Plataforma Distrito Cero: 09/05/18

miércoles, 5 de septiembre de 2018

La oposición armada siria exhorta Rusia y Turquía a bombardear Idlib

El vocero de la «Coalición Nacional de Fuerzas de la Oposición y la Revolución», Fuad Eliko, lanzó un llamado a Rusia y Turquía para que erradiquen al-Qaeda en Idlib, provincia del norte de Siria.
Para el líder de la oposición armada siria, el Frente al-Nusra, que controla el 60% de la región de Idlib, es una organización terrorista.
Esta declaración de la oposición armada resulta inesperada en momentos en que Occidente intensifica su propaganda mediática contra la ofensiva que el Ejército Árabe Sirio está preparando para expulsar a los yihadistas concentrados en la provincia de Idlib.
El líder de oposición Fuad Eliko es considerado como vinculado a Turquía, que acaba precisamente de reforzar su dispositivo militar en su frontera con Siria para cerrar el camino a un eventual flujo de refugiados cuando se inicie la ofensiva siria en Idlib.

Una Italia soberanista sin soberanía, por Manlio Dinucci

La tormenta político-mediática provocada por el enfrentamiento entre «europeístas» y «soberanistas» esconde una peculiar realidad: la existencia de un europeísmo sin Europa y de un soberanismo sin soberanía.
El portaestandarte útil del europeísmo es en este momento el presidente francés Emmanuel Macron, quien pretender hacer progresar el poderío francés, no sólo en Europa sino también en África. Francia, promotora junto a Estados Unidos de la guerra de la OTAN que desmanteló el Estado libio en 2012 –guerra en la que Italia desempeñó un papel de primer plano– trata por todos los medios de controlar Libia, o sea sus importantes recursos –enormes reservas de petróleo, de gas natural y de agua– así como su territorio, de gran importancia geoestratégica.
Con ese propósito, Macron apoya las milicias que luchan contra el «gobierno» de Fayez al-Serraj, que cuenta a su vez con el respaldo de Italia ya que la ENI (Empresa Nacional de Hidrocarburos de Italia, siglas en italiano) conserva grandes intereses en Libia.
Este es sólo uno de los ejemplos de cómo la Unión Europea, basada en los intereses de las oligarquías económicas y financieras de las principales potencias, se desmorona debido a rivalidades de naturaleza económica y política, siendo el tema de los migrantes únicamente la punta del iceberg.
Ante el predominio de Francia y Alemania, el gobierno italiano de la coalición conformada por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte ha optado por una vía clara: acrecentar el peso de Italia atándola todavía más estrechamente a Estados Unidos. Eso explica el encuentro del primer ministro Giuseppe Conte con el presidente Donald Trump, encuentro al que los medios de difusión italianos prefirieron dar poco relieve, a pesar de que allí se tomaron decisiones que tendrán notable influencia en la posición internacional de Italia.
Ante todo, se decidió crear «un centro de operaciones permanente Italia-Estados Unidos en el Mediterráneo ampliado», o sea en el área que, en la estrategia Estados Unidos-OTAN, se extiende desde el Atlántico hasta el Mar Negro, mientras que por el sur abarca incluso el Golfo Pérsico y el Océano Índico.
En realidad ese centro de operaciones está en manos de Estados Unidos, específicamente del Pentágono, mientras que Italia sólo cumple un papel secundario de asistente, o más bien de comparsa.
Según Conte, por el contrario, «es una cooperación estratégica, casi un hermanamiento, en virtud del cual Italia se convierte en punto de referencia en Europa y en interlocutor privilegiado de Estados Unidos para los principales desafíos a enfrentar». Se anuncia así un fortalecimiento futuro de la «cooperación estratégica» con Estados Unidos, o sea del papel «privilegiado» de Italia como trampolín de las fuerzas militares estadounidenses, incluyendo las fuerzas nucleares, tanto hacia el sur como hacia el este.
«La administración estadounidense reconoce a Italia un papel de líder como país promotor de la estabilización de Libia», declara Conte, anunciando implícitamente que es Italia, y no Francia –menos confiable para Estados Unidos–, quien ha recibido la misión de «estabilizar» Libia.
Está por ver cómo.
No bastará ciertamente con la Conferencia Internacional sobre Libia, que debería desarrollarse en Italia en otoño, antes de las «elecciones» libias apadrinadas por Francia, que se realizarían en diciembre. Italia tendrá que implicarse militarmente en el terreno, asumiendo los inevitables costos humanos y materiales y consecuencias imprevisibles.
La opción «soberanista» del gobierno de Conte reduce por tanto la soberanía nacional haciendo a Italia todavía más dependiente de lo que se decide en Washington, no sólo en la Casa Blanca sino también en el Pentágono y en la comunidad estadounidense de inteligencia, que se compone de 17 agencias federales especializadas en espionaje y operaciones secretas.
La opción verdaderamente soberanista sería la aplicación del principio constitucional que estipula que Italia repudia la guerra como instrumento contrario a la libertad de los demás pueblos y como vía de acción ante los conflictos internacionales.

Traducido al español por Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio

Ataques contra cristianos en Egipto

Monseñor Makarios, obispo copto de la ciudad egipcia de Menia (Al-Minya), acusó a las autoridades egipcias de pasividad ante el recrudecimiento de los ataques islamistas contra los cristianos.
Hace dos semanas, varios islamistas atacaron la casa de un cristiano en Ezbet Zoltan por sospechas de que era utilizada como iglesia. Otro incidente similar se registró la semana pasada en la vecina localidad de Demshav Hachem. Tres hombres, entre ellos uno de los asaltantes, resultaron heridos.
Desde la época de la ocupación otomana, los cristianos egipcios han estado obligados a obtener una autorización del Estado para construir iglesias. En 2016, una ley que supuestamente debía facilitar las relaciones intercomunitarias transfirió a la policía la posibilidad de autorizar la creación de iglesias. Pero gran cantidad de policías mantienen vínculos con los islamistas y asisten a sus mezquitas. Actualmente, más de 150 ciudades egipcias con nutridas comunidades cristianas están en espera de autorizaciones para la construcción de iglesias.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi, quien se había comprometido a resolver ese problema en ocasión de la navidad copta de 2016, no ha reaccionado públicamente ante los últimos incidentes.

Siria reconstruye sus escuelas

A pesar de las dificultades financieras provocadas por la agresión externa, la República Árabe Siria ha iniciado la reconstrucción del país, priorizando la infraestructura y los servicios públicos.
En este momento ya están reconstruidas las principales carreteras del sur de Siria.
Lo más importante es que 350 000 maestros y profesores regresaron a las escuelas con el inicio del nuevo curso escolar. Al menos 30 000 de esos educadores acaban de ser iniciarse en el sector de la enseñanza, que actualmente cuenta 100 nuevas escuelas en construcción. Además se prevé la reconstrucción de 3 000 escuelas en 3 años en toda Siria.
Los yihadistas, respaldados por la OTAN y contrarios a todo tipo de educación que no sea la enseñanza del Corán, destruyeron sistemáticamente las escuelas en los territorios que lograban ocupar. Durante 7 años, la agresión extranjera privó así a numerosos niños sirios de acceso a la enseñanza.

¿Quién quiere reactivar la guerra en Siria?, por Thierry Meyssan


Hala, una niña de 6 años, es la portavoz que el MI6 británico ha escogido para “denunciar” un futuro ataque químico contra la población de Idlib, atribuyéndolo al “régimen sirio”. Como en los casos anteriores, se trata de justificar una intervención militar extranjera contra Siria.

