quienes antes eran obreros y campesinos pacíficos.
Y que, al recurrir a la violencia, violan la ley y por ende desestabiliza la “paz social en que se vive”.
Más todavía, se tratará de convencer a la población de que el guerrillero, normalista y demás luchadores sociales, son producto de una ideología y no de una realidad social represiva, surgidos a partir de una lectura oportuna o tardía de libros que lo radicalizaron o por manipulaciones de países extranjeros.
Dejando de lado el Estado, las causas que han hecho surgir a la guerrilla o movimiento de protesta, como la represión, la injusta condición de vida, la falta de respuesta a sus demandas, entre otras cuestiones. Y, manipulando por el contrario la información, para que ante la vista de la opinión pública, sean vistos como delincuentes que solo entenderán con la violencia ejercida por los aparatos militares y policiacos [6].
Hechos dentro de los cuales también se contemplara la intervención mediante operaciones especiales, realizadas por cuerpos seleccionados y entrenados ad hoc, que tomaran en cuenta el espacio geográfico, los rasgos culturales y la mentalidad de la región, a fin de evitar la mayor cantidad de obstáculos posibles.
Y que derivarán en la resignificación de lo que será considerado como una amenaza y la respuesta a la misma, por parte de países como el nuestro, bajo la presión estadounidense, en este caso, lo que desde 1979 se ha venido considerando como terrorismo y narcotráfico.
Respecto al terrorismo, desde la década de los 80 se ha ido tejiendo un discurso a modo desde los Estados Unidos, donde el problema es que se atenta directamente contra los intereses estratégicos de los EE UU. Y dentro de tal discurso, las medidas de intervención, las técnicas y las formas que se han adoptado, contra lo que han denominado terrorismo, han sido en la mayor parte de los casos, estrictamente secretas y confidenciales.
Aspecto que ha sido similar para el caso de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, implementada principalmente en nuestro continente. A partir de una iniciativa enviada al Congreso estadounidense por Reagan, quien firma un documento secreto, que autoriza al Departamento de Defensa, a emprender una amplia gama de operativos.
A consecuencia de ello, desde 1981, las fuerzas armadas, fueron asignadas a colaborar - como fuerzas de apoyo - con las autoridades federales y estatales (fundamentalmente la DEA) en todo lo referente a las acciones antidroga.
Así como en 1986, una orden presidencial autorizó al Pentágono a planear maniobras de ataque contra laboratorios y centros de procesamiento de estupefacientes ubicadas en otros países, además de ampliar sus tareas de inteligencia [7].
La estrategia del Estado mexicano para combatir a la guerrilla, conforme a la Guerra de Baja Intensidad.
Para combatir a la guerrilla, conforme a la Guerra de Baja Intensidad [8], el Estado mexicano, dentro de los lineamientos estadounidenses, militarizo zonas en conflicto, como lo fue Chihuahua, para combatir a Óscar González Eguiarte y la guerrilla que él encabezo, aplicando la “Operación Yunque y Martillo”.
Instaurando dichas operaciones, en un primer momento un estado de sitio en todas las comunidades identificadas como bases de apoyo, así como establecieron campamentos militares a gran escala. A partir de lo cual, crearon 15 partidas militares en lugares donde antes no tenían presencia, para saturar la zona con diez mil soldados y lograr cercar el área de influencia del movimiento guerrillero, hasta penetrar en los lugares más apartados de la sierra, con helicópteros de la fuerza aérea y avionetas de la policía militar.
Todo lo cual, que combinado con patrullajes permanentes de convoyes militares, que peinaron la región con tanquetas y vuelos rasantes, permitirían el total avance del estado de sitio.
Sin embargo, la guerra de Baja Intensidad no se agota en lo militar, sino que conforme a su tarea crucial, que no es destruir a las fuerzas enemigas en el campo de batalla, sino ganar el apoyo de la población, el ejército, a la vez que ha enfrentado a los comandos armados, ha llevado asesoría agrícola a los campesinos, atención médica y medicinas, víveres y ropa a la población.
Inyectando en su momento el Estado recursos en créditos, electrificación, apertura de caminos, centros de salud, agua potable y demás [9]. E introdujo tiendas de la CONASUPO, el IMECAFE [10], entre otros programas de gobierno.
