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Del 1DMX a la Ley Chayote: EPN ante el fracaso de su “manifiesto democrático” del 2012
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León Ramírez
Enrique
Peña Nieto presentó ante empresarios, activistas e intelectuales el
manifiesto “Por una Presidencia Democrática”. El hecho ocurrió el 21 de
mayo del 2012 y se convirtió en el compromiso 265 de los 266 que firmó
ante notario público durante su campaña presidencial.
En aquél momento, el candidato priista dijo que de ganar las elecciones seguiría los 10 puntos que integran este texto, pero a tres meses de que termine su mandato, el presidente falló en seis.
1. Libertad de manifestación
Durante su campaña hubo varias manifestaciones contra su candidatura, la más significativa fue la de estudiantes en la Universidad Iberoamericana que derivó en el movimiento #YoSoy132.
10 días después de las protestas estudiantiles presentó el Manifiesto y dijo: “como presidente de la República protegeré el ejercicio de este derecho en todos los espacios públicos del territorio nacional”. Pero desde que asumió la presidencia –el 1 de diciembre del 2012– sucedió lo contrario.
Durante el llamado 1DMX, autoridades federales y del entonces Distrito Federal reprimieron a quienes se manifestaban en contra de Peña Nieto haciendo uso excesivo de la fuerza. Se realizaron más de cien detenciones , según el informe anual de Article 19 Democracia simulada, nada que aplaudir.
El enfrentamiento entre maestros y autoridades en Nochixtlán, Oaxaca –en el que murieron siete personas– es otro de los casos reportados por la organización, pues “se presentó una respuesta represiva letal” que contravino los principios de legalidad, estricta necesidad, proporcionalidad y precaución.
“Peña Nieto falló completamente”, comenta en entrevista Leopoldo Maldonado, abogado de Article 19. “La verdadera postura que tuvo el gobierno federal, en consonancia con algunos gobiernos estatales, fue tratar de restringir el ejercicio de la manifestación”, añade.
En este sexenio, continúa Maldonado, los legisladores federales y locales trataron de inhibir el ejercicio de derechos en espacios públicos, se buscó desacreditar a quienes se manifestaban, mientras que las policías locales y la federal hicieron uso indiscriminado de la fuerza.
2. Libertad de expresión
“Seré garante de la libertad de expresión”, señaló Peña Nieto en el segundo punto de su manifiesto. Aseguró entonces que “en una presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura”. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2017, hubo mil 986 agresiones contra la prensa en el país y 45 comunicadores han sido asesinados en lo que va de su gobierno, según información de Article 19.
A pesar de la existencia de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2010 y un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas la violencia contra periodistas ha sido una constante en el actual gobierno en estados como Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México.
De acuerdo con Maldonado, “no se puede hablar de que hay garantías y protección a la libertad de prensa para este gobierno cuando los registros dan cuenta de todo lo contrario. Se ha fracasado en brindar garantías de seguridad para periodistas en el país”.
3.Relación con medios de comunicación
En su tercer punto, Peña Nieto afirmó que iba a impulsar una reforma constitucional para crear una “instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación de todos los niveles de gobierno” que además responda a criterios de utilidad pública y transparencia.
Si bien se aprobaron las reformas a los artículos constitucionales 41 –normativa y uso de recursos en elecciones– y 134 –uso de recursos por parte de servidores públicos–, el gobierno federal no impulsó una regulación de la publicidad o la creación de una instancia ciudadana.
Inclusive, la organización Fundar encontró que de 2013 a 2017 se gastaron 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial en México, que es 23 mil millones más de lo que había aprobado inicialmente el Congreso. “Todo quedó en letra muerta”, señala Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Penal de Fundar.
El 11 de mayo, Peña Nieto publicó la Ley General de Comunicación Social, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Según sus críticos, que la bautizaron como #LeyChayote, esta ley afecta a la libertad de expresión y el derecho a la información al generalizar prácticas discrecionales y permitir que la publicidad oficial se utilice como mecanismo de control a la prensa.
“Pedíamos un proceso de parlamento abierto, un proceso participativo para la elaboración de esta ley. Finalmente no se cumplió [lo que afirmó Peña Nieto], ni el proceso ni esta ley”, lamenta Castaño.
