Desnudan opacidad del gobernador de Guanajuato en contratos multimillonarios
 |
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.
Foto: Octavio Gómez |
GUANAJUATO,
Gto., (apro).- El gobierno panista de Miguel Márquez contrató dos
servicios que involucraron multimillonarios recursos: el proyecto de
seguridad denominado Escudo y la compra y abastecimiento de medicamentos
y material de curación del Seguro Popular, en dos asignaciones directas
en las que estuvo ausente la Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas, reveló anoche la titular del organismo, Isabel Tinoco
Torres.
“No había impedimento legal para que la Secretaría de la
Transparencia pudiera participar. Lo que comento es que no fue convocada
a la adjudicación directa” en ambos casos, reconoció Tinoco.
La
dependencia realiza ahora un procedimiento para revisar el cumplimiento
de las empresas abastecedoras del Seguro Popular, acción que terminará
hasta mediados del año –cuando concluye el contrato–, y existe la
posibilidad de rescindir la prestación del servicio, pues se han
detectado anomalías como desabasto, admitió la funcionaria.
Isabel
Tinoco fue la última integrante del gabinete del gobernador Miguel
Márquez llamada a comparecer con motivo de la glosa del segundo informe,
así como para responder a las preguntas de los diputados,
principalmente los de oposición de las bancadas de PRI y PVEM.
La
titular de esta secretaría –antes denominada de Gestión Pública– fue
inquirida con insistencia por los diputados opositores sobre las dos
mega-asignaciones efectuadas por el Ejecutivo: uno es el proyecto Escudo
para la innovación tecnológica en materia de seguridad, que involucra
recursos por 2 mil 700 millones de pesos y fue otorgado de forma directa
a la empresa Seguritech en diciembre de 2012, sin que se dieran
detalles sobre los criterios y parámetros bajo el argumento de que se
trató de un tema de seguridad.
En tanto que el suministro y
distribución de medicamentos para los derechohabientes del Seguro
Popular representa un contrato total multianual por 4 mil millones de
pesos, pero en el primer año (mayo de 2013 a mayo de 2014) se efectuó
una adjudicación directa por 300 millones en favor de dos empresas,
Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de
Medicamentos, que participaron junto con otras dos empresas en dos
licitaciones previas, las cuales se declararon sin ganador porque
ninguna de éstas cumplió con todos los requerimientos del concurso.
Los
señalamientos del diputado del Partido Verde Ecologista, Sergio
Contreras, fueron dirigidos precisamente a cuestionar la asignación a
estas dos empresas, a pesar de que habían incumplido con todo lo
requerido en las dos licitaciones previas en las que participaron, y
particularmente en el caso de Intercontinental de Medicamentos, pues
esta empresa fue sancionada por la Secretaría de la Gestión Pública
debido a irregularidades en el abasto de medicamentos al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el 2006.
Secretarios “se echaron la bolita”
A
lo largo de la semana, en las comparecencias del secretario de Salud
Ignacio Ortiz Arana y del de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, éstos
evitaron responder de manera directa a esta pregunta, y tampoco
desmintieron la denuncia del diputado del PVEM, de que varios de los
medicamentos que ahora se distribuían a los derechohabientes del Seguro
Popular son más caros que los que se encuentran en las farmacias del
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSEG).
El
ISSEG se hizo cargo del servicio al Seguro Popular hasta mayo del año
pasado, cuando se determinó que ya no lo prestaría, y fue entonces
cuando se asignó a las dos empresas ya mencionadas.
Cuando se
presentó ante los diputados, el secretario de Salud se dijo totalmente
ajeno al proceso de licitación y a la asignación final del contrato a
las dos empresas referidas, y dijo desconocer los precios porque ese
tema, aseveró, es también un asunto de la competencia de la Secretaría
de Finanzas.
Pero después tocó el turno al propio titular de
Finanzas Juan Ignacio Martín, quien contradijo a su compañero de
gabinete y sacó a relucir un oficio del 22 de mayo de 2013, en el que la
Secretaría de Salud específicamente recomienda otorgar el contrato para
el suministro de medicamentos a las dos empresas que finalmente se
vieron favorecidas.
“Hay demasiadas inconsistencias,
incongruencias, pero el problema fundamental no es la licitación o la
asignación directa, sino por qué se le quita un negocio a los
trabajadores del estado, que generaba un rendimiento de más de 60
millones de pesos anuales para entregárselo a empresas particulares que
se beneficien con el sobreprecio”, declaró el diputado Contreras.
En
tanto, la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas dijo no
contar con información sobre los precios de los medicamentos o la
adjudicación directa de los contratos.
–Entonces, ¿de qué sirve la función preventiva de la secretaría? –la increpó un legislador del PRI.
“Tiene
toda la razón, nosotros tenemos que velar para que las dependencias
hagan las cosas de manera correcta. Ahorita lo que estamos haciendo es
acompañamiento (con) una auditoría, para que estos errores ya no se den,
con corrección y posible sanción”, adujo Isabel Tinoco.
Entrevistado
sobre los señalamientos de los diputados por el contrato de
medicamentos del Seguro Popular, el gobernador Miguel Márquez pidió “que
lo revisen, sin ningún problema, que tengan mucho mayor cuidado, ya
viene la siguiente licitación, mejor que la preparen bien”, y aseveró
que la Secretaría de la Transparencia estará atenta al proceso.
Aunque
según el gobernador la dependencia fiscalizadora del Ejecutivo no es
requerida por ley para este proceso, “ella puede intervenir, no hay
ningún problema”.