Medidas referentes a recursos económicos y sociales, que se han aplicado mientras los conflictos se mantienen vivos, pero una vez que la zona pasa a control del Ejército se retiran. Por lo que las estrategias cívicas o las Campañas humanitarias solo han resultado ser una maniobra de inteligencia y reconocimiento del terreno. Consistentes en llevar tiendas Conasupo, en las que se ha vendido o regalado maíz, frijol, azúcar, café y arroz.
Campañas dentro de las cuales también han participado médicos, entrenadores deportivos y técnicos, encargados de entablar comunicación con los pueblos de la sierra, construir carreteras y canchas deportivas, para ubicar a quienes simpatizan o forman parte de la base guerrillera.
Pero una vez logrado dichos objetivos, se ha dado paso a la estrategia militar, dado que las carreteras construidas han servido para transportar tropas rápidamente en la sierra, las canchas deportivas para el aterrizaje de helicópteros que han transportado paracaidistas y pertrechos militares.
Mientras que el contacto social con los habitantes, establecido a través de las consultas médicas y el entrenamiento deportivo, ha servido para cazar a los insurgentes, especialmente a sus familiares, vecinos y simpatizantes y lo cual a derivado en ejecuciones, desapariciones y desplazamientos poblacionales [11].
De suerte que una vez colocadas las bases militares, lo que se ha mantenido vigente hasta la fecha, es la ocupación militar de amplias zonas.
Y profesionalizándose la acción contrainsurgente, al ponerse en marcha programas de reclutamiento militar, disfrazados bajo la promoción de actividades deportivas. De manera que, entre 1968 y 1974, se hicieron pasar como “apoyo humanitario”, catorce campañas militares. Para en realidad enfrentar de manera directa a la guerrilla, reprimiendo al pueblo y sus bases de apoyo.
Guerra de Baja Intensidad que desde 1968 se ha mantenido en Guerrero, dirigida desde las zonas militares 27 y 35, y que ha contado con el apoyo de la policía federal. Conjugando el Estado la aplicación de programas asistenciales y el terror, a partir del uso de grupos de narcoparamilitares y la presión oficial de las instancias policiacas de gobierno, para implementar el asesinato selectivo o masivo.
Y conforme a lo cual, se han multiplicado los entierros colectivos, los detenidos desaparecidos, los secuestrados desaparecidos y los migrantes desaparecidos. Situación que tan sólo durante la gubernatura de Alejandro Cervantes Delgado (1981–1987) llevo al descubrimiento de 5 pozos en el fraccionamiento residencial Copacabana, en Acapulco, con 38 cadáveres.
Más todavía, dentro de tal espectro, se le sumarán los asesinatos individuales de personajes como Gregorio Flores Cortés (1992) [12], Juan Mercenario, regidor suplente del municipio de Metlatónoc; el comisariado ejidal de Xaltianguis, Julián Vergara Nava y Moisés Bruno López, líder del PRD en Moyetec, municipio de Tlapa. Muertos a manos de pistoleros a sueldo.
Eventos en los que también han participado la policía estatal y el Ejército, a partir de actos como la emboscada perpetrada por varios de estos elementos en 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, y resultaron asesinados 17 campesinos e hirieron a 23 más. Cuando un contingente se dirigía a un mitin político a realizarse en la Presidencia Municipal de Atoyac para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero López, desaparecido un mes antes [13].
Siendo el caso más reciente (2014), el asesinato de seis personas, 25 heridos y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, después de ser agredidos a tiros por parte de la policía municipal de Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
Y donde también han resultado implicadas Fuerzas del Ejército Nacional, particularmente, el 27º Batallón de Infantería acantonado en Iguala. Dos horas después del primer ataque, se suscitó uno nuevo, donde el Ejército se presenta, sin evitar el primer ataque, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.
“Los soldados –contó el estudiante normalista Omar García a Tele Sur– "nos dijeron: 'ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, "amárrensen " los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar [14].
Así como se ha venido señalando a Humberto Velázquez Delgado, comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, como elemento indispensable para aclarar la relación entre criminales y autoridades [15].
Y peor aún, se han venido reportando actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos contra 34 de los 129 procesados por el caso Ayotzinapa, a fin de que estos se autoinculpen y señalen a otros posibles responsables.
