“Ejercer el poder corrompe, someterse al poder degrada” (Mijail Bakunin)
Decir que el Ecuador vive una crisis compleja ya no es novedad. Tampoco es novedad decir que esa crisis responde al
desperdicio de una década cubierta por las sombras del correísmo . Todo eso ya lo sabemos, aunque
ciertos correístas, cargados de cinismo y pocas luces, aún defienden lo indefendible
. Tan indefendible es la posición de tales grupos que, hasta la caída
del caudillo del siglo XXI -Rafael Correa- parece estar consumada, al
menos en el corto plazo. Es más, todo indica que existiría un interés
mediático dentro del país en poner la
desgracia política-legal de Correa en el centro de la “opinión pública”, como si se buscara distraer a dicha “opinión” sobre cómo el “morenismo”
[1] y los grupos vinculados a éste manejan la crisis. Por su parte, fuera del país, parecen existir otros poderes que
buscan posicionar a Correa como “perseguido político” …
Ante semejante lucha de intereses y de (mal)interpretaciones de la
realidad tanto de correístas como de “morenistas”, es hora de olvidar
-al menos por ahora- a ese personaje que pudo hacer historia de la
grande, pero que
resultó un gran fraude y que ahora busca salvarse de
los fantasmas que sembró en su gobierno . Debemos hacerlo pues hay problemas más urgentes que merecen atención, pues si al
correísmo lo acusamos de empezar el retorno neoliberal y
de volver, desde 2014, al redil del Fondo Monetario Internacional , luego de más de un año de gobierno -y algunos titubeos- ya es obvio
hacia dónde va el Ecuador con Moreno : a una vil continuidad del retorno neoliberal, a un paso cada vez más acelerado y descarado.
Moreno y los suyos,
entregados abiertamente a grandes grupos de poder
, han aprovechado el desorden económico-político dejado por el
correísmo para acelerar el retorno al WC (Consenso de Washington). Así,
hemos pasado de un gobierno autoritario que
se corrompió hasta las raíces buscando poder absoluto, a un gobierno sometido por una transición neoliberal. Dicho aún más claro: el correísmo fue un
modelo de dominación burguesa que ayudó a consolidar a
varios grupos de poder nuevos y viejos , a la vez que ayudó a
destruir a la izquierda
y a los movimientos sociales ; en cambio, el “morenismo” aprovecha el
camino despejado por su antecesor para profundizar y ampliar los
espacios necesarios para que los grupos de poder locales y
transnacionales se recompongan; todo en “
un juego de conflictos, desplazamientos y alianzas entre viejas elites
empresariales y nuevas elites advenedizas en trance de consolidarse y
convertirse en viejas ” como señala Pablo Ospina
[2] .
Evidencia clara de la condición entreguista del gobierno de Moreno
frente a las pugnas de los grupos de poder es su proyecto de “
Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal
”. Una ley de gran amplitud -y no solo por su nombre- pues modifica
explícitamente 16 cuerpos legales: sin duda una nueva “ley Trole” como
aquellas aprobadas en repetidas ocasiones desde inicios de este milenio,
e incluso similar a aquellas aprobadas en el gobierno de Correa (como
veremos más adelante). Una ley que acelera la marcha ya enrumbada desde
el correísmo: instaurar el dominio del capital por “toda una vida”, como
versa uno de los eslóganes “morenistas”. Pero, mejor dejemos que los
hechos muestren por quién doblan las campanas en tiempos
cuánticos …
Del reacomodo político a las claudicaciones múltiples
Apenas apareció la “Ley de Fomento Productivo” surgieron análisis desde
múltiples vertientes. A pesar de ser una ley con claro norte
neoliberal, hubo reparos de economistas OCP (ortodoxos, conservadores y
prudentes) reclamando
mayor celeridad y profundidad en la marcha librecambista , así como de representantes de las cámaras de la producción y de comercio pidiendo a gritos
más beneficios para el capital (y que tienen eco en el gobierno como, por ejemplo, la
petición d
e una mayor flexibilización laboral ). También aparecieron
análisis críticos que evidencian los enormes beneficios que el gobierno de Moreno va a otorgar a los grupos empresariales [3]
. Desde nuestra lectura, consideramos necesario ver más ampliamente la
cuestión, entendiendo que el país está pasando por un proceso de
transición vil en donde la “Ley de Fomento Productivo” recién es una
carta de presentación del entreguismo extremo al que va a llegar el
“morenismo” para sostenerse en el poder. Y tan es así, que parecería que
el presidente Moreno se ha comprado la propuesta económica del
candidato perdedor Guillermo Lasso, quien abiertamente planteó una
salida neoliberal.
