Los menores en México han vivido en total
desprotección, desde la llamada guerra contra el narcotráfico: más de 6
mil 300 menores desaparecidos, 20 millones en condiciones de pobreza y
281 mil detenciones de niños migrantes
© Marco Polo Guzmán Hernández / Cuartoscuro
Más
de 6 mil 300 niños y niñas han desaparecido en México. El 73.9 por
ciento del total de las desapariciones ocurrieron durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto. El desdén de la administración federal que recién
concluyó, ante los menores de edad del país, se resume en un dato:
nunca se le asignó presupuesto a un sistema de protección integral de la niñez que se creó en 2014.
Por tercera ocasión, el Estado mexicano reprueba el Examen Periódico
Universal (EPU) en materia de protección a la infancia y las juventudes.
Las cifras evidencian el abandono gubernamental para este sector de la
población:
más de 6 mil 300 menores se encuentran desaparecidos;
más de 20 millones en la pobreza, y se realizaron 281 mil detenciones
de niños migrantes no acompañados.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS) se han encargado de documentar
y exponer ante la Organización de las Naciones Unidas la grave crisis
de violación a los derechos humanos que afecta a esta población en el
país, una población mayor a los 39 millones, a través del
Informe Colaborativo Examen Periódico Universal, México 2018.
Mónica Yerena, de enlace institucional de la organización Educando
en los Derechos y la Solidaridad (Educadys), en entrevista con
Contralínea
comenta que las recomendaciones van enfocadas a la exigencia de que el
Estado garantice un efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) -creado en
2014 con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes-,
sistema al que no se le ha asignado presupuesto público desde ese año.
Entre las recomendaciones hechas por las organizaciones se encuentra la
de "diseñar una política pública en materia de protección que incorpore
la perspectiva de derechos de la niñez. Además, "a lo largo de los
siguientes 4 años, incorporar la perspectiva de derechos de las
juventudes en el diseño e implementación de las políticas públicas,
particularmente, en materia laboral y de acceso a la justicia en
violaciones graves a los derechos humanos".
Esta situación, también ha provocado que países miembros de la ONU
emitan 34 recomendaciones a la administración saliente de Enrique Peña
Nieto, como el Reino Unido que solicitó: "Tomar medidas para garantizar
que los niños estén completamente protegidos contra los castigos
corporales y otras formas de violencia o explotación". Argelia:
"Asegurar una mejor protección de los niños y adolescentes contra la
violencia relacionada con el crimen organizado". Filipinas: "Reforzar
las medidas para proteger y brindar asistencia a las víctimas de la
trata de personas".
Carlos Ventura Callejas, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en entrevista con
Contralínea
explica que en el EPU los Estados parte tienen la posibilidad de hacer
recomendaciones al Estado revisado sobre situaciones "preocupantes" y
emitir recomendaciones para mejorar la situación de los derechos
humanos. "Es un mecanismo de la sociedad civil organizada pero, en
general, es para que toda la población pueda usarlo como un mecanismo
internacional de exigibilidad de los derechos, y dar a conocer a la
comunidad internacional los retos que tenemos como país".
© Selene Pachecho / Cuartoscuro
Pobreza, desaparición y homicidios
De acuerdo a la
Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2015,
en
México habitan 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17,
que representan el 32.8 por ciento de la población total en ese año (119
millones 530 mil 753 de personas).
En tanto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), en 2018, indica que la pobreza es uno de los
problemas sociales más preocupantes. "Una de las razones por las cuales
la atención a la pobreza infantil es prioritaria es porque existe un
mayor número de probabilidad de que se vuelva permanente y sus
consecuencias negativas e irreversibles en la niñez". Según el
organismo,
más de 20.7 millones de menores viven en hogares que experimentan algún nivel de pobreza.
La defensora de derechos Humanos Mónica Yerena agrega que en México,
ocho de cada 10 hogares indígenas se encuentran en pobreza. "¿Cómo se posibilita que un país pueda garantizar una vida y un desarrollo adecuado para la población?", cuestiona.
Yerena indica que entre los puntos más preocupantes expuestos es el
vivido en los últimos 2 sexenios y que ha incrementado las cifras en
desapariciones: "esta lógica de enfrentar un conflicto a través de la
llamada guerra contra el narcotráfico".
En el contexto de las recomendaciones a México, en el marco del EPU,
Argelia solicita al gobierno mexicano: "garantizar el acceso efectivo de
todos los niños a la educación, en particular los niños migrantes e
indígenas, y tomar medidas eficaces para combatir su exclusión del
sistema educativo".