Además de que han sido víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser detenidos, por parte de agentes del gobierno federal, según ha indicado el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab [16].
Actos pasados y presentes, por los cuales los jefes militares, han cobrado altos réditos, desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y hasta la fecha. A lo cual responden los premios otorgados a algunos generales a partir de concesiones de poder político y multiplicación de sus recursos materiales, económicos y humanos. Hechos que han sido apoyados por secretarios de la Defensa como, Marcelino García Barragán, Hermenegildo Cuenca, Félix Galván y Juan José Arévalo Gardoqui [17].
Resabios de la Guerra Sucia que fortalecen la conformación del narcoparamilitarismo.
Una de las consecuencias principales de la “guerra sucia” que se ha ejercido en nuestro país en contra de los movimientos subversivos, particularmente durante la década de los setenta. Ha sido la reproducción sistemáticamente de violaciones a los derechos humanos fundamentales, mediante el uso de la tortura [18], las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, actos revitalizados a partir del establecimiento de la llamada guerra contra el narcotráfico en nuestro país.
Toda vez que, a finales de los setentas, mediante instrumentos como “la reforma política” del régimen de López Portillo, las fuerzas contrainsurgentes y sus elementos no fueron desactivadas, una vez que la subversión fue aparentemente derrotada.
De suerte que, si bien a principios de los ochentas se abolió la estructura central contrainsurgente (Brigada Blanca), los grupos especiales de distintas corporaciones se mantuvieron y fueron refuncionalizadas para que cometieran todo tipo de delitos sin justificación por “razones de Estado”.
Dentro de tal espectro, en 1979 se sustituye a la Brigada Blanca, por miembros de la Brigada No 15, mejor conocida como el “Grupo Jaguar”, de la extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD).
Siendo el primer jefe de la nueva brigada el mayor Roberto Reta Ochoa, pero asesinado en octubre de 1980 en un enfrentamiento en la población de Yuriria, Guanajuato, sería sustituido por Rodolfo Reséndiz Rodríguez “El Rudy”, mismos que sería cobijado después, como muchos otros, en la Policía Judicial del Distrito Federal [19].
Dotándoseles a todos los miembros de la Brigada No 15, de armas de alto poder, patrullas y sistemas de radiotelefonía, pero en lugar de brindar seguridad a la ciudadanía, al realizar sus principales rondines en los centros fabriles, atracaban a los obreros cada quincena.
Además, en complicidad con los jefes de seguridad de los grandes almacenes y tiendas de autoservicio como “Liverpool”, “El Palacio de Hierro”, “Gigante” y “Aurrerá”, llevaban a los detenidos por robos de mercancías hasta diversas cárceles clandestinas, centros de tortura y muerte [20].
Tolerancia hacia la comisión de delitos aislados por parte de los ejecutores de la guerra sucia, que transitara a la tolerancia de formas generalizadas, sistemáticas y mejor organizadas de crímenes, que alcanzarán a los más altos niveles de decisión del Estado.
Proliferando así crímenes como el narcotráfico, el robo de autos en el sur de Estados Unidos [21], el control de la lotería clandestina, el lenocinio, el contrabando de mercancías ilícitas, la extorción hacia asaltantes, así como hacia otros delincuentes, el tráfico de armas, asaltos a camiones que transportan mercancías e insumos, el tráfico de personas, secuestro, asalto a bancos, entre otros.
Debido a que, tanto jefes policiacos y hoy militares, se han valido de elementos en activo, así como de delincuentes sin placa, brindándoseles una impunidad garantizada. Entramado que además ha incluido la corrupción de empleados y mandos de penales del país, miembros de las fuerzas armadas, legisladores federales y locales, presidentes municipales y a miembros del poder judicial [22].
Y peor aún, dentro de tales hechos, comandantes se han convertido en los jefes criminales. Siendo uno de los casos más representativos el de Rafael Aguilar Guajardo, mismo que fuera un ferviente participe en la guerra sucia de los años setenta, siendo comandante de la región noreste de la Dirección Federal de Seguridad, posteriormente funda y será jefe del cártel de Juárez, hasta su asesinato en 1993.
Caso similar sería el de Alfredo Ríos Galeana, quien fuera comandante del Batallón de Radio Patrullas del Estado de México, y desde su puesto manejo una de las bandas más importantes de asalta bancos.