Empecemos anotando que la “Ley de Fomento
Productivo” es la versión final de un paquete de medidas que Moreno
presentó en abril de 2018 para “enfrentar” la crisis persistente de la
economía ecuatoriana. Dicho paquete era un
(rata)plan que ya
denotaba intenciones neoliberales , pues dejó en el olvido -hasta de los grandes medios de comunicación- la
propuesta semi-progresista que el mismo Moreno presentó en octubre de 2017 y enterró cualquier discusión de una
política alternativa
. Es decir, la ley no nació como una acción repentina, sino como
resultado de un reacomodo buscando la supervivencia política. Tal es así
la situación que, superado el primer año de gestión en el que Moreno
buscó consolidarse políticamente distanciándose de su sucesor, ahora se
enfoca en la economía prestando oídos -y
hasta ministerios - a las aproximaciones neoliberales.
En cuanto al contenido mismo de la ley, no es necesario entrar en
detalles para percibir que el entreguismo se desborda por todos los
poros (de todas formas, quien desee una lectura rápida de los
principales artículos de la ley, dejamos a disposición un
resumen en línea [4]
). Más bien, desde una lectura amplia, podemos destacar dentro del
proyecto “morenista” cuatro grandes claudicaciones ante el empresariado:
- “perdón y olvido” a las deudas del gran capital;
- recorte de impuestos cuando los recursos escasean;
- la potencial preconfiguración de una nueva carta de intención para el Fondo Monetario Internacional;
- y un dogmatismo monetario que lleva implícita una claudicación a la banca.
“Perdón y olvido” a las deudas del gran capital
La primera gran claudicación de la “Ley de Fomento Productivo” es todo
un paquete de “perdón y olvido” (remisión de 100%) de intereses, multas y
obligaciones en favor de deudores con múltiples instituciones estatales
(que van desde el Servicio de Rentas Internas (SRI), aduanas, agencias
de tránsito y hasta la agencia de control de aguas). Los deudores
acceden a la remisión si pagan el monto original -capital- de sus
obligaciones en plazos que van desde los 90 días hasta los dos años para
quienes puedan acceder a facilidades de pago. Con dicho paquete el
gobierno esperaría recuperar impuestos adeudados por
774 millones de dólares en tres años (602 millones en 2018, 115 millones en 2019 y 57 millones en 2020) .
Como bien destaca
Katiuska King
, este tipo de remisiones no es nuevo. Tanto en 2008 (con varias
reformas a la “Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno” y a la “Ley
de Equidad Tributaria”) como en 2015 (con la “Ley Orgánica de Remisión
de Intereses, Multas y Recargos”) ya se aplicaron varias remisiones de
multas, recargos e intereses
[5] . En 2008 se recuperaron
153,8 millones de dólares , mientras que en
2015 la recuperación fue de 970 millones
. Vemos, entonces, que el “morenismo” recurre exactamente a las mismas
lógicas del correísmo: perdonar multas e intereses a deudores del Estado
con la esperanza de rescatar fondos que permitan sobrevivir a corto
plazo; tal como aconteció en gobiernos anteriores.