Creado en enero de 2018 en Washington, bajo la presidencia del estadounidense David Satterfield, el «Pequeño Grupo» (Small Group) buscaba reactivar el proyecto Rumsfeld-Cebrowski de destrucción de los Estados y sociedades en los países del Medio Oriente en general y, en particular, en Siria. El Pequeño Grupo se componía inicialmente de Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia, Jordania y Reino Unido –dándose por sentado que los países árabes miembros no serían destruidos a corto plazo.
Secreto en el momento de su creación, el Pequeño Grupo se ha convertido poco a poco en una entidad pública a la que se integraron Alemania y Egipto. Al parecer se hizo también más razonable y ahora da la impresión de estar buscando una salida honorable a la crisis. Incluso ha entrado en contacto con el Grupo de Astaná (Irán, Rusia y Turquía).
Pero el Reino Unido ha reactivado el proyecto contra Siria con la preparación de una operación bajo bandera falsa en la zona de Kfar Zita. Para realizar esa nueva provocación, varios especialistas de la firma Olive han sido enviados al terreno y cierta cantidad de armas químicas han llegado a la provincia siria de Idlib mientras que los White Helmets (Cascos Blancos) secuestraban 44 niños, que el MI6 británico piensa sacrificar para atribuir sus muertes a un «ataque químico» del Ejército Árabe Sirio contra los «rebeldes».
El MI6 ya tenía organizada la divulgación de esta nueva intoxicación mediante el «testimonio» que ofrecería Hala [la niña de 6 años cuya foto acompaña este trabajo]. Para eso creó, el 29 de julio, una cuenta en Twitter a nombre de Hala, cuenta a la que se suscribieron de inmediato unos 30 medios de prensa, en espera de la señal de inicio de la Operación «Eyes on Idlib». Entre esos medios de propaganda aparecen la BBC [1], Radio Free Europe/Radio Liberty [2], BuzzFeed y The Huffington Post [3], que participan todos, de manera activa y consciente, en la propaganda de guerra británica.
Simultáneamente, el Pentágono ha desplegado en el Golfo Pérsico el destructor USS The Sullivans (DDG-68), con 56 misiles crucero a bordo, y ha enviado a la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, un bombardero estratégico B1-B, armado con 24 misiles crucero aire-tierra AGM-158 JASSM.
Está demostrada la responsabilidad de la primer ministro británica Theresa May en las acciones del MI6. Pero no se sabe quién ordenó el despliegue militar estadounidense.
Marchando –como siempre– tras los pasos de Londres, el presidente francés Emmanuel Macron teorizó la semana pasada sobre la reanudación de la guerra contra Siria ante los embajadores franceses reunidos en su encuentro anual en París. Ignorando la decisión del pueblo sirio, que eligió a su actual presidente acudiendo masivamente a las urnas en 2014, el presidente francés Macron hizo una declaración especialmente hipócrita en la que en realidad propone decidir en lugar de los sirios: «Respetemos la soberanía de Siria. Pero respetémosla verdaderamente, permitiendo al pueblo expresarse y encarnarla.» [4]
Los autores del plan destinado a justificar una nueva agresión occidental contra Siria saben perfectamente que, ante el pueblo sirio, ya perdieron la guerra. Lo que quieren ahora es provocar un enfrentamiento con Rusia, que se convertiría rápidamente en una guerra mundial.
Siria y Rusia reaccionaron sin demora, denunciando los hechos, o sea todos los preparativos de la provocación. Rusia ha enviado además importantes cantidades de material militar al puerto sirio de Tartús, en el portacontenedores Sparta-3. Moscú ha reforzado también su presencia naval frente a la costa de Siria –10 navíos de guerra y 2 submarinos rusos– y ha iniciado en la zona una gran maniobra aeronaval en la que participan 25 barcos de guerra y unos 30 aviones.
Extremadamente inquieto, el Departamento de Estado estadounidense acaba de enviar el embajador James Jeffrey a calmar los ánimos en los países de la región. Jeffrey visitará Israel, Jordania y Turquía en compañía del coronel de la inteligencia militar Joel Rayburn, adjunto del asistente del secretario de Estado a cargo del Medio Oriente, David Satterfield. Los dos enviados estadounidenses deben asegurar a sus interlocutores que Washington no se prepara para bombardear Siria bajo un nuevo pretexto fabricado.
Pero si los interlocutores regionales de la delegación estadounidense reúnen el coraje necesario, tendrán que solicitar algunas precisiones. Por ejemplo, ¿el asistente del secretario de Estado a cargo del Medio Oriente –David Satterfield– está aplicando la nueva política del presidente Donald Trump o en realidad prosigue la política de George Bush hijo y de Barack Obama?
Y tendrían que hacer también una pregunta que puede parecer todavía más extraña. La posición de Londres es claramente anti-rusa y la de la Casa Blanca evidentemente proestadounidense. Pero, ¿cuál es exactamente la línea del Pentágono? [5]

Parámetros y principios de la asistencia de la ONU en Siria, por Jeffrey D. Feltman

La existencia de este documento interno de la ONU, redactado en inglés en octubre de 2017 por el subsecretario general de la ONU a cargo de los Asuntos Políticos, el estadounidense Jeffrey Feltman, fue revelada por el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, el 20 de agosto de 2018. La Red Voltaire ha logrado obtener una copia y ofrece su traducción íntegra.

Los parámetros y principios iniciales siguientes se aplicarán a todos los actores de las Naciones Unidas que operan en Siria para garantizar apoyo y asistencia a las personas necesitadas en todas las regiones de Siria. Obsérvese que estos parámetros y principios deben ser desarrollados aún más y exigirían igualmente la instauración de un proceso de diligencia razonable para garantizar su aplicación. Los principios y parámetros, incluyendo toda revisión ulterior, deben también ser conformes a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

Parámetros

• Las necesidades humanitarias que salvan vidas siguen siendo enormes en Siria y el aporte de asistencia por las vías más directas es aún crítico. Los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia se aplican a la ayuda humanitaria vital así como a las actividades de recuperación rápida y de resistencia con objetivos humanitarios. La ONU, con el compromiso activo del Secretario General, se esforzará por garantizar el máximo de ayuda humanitaria en Siria, incluso por la vía más directa, asegurando la no injerencia en sus operaciones, para apoyar las operaciones planteadas en el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP).
• El HRP debe seguir siendo humanitario para garantizar que la ONU pueda cumplir las actividades humanitarias esenciales para salvar vidas y garantizar las necesidades esenciales de los pobladores. Las actividades de desarrollo o de reconstrucción fuera de ello tendrán que ser reflejadas en otros marcos que, por naturaleza, serán negociaciones más largas con los gobiernos. Eso es esencial habida cuenta de las complejas cuestiones jurídicas y políticas en juego.
• Las actividades de recuperación rápida y de resistencia en Siria, tal y como se hallan actualmente definidas en el HRP, ofrecen la posibilidad de ir más allá de la ayuda vital inmediata y de ofrecer condiciones de vida mínimas a las comunidades locales afectadas.
• La ONU se expresará a favor de una gama completa de soluciones duraderas para las personas desplazadas y los refugiados en toda Siria, apoyará a las comunidades que los acogen y estimulará enfoques basados en los derechos, conforme al derecho y las normas internacionales. La ONU no favorecerá el regreso de los refugiados y de las personas desplazadas pero respaldará a los repatriados con vista a garantizar el carácter seguro, digno, informado, voluntario y duradero del regreso y de la reintegración, así como el derecho de los sirios a buscar asilo.
• Sólo cuando una transición política verdadera e inclusiva se haya negociado entre las partes, la ONU estará dispuesta a facilitar la reconstrucción.

Principios

Las actividades anteriormente mencionadas se realizarán según los siguientes principios:
o Teniendo en mente principios de neutralidad, imparcialidad e independencia y respetando principios básicos de un enfoque basado en los derechos humanos para su programación, incluyendo participación, empoderamiento, apropiación local y sostenibilidad.
o La asistencia debe priorizarse en función de las necesidades de la población (por encima de lo que oriente el gobierno), poniendo particular énfasis en las necesidades de los grupos e individuos vulnerables, de forma tal que se protejan los derechos humanos.
o Debe entregarse de manera justa, equitativa, no discriminatoria y no polítizada.
o La ONU debe trabajar directamente con las comunidades y familias de manera tal que la asistencia de las Naciones Unidas se entregue uniformemente en toda Siria, independientemente de las zonas de influencia.
o La ONU debe examinar cuidadosamente las implicaciones en materia de derechos humanos y de protección, especialmente en cuanto a dónde y cómo se otorga asistencia. La ayuda de la ONU no debe beneficiar a partes acusadas de haber cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
• La asistencia de las Naciones Unidas debe determinarse consciente y explícitamente, sin que perjudique los objetivos de responsabilización por serias violaciones de los derechos humanos ni los objetivos tendientes a un arreglo legítimo, equitativo y sustentable.
• Las necesidades específicas y vulnerabilidades de las mujeres deben estar en primera línea de la planificación e implementación de la respuesta de la ONU.

