El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva
que prohíbe la separación de familias indocumentadas en centros de
detención. La decisión ocurre después de una polémica no exenta de
olvidos deliberados y estridencias convenientes. ¿Qué piezas faltan?
© Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos / APMigrantes, entre ellos varios niños, en el centro de detención de McAllen, Texas. 17 de junio de 2018.
Las
voces de unos niños llorando después de haber sido separados de sus
padres en un centro de detención de inmigrantes en EE.UU. pusieron la
mecha en un polvorín.
La grabación, así como las imágenes de un centro de reclusión de
inmigrantes, indignaron a la opinión pública y obligaron al presidente
estadounidense,
Donald Trump, a
firmar
un decreto este miércoles para prohibir la separación de los niños de
sus padres indocumentados mientras transcurre el proceso judicial que
determina su estatus migratorio.
Pero la situación
no es nueva
. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
publicado
en 2015, revela que aunque en 2009 se había "erradicado" la práctica de
detención de familias migrantes en EE.UU. tras el cierre del centro T.
Don Hutto Residential Treatment Center en Taylor, Texas;
en 2014 -durante la administración de Barack Obama- una misión de ese organismo observó que la medida no sólo se seguía empleando sino que también buscaba expandirse
,
con el fomento de una política "arbitraria y automática" de reclusión
contra personas indocumentadas. ¿Por qué ahora sí se toman medidas al
respecto?
Misma ley, otra política
Uno de los puntos clave para entender el panorama tiene que ver con la
ley migratoria. Trump no ha hecho ninguna modificación a la legislación
promulgada por su antecesor, pero sí decidió
endurecer la política para su aplicación.
© Courtesy CBP / ReutersMigrantes, la mayoría niños, en una de las celdas del centro de detención en Río Grande, Texas (EE.UU.). 17 de junio de 2017.
En abril de este año, el procurador general de EE.UU., Jeff Sessions,
justificó
la separación "temporal" de los menores de edad de sus padres o
responsables como una medida coercitiva para desestimular la inmigración
ilegal, que se enmarca en el plan de
"tolerancia cero"
a los flujos migratorios irregulares. Debido a esa política, los niños
permanecen recluidos en centros acondicionados con grandes jaulas,
colchonetas en el piso y condiciones que vulneran el principio de no
detención de niños, niñas y adolescentes, estipulado en el derecho
internacional.
El
decreto aprobado el miércoles por Trump impide, de momento, que ocurra la separación de familias pero
no tranquiliza a los activistas.
Blanca Rodríguez, una defensora de los Derechos Humanos en Houston, lo
deja claro: "Sé que no tendrán el trauma de ser separados, pero no creo
que haya menos peligros.
Hay casos de abuso a los niños y a los padres, incluyendo agresiones sexuales y violaciones".
© Courtesy CBP / ReutersInterior de uno de los centros de detención en Río Grande, Texas (EE.UU.). 17 de junio de 2017.
Rodríguez
indicó que las acciones de protesta no van a parar, no sólo para
reclamar la garantía de los derechos de esos niños, niñas y
adolescentes, sino por todos los migrantes que cruzan a EE.UU. sin los
papeles en regla, en vista de la recurrente opacidad en el manejo de los
centros de detención: "No permiten que tengamos contacto con ellos,
todo es muy secreto
,
se oculta mucho. Hace un mes fue que nos dimos cuenta de la separación
en los diferentes centros de detención en Texas", cuenta.
El detonante de las denuncias, asegura Rodríguez, fue la visita
realizada por el senador Jeff Merkley al centro en Brownsville: "Le
negaron la entrada al principio, incluso le llamaron a la policía. No lo
arrestaron, pero unos días después fue que lo dejaron entrar". Tras su
recorrido por las instalaciones de supermercado, transformado en
albergue de condiciones carcelarias, el legislador afirmó: "Separar
bruscamente a los niños de sus padres para causarles daño a los pequeños
y así influir en los padres es inaceptable".
