Un decomiso de 15 MDD en Baja California en enero de 2012.
Foto: David Deolarte
MÉXICO,
D.F. (apro).- Ampliamente criticada en todo el mundo, la Ley de
Cumplimiento de Obligaciones de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos entrará en vigor en enero de 2013
con serias implicaciones para los gobiernos y para las instituciones
financieras privadas, y ante lo cual México puede ser un laboratorio de
los resultados de esa regulación.
Ese marco legal, aprobado por la
Cámara de Representantes en marzo de 2010, obliga a los gobiernos e
instituciones financieras de todo el planeta a reportar ante el Servicio
de Impuestos Internos (IRS por sus siglas inglesas) –la máxima
autoridad fiscal de Estados Unidos– la información financiera de los
estadunidenses que viven fuera de su país.
“El tema controvertido
ha sido sus tintes de ser extraterritorial, pues es una ley
estadunidense y la mayoría de los países tiene una reglamentación que
impide revelar esa información”, explica a Apro Israel Álvarez, socio en
asesoría de impuestos de la oficina mexicana de la consultora holandesa
KPMG.
La ley ha desatado polémica en todo el mundo por su
contraposición a las disposiciones sobre la privacidad de los datos
personales, y los secretos bancario y fiduciario, por lo cual Estados
Unidos se ha abocado a la firma de tratados bilaterales para garantizar
que los datos requeridos fluirán.
México suscribió el documento
intergubernamental en noviembre pasado, lo cual para el estadunidense
Jim Jatras, abogado de la firma Squire Sanders, fue un error.
“Los
más afectados pueden ser los que tienen fuertes vínculos con Estados
Unidos, como Canadá, México, los socios europeos, el sureste asiático.
Las instituciones y los gobiernos pueden empezar a ver a México como
ejemplo de lo que puede pasar y reconsiderar los acuerdos bilaterales”,
dijo Jatras a Apro.
Este abogado creó la página electrónica www.repealfatca.com, una campaña para echar atrás la legislación.
La
ley y el tratado bilateral implican que los bancos, fondos de inversión
y otras instituciones financieras mexicanas identifiquen a partir de
enero de 2013 las cuentas de ciudadanos estadunidenses, prácticas que
también deben realizar las entidades estadunidenses respecto a sus
clientes mexicanos.
Estados Unidos deberá entregar la información
en los siguientes nueve meses posteriores al final del ejercicio
respectivo. En el caso de 2013, trasladará los datos a más tardar el 30
de septiembre de 2014.
La legislación abarca a quienes poseen
inversiones superiores a 50 mil dólares. Las instituciones que incumplan
se arriesgan a una retención de 30% de cualquier operación en Estados
Unidos que genere réditos. Si una empresa financiera quiere evitar esa
penalización, debe firmar un acuerdo individual con el IRS, para lo cual
tiene hasta junio de 2013.
El Departamento de Estado de Estados
Unidos estima que unos 5 millones de sus ciudadanos viven fuera de su
territorio. En México viven 1.5 millones de estadunidenses, de los
cuales casi la mitad son jubilados, según estadísticas de la Secretaría
de Turismo.
El gobierno de Estados Unidos estima que ciudadanos y
empresas de su país tienen más de 100 mil millones de dólares en el
extranjero, sin estar sujetos al pago de impuestos.
Además, los
activos financieros de extranjeros en esa nación ascienden a unos 133
mil millones de dólares, de los cuales 15 mil 201 millones pertenecen a
mexicanos, según la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés).
El
argumento del gobierno estadunidense es recaudar más impuestos y
combatir la evasión fiscal, en momentos en que ese país se encuentra al
borde del llamado “precipicio fiscal”, una crisis de ingresos que podría
derivar en masivos recortes de gasto social, con serias implicaciones
para la ya debilitada economía de Estados Unidos y del mundo entero.
Las
autoridades de Estados Unidos calculan que gracias a la ley FATCA
obtendrían entre 800 y mil millones de dólares anuales, pero
especialistas cifran en un trillón de dólares la aplicación de esa
regulación.