Hechos que se verán replicados en los noventa, en el estado de Jalisco, cuando algunos ex miembros de la Brigada Blanca, formaron parte de un par de escuadrones de la muerte Los Thundercats y Los Muñecos. Financiados por un grupo de empresarios y con protección de cinco ex gobernadores, estos grupos se vieron implicados en el asesinato de secuestradores.
Actos que peor aún, se han desarrollado aparejados con el mantenimiento de la represión y destrucción de los movimientos sociales.
Caso particular ha sido el de loxicha en Oaxaca, zona donde a partir del levantamiento armado del EZLN en 1994 y desde la firma de los acuerdos de San Andrés, sobre derechos y cultura indígena –acuerdos traicionados por el Estado mexicano- se implementaron medidas contrainsurgentes por parte del entonces gobernador, Diodoro Carrasco Altamirano y el presidente, Ernesto Zedillo.
Medidas implementadas en 1994, que partirán de un nuevo acuerdo para los pueblos indígenas, que para 1998 daría lugar a la aprobación de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. Como parte de una estrategia de contención del descontento social y de la desarticulación de procesos organizativos que pudieran derivar en un acercamiento con los diferentes grupos armados.
Dentro de la misma lógica, en 1996, en todo el estado de Oaxaca se implementaron acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, se desarrollaron tareas de inteligencia, así como se crearon grupos paramilitares, como “Los entregadores”, en la región loxicha.
Dicho grupo estaría financiada por los caciques y su labor fundamental sería la delación, que se realizaría entregando a los presuntos guerrilleros y realizando acciones de tortura, asesinatos selectivos, violaciones de mujeres y detenciones arbitrarias. Además de que, partir de ese año, Oaxaca se militarizó, lo cual genero tensión, miedo y hostigamiento hacia diversas comunidades y organizaciones sociales [23].
Situación que se mantendrá en Oaxaca, particularmente durante el conflicto que se desarrolló entre el gobierno de Ulises Ruiz y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En ese momento, el gobierno organizó una Unidad Mixta de Intervención Táctica (UMIT), que ha sido conocida también como Brigada Blanca y que se dedicó a realizar espionajes, secuestros, sabotaje de manifestaciones y tiroteos a barricadas.
Y que dejaría como saldo la detención “preventiva” de más de 500 personas, así como se volvió a agudizar la práctica de la tortura, la desaparición forzada y el asesinato.
Más toda vía, al terminar el conflicto, cuando intervino la Policía Federal Preventiva en el estado, la UMIT fue desarticulada, pero en su lugar se formó un nuevo grupo con sus mismos integrantes, al que llamaron Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR). Misma que sería responsable de las detenciones – desapariciones de los militantes del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR): Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
A lo cual habrá que añadir que desde ese momento, la ciudad de Oaxaca es una de las más vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente, contándose con 230 cámaras, que forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) [24].
Mismo que filma y guarda los datos recabados en cada una de las áreas monitoreadas, además de ser capaz de detectar rostros, gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento.
Dentro de la misma lógica, en el estado de Guerrero, en 2008, el ex gobernador Zeferino Torreblanca (2005-2011) ordenó la realización de lo que llamó Operativos Especiales, con la finalidad de combatir a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
E igualmente, en la Ciudad de México, durante las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012, en rechazo a la toma de protesta presidencial de Enrique Peña Nieto, aparece de forma violenta un grupo de sujetos que llevaban un guante negro con los dedos cortos y no sabían pintar el símbolo de los anarquistas, destruyendo semáforos y atacando policías, mientras las cámaras de vigilancia quedaron inexplicablemente inutilizadas.
Además, durante las manifestaciones que se realizaron a lo largo del 2013, se pudo observar camiones del Ejército y de la Marina transportando a algunos de sus elementos vestidos como manifestantes, mismos que realizan destrozos durante las protestas para posteriormente detener a manifestantes, acusándolos de anarquistas [25].
Similitudes con Colombia.
El desarrollo y auge del actual paramilitarismo en México, tiene una gran similitud con el desarrollo del mismo en Colombia, especialmente respecto a sus vínculos con empresarios, gobernantes y militares.
Siendo que en Colombia, desde 1970, especialmente en los Llanos Orientales, compraron grandes extensiones de tierras empresarios de esmeraldas y narcotraficantes. Los primeros originarios del oriente de Boyacá y los segundos serían conocidos como Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano integrante del cartel de Medellín.