Pero la
continuidad de lógicas es aún más clara si se la observa en términos de
los principales beneficiarios de las remisiones. A pesar de que la
información pública disponible es -en extremo- fragmentada, sí permite
identificar algunos patrones. Así,
en la remisión correísta de 2015 alrededor del 70% del total recaudado provino de grandes empresas , mientras que en la remisión “morenista” de 2018 según el propio gobierno, “
en monto de remisión, los principales beneficiarios serían los grandes contribuyentes ”
[6] .
En efecto, si se compara los montos de deuda que mantenían algunos de
los grandes deudores del SRI en 2015 con los montos de 2018 (ver cuadro
1) se nota que ambas remisiones iban direccionadas a perdonar deudas del
gran capital (sobre todo petroleras, telefónicas, bancos): siempre a
los mismos...
Cuadro 1. Algunos ejemplos de beneficiarios de la remisión de 2015 y/o de 2018* (millones de dólares)
Beneficiarios
| 2015
| 2018
|
Deuda total
| Intereses, multas, recargos
| Deuda total
| Intereses, multas, recargos
|
ANDES PETROLEUM
| 328,4
| 168,7
| 399,5
| 231,6
|
OCP
| NE
| NE
| 388,8
| 214,1
|
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17
| NE
| NE
| 142,7
| 79,9
|
AGIP OIL ECUADOR B.V.
| NE
| NE
| 96,7
| 62,1
|
REPSOL ECUADOR
| NE
| NE
| 98,6
| 55,6
|
EXPORTADORA BANANERA NOBOA
| 68,9
| 32,1
| 75,9
| 44,1
|
OTECEL (Movistar)
| 40,8
| 20,4
| 91,1
| 43,9
|
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16
| NE
| NE
| 67
| 37,6
|
BANCO PICHINCHA
| 190,2
| 94,9
| 35,3
| 17,5
|
PRODUBANCO
| 5,7
| 2,8
| 31,6
| 15,8
|
BANCO GUAYAQUIL
| 34,4
| 15,9
| 6,1
| 3,5
|
CONECEL (Claro)
| 194,7
| 97,3
| 6,6
| 2,7
|
SCHLUMBERGER
| 58,1
| 29,0
| -
| -
|
DINERS CLUB
| 35,9
| 17,9
| -
| -
|
PRONACA
| 18,7
| 10,3
| -
| -
|
* Información únicamente referencial pues no proviene de una misma fuente. NE: No encontrado.
Fuente:
SRI (consultado el 01 de agosto de 2018);
El Telégrafo: “
106.726 empresas deben más de $ 5.70 millones al Estado
”, 06 de mayo de 2015; e información circulada en la Quinta Convención
Nacional del Colectivo Unitario Nacional de Organizaciones Sindicales,
Indígenas y Sociales (mayo 2015).
De hecho, en 2015 se sabía que
apenas 8 empresas adeudaban al SRI 443 millones de dólares entre multas e intereses , mientras que en 2018 se sabe que
de la deuda tributaria total con el SRI de 4.379 millones de dólares
más de la mitad (2.228 millones) corresponde a deudas de los 170 grupos
económicos más importantes del país . Para completar la idea, indiquemos también que, en la remisión de 2018,
los 50 mayores deudores podrán acogerse al perdón de 1.344,7 millones de dólares , implicando una reducción de ingresos para el Estado de alrededor de 1,3% del PIB.
Otro paquete de “cuasi-perdón” (reducción cínica de 99%) de intereses,
multas y obligaciones planteado en la “Ley de Fomento Productivo” del
“morenismo” es ofrecido a los patronos en mora con la Seguridad Social.