Implementación de los próximos pasos

• Un grupo de trabajo multidisciplinario bajo los auspicios del Grupo de Trabajo Inter-Agencias de la ONU en Siria (IATF) se encargará de monitorear la observancia de los principios y parámetros adoptados por el sistema de las Naciones Unidas en esta estrategia, incluyendo los derechos políticos, legales y humanos, así como los aspectos humanitarios y en materia de desarrollo, y rendirá cuenta sobre ello al Secretario General.
• Las agencias, fondos y programas de la ONU tendrán que reforzar el control interno, la observación y seguimiento sobre la implementación de los programas de la ONU y de sus asociados en Siria con vista a adoptar todas las medidas razonables para evitar que la asistencia se desvíe o que se obstaculice.
• Será necesaria una consulta que evalúe las necesidades para tener en cuenta necesidades y principios fundamentales, incluyendo futuras expectativas. Habrá que aplicar normas rigurosas de diligencia razonable, basadas en los principios de la Política de Debida Diligencia en Derechos Humanos.
• La ONU aplicará los Principios Directivos de las Naciones Unidas para Negocios y Derechos Humanos en todos los aspectos de su trabajo en Siria, incluyendo la planificación post-acuerdo.
• Las modalidades de financiamiento de la ONU tendrán que ser independientes del gobierno y de los donantes, en la medida de lo posible. En ese contexto, la ONU, con el compromiso activo y la argumentación del Secretario General, se esforzará en garantizar un apoyo adecuado de los donantes.
Estos parámetros aceptados servirán de base a posiciones comunes y a una argumentación coordinada con los principales Estados miembros y donantes.

Traducción al español de Red Voltaire

De qué manera la administración de la ONU organiza la guerra, por Thierry Meyssan


El ex asistente de la secretaria de Estado Hillary Clinton, Jeffrey Feltman, presta juramento, el 2 de julio de 2012, sobre la Carta de las Naciones Unidas y ante el corrupto Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.

En octubre de 2017, el subsecretario general de la ONU a cargo de los Asuntos Políticos, el estadounidense Jeffrey Feltman, redactaba en secreto una serie de instrucciones dirigidas a todos los órganos de la ONU sobre la actitud que debían adoptar en relación con el conflicto en Siria.
Los Estados miembros de la ONU, ni siquiera los miembros del Consejo de Seguridad, nunca fueron informados de la existencia de esas instrucciones, hasta que el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, las reveló, el pasado 20 de agosto [1].
La Red Voltaire acaba de obtener una copia de esas instrucciones [2].
El contenido de ese documento está en contradicción flagrante con los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas [3], cuyas prioridades invierte. Mientras que la Carta de las Naciones Unidas estipula que el principal objetivo de la ONU es «mantener la paz y la seguridad internacionales», las instrucciones de Feltman anteponen a ese objetivo el «respeto de los derechos humanos». En resumen, esos derechos se utilizan como instrumento contra la paz.
La expresión «derechos humanos» ya existía antes de que se le hallara un sentido jurídico –o sea antes de que se pudiera utilizar en un tribunal. El ministerio británico de Exteriores la utilizó frecuentemente, en el siglo XIX, para justificar algunas de sus guerras. Por ejemplo, asegurando que era por los derechos humanos que el Reino Unido estaba dispuesto a luchar contra el imperio otomano. En realidad, se trataba de un enfrentamiento entre dos imperios con intereses opuestos. Los pueblos supuestamente «liberados» por Londres no fueron nunca más felices bajo el imperio británico que bajo el otro imperio. En el siglo XX, los «derechos humanos» fueron inicialmente la marca de fábrica de las ONGs «sin fronteras», antes de convertirse en el eslogan de los trotskistas que habían acabado poniéndose del lado de la CIA: los neoconservadores.
La Carta de las Naciones Unidas menciona 6 veces la expresión «derechos humanos», pero no la convierte en un ideal en sí. Sólo la paz puede garantizar el respeto de los derechos humanos. La guerra –¿acaso hace falta recordarlo?– es un periodo caótico que anula los derechos individuales. Es una situación terrible en la que hay que aceptar el sacrificio de muchos para salvar todo un pueblo.
Es precisamente por eso que existe una diferencia entre la policía y el ejército. La policía protege los derechos individuales mientras que el ejército protege los derechos colectivos. La policía tiene que respetar los «derechos humanos» mientras que el ejército puede verse obligado a ignorarlos. Parece que nuestros contemporáneos, postrados en su propio confort, han olvidado el sentido de esas diferencias elementales.
La evocación abusiva de los «derechos humanos» sirvió inicialmente de disfraz a las conquistas territoriales. Pero, hoy en día, su interpretación extremista se ha convertido en la ideología que justifica la destrucción de las estructuras mismas del Estado-nación. Tratan de convencernos de que, para que nuestros derechos sean respetados, tenemos que ser «ciudadanos del mundo» y aceptar una «sociedad abierta», «sin fronteras», bajo la administración de un «gobierno mundial».
Eso es ignorar la historia y la cultura de cada uno de esos «ciudadanos del mundo», imponerles lo que a nosotros nos parece mejor… para ellos.
En este nuevo documento de Jeffrey Feltman, los «derechos humanos» aparecen otra vez como pretexto. Este personaje fue miembro de la «Autoridad Provisional de la Coalición» –la denominación abusiva de una entidad que gobernó Irak siendo en realidad una empresa privada concebida según el modelo de la Compañía de Indias [4]–, mostrando así el poco respeto que sentía por los derechos de los iraquíes.
En el caso de Siria, Feltman expresó su verdadero objetivo en una serie de documentos conocidos como el «Plan Feltman» [5]. En ese «Plan», Feltman se plantea abrogar la soberanía del pueblo sirio e instaurar en Siria, como se hizo en Irak, una administración extranjera.
Ahora, Feltman escribe con la mayor tranquilidad:

«El Plan de Acción Humanitaria debe seguir siendo humanitario para garantizar que la ONU pueda llevar a cabo las actividades humanitarias esenciales para salvar vidas y garantizar las necesidades esenciales de los pobladores. Las actividades de desarrollo o de reconstrucción fuera de ellas deberán ser reflejadas en otros marcos que, por naturaleza, serán negociaciones más largas con los gobiernos. Eso es esencial habida cuenta de las cuestiones jurídicas y políticas complejas en juego.»

En otras palabras, “denle de comer a los refugiados pero no luchen contra el hambre que los atenaza, para que el hambre siga siendo para nosotros un argumento en las negociaciones con el Estado sirio”.
Jordanos, libaneses, turcos y europeos se sorprendarán al leer:

«La ONU no favorecerá el regreso de los refugiados y personas desplazadas pero apoyará a los repatriados para garantizar el carácter seguro, digno, informado, voluntario y duradero del regreso y de la reintegración, así como el derecho de los sirios a buscar asilo.»

O sea, retomando la teoría del profesor Kelly Greenhill [6], Feltman no desea ayudar a los exilados a regresar a su Patria sino que pretende utilizar el éxodo para debilitarla.
«La asistencia de las Naciones Unidas no debe beneficiar a las partes acusadas de haber cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad», agrega Feltman, con lo cual prohíbe y condiciona toda ayuda a cualquier poder.
Y también plantea que «sólo cuando una transición política verdadera e inclusiva haya sido negociada por las partes estará la ONU dispuesta a facilitar la reconstrucción». Eso está muy lejos del ideal expresado en la Carta de las Naciones Unidas.

[1] “Sergey Lavrov news conference with Gebran Bassil”, por Sergey Lavrov, Voltaire Network, 20 de agosto de 2018; «Lavrov revela que Guterres es un títere al frente de la ONU», Red Voltaire, 22 de agosto de 2018.
[2] «Parámetros y principios de la asistencia de la ONU en Siria», por Jeffrey D. Feltman, Red Voltaire, 3 de septiembre de 2018.
[3] «Charte des Nations unies», Réseau Voltaire, 26 de junio de 1945.
[4] «¿Quién gobierna en Irak?», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 31 de mayo de 2005.
[5] “Draft Geneva Communique Implementation Framework”, “Confidence Building Measures”, “Essential Principles”, “Representativeness and Inclusivity”, “The Preparatory Phase”, “The Transitional Governing Body”, “The Joint Military Council and Ceasefire Bodies”, “The Invitation to the International Community to Help Combat Terrorist Organizations”, “The Syrian National Council and Legislative Powers during the Transition”, “Transitional Justice”, “Local Governance”, “Preservation and Reform of State Institutions”, “Explanatory Memorandum”, “Key Principles revealed during Consultations with Syrian Stake-holders”, “Thematic Groups” (documentos no publicados). «Alemania y la ONU contra Siria», por Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria), Red Voltaire, 28 de enero de 2016.
[6] “Strategic Engineered Migration as a Weapon of War”, Kelly M. Greenhill, Civil War Journal, Volume 10, Issue 1, julio de 2008.