Desapariciones, en aumento
Natalia lleva más de 2 semanas desaparecida. Se ha emitido la Alerta
Amber a nivel nacional. Ella es una niña de 11 años que desapareció en
la alcaldía de Gustavo A Madero, en la Ciudad de México. Fue vista por
última vez el 7 de noviembre de 2018, "sin que hasta el momento se
tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la
menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la
comisión de un delito", dice el reporte AAMX1070, del mecanismo de
búsqueda.
Al respecto, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas registra
6 mil 330 menores de edad desaparecidos en el país,
de las cuales 3 mil 675 son niñas y adolescentes. El informe
colaborativo de las organizaciones, presentado para el EPU indica que el
73.9 por ciento de las desapariciones de infancia y adolescencia han
ocurrido durante el mandato de Enrique Peña Nieto, "pues desde el 1 de
diciembre de 2012 han desaparecido 4 mil 677 menores de edad".
En tanto, en materia de homicidios, la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim) documenta que la violencia en México ha
provocado que
diariamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes mexicanos. En su
Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México, agrega que, otros tres son asesinados diariamente.
"La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso
cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en
retos a superar para el siguiente gobierno", menciona el documento (
Contralínea 578).
Tenemos que remover obstáculos para acceder a la justicia, la
reparación, la atención de las víctimas y combatir la impunidad, dice
Ventura Callejas, quien añade que "el cómo" es una de las grandes
interrogantes que tienen las organizaciones, "dado que está en ciernes
imaginar o concretizar un mecanismo efectivo para revertir la situación
de crisis de derechos humanos. Se ha hablado de iniciar un proceso de
verdad, justicia, reparación y no repetición, lo cual nos está colocando
en un escenario de mucho trabajo directo con las víctimas.
"No hay una persona en México que alcance a entender la dimensión de la
crisis con solamente pensar en las cifras que nos arrojan los registros,
subregistros; se debe pensar en todas las personas que no denuncian por
miedo", dice el defensor del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria.
En el contexto del EPU, Suiza recomendó a México: "Tomar medidas para
garantizar que los niños estén totalmente protegidos contra el castigo
corporal y otras formas de violencia o explotación".
Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la
Infancia (ODDI), agrega que en México se está pasando una situación
grave de vulneración a derechos humanos en general, "tendríamos que
partir de ese escenario. Sin embargo, el Estado tiene una obligación de
protección especial para los niños, niñas y adolescentes, lo que hace
que cuando se vulnera esta población sea todavía más grave. Este tipo de
violaciones las vemos en todos los escenarios: desapariciones;
homicidios y migrantes".
Sistema vacío
El informe colaborativo también emite una serie de recomendaciones al
Estado, respecto de la Ley creada para la protección de los menores, y
para que se lleve a cabo el fortalecimiento Sipinna, a modo de que sean
respetado este sector de la población:
"Asignar presupuesto progresivo a las diferentes estancias que conforman
el Sipinna, niños y adolescentes, a nivel estatal y federal...
"Cumplir con la distribución de competencias asignadas en la Ley al
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a nivel
municipal y estatal, referidas a proteger los derechos de la niñez,
cuando estos son restringidos o vulnerados...
"Aumentar el conocimiento sobre la perspectiva de derechos de la niñez
entre los actores sociales y los servidores públicos que conforman el
Sipinna, en el nivel municipal, estatal y federal...
"Incentivar la participación de la sociedad civil y del Sipinna, a nivel
federal, estatal y municipal, en la definición, instrumentación y
evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar los
derechos de la niñez, mediante la asignación de presupuesto y la
creación de mecanismos trasversales y permanentes".
Retos para el próximo gobierno
Mónica Yerena comenta que ante la llegada de una nueva administración,
encabezada por Andrés Manuel López Obrador, en materia de derechos
humanos uno de los primeros pasos que se tienen que dar es reconocer el
estado en el que nos encontramos. Aceptar: "Nos encontramos en un
contexto estructural de crisis profunda y necesitamos pasos profundos.
Reconocer el lugar en el que han estado las personas que han enfrentado
estas situaciones graves".
Un segundo elemento que han compartido entre organizaciones, en el marco
de lo que ha sido el EPU, "es esta falta de voluntad política, a pesar
de tener un marco normativo, no tenemos una realidad que sea acorde con
él.
"Cada cambio de gobierno es una oportunidad para repensar las
estrategias, el enfoque, la forma en cómo la política pública se
instrumenta, pero si se reconoce que el problema es un problema
estructural de fondo, donde hay causas que no han sido atendidas, es ahí
donde podría estar la clave entre tener un cambio real y no simplemente
de nombres [de partidos políticos], colores y/o, nomenclaturas", añade
la defensora de los derechos de la infancia.