Compras que se incrementarían, a comienzos de la década de 1980, cuando Rodríguez Gacha establece alianzas económicas y militares con Fidel Castaño, promotor del paramilitarismo en Córdoba y la región del nordeste antioqueño.
Así como después de la sangrienta guerra desatada entre los ejércitos privados de Rodríguez Gacha y las FARC, y donde destacara el grupo perteneciente a Rodríguez, conocido como Los Masetos, al sembrar el terror en la población. Dado que, antes que confrontar militarmente a la guerrilla, la estrategia de dicho grupo consistió en eliminar a los militantes y simpatizantes del Partido Comunista Colombiano (PCC) y a todo aquel que fuera considerado “base social” de la guerrilla.
Lo cual configurará los primeros procesos de desestructuración y de arrasamiento de la izquierda en el territorio, que serían auspiciados por el Estado en cuanto que, Los Masetos tenían conexiones con miembros del Ejército.
Además de que a Los Masetos, se les sumaran los hechos delictivos cometidos por grupos de autodefensa locales conocidos como Mano Negra o Serpientes Negras, creados por terratenientes de la región, entre los cuales destacará a Henry Valenzuela, finquero de San Martín. A este grupo pertenecería, Edilson Cifuentes, quien después de prestar servicio militar en el Batallón 21 Vargas, ingresó en 1987 a las Serpientes Negras, con el seudónimo de Richard y se convertiría después en uno de los comandantes de las Auto defensas Unidas de Colombia (AUC) [26].
Más aún, los grupos de narcoparamilitares se fortalecerán y se vincularan, cuando atacan las élites de la región, el proceso de paz, iniciado por el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), que buscaba la solución política del conflicto armado con las FARC.
Encontrando dicho proceso, desde el primer momento oposición por parte de empresarios, terratenientes y políticos, como Alfonso López Michelsen, Carlos Lleras Restrepo, Fernando Landazábal y Luis Carlos Camacho Leiva, así como por sectores de las Fuerzas Militares, que se negaron a apoyarlo, y por el contrario se aferraron a los lineamientos de la lucha contrainsurgente, el anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional, empoderados por la política internacional anticomunista de Estados Unidos, en cabeza de Ronald Reagan.
A tal oposición también se sumarian, los caciques regionales de los partidos Liberal y Conservador, siendo que para ellos, la apertura democrática implicaría una ampliación en los referentes políticos de los electores, así como el riesgo de que las reformas sociales e institucionales jamás tramitadas se tuvieran que canalizar y que la cultura política gamonal y clientelista que tanto los favorecía desde tiempo atrás se fuera a cuestionar.
Así, en el Alto Ariari, los políticos regionales tradicionales vieron a la Unión Patriótica (UP), que apoya a las FARC y que probablemente ganaría las elecciones, como una amenaza al statu quo, vieron lo que estaba ocurriendo como una antesala para la toma del poder por parte de las FARC y sintieron que estaban en peligro sus grandes propiedades personajes como, Hernando Durán Dussán, Jorge Ariel Infante Leal y Leovigildo Gutiérrez, entre otros.
De suerte que, a partir de ese momento, se consolidará la guerra sucia y las operaciones de exterminio en Colombia, concretadas por medio de planes y operaciones, como la Operación Cóndor y el Plan Baile Rojo, los cuales buscaron socavar la dirección nacional de los movimientos sociales, por medio del asesinato de sus dirigentes.
Planes nacionales que tendrían como complemento planes regionales, como el Plan Esmeralda que tendría por objeto barrer con la influencia de la UP y el PCC en los departamentos del Caquetá y Meta [27].
Operaciones que lucirían inmediatamente después de las votaciones, perpetrando masacres, asesinatos y desapariciones forzadas. Y actuando los asesinos conjuntamente, o en complicidad, con agentes del Estado, miembros de la fuerza pública o los servicios de inteligencia.
En tal sentido, el 8 de agosto de 1986, tras la primera incursión de un grupo paramilitar en el municipio El Castillo, campesinos lograron identificar a tres de las personas que vestían uniformes y portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares: se trataba de Ezequiel Liberato, inspector de policía de El Dorado, Joaquín Silva, jefe de uno de los grupos paramilitares que operaban en El Dorado y Cubarral, y José Sierra, esposo de una concejal de Cubarral.