Consenso occidental sobre la ausencia de consenso en Libia

Rechazando, como una cuestión de principio, toda intervención extranjera, la Asamblea de Tribus decidió en Libia que estas han de librarse por sí solas de los yihadistas que se han repartido el territorio libio. Los combates ya comenzaron en Trípoli, la capital.
Después de haber puesto en manos de Francia la tarea de restablecer el orden colonial en Libia, Estados Unidos retiró esa misión a París durante el mes de agosto y decidió apostar por Italia, actualmente gobernada por un ejecutivo nacionalista.
Sin embargo, después de haber organizado en París varios encuentros entre cabecillas libios rivales, el gobierno francés parece decidido a continuar actuando en la escena libia.
El 1º de septiembre, Estados Unidos e Italia, así como Francia y el Reino Unido, firmaron un comunicado común donde llaman a que se respeten las decisiones anunciadas para Libia el 6 de junio de 2018 en una declaración del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Aunque esa declaración del presidente del Consejo de Seguridad menciona los esfuerzas del gobierno de Francia, la única decisión firme es respaldar la realización de nuevas elecciones en Libia. El Consejo de Seguridad, al igual que sus cuatro miembros permanentes occidentales, no han podido ir más allá de este consenso mínimo.

Ataque aéreo destruye un depósito de municiones en la capital siria

La defensa antiaérea de Damasco, la capital siria, se activó a las 00:35 horas del 2 de septiembre de 2018 ante el inicio de un ataque aéreo. Un misil enemigo logró alcanzar la base aérea militar de Mezzeh, en los suburbios de la capital, provocando un cortocircuito que desató un incendio en un depósito de municiones.
Durante el incendio se produjeron un millar de explosiones, que se sucedieron durante cerca de una hora, dejando un saldo de alrededor de 70 muertos, además de la destrucción del depósito alcanzado.
Israel ha intervenido repetidamente en la guerra contra Siria para respaldar a los grupos yihadistas empeñados en derrocar el gobierno de Damasco. Los aviones israelíes atacan generalmente posiciones gubernamentales desde el espacio aéreo libanés, que violan con toda impunidad, pero sin penetrar en el espacio sirio.
La República Islámica y la República Árabe Siria firmaron la semana pasada un tratado en virtud del cual ingenieros iraníes participarán en la reconstrucción de la industria militar siria.
La nueva agresión aérea contra Siria se produce en momentos en que el Ejército Árabe Sirio prepara una ofensiva contra los yihadistas que han venido reagrupándose en la provincia de Idlib, en el noroeste del país.

El último y nos vamos

El sexto y último Informe del presidente Enrique Peña Nieto pude resumirse en tres reflexiones.
I.- Si lo que el mandatario dijo en Palacio Nacional ante mil 500 invitados de la elite política, empresarial y mediática es cierto, los mexicanos estaríamos obligados a reelegirlo por seis años más.
II.- Si la visión que el presidente expresó en su discurso de despedida es la correcta, ¿por qué al PRI se le evaporó en seis años su celebrado retorno al poder y perdió tan escandalosamente las elecciones del pasado primero de julio?
III.- Si las imágenes que se difunden en prensa, televisión y redes sociales sobre los logros de sexenio son las del México real, entonces vivimos en un país en el que la comunicación oficial es una producción más de Walt Disney.
Pero para los más conspicuos analistas, la frase con la que los mexicanos se quedaron del sexto informe es aquella en la que el presidente dijo: “…respondimos para desterrar la corrupción”.
Es un pronunciamiento muy temerario, considerando que para casi todos los mexicanos el signo distintivo del sexenio fueron la corrupción y la impunidad.
Y si se insiste en que es una simple percepción, que hay que valorar lo dicho por las cifras, que los que le redactaron el informe se asomen al reporte de Transparencia Internacional sobre la Corrupción 2017.
De 180 países evaluados, donde el primer sitio es el menos corrupto, México ocupó el lugar 135.
De 100 puntos posibles, nuestro país apenas alcanzó 29 puntos. Si se reprueba con 50 puntos o menos, imaginen el descrédito de conseguir solo 29.
Son los mismos puntos con los que calificaron a Rusia, a República Dominicana, a Honduras y a Paraguay.
Para cotejar lo mal que estamos –Uruguay se colocó en el sitio 23, Chile en el 26, Costa Rica en el 38, Cuba en el 62, Argentina en el 85 y Brasil –sí, el de Odebrecht- en el 96. Nosotros, 39 sitios debajo de los ya de por sí corruptos cariocas, en el lugar 135.
Pero lo más lamentable es que los asesores presidenciales no entendieran el mensaje de las urnas y se empeñaran en tener como invitado especial en el último informe a Juan Armando Hinojosa.
Para los que no tengan memoria, Hinojosa es el amigo presidencial, constructor favorito del sexenio, dueño de la cuestionada empresa Higa a la que se le dieron directa e indirectamente decenas de multimillonarios contratos de obra pública.
Es el mismo que construyó y financió la mítica Casa Blanca, una propiedad valuada en 9 millones de dólares y que le fue endosada a la primera dama Angélica Rivera, en un escándalo que es la lápida moral del sexenio que hoy agoniza.
Por eso indigna que los asesores presidenciales no leyeran el signo de los tiempos. Debieron presumir entre los mayores logros el despliegue democrático que instaló a México en su tercera transición. Del PRI al PAN, del PAN al PRI y del PRI a Morena.
Mérito sería que el presidente Peña Nieto presumiera que la entrega simbólica del país lo hacía flanqueado por un líder de la Cámara de Senadores también de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, y por un líder de la Cámara de Diputados de Morena, Martí Batres.
Pero ni hablar. Existía la urgencia de lavar por delante los pecados de corrupción, seguridad, derechos humanos y gasto desorbitado.
La llamada Transición de Terciopelo deberá esperar para ser reconocida en mejores informes.

Color sepia

Después de un cierto tiempo hay un momento en el que las fotografías se van decolorando y adquieren ese tono que –no sé si es técnicamente correcto– se le denomina sepia.
Justo hace doce años había granaderos en las calles. El Congreso estaba tomado y el Ejecutivo Federal, de ese entonces, traspasaba vergonzosamente la primera puerta del recinto para dar su último informe como presidente de la República.
Afuera todo ardía y no era sólo la sensación del plantón, sino del robo. “Haiga sido como haiga sido”, en su momento, no fue solamente una vulgaridad expresiva, sino un agravio a la historia.
Por eso es justo y necesario reconocer que el color ha vuelto a la vida nacional y que esa fotografía de hace doce años, hoy está completa y absolutamente desterrada.
Me gustan los colores patrios. Siempre me han parecido de una gran plasticidad, sobre todo cuando nos ponemos solemnes.
Ver al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, marcharse por el camino de la posteridad –flanqueado por el presidente del Senado, Martí Batres y por Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados– no sólo significa que todo puede pasar, ni que es el final de una era, sino que, se pongan como se pongan, es la historia que se fue construyendo a partir de ese dos de julio de 2006.
Ese día se cargó en el revólver de la transición mexicana la bala de plata que podía terminar con un sistema.
Aquel 0.56 por ciento, aquella duda sistémica y aquel “al diablo con las instituciones”, han dado esta realidad.
Y no la han entregado sólo por el éxito de uno sobre el fracaso del otro, sino porque todo el país ha dejado de tener el sentido de la dirección en la que iba.
Me gustan las fotos que marcan los cambios históricos. La foto del último informe de Enrique Peña Nieto es una que cuando pasen los años formará parte de toda la mitología nacional.
No solamente porque significará la llegada al poder de un partido como Morena. Sino porque tiene, en cierto sentido y por el momento, toda la plasticidad del triunfo de la democracia y de una reconciliación. No sé si se ha dado o no, pero por lo menos, se expresa gráficamente una tranquilidad sobre cómo será nuestro futuro inmediato.
Justo hace doce años el país ardía y yo quiero creer que estamos mucho mejor.

Trump, ¿en peligro de enfrentar proceso de destitución?

