Aquellos que nos quejamos del irracionalmente
excesivo número de leyes a las que nos vemos sometidos lo hacemos habitualmente partiendo de una premisa:
las leyes están para ser cumplidas.
Si nos sentimos abrumados ante la maquinaria generadora de normas,
leyes y reglamentos en la que se van convirtiendo paulatinamente los
estados modernos, es precisamente porque sabemos que en el respeto a la
Ley radican los fundamentos de cualquier sistema democrático.
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Si al diseñar las democracias representativas se hizo tanto hincapié en que los ciudadanos participasen en el
proceso legislativo
fue precisamente porque el cumplimiento de las leyes ni puede ni debe
ser opcional. Y una maraña legislativa excesivamente espesa no solo es
un nido de corrupción (ya señalaban los clásicos que un Estado es más
corrupto
cuantas más leyes tiene) sino que, además, atribuye a los gobernantes un poder cuasi absoluto.
Esto ocurre en la España de hoy, donde hay
más de 100.000 leyes en vigor, resultando inevitable que la propia legislación
incurra en contradicciones consigo
misma. Al final, es la arbitrariedad de los gobernantes la que decide
qué proyectos siguen adelante y cuáles no o, mucho más inquietante,
quiénes han de cumplir ciertas leyes, y quiénes no, o qué leyes han de
cumplir o dejar de cumplir ciertas personas en particular…
En España el proceso legislativo no es ni mucho menos un
proceso abierto o transparente en el que pueda participar la sociedad
civil
Esto, por supuesto, lo perciben los ciudadanos, especialmente porque
lo sufren en sus propias carnes. Y, por si fuera poco, también se
percatan de que en España el proceso legislativo no es ni mucho menos
abierto o transparente, en el que pueda pueda participar la
sociedad civil
(por muy indirectamente que sea). Al contrario, las leyes son fruto de
procesos opacos e impermeables, que tienen lugar en los despachos de las
sedes de los partidos políticos, donde solo acceden ciertas
élites extractivas.
Así las cosas, es cuando menos lógico que la ciudadanía perciba la
Ley como algo ajeno. Y, ante la práctica imposibilidad de cumplir unas
normas sin incumplir otras, asume que las leyes no conforman un marco de
convivencia: las percibe como una
mera herramienta de poder. Y, consecuentemente, siente rechazo. En consecuencia, cada vez más personas caen en el r
elativismo y
entienden que el acatamiento de las leyes tiende a ser una opción
personal puntual para cada caso particular y no un compromiso permanente
de convivencia. Sin ir más lejos, asómense un rato a
Cataluña.
Podemos despertarnos un día y descubrir que en nuestras
sociedades proliferan amenazas que deberíamos haber dejado atrás hace
varias décadas
Que la situación actual resulte lógica no quiere decir que debamos
darla por válida. Es fundamental recuperar el aprecio a nuestras leyes
por todo lo que protegen y representan. Y también velar por su
cumplimiento porque lo que entendemos por democracia
debería estar plasmado en nuestro ordenamiento jurídico. Y
si
no prestamos atención podríamos despertar un día y descubrir que
proliferan amenazas que deberían estar desterradas hace ya varias
décadas.
Sirva como ejemplo el caso de
Kuwait Airlines, que
lleva años practicando impunemente en nuestra moderna Europa occidental
un racismo e intolerancia que todos entendíamos eran cosa de un pasado
trágico, superado hace más de medio siglo.
En Kuwait siguen empeñados en mantener el boicot que la Liga Árabe decidió imponer a Israel hace más de 70 años
En la primavera de 2016, esta aerolínea tuvo que asumir que si quería
volar entre diferentes ciudades europeas tendría que cumplir con las
legislaciones anti-discriminación y decidió no volar. A pesar de que
países como Jordania o Egipto lleven tiempo ignorando el el boicot que
la Liga Árabe decidió imponer a Israel hace más de 70 años, en Kuwait
siguen empeñados en mantenerlo.