Más todavía, tras la misma incursión paramilitar, se produjo una masacre en la vereda Cumaral Bajo y un grupo de hombres armados, vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ingresaron violentamente en la madrugada a la vivienda del campesino José Antonio Guerra y asesinaron a dos personas.
Además, a José Antonio lo amarraron y se lo llevaron, junto con otras tres personas, a la fuerza, y se encontraron sus cadáveres al día siguiente, muy cerca de donde había estado ubicado uno de los campamentos militares. Encontrándose los cuerpos degollados, con señales de tortura causadas con armas cortopunzantes y rociados con ácido.
Actos que se fortalecerán ante la expansión política y militar del paramilitarismo, a partir de la década de 1990, cuando se crean las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en 1995 y en 1997, cuando se crean de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), movimiento paramilitar nacional unificado bajo el mando de Carlos Castaño.
Importante transformación del paramilitarismo, que le permitirá expandirse, ampliando su dominio territorial a nuevos departamentos e insertarse con más fuerza en el mercado de la coca, articularse con actores legales e iniciar un acelerado proceso de reconfiguración cooptada del Estado [28].
Cambios que necesariamente tuvieron también una ampliación en los repertorios contrainsurgentes, aplicados contra la población civil y que hoy se vislumbran como un posible escenario exacerbado en México.
Bibliografía.
López Bárcenas Francisco. Muertes sin fin. Crónicas de represión en la región mixteca oaxaqueña. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Ce-Acatl, A.C. 2002.
Hemerografía.
17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).
200 o más cuerpos en las fosas clandestinas de la academia de policías en Veracruz, “ahí mismo se dan prácticas sádicas y enseñan cómo volverte sicario, delincuente y psicópata ”: poblador. Revolución 3.0
Tenían 14 y 16 años e iban al cine, mueren baleadas por policías, quienes les 'siembran' armas . Vanguardia.
Notas[1] La denominación de GBI derivó de lo que el Pentágono entendía por guerra, por lo cual hizo “una división teórica de la lucha armada en los niveles, bajo, mediano y alto, dependiendo del grado de fuerza y violencia que se tiene que utilizar en cada una. La guerra de guerrillas y otras contiendas desarrolladas por unidades irregulares son clasificadas como guerras de baja intensidad; los enfrentamientos regionales donde se emplean armas modernas son considerados guerras de mediana intensidad, y las conflagraciones globales o las hostilidades en que se utilicen armas nucleares, son identificadas como guerras de alta intensidad”. Es decir que para la guerrilla implica utilizar una GBI. Extraído de: Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR, de Blanca
Estela Martínez Torres. Tesina para obtener el grado de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Julio de 2006.
Para más información respecto al tema se puede consultar: Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico. 23-09-2015. Por: Ramón César González Ortiz , en Rebelión.
[2] La definición que establece el Informe final del Low Intensity Conflict Team sostiene que:
“ El Conflicto de Baja Intensidad es una lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos. Es muchas veces prolongado y varía de presiones diplomáticas, económicas y psico-sociales hasta el terrorismo y la contrainsurgencia. El conflicto de baja intensidad generalmente se limita a un área geográfica y muchas veces se caracteriza por constreñimientos en las armas, tácticas y nivel de violencia”. Extraído de: La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por: Patricia Kreibohm de Schiavone.
[3] -Para evitar que las fuerzas armadas sean enjuiciadas por los crímenes de lesa humanidad que han cometido; los actos que realizan los paramilitares permiten el desarrollo de actos criminales en donde no aparecen implicados directamente los organismos de seguridad del Estado, lo cual facilita la impunidad.
-Sirven para hacer creer que el conflicto es entre grupos paramilitares y guerrilla (como pugnas interfamiliares o intercomunitarias) y hacer ver a la opinión pública que las atrocidades son cometidas por la guerrilla, para restarle legitimidad.
-Los paramilitares le permiten al Estado y a las fuerzas armadas realizar operaciones masivas encubiertas de carácter contrainsurgente y movilizar recursos sin que se descubran sus fuentes.