A partir de diferentes procesos judiciales en los que Donald Trump puede ser involucrado por la cercanía con los acusados, medios de comunicación y algunos ciudadanos reabrieron el debate sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos pierda su cargo mediante un impeachment.
Este es un procedimiento por el que un órgano legislativo procesa a un alto cargo para una eventual destitución.
No obstante, este proceso no es común en Estados Unidos y Trump aún no cuenta con los requisitos para que sea posible un juicio político de este tipo en su contra.
El impeachment a un presidente se contempla en la Constitución de Estados Unidos desde su aprobación en 1789. El proceso puede impulsarse ante lo que se consideren casos de “traición, soborno, altos delitos o faltas”.
Para destituir a un presidente en Estados Unidos, la Constitución concede a la Cámara de Representantes la votación inicial de cualquier proceso de este tipo. Si es aprobado por mayoría simple, el caso se traslada al Senado. Para aprobarse la destitución, es necesario el voto a favor de dos tercios de la cámara alta.
“Los republicanos no apoyarían una iniciativa para destituir al presidente de Estados Unidos e incluso teniendo una mayoría demócrata no basta con esa configuración para que se arme un proceso de impeachment en el Congreso”, afirma Juan Pablo Galicia, analista político.
Además de la aprobación del Congreso se necesitan otros factores. Galicia señala que es indispensable que exista en la opinión pública la búsqueda del proceso de destitución y que los círculos de apoyo del presidente estén tan debilitados que no puedan mantenerlo en su cargo.
“El proceso requiere que exista tanto el apoyo de las mayorías en el Congreso como el de las fuerzas políticas afuera de las cámaras, tales como medios de comunicación, opinión pública, grupos empresariales y las televisoras”, señala Galicia.
Por otra parte, la opinión pública es difícil de medir en este momento porque las personas se encuentran en burbujas sociales en las que no hay intercambio de opiniones.
“Hay medios que dan seguimiento a lo que ellos consideran locuras o tonterías que ha hecho Trump y eso aparenta que se acerca un juicio político, sin embargo, lo cierto es que sólo es la opinión de una burbuja”, explica el analista política.
En ese sentido, el viernes pasado los medios de comunicación The Washington Post y ABC News revelaron que 49 por ciento de las personas que participaron en una de sus encuestas están a favor de que el Congreso inicie un proceso de destitución contra Trump.
Al salir de las burbujas sociales más progresistas se observa que existen sectores que sí apoyan al republicano. Grupos alt-right que comparten contenidos en redes sociales, algunos medios internacionales y medios locales mantienen la legitimidad de Trump.
Además, sectores como White Anglo-Saxon Protestant se sienten representados por el republicano y para ellos el actual presidente de Estados Unidos cumple sus promesas.

“La opinión pública está muy complicada porque las burbujas sociales no permiten ver si hay una mayoría pidiendo la destitución de Donald Trump”
- Juan Pablo Galicia
Analista político

Por otra parte, Trump tiene una buena relación con empresarios de industrias que estaban cerca de desaparecer con la llegada de las tecnologías limpias. Todos los industriales del carbón y del acero están encantados porque las políticas del presidente les dan otra oportunidad para prosperar.
“Trump cuenta con su propio respaldo empresarial que hacer todavía más difícil que se genere un llamado generalizado para su destitución”, señala el analista político.
Además, Galicia comenta que si Trump resulta culpable en una investigación puede utilizar el recurso de indulto o perdonarse así mismo, sin embargo, al tomar esa decisión aceptaría que cometió una falta.
“Habría que ver cómo la opinión pública, los medios de comunicación y muchos votantes toman esa situación porque implica aceptar una responsabilidad y perdonarse. Tal vez ahí ya podemos ver un manejo distinto de la opinión pública, pero hasta el momento no se dan las circunstancias para que se dé un impeachment”, argumenta Galicia.
Las discusiones sobre una posible destitución se dan después de que el exjefe de campaña de Trump Paul Manafort fuera declarado culpable de cargos por fraude fiscal y de que el exabogado personal del mandatario Michael Cohen se declarara culpable de ocho delitos graves. No obstante, aún no se implica directamente al presidente en ninguno de los casos.

Trump sobre el impeachment

En una entrevista de Fox News difundida el 23 de agosto, Trump dijo que si alguna vez es sometido a un impeachment, el mercado podría colapsar.
“Creo que todos podríamos ser más pobres… No entiendo cómo podrían someter a un impeachment a alguien que ha hecho un gran trabajo”, declaró en la entrevista.

Otros casos

En la historia de Estados Unidos, sólo hay registro de dos impeachments a presidentes, ambos del Partido Demócrata: en 1868 a Andrew Johnson y en 1998 a Bill Clinton. Los dos procesos fueron aprobados por la Cámara de Representantes, pero rechazados por el Senado.
Además, el Congreso iniciaba los preparativos a un impeachment al presidente Richard Nixon en 1974 cuando el republicano presentó su dimisión por el escándalo del caso Watergate.
El proceso de destitución más reciente contra un presidente en Estados Unidos es el de Bill Clinton. Los cuestionamientos contra la exmandatario se originaron en una investigación de un fiscal a una operación inmobiliaria del matrimonio Clinton y derivó en un análisis de la conducta sexual del presidente.
En el proceso acusó a Clinton de cometer perjurio y obstrucción a la justicia por ocultar su aventura sexual en 1997 con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.
Además, el expresidente mintió bajo juramento cuando negó haber mantenido relaciones sexuales con Lewinsky.
En diciembre de 1998, la Cámara de Representantes aprobó la destitución del presidente, pero esta fue rechazada en febrero de 1999 por el Senado.

¿Por qué hay tan pocos casos en EU?

Estados Unidos realmente tiene muy pocos casos de impeachment a presidentes en su historia. Especialistas aseguran que destituir al jefe de Estado provoca una mala imagen de los países ante la comunidad internacional.
“Quedarse sin jefe de Estado e inclusive generar la situación en la que el presidente pierde toda credibilidad y es juzgado al interior por sus propios compatriotas manda un mensaje de debilidad muy fuerte al exterior”, comenta Galicia.
El analista político agrega que desde la Guerra Fría los gobiernos estadounidenses pretenden dar una imagen de fortaleza en sus instituciones y eso provoca que el presidente de Estados Unidos tenga el respaldo de todos los grupos políticos.

El proceso de impeachment se impulsa en casos de traición, soborno o altos delitos

“Eso fue creando una regla no escrita que estipula que el impeachment es un mecanismo que sólo se activa con cuestiones muy graves, imperdonables e inconfesables”, concluye el profesor.

5 riesgos de corrupción en el Nuevo Aeropuerto: IMCO

En la consulta planteada para el próximo mes de octubre por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que se preguntará a la ciudadanía si se prosigue con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), o se opta por construir dos pistas nuevas en la base aérea de Santa Lucía, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo tiene claro: la obra del NAICM debe continuar.
Así lo expone en su informe Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto indispensable: riesgos y oportunidades, en el que destaca, por un lado, que el nuevo aeropuerto “es la mejor alternativa” para atender la creciente demanda de transporte aéreo de los mexicanos, y por otro, que una hipotética cancelación del proyecto costaría al país 120 mil millones de pesos.
Ahora bien, pese a estar a favor del proyecto, la obra del nuevo aeropuerto tampoco está exenta de “puntos críticos” y de “riesgos de corrupción”, advierte el IMCO.
Entre esos puntos críticos, la organización civil destaca, por ejemplo, la falta de control interno en los procesos de adjudicación de los contratos, la entrega de recursos a empresas con antecedentes en escándalos de corrupción, y la firma de convenios por 7 mil millones de pesos entre dependencias públicas que no están sujetos a mecanismos de vigilancia.
A continuación, Animal Político te presenta los principales “riesgos de corrupción” detectados por el IMCO en la obra del nuevo aeropuerto, que está llevando el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México (GAICM), la empresa de participación pública responsable del NAICM.

