Acteal: La impunidad a 15 años de la masacre

Acteal: La impunidad a 15 años de la masacre

Escrito por Autor Invitado

Por José Luis Montenegro

Subcomandante Marcos Foto: Ricardo Trabulsi

Era la madrugada del 1 de diciembre de 1994, tan solo a 11 meses de terminar su sexenio, un grupo de indígenas se levantaron en armas en contra del entonces gobierno de México a cargo del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Se hacían llamar el ‘EZLN’ (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). El grupo, liderado por un hombre conocido como el subcomandante Marcos, tomó seis poblaciones chiapanecas como símbolo de descontento nacional. Tras una serie de combates, el presidente en turno optó por no acudir a medidas violentas accediendo al diálogo con los rebeldes. Esto no fue suficiente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido hegemónico en ese entonces y que ahora regresa al poder con el turbio ascenso de Peña Nieto, sucedería a Ernesto Zedillo como presidente de la república, mismo que registraría el surgimiento de grupos armados así como la militarización en Chiapas provocando homicidios y un ambiente de descomposición social.

A partir de ahí, el presidente Zedillo se vería involucrado, salvaguardando con impunidad su imagen, que hasta hoy, no ha logrado la absolución ni la condena por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y mucho menos de la PGR, la Procuraduría General de la República en México.

Resurge el caso Acteal

Tras 10 demandas que presentaron en septiembre del año pasado en la corte de la ciudad de New Haven, Connecticut, lugar donde actualmente vive el exmandatario mexicano, el caso Acteal reapareció con el indicio de la presunta participación de Ernesto Zedillo en los hechos.

Los demandantes, de identidad anónima, aseguraron que en 1997 hubo una serie de asesinatos y secuestros en los Altos de Chiapas, mismos que culminaron con la muerte de 45 indígenas, así como el desplazamiento interno de personas en la región.

A la defensa, los 10 familiares víctimas de esta represión explican que la masacre —bajo el plan llamado ‘Chiapas 94′— pretendía que el gobierno mexicano de la mano del ejército, concluyera con la insurgencia del movimiento mediante el enfrentamiento de grupos paramilitares.

Ante tal declaración, Jonathan Freiman, representante legal de Ernesto Zedillo, salió en defensa de su cliente: “Carecen de fundamento”, señala el texto en el que evaden la responsabilidad y culpa del exmandatario. De igual forma, ligaron la demanda y calificaron como “indignante” los hechos en los que está inmerso el actual director del Centro para Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale. La demanda asegura, estaba ligada a los procesos electorales de 2012.

Con esto, el pasado 7 de septiembre al expresidente de México le fue otorgada la inmunidad diplomática con motivo de la demanda que enfrenta por la presunta responsabilidad del caso Acteal ocurrido en 1997.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un documento dio a conocer las razones en el que explica por qué se acredita la inmunidad a Zedillo ante la Corte de Distrito de Connecticut, tras una petición del gobierno de México realizada al Departamento de Estado.

El texto dice que “el Poder Ejecutivo tiene la autoridad exclusiva para determinar la inmunidad de exfuncionarios extranjeros (…) y dicha determinación no está sujeta a revisión judicial”. En suma, las demandas fueron consideradas insuficientes, en el carácter de elementos que no comprueban la presunta responsabilidad de los hechos por parte de Zedillo.

Impunidad

A lo largo de los años, investigaciones independientes, tesis académicas, incluso informes de organismos de derechos humanos, han declarado abiertamente que lo acontecido en diciembre de 1997 en Acteal, es un crimen de estado.

Los informes aseguran que han sido identificados los autores, cómplices y encubridores de este atroz delito, entre ellos, Ernesto Zedillo Ponce de León, Liébano Sáenz Ortiz, Emilio Chauyffet y Julio César Ruiz Ferro, los cuales siguen sin ser cuestionados y mucho menos castigados.

“Me dueles México” se lee en las calles de esta enorme ciudad que aún vive en el reclamo permanente. Pasta de conchos, Tlatelolco, El Halconazo, Aguas Blancas, Atenco, Acteal. Todos estos casos, síntomas de un país que vive penurias a falta de herramientas efectivas de justicia, un país que vive atado a las corruptelas y a la impunidad a causa de un sistema que no ayuda mucho, no como debería. La riqueza y los beneficios que se riegan arriba pero no permean a los de abajo, una ideología de hacer lo que uno quiera cuando está en el poder sin preocuparse por las consecuencias. Un país que guarda silencio y en muchas ocasiones pierde la esperanza.

Mientras se pretenda borrar de la memoria el clamor de la justicia, seguirán repitiéndose masacres en México, la impunidad que hoy reina porque la justicia aún falta.

Cronología de los hechos

22 de diciembre de 1997. Un grupo armado conocido como ‘Máscara Roja’ conformado por aproximadamente 100 personas, atacaron a 45 indígenas tzotziles, de lo cuales 18 eran niños, 22 mujeres y 6 hombres. Todos murieron.

Según el informe y versión oficial del gobierno del presidente Zedillo, se atribuyó dicho ataque a disputas entre grupos locales.

3 de enero de 1998. Emilio Chuayffet Chemor renuncia a su cargo en la Secretaria de Gobernación, reemplazado por Francisco Labastida, quien poco después se postulara como candidato a la presidencia en el año 2000.

5 de enero de 1998. Es revelado un plan de ofensiva militar para crear conflictos sociales por Carlos Marín, entonces periodista del semanario Proceso.

7 de enero de 1998. El gobernador chiapaneco en turno, Julio César Ruiz Fierro, renuncia a su cargo, el cual es asumido por Roberto Albores Guillén.

20 de enero de 1999. Legisladores chiapanecos unen esfuerzos y piden ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que reprenda a los involucrados en la matanza.

27 de diciembre de 2006. En Chiapas, la Fiscalía General de Justicia anunció la creación de una instancia para reactivar las investigaciones del caso Acteal.

24 de agosto de 2007. Dos de los encarcelados por la matanza revelaron la ubicación de las armas que fueron usadas durante el ataque. “Nos duelen los inocentes, por eso decidimos confesar”, señalaron.

4 de octubre de 2007. Condenaron a 34 indígenas a 26 años de prisión, de los cuales sólo dos aceptaron haber sido autores materiales del asesinato colectivo.

27 de diciembre de 2007. Antonio Santiz López, presunto autor del ataque, fue exonerado de los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

12 de junio de 2009. Integrantes del Comité de Familias y Amigos de los Inocentes Presos por el Caso Acteal demandaron libertad para los inculpados que se encuentran detenidos en el penal de El Amate, en Chiapas, acusados de ser los autores de la masacre ocurrida.

5 de agosto de 2009. La Corte dictamina que hubo manipulación del sistema de justicia a favor del Estado.