Según fuentes oficiales, esta remisión permitiría recaudar al IESS
alrededor de
910 millones de dólares de una deuda total de 1.300 millones (se
perdonarían 390 millones) aunque tal estimación parece “optimista”
considerando que en la remisión de 2015 solo se recaudaron 145 millones
(aunque la propuesta “morenista” prácticamente duplica el plazo de
remisión patronal respecto a la propuesta correísta). Por si esto no
bastara, la ley elimina la posibilidad de que el IESS -y el Estado-
cobre a patronos por vía coactiva en los primeros 30 días en que
incurran en morosidad en sus obligaciones con la seguridad social; es
más, el IESS en ningún caso podrá cobrar al patrono las prestaciones por
enfermedad, maternidad, auxilio de funerales y el fondo mortuorio que
los afiliados lleguen a requerir en esos primeros 30 días.
Esta
combinación de perdón de intereses y multas por deudas patronales y de
dejar a los trabajadores afiliados en una situación precaria en el
primer mes de incumplimiento de pagos a la seguridad social de sus
patronos (sin posibilidad de que el IESS haga cobros por vía coactiva),
es infame. Decimos esto pues, con tales reformas sobre la Seguridad
Social, el gobierno de Moreno se atribuye el derecho a perdonar
obligaciones que los patronos mantienen no con el Estado, sino con los
trabajadores; es decir, el gobierno da facilidades patronales como si
los trabajadores no tuvieran ni voz ni voto. Pero, reiteremos, esa
tendencia
ya se la vivía con el correísmo (el cual implementó la remisión
patronal en 2015 dentro de la “Ley de Alianzas Público-Privadas”) de modo que aquí también vemos una vil continuidad.
Con semejantes “perdones y olvidos” (a más de varias facilidades de pago
[7] )
concedidos por el “morenismo” -y que ya se venían practicando en el
correísmo- definitivamente se exacerba la costumbre empresarial -sobre
todo de grandes capitales- de esperar con calma a algún gobierno urgido
por recursos para que adopte nuevas remisiones. Solo notemos que entre
las remisiones de 2015 y 2018 no han pasado ni tres años. Si bien se
podría mencionar que la propuesta “morenista” incluye la disposición de
que los beneficiarios de la remisión no podrán beneficiarse de
remisiones futuras luego de -al menos- 10 años, en nuestro país se está
volviendo habitual que la ley se vuelva letra muerta cuando los recursos
escasean…
Recortando impuestos… cuando los recursos escasean
Al mismo tiempo que el gobierno de Moreno apuesta desesperadamente a
obtener recursos perdonando intereses y multas a deudores tributarios y
patronales, busca configurar un escenario donde los capitales se sientan
libres… pero de cargas tributarias y hasta de los respectivos controles
tributarios
[8] . Así, la segunda gran claudicación de la “Ley
de Fomento Productivo” es un paquete que incluye varias exoneraciones
tributarias en favor de “nuevas inversiones productivas” tanto de
empresas nuevas como de empresas ya existentes
[9] .
Aquí destaca la exoneración del 100% del impuesto a la renta y su
anticipo para “nuevas inversiones” hechas en “sectores priorizados”
[10] ,
por 8 años si se dan en Quito y Guayaquil y por 12 años si se dan en el
resto del país (20 años para cantones fronterizos). El plazo aumenta a
15 años para inversiones en industrias priorizadas, industrias básicas,
agroindustria y sectores agroasociativos. Incluso la exoneración se
amplía a las alianzas público-privadas enfocadas a inversiones
productivas en agua potable, saneamiento, alcantarillado pluvial (ya
introducidas en el correísmo). Hasta se reforma la ley de empresas
públicas, eliminando la mención de que las asociaciones público-privadas
hagan caso al artículo 318 de la Constitución sobre no-privatización
del agua: una disposición del “morenismo” a todas luces
inconstitucional, es decir que va en contra
del espíritu de Montecristi que Lenín Moreno ofreció recuperar .
Asimismo, la ley otorga exoneraciones si las “nuevas inversiones”
generan “empleo neto” pero no define qué implica tal concepto, lo cual
puede crear espacios favorables para una mayor flexibilización laboral,
aspiración eterna de las cámaras de la producción y de los economistas
OCP.