Convenios por más de 7 mil millones sin mecanismos de control

Uno de los grandes ‘puntos rojos’ que plantea el informe del IMCO es la firma de 46 convenios entre el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México y 19 dependencias públicas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por un total de 7 mil 365 millones de pesos para la realización de servicios.
¿Y por qué es un punto rojo? Porque estos convenios se realizaron aprovechando un resquicio legal en el artículo 1 de la ley de adquisiciones, que establece que dos dependencias de gobierno pueden firman convenios sin pasar por ningún mecanismo de control, como la licitación pública, dejando la puerta abierta a la subcontratación de empresas fantasma.
Así pasó en el caso de La Estafa Maestra documentado por Animal Político, en el que 11 dependencias de gobierno desviaron 7 mil millones de pesos a 150 empresas irregulares, a través de la firma de convenios con 8 universidades públicas que hicieron de intermediarias en el desvío.
“Los convenios de colaboración son un elemento que la legislación mexicana permite, pero que en realidad constituyen una de las peores prácticas en términos de transparencia y rendición de cuentas”, recalca el IMCO, que añade que en este tipo de convenios “no existe nada similar” a un dictamen que justifique que la obra o servicio deba realizarse por una dependencia de gobierno en particular, ni tampoco hay una obligación de mantener una bitácora actualizada de los trabajos, “ni mucho menos, una forma de probar que los sobrecostos que se han pagado por las obras se hayan justificado”.
Un ejemplo de lo anterior, es el convenio firmado entre el GACM y la Sedena por mil 547 millones de pesos para construir la barda perimetral del NAICM. Un convenio, destaca el IMCO, en el que “más allá del argumento de seguridad nacional, no existe ningún documento que avale a la Sedena como la entidad idónea para construir dicha barda”.
Aunque la firma de estos convenios entre el GACM y dependencias de gobierno no significa, o al menos no hay evidencia de ello, que se esté subcontratando a empresas al estilo ‘La Estafa Maestra’, el IMCO pide a las autoridades de fiscalización que hagan un seguimiento de dichos convenios.
Lo anterior, “para garantizar que los bienes y servicios adjudicados se hayan entregado a tiempo, que las dependencias que firmaron los convenios no hayan echado mano de subcontrataciones en los casos que esto no estaba contemplado y, que los sobrecostos pagados (si es que los hubo), estén debidamente justificados”.

Contratos con incrementos millonarios no permitidos por ley

Aunque, de acuerdo con el análisis del IMCO, en general los procesos de contratación de las obras del NAICM “se han llevado a cabo conforme a la ley”, ocho de los 320 contratos analizados por esta organización civil presentan modificaciones tanto a la cantidad de dinero otorgada a las empresas contratistas, como en el plazo de tiempo de la obra, que debían tener la autorización de la Secretaría de la Función Pública y no la tienen.
Por ejemplo, en la licitación LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, el GAICM otorgó un contrato por 608 millones de pesos a la empresa Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos SA de CV, “para la construcción de los caminos provisionales de acceso al NAICM”. Sin embargo, tras modificaciones no autorizada por la SFP, el monto aumentó hasta los 760 millones de pesos; 152 millones más, o un alza del 25%.
Otro ejemplo: en la adjudicación directa AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, la empresa Ingeniería y Procesamiento Electrónico SA de CV recibió por supervisar la supervisión de la construcción del drenaje del NAICM un contrato por 7 millones 680 mil pesos. Pero el monto se incrementó sin la autorización de la SFP hasta los 14 millones 670 mil pesos, un alza del 91%.
“Son elementos que los órganos auditores (la SFP, la Auditoría Superior de la Federación –ASF-) deberán vigilar y revisar a profundidad debido a que el incremento el monto modificado requeriría de la elaboración de un nuevo contrato y no solo de un convenio modificatorio”, señala el informe.

Sobrecostos injustificados

Además de contratos que incrementaron el monto a partir de una modificación, también hubo contratos por bienes o servicios cuyo monto adjudicado sobrepasó por mucho el presupuestado.
El IMCO subraya que en el 95% de los contratos revisados se ajustan al monto presupuestado. Pero el 5% restante sí lo supera, destacando el caso de tres contratos que tuvieron un sobrecosto de al menos 100%.
El caso más notable es el de la licitación pública LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, cuyo monto original presupuestado era de 770 mil pesos, y el monto del contrato acabó siendo 493 millones 916 mil pesos, un 641% más.
Ante casos como este, el IMCO señala que las autoridades de fiscalización deberán poner el foco en la revisión de los contratos que sobrepasen el presupuesto originalmente considerado, para determinar las causas del sobrecosto.

Empresas vinculadas a casos de corrupción

El informe del IMCO también analizó los antecedentes de las empresas que recibieron contratos por las obras del NAICM, y encontró varias ‘banderas rojas’ que implican riesgos de corrupción.
Por ejemplo, halló empresas “con malos antecedentes”, como el consorcio SACYR EPCCOR NAICM, S.A.P.I. de CV.
EPCCOR participó en la construcción de la ampliación del Paso Exprés de Cuernavaca; obra que, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó “gastos inflados” y múltiples irregularidades en la calidad de la obra, que derivaron en un socavón que provocó la muerte de dos personas al caer su vehículo.
Mientras que la española SACYR “está ligada a escándalos de corrupción reportados por la prensa nacional de ese país”, como el caso ‘Enredadera’; una trama que investiga la policía por supuestos amaños de adjudicaciones públicas en beneficio de una filial de SACYR; acusación que la constructora española ha rechazado, alegando que siete de sus empleados –dos de ellos ya en prisión preventiva y despedidos- eludieron de forma “premeditada” los controles de la compañía, y actuaron al margen de la misma “para su beneficio particular”, informa El Confidencial.
Ante este contexto, el IMCO señala la necesidad de que el GACM “fortalezca su capacidad de investigación”, para que haga “verificaciones de antecedentes” de las empresas antes de contratarlas. “Y así, una vez identificados los riesgos, se decida si es conveniente o no formalizar la relación comercial”, apunta.

Adjudicaciones directas sin justificación legal

Y otro foco rojo: de 320 contratos de obra analizados por el IMCO, la mayoría, el 57% (157) fueron adjudicados de manera directa a empresas; es decir, “el modo de contratación menos competido”, a partir del cual se adjudicaron 3 mil 825 millones de pesos.
De esas adjudicaciones directas, solo el 19% -menos de 2 de cada 10- presentaron una “justificación legal adecuada” de por qué el contrato se entregó de manera directa, sin pasar por una licitación abierta. El resto, o no presentó un dictamen con justificación alguna, o bien presenta un dictamen en el que solo enuncia artículos de la ley, sin mayor explicación.
“Es necesario revisar los motivos por los que la dependencia decide hacer excepciones a la licitación”, recalca el informe del IMCO.
Lee aquí o descarga el informe completo del IMCO

Cancelar el NAICM, “un tiro en el pie para la economía mexicana”

A pesar de estos riesgos de corrupción, Juan Pardinas, director del IMCO, subrayó que se trata de la mejor opción para el país, puesto que considera inviable la alternativa propuesta por el equipo de López Obrador, de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía que tendrían un costo muy por debajo del NAICM.
“Cancelar el proyecto sería darle un tiro en el pie a la economía mexicana”, dijo Pardinas, durante la presentación del informe, en la que criticó que la opción de la base de Santa Lucía, la favorita del equipo de AMLO, “no es una opción válida”, puesto que “solo funcionaría bajo dos premisas: mayor riesgo para los pasajeros, o reducción de la frecuencia de los vuelos”.

Del 1DMX a la Ley Chayote: EPN ante el fracaso de su “manifiesto democrático” del 2012

