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La ONU interfiere también en Venezuela Kaos en la red
Por Lois Pérez Leira
La declaración ayer de la ONU es un paso más para justificar la intervención norteamericana en este país.
Se
puso de moda hablar en los últimos tiempos de los Fiscales Generales.
Ahora es en Venezuela, donde la Fiscal General Luisa Ortega Díaz acusa
al propio gobierno que la nombró, que aplica el Terrorismo de Estado.
Mientras que a principios de este año el presidente Trump, ceso de forma
fulminante a la fiscal general Sally Caroline Yates. Lo cierto es que
todos los Fiscales Generales del mundo son nombrados directamente o
indirectamente por sus gobiernos y responden a las políticas de Estado,
de los que los nombran. El caso norteamericano de como destituyó a su
Fiscal General, es muy interesante. El 30 de enero de este año, la
Fiscal General Yates ordenó al Departamento de Justicia que no
defendiera la orden ejecutiva de Trump sobre viajes e inmigración,
escribiendo en una carta al personal del Departamento de Justicia:
“En la actualidad, no estoy convencida de que la defensa del orden ejecutivo sea coherente con estas responsabilidades, ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal…Soy responsable de asegurar que las posiciones que tomamos en el tribunal permanezcan en consonancia con la obligación solemne de esta institución de buscar siempre justicia y defender lo que es correcto. Mientras yo sea la Fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa del orden ejecutivo, a menos que y hasta que esté convencida de que es apropiado hacerlo.”
Ese mismo día a través de una carta entregada en mano, la administración Trump despidió a Yates, reemplazándola por Dana J. Boente. Un comunicado de la casa Blanca expresó que Yates «ha traicionado al Departamento de Justicia al rehusar acatar una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos. Esta orden había sido aprobada por el departamento legal del Departamento de Justicia».
La actitud valiente de la Fiscal General en defensa de los millones de inmigrantes sin documentación en los EEUU, le costó la carrera judicial. Por cierto, la mayoría de esos inmigrantes son latinoamericanos. Sin embargo, ni la OEA, ni las Naciones Unidas, ni los países que tienen cientos de miles de inmigrantes en este país, dijeron nada. Silencio total.
En Venezuela la situación es distinta, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega se niega a investigar los crímenes cometidos en los dos últimos meses es este país, durante los actos de la oposición terrorista. Ante la actitud pasiva de la fiscal, el gobierno ha dado poderes según marca la constitución al Defensor del Pueblo, para que asuma competencias que la fiscal se niega a ejercer. Con una sentencia emitida durante la noche del martes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quitó competencias a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y las transfirió al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. En este caso el Gobierno de Nicolás Maduro utiliza los resortes constitucionales para resolver un conflicto jurídico. Reservándose todas las medidas legales que le confiere la constitución para procesar o destituir a la Fiscal General. A pesar de que la actitud en los dos casos han sido distintas. En EEUU el cese fue en horas en Venezuela la Fiscal goza de todos los derechos legales y el gobierno a su vez el derecho a cesarla en caso de que no cumpla con su deber por la que fue nombrada, que es la de proteger los derechos del conjunto de los venezolanos. Sin embargo, la ONU salió a defender al Fiscal y a entrometerse en los problemas propios de este país soberano. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señalo ayer.: “La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de empezar el proceso de remoción de la fiscal general y de congelar sus activos y prohibirle la salida del país es tan preocupante como la violencia registrada recientemente en esa nación” El portavoz en Ginebra de la Oficina de la ONU, Rupert Colville, recordó en una conferencia a de prensa que desde marzo pasado la fiscal general había tomado medidas importantes de defensa de los derechos humanos y había pugnado por la separación de poderes, además de pedir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente. “Estamos preocupados porque las decisiones del Tribunal Supremo parecen encaminarse a desmantelar la fiscalía del mandato y las responsabilidades que le otorga la Constitución venezolana, además de socavar la independencia de esa oficina. La destitución de funcionarios judiciales debe regirse por criterios estrictos que no afecten la independencia e imparcialidad de sus funciones”, recalcó.