Procedimientos engorrosos
La nueva ley depende
del consentimiento de los propietarios de las cuentas y de los acuerdos
intergubernamentales, que Estados Unidos ha suscrito ya con países como
México, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia y España y negocia
con una cincuentena de naciones.
“Un problema potencial,
especialmente para las organizaciones con presencia en múltiples
jurisdicciones, es la administración de la diligencia debida del FATCA
bajo dos modelos. Las instituciones pueden tener que construir múltiples
sistemas, parcialmente para cumplir con los requerimientos de aplicar
los modelos a las leyes locales”, escribió el especialista Bruce Zagaris
en el blog de la Asociación de Especialistas Certificados en Crímenes
Financieros (ACFCS, por sus en inglés).
La ley FATCA contiene un
modelo que se refiere a jurisdicciones con las cuales Estados Unidos
tiene acuerdos de tributación o de intercambio de información fiscal y
sobre las cuales el Departamento del Tesoro y el IRS han decidido que el
gobierno recipiendario cuente con protecciones y prácticas robustas
para garantizar que los datos son confidenciales y que son usados
exclusivamente para propósitos impositivos.
El segundo modelo,
establecido en noviembre último, complementa el reporte directo de las
instituciones financieras al agregar el intercambio de información entre
los gobiernos respectivos, pero sólo a petición de parte. De esa forma,
cubre impedimentos legales domésticos, como el secreto bancario, y
reduce la carga sobre las entidades financieras.
Mediante este
mecanismo, un gobierno emitirá una directiva a sus instituciones
financieras para que se registren ante el IRS hacia el 1 de enero de
2014 para luego cumplir con los requisitos, como la diligencia debida,
el reporte y la retención de impuestos de cuentas existentes antes de la
vigencia de la legislación.
Sin embargo, las organizaciones
financieras deben solicitar al titular de dichas cuentas su número
estadunidense de identificación fiscal y consentimiento para reportarlo
al IRS.
Si esos datos y el aval no son entregados por los
cuentahabientes, la entidad financiera puede enviar datos
complementarios a la oficina nacional de impuestos, la cual puede
transferirlos al IRS.
En el caso de las cuentas nuevas
pertenecientes a declarantes estadunidenses, la entidad financiera
tendría que obtener del titular la aprobación para reportar sus datos.
“Es
una ley compleja, con medios sofisticados. Sus implicaciones impactan a
todos los aspectos de negocios de una entidad. En México, están el
secreto bancario, el fiduciario y la ley de protección de datos. Trae
una serie de complejidades para aplicar, se metería en demasiados vicios
jurídicos”, alerta Álvarez.
Entre México y Estados Unidos rige
desde 1992 el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la
Evasión Fiscal en Materia del Impuesto sobre la Renta.
“La ley
argumenta que busca recaudar más impuestos, pero hace poco por perseguir
la evasión. Su aplicación es cara y agresiva, la recolección de
información y el reporte costará billones de dólares que pagará gente
que no ha hecho nada malo”, denuncia Jatras.
Organizaciones de
expatriados como Ciudadanos Estadunidenses en el Extranjero (ACA, por
sus siglas en inglés), con sede en la ciudad suiza de Ginebra y con
miembros en más de 90 países, se han encrespado en contra de la
legislación.
“FATCA está afectando a los estadunidenses que
residen y trabajan en el extranjero por el cierre de sus cuentas en
bancos extranjeros y la negativa a productos financieros, como
hipotecas, pensiones y planes de seguros”, dijo a Apro la asociación a
través de correo electrónico.
ACA piensa que “FATCA incrementará
el costo de cumplimiento y afectará negativamente a aquellos que la
legislación está apuntando menos, los estadunidenses comunes
trabajadores”, enfatizó.
“FATCA creará un sistema bancario global
de dos bandas –uno ‘calificado’, incluyendo a aquellas instituciones
financieras internacionales que tienen un acuerdo con el IRS para asumir
los reportes, y uno ‘no calificado’, incluyendo aquellas instituciones
financieras extranjeras que deciden no acordar con el IRS”, arguye la
página web de la instancia, que adelanta que “este último grupo dejará
de invertir en Estados Unidos”.
