AI pide a la UE que detenga las transferencias de armas a Egipto para dejar de alimentar muertes y torturas
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| © MAHMOUD KHALED/AFP/Getty Images |
Casi la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea (UE)
incumple la suspensión para toda la UE de las transferencias de armas a
Egipto, por lo que podrían ser cómplices de una oleada de homicidios
ilegítimos, desapariciones forzadas y torturas, ha declarado hoy
Amnistía Internacional.
A pesar de la
suspensión impuesta tras la muerte de cientos de manifestantes en una
demostración de grave uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de
seguridad en agosto de 2013, 12 de los 28 Estados miembros de la UE
siguen figurando entre los principales proveedores de armas y equipo
policial de Egipto. Se teme que los Ministerios de Asuntos Exteriores de
la UE decidan en breve dar por finalizada la suspensión vigente, ya
insuficiente.
“Casi tres años después de los homicidios masivos
que indujeron a la UE a pedir a sus Estados miembros que dejaran de
transferir armas a Egipto, la situación de los derechos humanos se ha
deteriorado”, afirmó Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional
para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Casi
tres años después de los homicidios masivos que indujeron a la UE a
pedir a sus Estados miembros que dejaran de transferir armas a Egipto,
la situación de los derechos humanos se ha deteriorado.Magdalena
Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio y
el Norte de África de Amnistía Internacional
“La represión
interna por parte de las fuerzas de seguridad sigue siendo habitual y no
existe prácticamente ninguna rendición de cuentas. El uso excesivo de
la fuerza, las detenciones arbitrarias masivas, la tortura y las
desapariciones forzadas se han convertido en parte del modus operandi de
las fuerzas de seguridad.
“Los Estados de la UE que transfieren
armas y equipos policiales a las fuerzas egipcias que cometen
desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a escala
masiva actúan de forma temeraria y podrían ser cómplices de estas
violaciones graves.”
La complicidad de la UE en la represión
Solamente
en 2014, los Estados de la UE autorizaron 290 licencias para transferir
equipos militares a Egipto por un valor total de más de 6.000 millones
de euros (6.770 millones de dólares estadounidenses). Los artículos
incluyen armas pequeñas, armas ligeras y munición, vehículos blindados,
helicópteros militares, armas más pesadas para uso en operaciones
antiterroristas y militares, y tecnología de vigilancia.
Los
países de la UE que suministran armas a Egipto mediante exportaciones o
corretaje desde 2013 son los siguientes: Alemania, Bulgaria, Chipre,
Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido,
República Checa y Rumania.
Los Estados de la UE que transfieren armas
y equipos policiales a las fuerzas egipcias que cometen desapariciones
forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a escala masiva actúan de
forma temeraria y podrían ser cómplices de estas violaciones
graves.Magdalena Mughrabi
Según Privacy International, empresas
de varios países de la UE, incluidos Alemania, Italia y Reino Unido, han
suministrado también a las autoridades egipcias sofisticados equipos o
tecnologías destinados a su uso en la vigilancia estatal que Amnistía
Internacional teme que podrían emplearse para reprimir la disidencia
pacífica y violar el derecho a la intimidad.
La violenta represión de la disidencia en Egipto
En
los últimos años, las autoridades egipcias llevan a cabo a cabo una
campaña de represión, con el pretexto de restablecer la estabilidad del
país tras el derrocamiento por el ejército del presidente Mohammed Morsi
en julio de 2013. Las duras medidas, que incluyen el uso de la fuerza
arbitraria y excesiva con armas de fuego, vehículos blindados y otros
equipos, han causado el homicidio ilegítimo de cientos de manifestantes.
Miles de personas más han sido detenidas y se enfrentan a juicios
masivos manifiestamente injustos. Los detenidos denuncian habitualmente
tortura y otros malos tratos.
Las fuerzas de seguridad han
amenazado con usar y han usado la fuerza armada para infundir temor en
quienes cuestionan pacíficamente la legitimidad del gobierno o critican
abiertamente sus políticas. Mientras tanto, las represivas Ley de
Manifestaciones (de noviembre de 2013) y Ley Antiterrorista (de agosto
de 2015) sancionan efectivamente el uso excesivo de la fuerza.
Las
fuerzas de seguridad egipcias suelen ir armadas con pistolas y rifles.