Aunque el Ejército se encargue de entrenar a los paramilitares lógicamente nunca lo reconocerá, por eso el Estado los utiliza cuando lo cree conveniente, sino el mismo Ejército se encarga de reprimir. Extraído de: La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por: Patricia Kreibohm de Schiavone.
[4] Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR , de Blanca Estela Martínez Torres, tesina que la autora preparó para obtener el grado de licenciado en Ciencia Política ante la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Escrito en julio de 2006.
[5] Serán ejecutadas por agencias civiles o militares de los EUA dentro de programas aprobados por gobiernos extranjeros, destinadas a prevenir (programas proactivos) o derrotar movimientos insurgentes (programas reactivos). Conocidas como operativos IDAD (Internal Defense and Development). Acciones destinadas a ganar “las mentes y los corazones de las naciones amigas en riesgo”, mediante la coordinación de planes políticos, militares y económicos implementados por el país anfitrión, a efecto de alcanzar dos objetivos: a) privar a los grupos insurgentes de apoyo popular y b) frustrar sus opciones estratégicas concretas.
Ámbito dentro del cual, el rol de los EEUU se limita a prestar apoyo económico y asesoramiento militar - aunque descarta la posibilidad de una intervención armada directa.
Se trata de cubrir un rol auxiliar, de bajo perfil, para respaldar a las fuerzas locales en el manejo de la guerra contrainsurgente: acción cívico-militar, operativos psicológicos (mejorar la imagen del gobierno y desacreditar a los grupos insurgentes), tareas de inteligencia y lucha antiguerrillera (operaciones llevadas a cabo por pequeñas unidades y empleo quirúrgico de las fuerzas de combate para evitar bajas entre la población civil), estas últimas desempeñadas preferentemente por Fuerzas Especiales. Extraído de: La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por: Patricia Kreibohm de Schiavone.
[6] Contrainsurgencia ante Movimientos Armados en México: EPR-PDPR , de Blanca Estela Martínez Torres, tesina que la autora preparó para obtener el grado de licenciado en Ciencia Política ante la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Escrito en julio de 2006.
[7] La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad: del intervensionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto. Por: Patricia Kreibohm de Schiavone.
[8] Para checar más información sobre la Guerra de Baja Intensidad ver: Rebelión. Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico. Por: Ramón César González Ortiz. 23-09-2015.
[9] Lo cual ocurre de acuerdo al Plan de Defensa Nacional III (DN-III-E), que supuestamente tiene la finalidad de proteger a la población en caso de desastres naturales o causados por el hombre.
[10] En 1958 se crea el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), órgano federal que aglutinó las actividades del café mexicano. Durante su funcionamiento, que llegó a su fin en 1989 por problemas políticos que llevaron a su último director ejecutivo, Fausto Cantú Peña, esta institución fomentó la investigación agronómica del cafeto, incluso llegando a desarrollar una nueva variedad del cafeto, el Café Oro Azteca.
[11] Restos de la Brigada Blanca - Proceso
www.proceso.com.mx › Edicion › Edicion Mexico
GUERRERO: RED DE NARCOS, POLICÍAS Y POLÍTICOS
www.sinembargo.mx/12-10-2014/1136363
[12] Acusado de haber pertenecido al grupo de Lucio Cabañas, y en el momento de su asesinato era presidente de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Costa Chica (URECCCH).
[13] De acuerdo con un informe del Centro Prodh, el mismo año de 1995 …se produjeron en el estado 113 hechos violentos: treinta y siete en la Costa Grande, dieciocho en Acapulco, diecisiete en la Costa Chica, diez en la Montaña, diez en la Mixteca, otros diez en la Tierra Caliente, seis en Chilpancingo, tres en la región centro y dos en el norte.
Fuente: Pacarina del Sur - http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/1075-ayotzinapa-dolor-del-pueblo-y-contrainsurgencia -
[14] Rebelión. El trasfondo de Ayotzinapa. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Por: Ramón César González Ortiz. 05-12-2014.
[15] Comandante Humberto Velázquez, el sospechoso al que nadie busca ...
oronegro.mx/.../comandante-humberto-velazquez-el-sospechoso-al-que-nadie-busca-...
[16] La Jornada en línea. Tortura a procesados por caso Iguala es "doble injusticia": ONU-DH. Jueves 15 de marzo de 2018.