5 de septiembre, 2018
León Ramírez

Enrique Peña Nieto presentó ante empresarios, activistas e intelectuales el manifiesto “Por una Presidencia Democrática”. El hecho ocurrió el 21 de mayo del 2012 y se convirtió en el compromiso 265 de los 266 que firmó ante notario público durante su campaña presidencial.
En aquél momento, el candidato priista dijo que de ganar las elecciones seguiría los 10 puntos que integran este texto, pero a tres meses de que termine su mandato, el presidente falló en seis.
1. Libertad de manifestación
Durante su campaña hubo varias manifestaciones contra su candidatura, la más significativa fue la de estudiantes en la Universidad Iberoamericana que derivó en el movimiento #YoSoy132.
10 días después de las protestas estudiantiles presentó el Manifiesto y dijo: “como presidente de la República protegeré el ejercicio de este derecho en todos los espacios públicos del territorio nacional”. Pero desde que asumió la presidencia –el 1 de diciembre del 2012– sucedió lo contrario.
Durante el llamado 1DMX, autoridades federales y del entonces Distrito Federal reprimieron a quienes se manifestaban en contra de Peña Nieto haciendo uso excesivo de la fuerza. Se realizaron más de cien detenciones , según el informe anual de Article 19 Democracia simulada, nada que aplaudir.
El enfrentamiento entre maestros y autoridades en Nochixtlán, Oaxaca –en el que murieron siete personas– es otro de los casos reportados por la organización, pues “se presentó una respuesta represiva letal” que contravino los principios de legalidad, estricta necesidad, proporcionalidad y precaución.
“Peña Nieto falló completamente”, comenta en entrevista Leopoldo Maldonado, abogado de Article 19. “La verdadera postura que tuvo el gobierno federal, en consonancia con algunos gobiernos estatales, fue tratar de restringir el ejercicio de la manifestación”, añade.
En este sexenio, continúa Maldonado, los legisladores federales y locales trataron de inhibir el ejercicio de derechos en espacios públicos, se buscó desacreditar a quienes se manifestaban, mientras que las policías locales y la federal hicieron uso indiscriminado de la fuerza.
2. Libertad de expresión
“Seré garante de la libertad de expresión”, señaló Peña Nieto en el segundo punto de su manifiesto. Aseguró entonces que “en una presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura”. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2017, hubo mil 986 agresiones contra la prensa en el país y 45 comunicadores han sido asesinados en lo que va de su gobierno, según información de Article 19.
A pesar de la existencia de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2010 y un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas la violencia contra periodistas ha sido una constante en el actual gobierno en estados como Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México.
De acuerdo con Maldonado, “no se puede hablar de que hay garantías y protección a la libertad de prensa para este gobierno cuando los registros dan cuenta de todo lo contrario. Se ha fracasado en brindar garantías de seguridad para periodistas en el país”.
3.Relación con medios de comunicación
En su tercer punto, Peña Nieto afirmó que iba a impulsar una reforma constitucional para crear una “instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación de todos los niveles de gobierno” que además responda a criterios de utilidad pública y transparencia.
Si bien se aprobaron las reformas a los artículos constitucionales 41 –normativa y uso de recursos en elecciones– y 134 –uso de recursos por parte de servidores públicos–, el gobierno federal no impulsó una regulación de la publicidad o la creación de una instancia ciudadana.
Inclusive, la organización Fundar encontró que de 2013 a 2017 se gastaron 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial en México, que es 23 mil millones más de lo que había aprobado inicialmente el Congreso. “Todo quedó en letra muerta”, señala Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Penal de Fundar.
El 11 de mayo, Peña Nieto publicó la Ley General de Comunicación Social, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Según sus críticos, que la bautizaron como #LeyChayote, esta ley afecta a la libertad de expresión y el derecho a la información al generalizar prácticas discrecionales y permitir que la publicidad oficial se utilice como mecanismo de control a la prensa.
“Pedíamos un proceso de parlamento abierto, un proceso participativo para la elaboración de esta ley. Finalmente no se cumplió [lo que afirmó Peña Nieto], ni el proceso ni esta ley”, lamenta Castaño.
4. Derechos Humanos
Del 2013 al 2017 se registraron 119 mil 568 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El último año, incluso, alcanzó un récord histórico, con 31 mil 174 homicidios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en el mismo periodo un total 368 recomendaciones por violaciones a derechos humanos a distintas instancias federales, según los informes anuales.
Lo anterior se opone al apartado sobre derechos humanos del manifiesto, en el que Peña Nieto dijo que el gobierno tendría un rol “más activo en la promoción de derechos humanos”, que el respeto a estos “debe ser premisa fundamental para el uso de la fuerza pública”, y anunció que promovería las reformas necesarias para darle eficacia a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.
Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y Nochixtlán exhiben también las violaciones a derechos humanos por parte del gobierno, explica la directora de Cencos, Ixchel Cisneros.
Peña, diputados y senadores del PRI y del PAN, PVEM y Nueva Alianza aprobaron la Ley de Seguridad Interior, que va en contra de una estrategia de seguridad integral, que le da más herramientas a las fuerzas armadas y a la marina. Solo fue un parche, añadió.
“Se quedó corta la promesa y creyeron que con la Ley de Seguridad Interior se iban a solucionar cosas pero con esta ley refuerzan la violencia que se ha visto”, explica Cisneros.
5. Libertad religiosa
Sobre libertad religiosa, Peña Nieto dijo que encabezaría “un gobierno laico, respetuoso de la libertad de creencias y de las prácticas religiosas de todos los mexicanos”, un principio estipulado en la Constitución Mexicana.
Durante su gobierno se reformó el artículo 24 constitucional, que otorga libertad no solo religiosa sino de convicciones éticas y conciencia, además de que establece que no se podrán utilizar actos públicos de este tipo con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. También, en una reforma al artículo 40, se agregó la definición de laico al país.
6. No discriminación
Peña propuso en otro punto del Manifiesto “utilizar el poder presidencial para acabar con la discriminación en México”, añadió que gobernaría sin perjuicio y que darían “un trato a los migrantes en México como el que exigimos para nuestros paisanos en el extranjero”.
Sin embargo, el panorama sobre discriminación no es bueno. De acuerdo con la encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), el más reciente balance del Inegi y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una de cada cinco personas mayores de edad en México fueron discriminadas durante 2017, principalmente por motivos relacionados con su apariencia física, su arreglo personal, su edad o por profesar una religión distinta a la católica.
Respecto al trato a migrantes, tras una reunión con el entonces presidente Barack Obama, Peña Nieto anunció el 7 de julio del 2014 la aplicación del Programa Frontera Sur, que oficialmente pretendía ayudar a los migrantes, pero que se basó en seguridad fronteriza y control migratorio.
Un total de 10,319 migrantes registrados ante la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) dijo haber sufrido un delito en su paso por México del 2014 al 2017, según los informes anuales de la Redodem (2015 , 2016, 2017).
De un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes cometidos entre 2014 y 2016, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo se encontró evidencia de 49 sentencias, por lo que la impunidad para este grupo fue de 99%, según el estudio El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel.
7. División de poderes
Desde que inició su cargo, el presidente emprendió el Pacto por México, en concordancia con el punto “División de poderes” del manifiesto, en el que se comprometió a “tener un diálogo permanente y abierto con los liderazgos de todas las fracciones parlamentarias para lograr la aprobación, con amplios consensos, de las grandes reformas que México necesita”.
Esta alianza entre las distintas fuerzas políticas del país se alcanzó el 2 de diciembre y logró la aprobación de 11 reformas estructurales (entre las que se encuentran la energética, educativa y hacendaria), aunque concluyó cuando el PRD salió de él en noviembre del 2013. Desde entonces no se alcanzó otro acuerdo de ese tipo.
8. Elecciones libres
Peña Nieto expresó en otro punto que, como presidente de México, no intervendría en elecciones “salvo garantizar que existan siempre las condiciones de seguridad y paz para el desarrollo de campañas y jornadas electorales” y anunció que promovería iniciativas de reforma “para erradicar definitivamente el uso electoral de los programas sociales de los tres niveles de gobierno”.
Peña Nieto no impulsó iniciativas para erradicar la compra y coacción de votos.
Héctor Rubio, Coordinador de Innovación e Incidencia de la organización Acción Frente a la Pobreza, comentó que se trató únicamente de un discurso y “no hubo un compromiso del gobierno por garantizar elecciones libres y hay un uso sistemático de la política social y los programas sociales con fines electorales”.
Pese al aplastante triunfo de la oposición en las pasadas elecciones federales, una encuesta de la organización encontró que el 35.5 % de los mexicanos con credencial de elector recibió una oferta de compra de voto, provenientes de la coalición Todos por México (PRI, PVEM, Panal) la cual habría ofrecido ayuda al 5.9 % de los encuestados, seguida de Por México al Frente (PAN, PRD, MC) con 5.5 % y Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) con el 0.7 %.
“Todos los partidos políticos incurrieron en esta práctica”, explica Héctor Rubio y acusa que durante el gobierno de Peña Nieto no sólo se omitió legislar sino que se trató de “maquillar” las cifras de pobreza con el uso de “Cartillas Sociales”. “Hay un uso sistemático de la política social y los programas sociales con fines electorales”, añadió.
9. Transparencia y rendición de cuentas y 10. Federalismo y transparencia
Casi al final del manifiesto, Peña Nieto colocó dos puntos: “Transparencia y rendición de cuentas” y “Federalismo y transparencia”. En ellos, dijo que impulsaría la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, iniciativa que no fue aprobada por el Congreso pero derivó, explica Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dentro del mismo punto, el presidente dijo que seleccionaría a colaboradores “a partir de su capacidad, experiencia y honestidad, no de sus relaciones familiares o de amistad”. Pero en la opinión de Káiser, el mérito profesional y académico “nunca fue el elemento central en las designaciones de los altos cargos. Menos en el caso de autoridades fiscalizadores, de temas de justicia, de autoridades auditoras”.
También, Peña Nieto señaló que iba a acelerar “la plena implementación de las reformas constitucionales en materia de transparencia y homologación contable en los estados y municipios”. Ambas acciones se lograron, al menos en el papel.
De acuerdo “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, realizado por la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional”, sólo 15 de las 32 entidades armonizaron los objetivos de la ley con la legislación local.
Las mejoras al respecto de transparencia y corrupción, explica Kaiser, “sucedieron porque hubo un empuje histórico desde la sociedad civil organizada. Por primera vez en la historia el gobierno tuvo que enfrentar una sociedad civil organizada que ponía contenidos, y productos completos y acabados, leyes completas”.