El grupo internacional de abogados
The Lawfare Project presentó una querella en Suiza a raíz de la denuncia de un ciudadano al que Kuwait Airlines
se
negó a llevar de Ginebra a Frankfurt. Y la compañía, al comprender que
para operar entre ciudades europeas no podía negarse a embarcar
pasajeros con pasaporte de Israel, prefirió
desmantelar todas sus rutas intra-Europeas e incurrir en pérdidas de cientos de millones de euros.
No era algo nuevo. Este grupo de abogados que ejerce lo que su directora
Brooke Goldstein
define de manera informal como “activismo litigante”, principalmente
(aunque no exclusivamente) centrado en la lucha contra el antisemitismo,
ya les había amenazado con emprender acciones legales en Estados Unidos
en diciembre del año anterior, y la aerolínea había optado
por desmantelar su puente entre Nueva York y Londres,
que era una de las rutas que más beneficios aportaba a la compañía (y
cuya cancelación fulminante supuso también pérdidas millonarias).
Actualmente, de hecho, la misma historia se está repitiendo con los
mismos actores, esta vez en Alemania…
Y cierto es que en el caso de los Kuwaitíes podemos llegar a entender
que entre asumir pérdidas millonarias en Occidente o sufrir las iras
del Emir en casa opten por lo primero (entre que le apliquen a uno
nuestras leyes occidentales o le apliquen la
Sharia la elección es sencilla).
Hoy es mucho más probable ser censurado en Google, Yahoo y
Twitter por incurrir en algún discurso políticamente incorrecto que por
incumplir las leyes vigentes en materia de odio o discriminación
Pero esto no debe distraernos de la importante labor que
The lawfare Project lleva
a cabo en pro del cumplimiento de nuestras leyes, así como de otros
casos que ha puesto sobre la mesa. Esta misma semana, sin ir más lejos,
han anunciado en España que podrían emprender acciones legales contra
Google,
Yahoo y
Twitter.
Y la condición que ponen para no hacerlo (lo que demandan, en
definitiva) resulta bastante simple: que se cumplan nuestras leyes
antidiscriminación y las propias normas internas de estas compañías. Han
señalado casos concretos, demostrado que hoy día es mucho más probable
ser censurado en cualquiera de estas plataformas por incurrir en algún
discurso
políticamente incorrecto que por incumplir las leyes vigentes en materia de odio o discriminación: Y semejante arbitrariedad es inaceptable.
Al final lo que evidencia el “activismo litigante” es que
lo que necesitamos no son nuevas leyes, tal y como proponen casi todos los partidos del
consenso socialdemócrata
(paradójicamente los que más leyes nuevas proponen son los que luego
antes invitan a sus seguidores a no acatar las leyes existentes
redactadas por otros; y, por el contrario, los individuos o grupos que
más respetuosos se muestran con la Ley son siempre los que abogan por
reducir drásticamente su número y sus ámbitos de actuación). Tampoco
derogarlas o siquiera modificarlas.
Antes de plantearnos ninguna otra cosa, debemos asumir que hay que
respetar las leyes; y debemos aprender no solo a acatarlas sino a velar
para que sean cumplidas. Ya que ahí radica la base sobre la que se
edifica cualquier
convivencia democrática. Porque solo tras interiorizar que las leyes son de obligado cumplimiento, podremos valorarlas en toda su magnitud y gravedad.
Las leyes más importantes se pactan en despachos de partidos políticos fuera de las instituciones sin disimulo alguno
Únicamente cuando entendamos que las leyes, su forma y su contenido
nos afectan de manera inexorable, nos guste o no; comprenderemos la
capital importancia de que nos impliquemos y participemos en su
redacción y desarrollo. Debemos ser conscientes del enorme agravio y
daño que supone que las leyes más importantes se pacten en despachos de
partidos políticos fuera de las instituciones sin disimulo alguno.
Porque mientras no seamos conscientes, será absurdo esperar que nos
planteemos hacer algo al respecto…
Debemos, en definitiva, apreciar y valorar nuestras propias leyes;
aunque solo sea para sentir su peso sobre nuestros hombros, exigir que
nos permitan ejercer el papel que nos corresponde legítimamente y
empezar a demandar
menos y mejores leyes, que buena falta nos hacen.
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