[17] T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[18] La tortura ha sido uno de los elementos más utilizados desde la implementación de la Guerra Sucia en nuestro país, acto que se realizaría dentro de prisiones militares.
En estos lugares con los ojos fuertemente vendados, han sido recibidos los insurgentes, con lo que llamaban “Bienvenida” o “las calientes”, practicada en dos modalidades: golpes de karate, patadas y puñetazos principalmente en la cara y en los genitales evitando siempre el estómago, además de insultos y humillaciones, entre las que destacaba orinar a los detenidos en el rostro; o el “pocito” en el cual, los vendaban totalmente a una tabla, dejándoles libre la boca para que pudieran respirar, y ésta la sumergían de cabeza en tanques de agua sucia, en los que previamente habían defecado los agentes y militares, hasta que salieran las últimas burbujas grandes, símbolo de que se estaban ahogando, luego sacaban la tabla y cuando tomaban una nueva bocanada de aire les golpeaban la boca del estómago para ser sumergidos de nueva cuenta, tragando así parte del contenido del tanque.
Acciones realizadas por varios minutos sin preguntarles nada. Al terminar, eran fotografiados y llevados a otro lugar dentro de la misma cárcel, en donde comenzaba un interrogatorio hecho por sujetos disfrazados o cubiertos atrás de la luz de potentes lámparas: “Nombres, citas, casas de seguridad”, si no había respuesta comenzaban los golpes en las manos, en los pies y en los oídos; más “pocito” y toques.
Les enseñaban enormes álbumes de fotografías de gente que era buscada por las fuerzas de seguridad, de militantes y simpatizantes de la lucha armada, así como de partidos políticos.
Entre golpes, debían señalar a qué personas de allí conocían, y si a alguien cercano al detenido ya lo habían detectado como sospechoso, la detención solo confirmaba que el otro sospechoso sí era de la LC23S.
Todos los guerrilleros tenían la consigna de resistir veinticuatro horas el interrogatorio, horas cruciales para ambos bandos de los que dependía toda la organización. Si los interrogadores no recibían respuesta comenzaba la saña.
Al pocito le seguían los instrumentos de tortura: la chicharra, cigarros, navajas, pinzas, garrotes, alambre, tehuacanazos. “comenzaban por apagarles los cigarros en el cuerpo, en donde fuera; les enterraban agujas por debajo de las uñas o se las arrancaban una a una; les hacían cortes en la piel; les destrozaban los dedos o los genitales a garrotazo limpio, los castraban, los incendiaban…”
Todo era válido y supervisado por un médico militar que, haciendo uso de toda su preparación profesional, decidía si se continuaba o no.
Cuando llegaban a detener a los familiares, estos eran torturados frente el prisionero, quien era obligado a ver y a escuchar la tortura sobre su pareja, sus padres, hermanos e hijos. La humillación era constante.
Los torturados siempre permanecían vendados o con el rostro completamente cubierto, la tortura nunca fue una acción realizada por psicópatas ya que éstos no son controlables, sino por gente psicológicamente sana que fue sometida a un entrenamiento gradual de desensibilización, a través de la exposición gradual a actos repugnantes, a la deshumanización de la víctima arrebatándoles su identidad y un sistema de recompensas y castigos.
No solo los agentes de la Brigada temían a los torturadores, también los soldados que vigilaban el Campo Militar a los que debían soltar dinero y mantenerlos contentos para que no fueran a hablar. Extraído de: T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[19] Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México. Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C. Ediciones Océano, 1998. Pp. 32-34.
[20] Proceso en línea. Durazo ordenó la matanza de Tula, decía Sahagún Baca. 4 de agosto de 1984.
[21] Miguel Nazar Haro, fue informante de la CIA y dirigente de una banda de roba carros en Estados Unidos, mismos que importaba a México y eran utilizados por la DFS y la Brigada Especial.
[22] Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México. Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, A.C. Ediciones Océano, 1998. Pp. 40-41.
[23] 17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
[24] 17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca ...
https://subversiones.org/archivos/13799
[25] T esis - Cedema.org
www.cedema.org/uploads/Ortiz_Rosas-2014.pdf
[26] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).
[27] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).
[28] Pueblos arrasados Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta).
Ramón César González Ortiz es Licenciado en Sociología y Maestro en Estudios Políticos por la UNAM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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