Este
artículo toca un tema central, la enorme crisis social de Catalunya,
que queda ocultada detrás del debate territorial y nacional.
Por Vicenç Navarro
Este
artículo toca un tema central, la enorme crisis social de Catalunya,
que queda ocultada detrás del debate territorial y nacional. El artículo
muestra datos más que convincentes que señalan que la crisis mayor que
existe hoy en Catalunya es la crisis social, que queda ocultada, cuando
no silenciada, por las tensiones entre los dos nacionalismos, el
españolista por un lado, y el catalanista por el otro, que utilizan el
tema nacional para ocultar el tema social. El artículo señala la
necesidad de centrarse en la resolución del tema social, invitando a que
todas las fuerzas progresistas exijan su resolucion dentro de un nuevo
marco territorial que defienda la plurinacionalidad del Estado español.
El artículo termina indicando que las derechas nacionalistas a los dos
lados del Ebro están siendo los mayores obstáculos para resolver el
problema social y el nacional.
El mayor problema que
existe hoy en Catalunya es la enorme crisis social que afecta muy
negativamente la calidad de vida y bienestar de sus clases populares.
Tal crisis social raramente aparece en los mayores medios de
comunicación en Catalunya, tanto en los públicos –instrumentalizados en
su mayoría por el gobierno de la Generalitat de Catalunya- como en los
privados, claramente influenciados por poderes económicos y financieros
que definen los parámetros de lo que es aceptable en el panorama
mediático catalán.
Ahora bien, esta enorme crisis social no abarca
a todos los sectores de la población por igual. Está centrada
primordialmente en las clases populares catalanas, las cuales derivan
sus rentas fundamentalmente del mundo del Trabajo. Pero lo que es menos
conocido y apenas tiene visibilidad mediática es que al sector
minoritario de la población que deriva sus rentas primordialmente de la
propiedad y/o de la gestión del capital (propiedad que genera renta) le
ha ido muy bien. Los datos hablan por sí mismos. Entre 2008 y 2016 (el
periodo de la Gran Recesión), las rentas del Trabajo como porcentaje de
todas las rentas en Catalunya bajaron del 50% al 46%, mientras que las
rentas del capital subieron durante el mismo periodo del 42% al 45%. En
otras palabras, mientras que las clases populares vieron como sus rentas
disminuían, los super-ricos, los ricos y las personas pudientes con
elevados recursos las vieron aumentar.
Como consecuencia de ello,
las desigualdades de renta en Catalunya se dispararon de manera que el
20% de la población con más ingresos (super-ricos, ricos y clases medias
profesionales de renta alta), que tenía al principio de la crisis un
nivel de ingresos promedio cinco veces superior al del 20% de renta
inferior, vio como dicha diferencia se ampliaba hasta ser seis veces
superior en 2016, convirtiendo a Catalunya en uno de los países más
desiguales de la UE-15 (el grupo de quince países de la UE de semejante
nivel de desarrollo económico al de España). En realidad, 20 super-ricos
en Catalunya tienen en total una riqueza de 22.400 millones de euros,
cantidad casi equivalente al 11% del PIB catalán. El patrimonio del
catalán más rico es equivalente a la renta anual de 150.0000 familias
medias catalanas. Estos son datos que, junto con otros, muestran que
durante la mayor crisis social que Catalunya ha vivido durante la época
democrática, los catalanes más pudientes no solo no han visto disminuir
sus rentas y su propiedad, sino que, al contrario, las han visto subir
considerablemente.
Las causas del crecimiento de las desigualdades en Catalunya
Un
elemento importante para entender este crecimiento de las desigualdades
ha sido el gran deterioro del mercado de trabajo catalán. En 2016 el
53% de las personas desocupadas llevaban buscando trabajo durante un año
o más, siendo Catalunya uno de los países de la UE-15 que tiene el
porcentaje mayor de este tipo de desocupados. Tal porcentaje era solo
del 16% en 2008, habiéndose añadido a este grupo de desocupados, durante
el periodo 2008-2016, 259.700 personas que están desesperadas por
encontrar trabajo. Y para hacer más agudo el dolor, el 71% de las
personas en paro no reciben ninguna prestación o subsidio en concepto de
paro. La gran mayoría de ellos son trabajadores que habían ocupado
puestos de trabajo de salarios bajos.