Algo rescatable en este punto de la “Ley de Fomento
Productivo” es la exoneración por 20 años para micro, pequeñas y
medianas empresas dedicadas al turismo, así como empresas dedicadas al
turismo comunitario. Sin embargo, a más de la duda de cómo se definirá a
este tipo de empresas, está la cuestión de que el turismo en general
-pequeño y
grande- ya ha recibido importantes exoneraciones
[11] .
Además, la propia ley crea un “Fondo Nacional para la Gestión
Turística” de carácter público, encaminado a financiar actividades
turísticas en general (pequeñas y grandes); fondo con duración de cuatro
años y financiado -parcialmente- con asignaciones presupuestarias. Aquí
la duda evidente es por qué no se asignó dicho fondo solo para micro,
pequeñas y medianas empresas turísticas…
Todas estas
exoneraciones “morenistas” del impuesto a la renta son extremas, pero no
implican rupturas drásticas con lo que ya se hacía antes. Recordemos
que ya se dieron “renuncias fiscales” en el correísmo, por ejemplo, en
2010 con el Código Orgánico de la Producción y luego en 2015 con la Ley
Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas.
Recordemos que en 2010 el gobierno de Correa dispuso reducir
progresivamente la tasa del impuesto a la renta para sociedades de 25%
al 22% (
la cual se alcanzó en 2013 ); dicha
tasa volvió al 25% para empresas medianas y grandes recién en 2018,
resultado de una de las poquísimas medidas semi-progresistas que el
“morenismo” ha implementado . Como bien señala -nuevamente-
Katiuska King, tal reducción de 3 puntos del impuesto a la renta habría
implicado un “sacrificio tributario” de 300 millones de dólares . Volvemos, pues, a encontrar una vil continuidad entre correísmo y “morenismo”.
También dentro de la “Ley de Fomento Productivo” se plantea exonerar el
impuesto a la salida de divisas, el cual se deberá devolver a sectores
que requieran de importaciones para generar exportaciones; asimismo, se
exonera a las importaciones de materias primas y bienes de capital
importados para “nuevas inversiones productivas” (en ambos casos, se
exonera incluso a productos importados que estén disponibles en el
mercado local). Igualmente se exonera a los pagos al exterior por
concepto de dividendos si el 50% de las utilidades se reinvierten en el
país. Además, el presidente de la República podrá reducir el impuesto
según la evolución de las finanzas públicas y de la balanza de pagos.
Tales exoneraciones serían aceptables si se hubieran dirigido a las
importaciones de empresas pequeñas y medianas, pero dicha distinción
simplemente no existe en la ley.
Y aún hay más exoneraciones y
perdones “morenistas”, encaminados incluso a continuar con la senda
extractivista trazada por Rafael Correa,
que abrió, por ejemplo, la puerta al festín minero del siglo XXI :
En la minería: se deroga el impuesto a los ingresos extraordinarios y se lo elimina de la ley de minería (justamente ese
impuesto se intentó perdonar en el correismo a las mineras usando la fenecida ley de plusvalía
y ahora se lo elimina de un plumazo); se cambia el monto de regalías
mineras para el Estado de una tasa fija de 5% a una tasa variable de 3% a
8%; se quita la mención de las tasas específicas que las mineras deben
pagar por impuesto a la renta, impuesto sobre utilidades e impuesto al
valor agregado; se retira cobro de 4% de regalías a la mediana minería;
se deja la definición de los montos de regalías a una fórmula a
plantearse posteriormente en el reglamento de la ley
[12] …
En los hidrocarburos:
se elimina la mención de que el Estado reciba, al menos, 50% de
ingresos extraordinarios por diferenciales de precios de exportación de
petróleo y se la reemplaza por una mera indicación de que la
participación estatal se ajustará según el precio de referencia y el
volumen de producción.