4. Derechos Humanos
Del 2013 al 2017 se registraron 119 mil 568 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El último año, incluso, alcanzó un récord histórico, con 31 mil 174 homicidios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en el mismo periodo un total 368 recomendaciones por violaciones a derechos humanos a distintas instancias federales, según los informes anuales.
Lo anterior se opone al apartado sobre derechos humanos del manifiesto, en el que Peña Nieto dijo que el gobierno tendría un rol “más activo en la promoción de derechos humanos”, que el respeto a estos “debe ser premisa fundamental para el uso de la fuerza pública”, y anunció que promovería las reformas necesarias para darle eficacia a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.
Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y Nochixtlán exhiben también las violaciones a derechos humanos por parte del gobierno, explica la directora de Cencos, Ixchel Cisneros.
Peña, diputados y senadores del PRI y del PAN, PVEM y Nueva Alianza aprobaron la Ley de Seguridad Interior, que va en contra de una estrategia de seguridad integral, que le da más herramientas a las fuerzas armadas y a la marina. Solo fue un parche, añadió.
“Se quedó corta la promesa y creyeron que con la Ley de Seguridad Interior se iban a solucionar cosas pero con esta ley refuerzan la violencia que se ha visto”, explica Cisneros.
5. Libertad religiosa
Sobre libertad religiosa, Peña Nieto dijo que encabezaría “un gobierno laico, respetuoso de la libertad de creencias y de las prácticas religiosas de todos los mexicanos”, un principio estipulado en la Constitución Mexicana.
Durante su gobierno se reformó el artículo 24 constitucional, que otorga libertad no solo religiosa sino de convicciones éticas y conciencia, además de que establece que no se podrán utilizar actos públicos de este tipo con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. También, en una reforma al artículo 40, se agregó la definición de laico al país.
6. No discriminación
Peña propuso en otro punto del Manifiesto “utilizar el poder presidencial para acabar con la discriminación en México”, añadió que gobernaría sin perjuicio y que darían “un trato a los migrantes en México como el que exigimos para nuestros paisanos en el extranjero”.
Sin embargo, el panorama sobre discriminación no es bueno. De acuerdo con la encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), el más reciente balance del Inegi y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una de cada cinco personas mayores de edad en México fueron discriminadas durante 2017, principalmente por motivos relacionados con su apariencia física, su arreglo personal, su edad o por profesar una religión distinta a la católica.
Respecto al trato a migrantes, tras una reunión con el entonces presidente Barack Obama, Peña Nieto anunció el 7 de julio del 2014 la aplicación del Programa Frontera Sur, que oficialmente pretendía ayudar a los migrantes, pero que se basó en seguridad fronteriza y control migratorio.
Un total de 10,319 migrantes registrados ante la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) dijo haber sufrido un delito en su paso por México del 2014 al 2017, según los informes anuales de la Redodem (2015 , 2016, 2017).
De un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes cometidos entre 2014 y 2016, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo se encontró evidencia de 49 sentencias, por lo que la impunidad para este grupo fue de 99%, según el estudio El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel.
7. División de poderes
Desde que inició su cargo, el presidente emprendió el Pacto por México, en concordancia con el punto “División de poderes” del manifiesto, en el que se comprometió a “tener un diálogo permanente y abierto con los liderazgos de todas las fracciones parlamentarias para lograr la aprobación, con amplios consensos, de las grandes reformas que México necesita”.
Esta alianza entre las distintas fuerzas políticas del país se alcanzó el 2 de diciembre y logró la aprobación de 11 reformas estructurales (entre las que se encuentran la energética, educativa y hacendaria), aunque concluyó cuando el PRD salió de él en noviembre del 2013. Desde entonces no se alcanzó otro acuerdo de ese tipo.
8. Elecciones libres
Peña Nieto expresó en otro punto que, como presidente de México, no intervendría en elecciones “salvo garantizar que existan siempre las condiciones de seguridad y paz para el desarrollo de campañas y jornadas electorales” y anunció que promovería iniciativas de reforma “para erradicar definitivamente el uso electoral de los programas sociales de los tres niveles de gobierno”.
Peña Nieto no impulsó iniciativas para erradicar la compra y coacción de votos.