Usan a menudo porras, escopetas, cañones de agua y gas lacrimógeno, con
el apoyo de diversos tipos de vehículos blindados, para dispersar
protestas y otras reuniones públicas de carácter político. La Ley de
Manifestaciones de 2013 permite a las fuerzas de seguridad responder
“proporcionalmente” al uso de armas de fuego por los manifestantes a fin
de proteger vidas, dinero y propiedades, aunque su interpretación se
hace en violación flagrante de las normas internacionales, que sólo
permiten que las fuerzas de seguridad usen medios letales en respuesta a
un peligro inminente de muerte o lesiones graves.
Desde la
entrada en vigor de la ley, las fuerzas de seguridad han usado la fuerza
excesiva para disolver implacablemente protestas, a menudo con
resultados letales. En enero de 2015, al menos 27 personas murieron en
incidentes violentos relacionados con protestas, muchas a manos de las
fuerzas de seguridad armadas. Una de ellas fue Shaimaa Al Sabbagh,
activista política, poeta y joven madre, a quien un policía mató a tiros
en el centro de El Cairo. A pesar de que las imágenes del momento de su
muerte se hicieron virales y desencadenaron la indignación
internacional, el máximo tribunal egipcio anuló la declaración de
culpabilidad del miembro de las fuerzas de seguridad hallado
originalmente responsable de su muerte, que ahora deberá ser juzgado de
nuevo.
Las fuerzas de seguridad armadas también han practicado
detenciones masivas de personas que critican al gobierno y de opositores
políticos. Según un funcionario del Ministerio del Interior citado en
la prensa egipcia, solamente en los primeros 10 meses de 2015 fueron
detenidas casi 12.000 personas por presuntos delitos de “terrorismo”. En
enero de 2016, las fuerzas de seguridad armadas registraron más de
5.000 viviendas del centro de El Cairo en una operación de seguridad con
motivo del quinto aniversario del alzamiento de 2011, y detuvieron a
numerosos activistas.
El 25 de abril, las fuerzas de seguridad
armadas detuvieron a cientos de personas mientras disolvían las
protestas, en su mayor parte pacíficas, contra la decisión del gobierno
de transferir dos islas del Mar Rojo a Arabia Saudí. Entre los detenidos
en la represión desatada en torno a las protestas había defensores y
defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
El
14 de mayo, los tribunales condenaron a más de 150 personas a penas de
entre dos y cinco años de prisión por su participación en las protestas.
El
año pasado, las fuerzas de seguridad armadas secuestraron a cientos de
personas en una oleada de desapariciones forzadas. Las víctimas
permanecen recluidas en régimen de incomunicación durante periodos
prolongados, sin acceso a sus familias o abogados, y son torturadas por
las fuerzas de seguridad del Estado para hacerlas “confesar” delitos de
terrorismo.
No ha habido ninguna rendición de cuentas por las
violaciones graves de derechos humanos cometidas durante y después del
alzamiento de 2011. Hasta ahora, las autoridades egipcias no han
investigado de forma efectiva, independiente e imparcial los cientos de
casos de desaparición forzada, tortura y homicidios ilegítimos
documentados por los grupos de derechos humanos.
Operaciones militares en el Sinaí
El
ejército egipcio realiza cada vez más operaciones militares contra
grupos armados que han lanzado ataques contra la población civil y las
fuerzas armadas, sobre todo en el norte de la península del Sinaí. Se
sabe que las fuerzas armadas egipcias han usado armas pesadas en estas
operaciones, que incluyen vehículos blindados, tanques, helicópteros de
combate Apache y aviones de combate F-16.
A Amnistía Internacional le preocupa la total falta de transparencia en las operaciones del ejército contra grupos armados.
Existe
un bloqueo informativo sobre las operaciones militares en el Sinaí y
los periodistas y las organizaciones independientes de la sociedad civil
tienen prohibida la entrada en la zona. Mientras tanto, los Estados de
la UE han firmado transferencias de armas pesadas y equipos destinados
supuestamente a ayudar a Egipto a combatir el “terrorismo”, a pesar de
la falta de transparencia y de garantías en materia de derechos humanos
sobre su uso. Esto es especialmente inquietante si se tiene en cuenta la
total ausencia de rendición de cuentas por las violaciones graves de
derechos humanos perpetradas durante el régimen militar que gobernó tras
el alzamiento de 2011.
La UE alimenta la represión interna
Mientras
los registros muestran que muchos Estados de la UE han hecho caso omiso
del llamamiento de 2013 de suspender las transferencias de armas
empleadas para la “represión interna” en Egipto, se teme que las
próximas conversaciones desemboquen en una mayor suavización de la
suspensión o incluso en su levantamiento. Eso se produce tras la
decisión de Estados Unidos el año pasado de reanudar el envío de ayuda
militar a Egipto por importe de 1.300 millones de dólares anuales.