Toda esta claudicación de ingresos
fiscales -durante los próximos 10 a 20 años- hace saltar la siguiente
interrogante: ¿de dónde saldrán los recursos que compensen la menor
recaudación tributaria y que le permitan sobrevivir al gobierno de
Moreno sus próximos años de mandato?, ¿será suficiente lo que se recaude
por remisiones de intereses y multas?
Es evidente que no por
la limitada capacidad de recaudación de éstas (recordemos, apenas 774
millones de dólares en tres años). Aunque la acción del gobierno parece
en extremo contradictoria (buscar ingresos por remisión al mismo tiempo
que se perdonan impuestos), la paradoja tiene una clara solución desde
el lúgubre discurso neoliberal: es hora del ajuste… de más
extractivismo, y hasta de revisar los subsidios de los combustibles
(tema que analizaremos por separado).
Prefigurando una nueva carta de intención para el FMI
La situación fiscal ecuatoriana es compleja pues al final del correísmo
y al inicio del “morenismo” se han combinado dos tendencias
asfixiantes:
a) una caída-estancamiento de los ingresos
tributarios y petroleros (aunque cabe anotar la recuperación de la
cotización del crudo ecuatoriano, la cual entre junio de 2017 y mayo de
2018 pasó de 40 a 64 dólares el barril);
b) un incremento permanente de los salarios públicos y de los intereses de la deuda externa pública.
El resultado de estas dos tendencias es un déficit fiscal persistente (primario
[13] y global) que tanto el gobierno de Correa como el de Moreno han intentado contener usando la deuda externa como
respirador artificial y reduciendo drásticamente la inversión pública (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Tendencias asfixiantes de las finanzas públicas (millones de dólares)
Transacción \ Año
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
|
Ingresos por exportaciones petroleras
| 11.433
| 10.906
| 6.487
| 5.402
|
Impuesto al valor agregado
| 6.376
| 6.352
| 5.400
| 5.979
|
Impuesto a la renta
| 4.161
| 4.734
| 3.640
| 3.764
|
Sueldos y salarios
| 9.478
| 9.904
| 10.014
| 10.365
|
Intereses deuda pública externa
| 829
| 1.143
| 1.335
| 1.850
|
Inversión púbica total (a)
| 13.980
| 10.178
| 10.293
| 8.648
|
Déficit fiscal primario (b)
| -4.291
| -4.519
| -5.753
| -2.444
|
Déficit fiscal global
| -5.314
| -5.940
| -7.314
| -4.653
|
(a): Formación bruta de capital fijo del gobierno central, gobiernos autónomos y empresas públicas.
(b): Saldo fiscal descontando el pago de intereses de deuda pública externa e interna.
Fuente: BCE, información estadística mensual. Elaboración propia.
Considerando esta información, es infame que el correísmo haya
recurrido, y que el “morenismo” siga recurriendo, a remisiones
tributarias y, especialmente, a reducciones -o exoneraciones- del
impuesto a la renta cuando era urgente que ese impuesto se recupere.
Sobre todo, es indignante que en los años de crisis el peso del impuesto
a la renta sobre los ingresos de los grandes grupos económicos del
país, según datos del SRI, se haya mantenido estancado en menos de 2,4%
en todo el período 2014-2016. Ese peso debía subir. Pero más bien, tanto
el gobierno de Correa como el de Moreno han preferido sostener los
gastos salariales y contraer la inversión pública, es decir, contraer
quizá el elemento más dinamizador del gasto gubernamental, generándose
incluso una potencial tendencia procíclica (acentuando la crisis)…
Así, la asfixia fiscal combinada con la decisión del gobierno de Moreno
de no hacer pagar a los grandes grupos económicos los costos de la
crisis, y los múltiples paquetes de “perdones y olvidos” que previamente
hemos analizado, hacen ver que el problema fiscal será enfrentado de la
forma más ortodoxa posible: la consolidación de un ajuste fiscal al
típico estilo neoliberal, con la salvedad de que ese ajuste se viene
realizando ya desde el correísmo con la reducción de la inversión
pública.