Héctor Rubio, Coordinador de Innovación e Incidencia de la organización Acción Frente a la Pobreza, comentó que se trató únicamente de un discurso y “no hubo un compromiso del gobierno por garantizar elecciones libres y hay un uso sistemático de la política social y los programas sociales con fines electorales”.
Pese al aplastante triunfo de la oposición en las pasadas elecciones federales, una encuesta de la organización encontró que el 35.5 % de los mexicanos con credencial de elector recibió una oferta de compra de voto, provenientes de la coalición Todos por México (PRI, PVEM, Panal) la cual habría ofrecido ayuda al 5.9 % de los encuestados, seguida de Por México al Frente (PAN, PRD, MC) con 5.5 % y Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) con el 0.7 %.
“Todos los partidos políticos incurrieron en esta práctica”, explica Héctor Rubio y acusa que durante el gobierno de Peña Nieto no sólo se omitió legislar sino que se trató de “maquillar” las cifras de pobreza con el uso de “Cartillas Sociales”. “Hay un uso sistemático de la política social y los programas sociales con fines electorales”, añadió.
9. Transparencia y rendición de cuentas y 10. Federalismo y transparencia
Casi al final del manifiesto, Peña Nieto colocó dos puntos: “Transparencia y rendición de cuentas” y “Federalismo y transparencia”. En ellos, dijo que impulsaría la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, iniciativa que no fue aprobada por el Congreso pero derivó, explica Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dentro del mismo punto, el presidente dijo que seleccionaría a colaboradores “a partir de su capacidad, experiencia y honestidad, no de sus relaciones familiares o de amistad”. Pero en la opinión de Káiser, el mérito profesional y académico “nunca fue el elemento central en las designaciones de los altos cargos. Menos en el caso de autoridades fiscalizadores, de temas de justicia, de autoridades auditoras”.
También, Peña Nieto señaló que iba a acelerar “la plena implementación de las reformas constitucionales en materia de transparencia y homologación contable en los estados y municipios”. Ambas acciones se lograron, al menos en el papel.
De acuerdo “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, realizado por la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional”, sólo 15 de las 32 entidades armonizaron los objetivos de la ley con la legislación local.
Las mejoras al respecto de transparencia y corrupción, explica Kaiser, “sucedieron porque hubo un empuje histórico desde la sociedad civil organizada. Por primera vez en la historia el gobierno tuvo que enfrentar una sociedad civil organizada que ponía contenidos, y productos completos y acabados, leyes completas”.
En aquél momento, el candidato priista dijo que de ganar las elecciones seguiría los 10 puntos que integran este texto, pero a tres meses de que termine su mandato, el presidente falló en seis.
1. Libertad de manifestación
Durante su campaña hubo varias manifestaciones contra su candidatura, la más significativa fue la de estudiantes en la Universidad Iberoamericana que derivó en el movimiento #YoSoy132.
10 días después de las protestas estudiantiles presentó el Manifiesto y dijo: “como presidente de la República protegeré el ejercicio de este derecho en todos los espacios públicos del territorio nacional”. Pero desde que asumió la presidencia –el 1 de diciembre del 2012– sucedió lo contrario.
Durante el llamado 1DMX, autoridades federales y del entonces Distrito Federal reprimieron a quienes se manifestaban en contra de Peña Nieto haciendo uso excesivo de la fuerza. Se realizaron más de cien detenciones , según el informe anual de Article 19 Democracia simulada, nada que aplaudir.
El enfrentamiento entre maestros y autoridades en Nochixtlán, Oaxaca –en el que murieron siete personas– es otro de los casos reportados por la organización, pues “se presentó una respuesta represiva letal” que contravino los principios de legalidad, estricta necesidad, proporcionalidad y precaución.
“Peña Nieto falló completamente”, comenta en entrevista Leopoldo Maldonado, abogado de Article 19. “La verdadera postura que tuvo el gobierno federal, en consonancia con algunos gobiernos estatales, fue tratar de restringir el ejercicio de la manifestación”, añade.
En este sexenio, continúa Maldonado, los legisladores federales y locales trataron de inhibir el ejercicio de derechos en espacios públicos, se buscó desacreditar a quienes se manifestaban, mientras que las policías locales y la federal hicieron uso indiscriminado de la fuerza.