Al drama de la separación y la retención de esos niños, se suma la
incapacidad del Estado para hacer seguimiento al destino de muchos de
ellos, reubicados con su familiares o "patrocinadores" mientras
transcurre el proceso judicial en tribunales migratorios: hace semanas,
el Departamento de Salud y Servicios Sociales estadounidense (HSS, por
sus siglas en inglés) admitió que había
perdido el rastro de unos 1.500 menores de edad porque no lograban ponerse en contacto con ellos después de haber sido entregados en custodia.
"Legado nefasto"
Se estima que desde el pasado 6 de mayo, cuando comenzó la
implementación del plan de "Tolerancia cero" contra los migrantes en
situación irregular, el número de niños que terminan en centros del HSS
se incrementó un 22% con respecto a abril. Es decir: hay
10.859 menores de edad recluidos en esos albergues de propiedad federal.
© Mike Blake / ReutersAérea de un centro de detención en Tornillo, Texas (EE.UU.). 18 de junio de 2018.v
Esta
semana se supo que casi 2.000 niños habían sido separados de sus padres
por la política de desmembramiento "temporal" de las familias. La
medida se tomó un mes después del
aumento de 223%
en las detenciones en la frontera registrado en abril; sin embargo, la situación durante la administración Obama no fue mejor.
En 2014, el ex presidente demócrata
pidió la creación de nuevos
centros de reclusión para niños migrantes no acompañados, ante la
"oleada" de llegadas de menores de edad indocumentados
provenientes de México y el llamado Triángulo Norte, conformado por
Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta práctica ha sido tildada de
"legado terrible y nefasto" por Patricia Montes, directora ejecutiva de la organización Centro Presente de Boston, en una entrevista con
El Faro.
"Durante los ocho años Obama
también se separaban niños,
también se deportaban niños al Triángulo Norte, considerada una de las zonas más peligrosas del mundo",
denunció la defensora de Derechos Humanos, quien insistió que con la
llegada de Trump no ha habido cambios a la ley, sino una política
"implementada por el poder Ejecutivo, con mucho abuso de poder y
violaciones claras a tratados internacionales".
En el citado informe de la CIDH, publicado en 2015, se destaca que en
una visita realizada a EE.UU. por una delegación de la Comisión se
constató que "los funcionarios estadounidenses no logran identificar
correctamente a los niños y niñas no acompañados mexicanos que puedan
tener necesidades especiales de protección internacional", así como "la
falta de garantías de debido proceso y la falta de acceso a mecanismos" que garanticen la defensa de los derechos de los menores de edad.
© www.globallookpress.comMigrantes,
entre ellos varios niños, en el centro de detención en McAllen, Texas
(EE.UU.) 18 de junio de 2018. / Servicio de Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos.
De
igual forma, la Comisión consideraba "inaceptable" hace tres años que
la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se negaran a
permitir "el libre y pleno acceso" al centro de detención fronteriza de
Mc Allen y al de Procesamiento Central del Valle de Río Grande para
verificar las condiciones de esos albergues.
Obama logró evadir la inspección de la CIDH sin mayor escándalo, pero la administración Trump tuvo que ceder a la presión
de los legisladores demócratas para abrir las puertas y permitir la entrada de periodistas que documentaran la situación.
Los vacíos
Aunque Trump firmó la orden para impedir la separación de las familias, su llamado fue enfático: "
Sigue siendo una tolerancia cero. Tenemos cero tolerancia para las personas que ingresan ilegalmente a nuestro país", aseveró.
El mandatario norteamericano ha puesto fin por decreto a la controvertida política, pero los
vacíos siguen intactos:
la orden ejecutiva no establece lapsos límite para la reclusión de los
indocumentados ni contempla nuevos mecanismos para atender a los niños
que ya están en manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Lo que sí prevé es que los adultos detenidos no sean entregados
directamente al Departamento de Justicia cuando enfrenten los cargos
penales, sino que permanezcan recluidos junto a sus hijos en el
Departamento de Seguridad Nacional, precisa
CNN.
El detalle es que hay espacios turbios del decreto porque su aplicación
se hará "en la medida en que lo permita la ley y sujeto a la
disponibilidad de asignaciones".
La nueva orden ejecutiva tampoco define si la reunificación familiar aplica para las familias que ya han sido separadas.