Esta situación es
particularmente aguda entre las personas jóvenes, siendo Catalunya el
país con mayor desempleo juvenil de la UE-15 junto con el resto de
España, Grecia e Italia. Este elevado desempleo se ha producido junto
con otros indicadores de deterioro del mercado de trabajo, como es el
elevado nivel de precariedad, de nuevo, uno de los más altos de la
UE-15. Y de particular importancia ha sido el descenso salarial, que ha
sido muy marcado entre los trabajadores con salarios bajos. Si en 2008
el 10% de la fuerza laboral percibía salarios por debajo de los 9.221
euros brutos anuales, en 2016 este 10% percibía salarios por debajo de
los 7.841 euros brutos anuales (un descenso del 15% de su salario).
Los recortes del gasto público social en Catalunya
Este
enorme deterioro del mercado laboral afectó muy negativamente la
calidad de vida de la clase trabajadora, que junto con amplios sectores
de las clases medias constituyen la gran mayoría de las clases populares
catalanas. Sus dificultades fueron incluso más acentuadas debido a los
recortes de las transferencias y servicios públicos del Estado del
Bienestar catalán realizados por el gobierno de la Generalitat de
Catalunya bajo el mandato de una coalición de un partido liberal (CDC,
hoy conocido como PDeCAT) y otro cristianodemócrata (UDC), y más tarde
(tras la desaparición de los cristianodemócratas) con un partido
independentista de centroizquierda, ERC.
Estos recortes del gasto
público social (en las transferencias y servicios públicos de la
Generalitat, que han estado subfinanciados durante la mayor parte del
periodo democrático, y bajo el gobierno de la coalición CDC-UDC) fueron
muy sustanciales durante el periodo 2010-2015, en el que Catalunya
continuó siendo gobernada por dicha coalición. Durante tal periodo
ocurrieron varios hechos: 1) el gasto público social de la Generalitat
se redujo en 3.456 millones de euros, lo que significó una reducción de
un 17%, pasando de gastarse 19.881 millones en 2010 a 16.424 en 2015; 2)
el gasto público educativo se redujo un 17%, pasando de 6.310 millones a
5.234 millones en 2015; 3) el gasto sanitario público del gobierno de
la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 9.903 millones de euros a
8.464 millones de euros. Además de estos recortes, hubo una
privatización masiva de la gestión de los servicios públicos así como
una externalización de tales servicios al sector privado; 4) el gasto
público en vivienda y otras actuaciones urbanas de la Generalitat se
redujo un 60% pasando de ser 723 millones a 289 millones; 5) el gasto de
protección social del gobierno de la Generalitat se redujo un 14%,
pasando de 2.110 millones a 1.823 millones; 6) el gasto en promoción
social del gobierno de la Generalitat se redujo un 39%, pasando de 100
millones a 61 millones; 7) el gasto de fomento de la ocupación se redujo
un 25%, pasando de 732 millones a 551 millones.
Todos estos
datos, sacados de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya,
muestran, como ya hemos indicado antes, un descenso en la financiación
de los servicios fundamentales del Estado del Bienestar del 17%. Tales
recortes han sido de los más acentuados en España y en la UE-15. Estas
medidas se justificaron, según la ideología liberal dominante en tal
coalición de gobierno, argumentando que todas ellas eran necesarias para
“recuperar la economía”, subrayando –como indicó el entonces presidente
Mas- que “la austeridad nos hará fuertes”.
El aumento de la pobreza y de la exclusión social en Catalunya
La
reducción salarial, el aumento de la precariedad, el aumento del
desempleo y la reducción de las transferencias y servicios públicos del
Estado del Bienestar tuvieron un impacto devastador en el bienestar de
las clases populares. Y uno de ellos es el elevadísimo nivel de pobreza y
exclusión social. Los datos hablan por sí mismos: 1) la renta media
neta de los hogares catalanes descendió un 5,2% entre 2009 y 2016
(pasando de 33.064 euros a 31.339 euros); 2) en 2016 el 40% de los
hogares de un adulto con uno o más hijos estaban en riesgo de pobreza.
Durante este periodo de la Gran Recesión, dicho porcentaje ha subido un
22%; 3) la población total en hogares sin ningún tipo de ingreso subió
un 52%, pasando de 112.100 a 176.200 personas (2008-2017); 4) el
porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el
periodo 2008-2015 pasó de un 15% de la población total a un 20%, un
incremento del 27%; y 5) la población en situación de privación material
severa (un 5,5% de la población) aumentó un 250%. Estos datos muestran
la enorme crisis social que existe en Catalunya, la mayor durante el
periodo democrático.