“Suministrar
armas que probablemente alimentarán esta represión interna en Egipto es
contrario al Tratado sobre el Comercio de Armas, en el que son partes
todos los Estados de la UE, y viola la Posición Común de la UE sobre
exportaciones de armas”, declaró Brian Wood, director de Control de
Armas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
La UE y sus
Estados miembros deben dejar de recompensar el mal comportamiento de la
policía y el ejército egipcios con una bonanza de suministros de
armas.Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control y Derechos
Humanos, Amnistía Internacional
“La UE debe imponer
inmediatamente un embargo a todas las transferencias de los tipos de
armas y equipos que se están usando en Egipto para cometer violaciones
graves de derechos humanos. La UE y sus Estados miembros deben dejar de
recompensar el mal comportamiento de la policía y el ejército egipcios
con una bonanza de suministros de armas.”
Algunos de los principales proveedores de armas que se podrían usar para la represión interna en Egipto son:
En
2014, Bulgaria emitió un total de 59 licencias para la exportación a
Egipto de equipos militares por valor de 51.643.626 de euros, con más de
11 millones de euros para armas pequeñas/ligeras y munición. Las
exportaciones a Egipto incluyeron 10.500 rifles de asalto, 300
ametralladoras ligeras y 21 subametralladoras.
La República Checa es
un proveedor estable de armas pequeñas de Egipto. En 2014 el gobierno
checo emitió 26 licencias para exportar artículos militares a Egipto por
valor de 19,9 millones de euros, en su mayoría armas pequeñas y
munición. Las autoridades checas informaron a la ONU de que entre 2013 y
2015 exportaron a Egipto 80.953 pistolas y revólveres. Además, el
Ministerio del Interior egipcio había hecho un pedido de 10 millones de
cartuchos de 9 milímetros a empresas de armas checas en febrero de 2014.
Francia
emitió licencias de exportación por valor de más de 100 millones de
euros en 2014 en la categoría de “bombas, torpedos, cohetes, misiles y
otros artefactos explosivos” y “vehículos terrestres y componentes”.
Las exportaciones han incluido más de 100 camiones Sherpa, que se
anuncian para uso por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Italia
emitió 21 licencias de equipos militares por un valor total de 33,9
millones de euros en 2014, casi la mitad para armas pequeñas. En 2015,
Italia envió armas pequeñas y piezas y accesorios afines por valor de
más de 4 millones de euros y ya ha registrado la exportación a Egipto de
pistolas o revólveres por valor de 73.391 euros en 2016.
Amnistía Internacional pide a la UE y todos sus Estados miembros que adopten las siguientes medidas:
Imponer
y aplicar plenamente un embargo vinculante a las transferencias de
equipos de seguridad y policiales a Egipto de los tipos de armas
empleadas para cometer o facilitar violaciones graves de derechos
humanos. No hacerlo podría favorecer la infracción de la Posición Común
de la UE sobre exportaciones de armas, así como la violación de las
disposiciones sobre derechos humanos del Tratado sobre el Comercio de
Armas.
Imponer una política de “presunción de denegación” a las
transferencias de armas destinadas al uso de las fuerzas armadas y la
fuerza aérea de Egipto. Los informes sobre algunos ataques aéreos que
han causado muertes y heridas graves no se han investigado de forma
efectiva, independiente e imparcial. Las violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas armadas durante el alzamiento de 2011 y
durante el año posterior de gobierno militar tampoco se han investigado
efectivamente. No deberá autorizarse ninguna posible exportación a
Egipto de estos artículos a menos que una valoración exhaustiva de
riesgos para los derechos humanos demuestre que las fuerzas armadas
egipcias destinatarias usarán el equipo de forma legítima, incluido el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional de
los derechos humanos, y salvo que el Estado exportador acuerde con el
gobierno egipcio una garantía vinculante a tal efecto.
Mantener este
embargo y la política de “presunción de denegación” hasta que las
autoridades egipcias implanten salvaguardias efectivas para prevenir
nuevas violaciones graves por parte de las fuerzas de seguridad y
realicen investigaciones exhaustivas, inmediatas, independientes e
imparciales sobre las violaciones cometidas desde el alzamiento de 2011
con el fin de procesar en juicios justos a los responsables de delitos.