2. Libertad de expresión
“Seré garante de la libertad de expresión”, señaló Peña Nieto en el segundo punto de su manifiesto. Aseguró entonces que “en una presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura”. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2017, hubo mil 986 agresiones contra la prensa en el país y 45 comunicadores han sido asesinados en lo que va de su gobierno, según información de Article 19.
A pesar de la existencia de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2010 y un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas la violencia contra periodistas ha sido una constante en el actual gobierno en estados como Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México.
De acuerdo con Maldonado, “no se puede hablar de que hay garantías y protección a la libertad de prensa para este gobierno cuando los registros dan cuenta de todo lo contrario. Se ha fracasado en brindar garantías de seguridad para periodistas en el país”.
3.Relación con medios de comunicación
En su tercer punto, Peña Nieto afirmó que iba a impulsar una reforma constitucional para crear una “instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación de todos los niveles de gobierno” que además responda a criterios de utilidad pública y transparencia.
Si bien se aprobaron las reformas a los artículos constitucionales 41 –normativa y uso de recursos en elecciones– y 134 –uso de recursos por parte de servidores públicos–, el gobierno federal no impulsó una regulación de la publicidad o la creación de una instancia ciudadana.
Inclusive, la organización Fundar encontró que de 2013 a 2017 se gastaron 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial en México, que es 23 mil millones más de lo que había aprobado inicialmente el Congreso. “Todo quedó en letra muerta”, señala Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Penal de Fundar.
El 11 de mayo, Peña Nieto publicó la Ley General de Comunicación Social, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Según sus críticos, que la bautizaron como #LeyChayote, esta ley afecta a la libertad de expresión y el derecho a la información al generalizar prácticas discrecionales y permitir que la publicidad oficial se utilice como mecanismo de control a la prensa.
“Pedíamos un proceso de parlamento abierto, un proceso participativo para la elaboración de esta ley. Finalmente no se cumplió [lo que afirmó Peña Nieto], ni el proceso ni esta ley”, lamenta Castaño.
4. Derechos Humanos
Del 2013 al 2017 se registraron 119 mil 568 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El último año, incluso, alcanzó un récord histórico, con 31 mil 174 homicidios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en el mismo periodo un total 368 recomendaciones por violaciones a derechos humanos a distintas instancias federales, según los informes anuales.
Lo anterior se opone al apartado sobre derechos humanos del manifiesto, en el que Peña Nieto dijo que el gobierno tendría un rol “más activo en la promoción de derechos humanos”, que el respeto a estos “debe ser premisa fundamental para el uso de la fuerza pública”, y anunció que promovería las reformas necesarias para darle eficacia a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.
Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y Nochixtlán exhiben también las violaciones a derechos humanos por parte del gobierno, explica la directora de Cencos, Ixchel Cisneros.
Peña, diputados y senadores del PRI y del PAN, PVEM y Nueva Alianza aprobaron la Ley de Seguridad Interior, que va en contra de una estrategia de seguridad integral, que le da más herramientas a las fuerzas armadas y a la marina. Solo fue un parche, añadió.
“Se quedó corta la promesa y creyeron que con la Ley de Seguridad Interior se iban a solucionar cosas pero con esta ley refuerzan la violencia que se ha visto”, explica Cisneros.
5. Libertad religiosa
Sobre libertad religiosa, Peña Nieto dijo que encabezaría “un gobierno laico, respetuoso de la libertad de creencias y de las prácticas religiosas de todos los mexicanos”, un principio estipulado en la Constitución Mexicana.
Durante su gobierno se reformó el artículo 24 constitucional, que otorga libertad no solo religiosa sino de convicciones éticas y conciencia, además de que establece que no se podrán utilizar actos públicos de este tipo con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. También, en una reforma al artículo 40, se agregó la definición de laico al país.
6. No discriminación
Peña propuso en otro punto del Manifiesto “utilizar el poder presidencial para acabar con la discriminación en México”, añadió que gobernaría sin perjuicio y que darían “un trato a los migrantes en México como el que exigimos para nuestros paisanos en el extranjero”.
Sin embargo, el panorama sobre discriminación no es bueno. De acuerdo con la encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), el más reciente balance del Inegi y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una de cada cinco personas mayores de edad en México fueron discriminadas durante 2017, principalmente por motivos relacionados con su apariencia física, su arreglo personal, su edad o por profesar una religión distinta a la católica.