El tema nacional en Catalunya (y en España) oculta el tema social en Catalunya (y en España)
A
pesar de su gran importancia, la crisis social en Catalunya no ocupa la
centralidad mediática. En Catalunya, como en el resto de España (cuya
crisis social tiene muchos elementos comunes con lo que ocurre en
Catalunya, como he documentado en el artículo reciente “El nuevo régimen
social de España”, Público, 21.06.17), la centralidad mediática no la
tiene el tema social, sino el tema nacional, que acapara la mayor
atención de los principales medios de información a los dos lados del
Ebro. Tales medios enfatizan constantemente el supuesto “choque de
trenes” entre el nacionalismo españolista, liderado por el gobierno del
Partido Popular (un partido de sensibilidad conservadora liberal)
presidido por el Sr. Rajoy, y el nacionalismo catalanista secesionista,
liderado por el PDeCAT (también un partido de sensibilidad conservadora
liberal) y su presidente, el Sr. Puigdemont (que gobierna en coalición
con ERC). Estos dos últimos partidos son independentistas que centran su
atención en el tema nacional. En su argumentario, la enorme crisis
social aparece solo indirectamente, al atribuirla a la pertenencia de
Catalunya al Estado español. Constantemente se indica que la secesión de
Catalunya de España y su independencia permitirán eliminar dicha crisis
social. El argumento que responsabiliza al Estado español de la crisis
social de Catalunya tiene parte de razón, pues la enorme crisis social
de Catalunya es muy parecida (aun cuando en bastantes indicadores es
incluso peor) a la existente en el resto de España. De ahí que se asuma,
por parte de estos partidos y por la mayoría del movimiento
independentista, que tal crisis social en Catalunya ha sido impuesta a
la población catalana por las políticas públicas aprobadas por el Estado
español. Esta externalización de responsabilidades, atribuyendo la
crisis social única y exclusivamente al Estado español, es, sin embargo,
insuficiente.
La responsabilidad de la crisis social hay que
buscarla también en Catalunya, pues el primer argumento oculta que la
gran mayoría de leyes de sensibilidad liberal (en realidad neoliberal,
como las reformas laborales del gobierno Zapatero y del gobierno Rajoy,
las reformas fiscales regresivas y los recortes del gasto público
social, entre otros acuerdos sociales y laborales) que han tenido un
impacto muy negativo generando la crisis y dañando enormemente el
bienestar de las clases populares catalanas, han sido aprobadas en las
Cortes Españolas (o en el Parlament catalán) por partidos catalanes, y
muy especialmente por Convergència (hoy PDeCAT), que ha liderado el
gobierno de la Generalitat durante la gran mayoría del periodo
democrático en una coalición con otro partido conservador, el partido
democratacristiano UDC. Tales partidos comparten gran responsabilidad,
tanto en la subfinanciación del Estado del Bienestar catalán como en la
imposición de políticas neoliberales que causaron la crisis social.
Tales partidos han apoyado sistemáticamente (tanto en las Cortes
Españolas como en el Parlament catalán) políticas públicas que causaron
la subfinanciación y la crisis del Estado del Bienestar catalán. La
evidencia de ello es abrumadora, aunque el lector raramente lo leerá,
verá u oirá en los grandes medios de comunicación catalanes.
Las limitaciones y exageraciones del argumento de que la independencia determinaría la eliminación de la crisis social
La
futura Catalunya, en caso de alcanzarse la independencia, dependería
mucho de las fuerzas políticas que lideraran el proceso de transición de
la Catalunya actual a la futura. La transición española de una
dictadura a una democracia mostró claramente que las fuerzas que
controlaban la transición (las derechas, que a su vez controlaban el
aparato del Estado) tuvieron una influencia determinante en la
configuración del sistema democrático (conocido por sus enormes
limitaciones) y de su Estado del Bienestar (escasamente financiado). Y
un tanto igual ocurriría en la transición a la futura Catalunya. Esta es
precisamente una de las causas del escepticismo o incredulidad que
grandes sectores de las clases populares (y muy en particular las que
viven en zonas urbanas) tienen hacia el argumento de que la
independencia resolvería la gran crisis social. La clase trabajadora
catalana no es independentista y este es el mayor punto flaco del
independentismo. Es precisamente en barrios obreros (en los que la
crisis social es más acentuada) donde el apoyo al independentismo es
menor. El liderazgo del movimiento independentista por parte del mismo
gobierno que ha sido responsable de las políticas neoliberales causantes
de las crisis genera esta duda y escepticismo hacia la bondad del
independentismo, dirigido, institucionalmente, por un gobierno de
coalición liderado por tal partido conservador y liberal. Ello no quiere
decir que el movimiento independentista en sí no sea un movimiento
auténticamente popular que canaliza, en parte, la protesta por la
situación social. Pero la escasa pluralidad en su dirección debilita su
representatividad y, sobre todo, la movilización entre grandes sectores
de las clases populares.