El negocio de la reclusión
Un informe publicado en 2016 por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su siglas en inglés), citado por
Univisión,
reveló que el gobierno utilizó 637 centros de reclusión para la
detención de inmigrantes en 2015, la mayoría de ellos regentados por
empresas privadas.
Las detenciones de inmigrantes, aunque sean notificadas como un problema por la administración Trump, representan
una buena noticia
para conglomerados como CoreCivic y GEO Group. A finales del año
pasado, altos ejecutivos de ambas firmas manifestaron su regocijo porque
la actual administración había anunciado su política de arrestos a
indocumentados al interior de EE.UU. ¿La razón?
Los recluidos iban a tener estancias "más largas" que los capturados en la frontera, lo que es sinónimo de jugosas ganancias.
© Mike Blake / ReutersPersonal de seguridad a la entrada de un campo de detención en Tornillo, Texas (EE.UU.). 20 de junio de 2018.
Según
Business Insider
, en una nota publicada el año pasado, el CEO de CoreCivic, Damon Hininger,
mostró su optimismo
porque si los inmigrantes detenidos en la frontera podían estar unos 27
días en los centros de reclusión, los arrestados al interior de EE.UU.
permanecían, en promedio, 52 días. Teniendo en cuenta que cada
indocumentado retenido le reporta a esas compañías unos
126 dólares por jornada
, el drama de los inmigrantes no puede ser más apetitoso para sus deseos de acumular ganancias.
Geo Group, de acuerdo a
Newsweek, cabildeaba en el Congreso una ley que buscaba extender de manera indefinida
la detención de niños
inmigrantes en sus centros de reclusión con unas licencias de cuidado
infantil. Aunque la norma no prosperó, el grupo no está intranquilo
porque sus ganancias han reportado un
crecimiento de 18%
y, entre 2015 y 2016, sus acciones alcanzaron un récord histórico.
Además, según Pablo Páez, vicepresidente de relaciones corporativas, la
compañía ha trabajado "durante 30 años con administraciones demócratas y
republicanas" en el lucrativo negocio de las correccionales "de
detención y rehabilitación a nivel federal".
¿Y ahora?
La situación de los niños migrantes ha puesto de manifiesto las
carencias del sistema
estadounidense para garantizar la defensa de los derechos humanos, sin
embargo, a diferencia de las sanciones unilaterales que impone
Washington contra otros países por la presunta vulneración de esos
derechos fundamentales,
EE.UU. no ha firmado ninguna convención
internacional en esa materia, por lo que no se somete a ningún dictamen
al respecto ni acepta obligaciones de carácter jurídico.
El principal argumento utilizado por la administración Trump para
justificar la medida, derogada el miércoles por decreto, era que servía
para persuadir a los migrantes de no cruzar de manera ilegal, pero los
especialistas citados en informes de la CIDH y la ONU dejan claro que
ninguna acción de este tipo desestimula a las poblaciones que huyen de
la violencia social, política y económica en sus países porque
consideran el arresto como un riesgo natural del viaje.
© Mike Blake / ReutersAérea de un centro de detención en Tornillo, Texas (EE.UU.). 18 de junio de 2018.
En lo que respecta a la detención de menores de edad, una
resolución
de Naciones Unidas no deja entresijos para interpretaciones: "los
niños, incluidos los adolescentes, no deben estar sujetos a arrestos o
detenciones arbitrarias únicamente en razón de su estatus migratorio, y
la privación de libertad de los niños y los adolescentes migrantes debe
ser una
medida de último recurso
,
en condiciones que respeten los derechos humanos de cada niño". Pero
antes de que la comunidad internacional señalara a Washington por
permitir la retención de menores indocumentados como política de Estado,
l
a Casa Blanca pateó la mesa y jugó posición adelantada al anunciar su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La embajadora estadounidense, Nikki Haley, calificó al Consejo de la ONU
de "hipócrita y egoísta". Las acusaciones de la diplomática no
estuvieron exentas de estridencia, no obstante, el escándalo tras la
salida no fue más fuerte que el desatado por la voz del niño migrante
que, entre sollozos, solo pedía ver a su mamá.