Respecto al trato a migrantes, tras una reunión con el entonces presidente Barack Obama, Peña Nieto anunció el 7 de julio del 2014 la aplicación del Programa Frontera Sur, que oficialmente pretendía ayudar a los migrantes, pero que se basó en seguridad fronteriza y control migratorio.
Un total de 10,319 migrantes registrados ante la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) dijo haber sufrido un delito en su paso por México del 2014 al 2017, según los informes anuales de la Redodem (2015 , 2016, 2017).
De un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes cometidos entre 2014 y 2016, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo se encontró evidencia de 49 sentencias, por lo que la impunidad para este grupo fue de 99%, según el estudio El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel.
7. División de poderes
Desde que inició su cargo, el presidente emprendió el Pacto por México, en concordancia con el punto “División de poderes” del manifiesto, en el que se comprometió a “tener un diálogo permanente y abierto con los liderazgos de todas las fracciones parlamentarias para lograr la aprobación, con amplios consensos, de las grandes reformas que México necesita”.
Esta alianza entre las distintas fuerzas políticas del país se alcanzó el 2 de diciembre y logró la aprobación de 11 reformas estructurales (entre las que se encuentran la energética, educativa y hacendaria), aunque concluyó cuando el PRD salió de él en noviembre del 2013. Desde entonces no se alcanzó otro acuerdo de ese tipo.
8. Elecciones libres
Peña Nieto expresó en otro punto que, como presidente de México, no intervendría en elecciones “salvo garantizar que existan siempre las condiciones de seguridad y paz para el desarrollo de campañas y jornadas electorales” y anunció que promovería iniciativas de reforma “para erradicar definitivamente el uso electoral de los programas sociales de los tres niveles de gobierno”.
Peña Nieto no impulsó iniciativas para erradicar la compra y coacción de votos.
Héctor Rubio, Coordinador de Innovación e Incidencia de la organización Acción Frente a la Pobreza, comentó que se trató únicamente de un discurso y “no hubo un compromiso del gobierno por garantizar elecciones libres y hay un uso sistemático de la política social y los programas sociales con fines electorales”.
Pese al aplastante triunfo de la oposición en las pasadas elecciones federales, una encuesta de la organización encontró que el 35.5 % de los mexicanos con credencial de elector recibió una oferta de compra de voto, provenientes de la coalición Todos por México (PRI, PVEM, Panal) la cual habría ofrecido ayuda al 5.9 % de los encuestados, seguida de Por México al Frente (PAN, PRD, MC) con 5.5 % y Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) con el 0.7 %.
“Todos los partidos políticos incurrieron en esta práctica”, explica Héctor Rubio y acusa que durante el gobierno de Peña Nieto no sólo se omitió legislar sino que se trató de “maquillar” las cifras de pobreza con el uso de “Cartillas Sociales”. “Hay un uso sistemático de la política social y los programas sociales con fines electorales”, añadió.
9. Transparencia y rendición de cuentas y 10. Federalismo y transparencia
Casi al final del manifiesto, Peña Nieto colocó dos puntos: “Transparencia y rendición de cuentas” y “Federalismo y transparencia”. En ellos, dijo que impulsaría la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, iniciativa que no fue aprobada por el Congreso pero derivó, explica Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dentro del mismo punto, el presidente dijo que seleccionaría a colaboradores “a partir de su capacidad, experiencia y honestidad, no de sus relaciones familiares o de amistad”. Pero en la opinión de Káiser, el mérito profesional y académico “nunca fue el elemento central en las designaciones de los altos cargos. Menos en el caso de autoridades fiscalizadores, de temas de justicia, de autoridades auditoras”.
También, Peña Nieto señaló que iba a acelerar “la plena implementación de las reformas constitucionales en materia de transparencia y homologación contable en los estados y municipios”. Ambas acciones se lograron, al menos en el papel.
De acuerdo “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, realizado por la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional”, sólo 15 de las 32 entidades armonizaron los objetivos de la ley con la legislación local.
Las mejoras al respecto de transparencia y corrupción, explica Kaiser, “sucedieron porque hubo un empuje histórico desde la sociedad civil organizada. Por primera vez en la historia el gobierno tuvo que enfrentar una sociedad civil organizada que ponía contenidos, y productos completos y acabados, leyes completas”.
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