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Nuevo tratado comercial, en manos del Congreso estadunidense

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de Estados Unidos tendrá la última palabra sobre el futuro del acuerdo bilateral negociado por ese país y México, en un acontecimiento inédito en la política comercial de esa nación.
Ese debate ocurriría en 2019, luego de las elecciones intermedias de noviembre próximo, en las cuales los republicanos pueden perder el control de la Cámara de Representantes y quedar en manos de los demócratas.
Las leyes Congresal Bipartidista sobre Prioridades Comerciales y Rendición de Cuentas de 2015 (TPA, por sus siglas en inglés) y de Comercio de 1974, estipulan el procedimiento para que la Cámara y el Senado analicen el nuevo arreglo comercial, que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, y lo conviertan en ley.
Para un acuerdo considerado bajo la TPA, el Congreso lo puedo avalar o anular, sin posibilidad de introducir cambios. Pero para un tratado no cubierto por esa figura, el aparato legislativo tendría mayor incidencia en su contenido y validación.
De acuerdo con Ángeles Villarreal, especialista en comercio internacional y finanzas del Servicio de Investigación Legislativa (CRS, por sus siglas en inglés) –organismo adscrito al Congreso–, es “improbable” que el estatuto de la TPA sea aplicable al pacto bilateral anunciado por ese país y México el lunes 27.
Considera que por ello resulta indispensable que Canadá se sume al arreglo, pues para un tratado tripartito el Congreso lo aprobaría o lo rechazaría, sin necesidad de anular la Ley de Aplicación del TLCAN de 1993.
El presidente estadunidense Donald Trump “tendría que enviar una nueva notificación al Congreso sobre su intención de negociar un acuerdo bilateral e iniciar todo el proceso de nuevo. Eso parece ser lo que muchos miembros del Congreso están diciendo”, explica Villarreal a Apro.
La pregunta central en torno al tema es “si el presidente consultó suficientemente con el Congreso y cumplió con los objetivos de la negociación”, como lo definió la TPA.
“Si hay evidencia para demostrar que el presidente consultó lo suficiente con el Congreso es una cuestión que los legisladores tendrán que decidir”, indica Villarreal.
El informe del 26 de julio último ‘Renegociación y modernización del TLCAN’, elaborado por la experta y su colega Ian Fergusson, enumera temas legislativos clave, como la autoridad constitucional del Congreso sobre el comercio internacional, su rol en revisar el tratado, los objetivos de la negociación, el impacto sobre las industrias y la economía estadunidense, así como los objetivos de Canadá y México.
La TPA también estipula que el gobernante informe al Congreso sobre la marcha de las tratativas con sus socios.
En mayo de 2017, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), comunicó al Congreso la intención de Trump de renegociar el TLCAN, tras lo cual el gobierno abrió un periodo de consultas con los interesados en el tema.
Patrick Woodall, director de Investigación de la no gubernamental Food and Water Watch, coincide con Villarreal en que, si se trata de un acuerdo bilateral, no quedaría cubierto por la ATP.
“Es un poco temprano para predecir qué hará el Congreso. El impulso actual es tener un acuerdo pronto y notificar al Congreso en 90 días”, plazo que le permitiría signarlo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice Woodall.
El análisis de CRS resalta que “el requisito de la TPA de que el presidente cumpla con obligaciones de consulta y reporte ayuda a preservar el rol legislativo sobre acuerdos comerciales, al dar al Congreso la oportunidad de influir en el tratado antes de su finalización” y alerta que, si éste determinase que Trump “ha incumplido con ésta y otras condiciones”, podría decidir que la ley de ejecución del acuerdo no es elegible para ser considerada bajo las reglas de la TPA.
En consecuencia, explica, el Congreso podría adoptar un “procedimiento de desaprobación” conjunto en ambas cámaras.
Luego de la conclusión de las negociaciones, corre un lapso de 90 días para rubricar el acuerdo y 60 días antes de hacerlo debe publicarse el texto a firmar. Luego de la suscripción, se debe presentar en 60 días una lista de cambios a leyes estadunidenses, necesarios para la aplicación del tratado. A partir de la introducción de un proyecto de ley de aplicación del acuerdo, el Congreso tiene hasta 90 días para debatir, aprobar o rechazar la iniciativa.
Resultado incierto
El presidente puede declarar modificaciones a algunas reglas de origen y tarifas bajo determinadas circunstancias y sujetas a consultas legislativas. Esa resolución puede referirse a la aceleración de aplicación de tarifas, variaciones de reglas de origen para alfombras y suéteres, requerimientos de trazabilidad de la industria automotriz y provisiones de contenido regional para algunos automóviles.
Bajo la Ley de Aplicación del TLCAN de 1993, la proclama del presidente de modificar reglas de origen o tarifas debe obtener la asesoría de las comisiones estipuladas en la Ley de Comercio de 1974 y de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, reportar la medida propuesta a las comisiones de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes y de Finanzas del Senado, las razones para esa postura y las sugerencias recibidas y consultar a las comisiones durante un periodo de al menos 60 días.
Al amparo de esa legislación, operan ocho grupos sobre agricultura, comercio industrial, trabajo y ambiente, de los cuales el más trascendental es la Comisión Asesora para Política Comercial y Negociaciones.
Esas instancias deben reunirse al término de las negociaciones para entregar al presidente, al Congreso y al USTR un reporte sobre el acuerdo cerrado en los 30 días subsiguientes a la comunicación oficial del presidente al Congreso sobre la conclusión de las tratativas.
En febrero, marzo y junio pasados, la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano Kevin Brady, sostuvo al menos tres reuniones con Lighthizer sobre las negociaciones comerciales.
Pero no hay evidencia de que la Comisión senatorial de Finanzas, encabezada por el también republicano Orrin Hatch, haya hecho lo propio este año.
Mientras, congresistas y senadores ya han adelantado posturas frente al acuerdo bilateral. El día del anuncio oficial, Brady declaró que analizará “cuidadosamente” los detalles y hará consultas con “mis colegas y electores en las próximas semanas para determinar si la nueva propuesta cumple con las prioridades comerciales establecidas por el Congreso”.
Por su parte, Hatch expresó que, para cumplir con la TPA y obtener el apoyo del Congreso, “un TLCAN modernizado debe estipular reglas fuertes para proteger los derechos de propiedad intelectual”, y anticipó la revisión de los detalles del acuerdo para que “un TLCAN reconstruido pueda pasar en el Congreso y convertirse en ley”.
El demócrata Ron Wyden, miembro titular de la Comisión de Finanzas del Senado, fue más crítico al manifestar que la administración Trump “debe cumplir con las leyes para mantener informado al Congreso y al público y dar tiempo extenso para revisar cualquier trato antes de votarlo. Sobre un tema tan importante como la política comercial, los estadunidenses y sus representantes en el Congreso no deben permanecer en la oscuridad”.

México recibe 370 mil millones de pesos en remesas

En los primeros siete meses del año ingresaron al país 370 mil 174 millones 530 mil pesos (aproximadamente) en remesas provenientes de Estados Unidos.

Esa cifra respecto de 2017 muestra un incremento del 10 por ciento, de 37 mil 676 millones 500 mil pesos, de acuerdo con datos obtenidos del Banco de México (Banxico).
Alberto Cruz Blanco, doctor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que lo anterior es debido a “que la situación laboral en el país se agrava, ya que la gente que habita en Estados Unidos tiende a apoyar más a sus parientes”.

El doctor en economía agrega un segundo panorama: también puede estar explicado por las condiciones estadunidenses, es decir, pueden enviar más dinero ante la perspectiva de que los regresen y así tener un patrimonio en su país de origen.
El aumento de remesas, explica, es benéfico para la economía mexicana, porque son divisas que se mantienen en el banco central y permiten financiar el pago de bienes y servicios, de deuda pública y las importaciones. Además de que el consumo de quienes reciben las remesas incrementa.
Jordana González

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