Esa es una consecuencia que
también avizora Jatras. Su campaña anticipa que la ley reducirá la
inversión extranjera y eliminará empleos, impondrá costos masivos a un
amplio rango de instituciones, que luego serán trasladados a los
consumidores; y llevará a mayores impuestos y a una fiscalización
internacional.
ACA proyecta que unos 2 millones de personas
tendrían que presentar los formularios ante el IRS, más que los 350 mil
que esa dependencia calcula.
Una estrategia es que los ciudadanos
estadunidenses renuncien a esa nacionalidad, con lo cual quedarían fuera
del espectro de la jurisdicción.
Campaña por el no
Para
Jatras, la clave está en que los gobiernos rechacen el acuerdo
intergubernamental con Estados Unidos, lo cual haría posible que el
Congreso estadunidense la anule, como ha ocurrido con otras leyes.
“Si
las instituciones financieras y los gobiernos se ponen de acuerdo para
rechazar la ley, se puede lograr en un año. El plan es elevar la
conciencia pública en Estados Unidos. Nos movemos en dos rutas: una es
tener más países que se niegan a firmar acuerdos con Estados Unidos,
porque así la ley no funcionará. Y la segunda, una campaña para eliminar
la ley”, indica el especialista, quien asistió el día 15 de diciembre
al foro FATCA: ¿qué está en juego para Canadá y los canadienses?
Ese
país negocia con Estados Unidos, con quien también mantiene una
convención fiscal, un arreglo bilateral, sobre el cual convocó el 8 de
noviembre último al envío de comentarios públicos.
En 2012 la
Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), con sede en Bogotá y que
reúne a las asociaciones del sector en la región, levantó una encuesta
sobre FATCA y que derivó en el hallazgo del choque de esa legislación
con las regulaciones nacionales, especialmente en cuanto al secreto
bancario y protección de datos personales.
Por ejemplo, la
Asociación de Bancos de México mencionó el secreto bancario y fiduciario
contenido en la Ley de Instituciones de Crédito.
La Comisión
Argentina para Felaban respondió que la ley de Estados Unidos
contraviene las leyes de Protección de Datos Personales, de Entidades
Financieras y de Oferta Pública de Valores, en referencia a la
privacidad de los datos, y los secretos bancario y bursátil.
Por
su parte, la Federación Brasileña de Bancos citó el principio
constitucional de igualdad en el tratamiento a nacionales y extranjeros,
así como quebrantamientos de las leyes bancarias y fiscales.
La
respuesta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia resaltó que la información que sería entregada está calificada
por su legislación como reservada, además de señalar que la retención de
30% por incumplimiento necesitaría la aprobación de una norma
exprofeso.
Países y territorios como China y las islas del Canal británico han expresado su negativa a incorporarse a este esquema.
Las
organizaciones planean continuar con su cabildeo en Washington y en los
países con los cuales Estados Unidos quiere rubricar un acuerdo
bilateral.
IRS y el Departamento del Tesoro “son conscientes y
están buscando formas para suavizar la carga de los reportes, para que a
los estadunidenses no les cierren el acceso bancario en el extranjero;
sin embargo, el problema aún existe”, aclaró ACA, quien continuará
“trabajando en educar a Washington sobre los aspectos negativos de FATCA
con la esperanza que la legislación será rechazada o reformada
significativamente”.
Si quieren introducir modificaciones al
convenio intergubernamental, México y Estados Unidos tienen hasta el 31
de diciembre de 2016.
Hace veinte años comenzó a propalarse la falacia. Un texto escrito por José Argüelles, El Factor Maya, un Camino más Allá de la Tecnología, introdujo
los elementos de fanatismo. El libro, que circula ampliamente en
internet, afirmó que “la fecha que coincide con nuestro calendario con
el final del Baktun 13 o del ciclo cósmico de 5,20 años es el 21 de
diciembre de 2012”.
En
Chile, Egipto, España y varios países del mundo se encuentran en una
etapa muy importante en la formación de países verdaderamente
democráticos, todo esto promovido por los jóvenes utilizando las redes
sociales más populares en el mundo en la actualidad como lo son Twitter y
Facebook.