Esto es el mundo al revés, la Fiscal General se niega a investigar los crímenes. Los casi cien muertos fueron producidos por la violencia terrorista, como demuestra un informe de la Defensoría del Pueblo de Venezuela y la ONU tiene la desfachatez de emitir esta declaración de preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Está claro que organismos como la OEA y la Naciones Unidas está al servicio del imperialismo. Esta declaración de la ONU es un paso más para justificar la intervención norteamericana en este país.
“En la actualidad, no estoy convencida de que la defensa del orden ejecutivo sea coherente con estas responsabilidades, ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal…Soy responsable de asegurar que las posiciones que tomamos en el tribunal permanezcan en consonancia con la obligación solemne de esta institución de buscar siempre justicia y defender lo que es correcto. Mientras yo sea la Fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa del orden ejecutivo, a menos que y hasta que esté convencida de que es apropiado hacerlo.”
Ese mismo día a través de una carta entregada en mano, la administración Trump despidió a Yates, reemplazándola por Dana J. Boente. Un comunicado de la casa Blanca expresó que Yates «ha traicionado al Departamento de Justicia al rehusar acatar una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos. Esta orden había sido aprobada por el departamento legal del Departamento de Justicia».
La actitud valiente de la Fiscal General en defensa de los millones de inmigrantes sin documentación en los EEUU, le costó la carrera judicial. Por cierto, la mayoría de esos inmigrantes son latinoamericanos. Sin embargo, ni la OEA, ni las Naciones Unidas, ni los países que tienen cientos de miles de inmigrantes en este país, dijeron nada. Silencio total.
En Venezuela la situación es distinta, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega se niega a investigar los crímenes cometidos en los dos últimos meses es este país, durante los actos de la oposición terrorista. Ante la actitud pasiva de la fiscal, el gobierno ha dado poderes según marca la constitución al Defensor del Pueblo, para que asuma competencias que la fiscal se niega a ejercer. Con una sentencia emitida durante la noche del martes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quitó competencias a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y las transfirió al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. En este caso el Gobierno de Nicolás Maduro utiliza los resortes constitucionales para resolver un conflicto jurídico. Reservándose todas las medidas legales que le confiere la constitución para procesar o destituir a la Fiscal General. A pesar de que la actitud en los dos casos han sido distintas. En EEUU el cese fue en horas en Venezuela la Fiscal goza de todos los derechos legales y el gobierno a su vez el derecho a cesarla en caso de que no cumpla con su deber por la que fue nombrada, que es la de proteger los derechos del conjunto de los venezolanos. Sin embargo, la ONU salió a defender al Fiscal y a entrometerse en los problemas propios de este país soberano. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señalo ayer.: “La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de empezar el proceso de remoción de la fiscal general y de congelar sus activos y prohibirle la salida del país es tan preocupante como la violencia registrada recientemente en esa nación” El portavoz en Ginebra de la Oficina de la ONU, Rupert Colville, recordó en una conferencia a de prensa que desde marzo pasado la fiscal general había tomado medidas importantes de defensa de los derechos humanos y había pugnado por la separación de poderes, además de pedir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente. “Estamos preocupados porque las decisiones del Tribunal Supremo parecen encaminarse a desmantelar la fiscalía del mandato y las responsabilidades que le otorga la Constitución venezolana, además de socavar la independencia de esa oficina. La destitución de funcionarios judiciales debe regirse por criterios estrictos que no afecten la independencia e imparcialidad de sus funciones”, recalcó.
Esto es el mundo al revés, la Fiscal General se niega a investigar los crímenes. Los casi cien muertos fueron producidos por la violencia terrorista, como demuestra un informe de la Defensoría del Pueblo de Venezuela y la ONU tiene la desfachatez de emitir esta declaración de preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Está claro que organismos como la OEA y la Naciones Unidas está al servicio del imperialismo. Esta declaración de la ONU es un paso más para justificar la intervención norteamericana en este país.
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