La necesaria transformación de Catalunya (y de España)
La
única alternativa para conseguir el apoyo de la mayoría de las clases
populares al desarrollo del derecho a decidir (el soberanismo) es que
haya una alianza de fuerzas políticas con un claro compromiso hacia la
resolución de la crisis social tanto en Catalunya como en España. El
soberanismo no es el independentismo. La secesión es una alternativa
ofrecida a la población en su derecho a decidir. Hoy, según las
encuestas, la gran mayoría de la población desea ejercer este derecho a
decidir, pero la mayoría no es secesionista.
El proyecto
soberanista en Catalunya necesita establecer una alianza con fuerzas
progresistas en España que luchan para conseguir resolver el problema
social y el problema nacional de España (consecuencia, este último, de
su negativa a reconocer su plurinacionalidad). El obstáculo mayor hoy
para resolver el tema social en España (y en Catalunya) es la alianza de
las fuerzas conservadoras y neoliberales nacionalistas españolistas
(que gobiernan España), y de los conservadores y liberales (ahora
convertidos al independentismo) que lideran el gobierno catalán, en su
defensa del modelo neoliberal y de las políticas neoliberales. Su
dominio y hegemonía en los aparatos del Estado, tanto en España como en
Catalunya, representa el principal reto a superar. La abstención de
PDeCAT en la moción de censura en contra del gobierno Rajoy ejemplifica
esta alianza, mostrada múltiples veces en las Cortes Españolas. De ahí
que se requiera una alianza entre los que desean un cambio profundo
(social y nacional) en ambos lados del Ebro. Quedó bien expresado en el
discurso de presentación de ERC (a cargo del Sr. Joan Tardà) en la misma
sesión, cuando expresó su hermandad con las fuerzas políticas, Unidos
Podemos y sus aliados, En Comú Podem y En Marea, en su lucha para
transformar España, terminando su discurso con el saludo ¡Viva la
República Española!, a lo cual las nuevas izquierdas procedentes de
distintas partes de España respondieron con un fuerte aplauso. Ahí
estaban las bases de una nueva Catalunya y de una nueva España.
Pero
esta visión del Sr. Tardà no es la hegemónica en grandes sectores del
independentismo catalán, que considera que España es el problema y ve a
Unidos Podemos y sus aliados como uno de sus mayores adversarios, pues
representan la cara amable de España, que no desean reconocer, pues les
interesa más la cara antipática que puede movilizar a sus bases. Ahí
está otro de los problemas.
¿Qué debería hacerse para resolver el mayor problema que tienen las clases populares en Catalunya?
La
respuesta es fácil de ver. Poner el tema social en el centro del
debate, denunciando la incoherencia del PDeCAT al presentarse como el
gran defensor de Catalunya, a la vez que apoya medidas económicas y
sociales que dañan a las clases populares en Catalunya. Este tema
debería ir acompañado con la defensa del derecho a decidir (que estuvo
siempre en el ADN de las izquierdas catalanas), denunciando la
instrumentalización del famoso proceso constituyente por parte del
PDeCAT y Junts Pel Sí, que con su comportamiento antidemocrático están
evitando que se alcance la plena realización de tal derecho. Ni que
decir tiene que el Estado central, con su comportamiento represivo,
está, además de incrementando el independentismo, facilitando tal
instrumentalización. Con ello se está ayudando a que las mismas fuerzas
que han gobernado siempre Catalunya (y que son responsables de su gran
subdesarrollo social), continúen configurando el futuro, empeorando
incluso más la situación social. La resolución del problema social y
nacional en Catalunya será de difícil realización sin un cambio en
España y sin un liderazgo en el movimiento constituyente catalán que
ponga la resolución del tema social en el centro de su estrategia,
movilizando con ello a las clases populares catalanas, ejerciendo su
derecho a decidir en condiciones auténticamente democráticas.
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/06/30/el-mayor-problema-que-tiene-hoy-catalunya-del-cual-no-se-habla-la-crisis-social/
Comentario:
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