Y, en efecto, la tercera gran claudicación de “Ley de
Fomento Productivo” “morenista” prefigura, en términos fiscales, una
potencial carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
Afirmamos esto pues la ley -a más de plantear algunas decisiones que
ojalá transparenten el manejo de la deuda pública- dispone
reglas fiscales en
donde el Presupuesto General del Estado no puede tener déficit en su
resultado primario ni mostrar un gasto del gobierno central mayor a la
“tasa de crecimiento de largo plazo de la economía”. Esta disposición se
complementa con otra en donde se indica que los ingresos de explotación
de recursos naturales no renovables que superen lo presupuestado
-reiteremos, con un gasto público limitado
ex ante- se destinarán
a un “fondo de estabilización fiscal” que brinde sostenibilidad a las
cuentas públicas y/o permita ejecutar gastos de educación y salud.
Aunque la ley no aclara qué es la “tasa de largo plazo” ni cuál es su
cuantía o su estimación, la disposición de incluir simultáneamente la
limitación del gasto público y la canalización de recursos excedentarios
a un fondo que estabilice las cuentas públicas muestra similitudes
aberrantes con la
Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal
expedida en 2003 y que creó el “Fondo de Estabilización, Inversión
Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público” (FEIREP)
. Recordemos que, entre otras cosas, dicha “Ley de Responsabilidad…”
estableció que el gasto fiscal real no puede crecer sobre el 3,5% anual
más el deflactor del PIB, a la vez que cualquier excedente fiscal fluía
automáticamente al FEIREP. Así, sin importar el tipo de ingresos extras
del Estado -p.ej., una donación externa-, no se podía aumentar el gasto
público más allá del límite establecido. Nótese que esto frenaba
automáticamente a la inversión pública y social. De haber seguido
indefinidamente tal “esquema exitoso”, recién en 47 años el Ecuador
-según un estudio de UNICEF- habría alcanzado la inversión social per
cápita promedio de América Latina: 540 dólares, frente a los 130 dólares
de la época del coronel Lucio Gutiérrez.
La “prudencia” del
coronel apuntaba a ahorrar en época de vacas gordas no para que la
sociedad disponga de reservas en los años críticos, sino para poder
mantener el servicio de la deuda externa en época de vacas flacas. Una
situación aberrante, pues priorizando el pago de la deuda no se ha
beneficiado nunca el país, por más que se reitere lo contrario
[14] .
Aquí cabe aclarar lo siguiente: una cosa es crear mecanismos que
fortalezcan las reservas internacionales y ayuden a administrar
adecuadamente la liquidez doméstica (lo cual es clave para la economía
ecuatoriana dolarizada y
se pudo lograr en la década correísta usando solo una fracción -no la totalidad- de los excedentes petroleros estatales [15]
); otra cosa muy diferente es crear fondos automáticos del total de
excedentes petroleros y usarlos para sostener las cuentas públicas. No
es lo mismo administrar liquidez (lo cual puede implicar, entre otras
cosas, la ejecución adecuada de políticas contra-cíclicas) que usar los
fondos guardados para garantizar, entre otras cosas, el pago de
intereses de la deuda externa (recordando que ese es uno de los gastos
públicos corrientes de mayor crecimiento dentro de las cuentas
fiscales). Justamente el FEIREP se usó como garantía de pago del
servicio de la deuda externa y sería aberrante que suceda lo mismo con
la “Ley de Fomento Productivo”. Penosamente las puertas a esa
posibilidad han quedado abiertas de par en par…
A más de que la
ley “morenista” plantea reglas fiscales sobre el gasto, también plantea
reglas sobre el manejo del endeudamiento público. Así, mientras que por
un lado se ratifica que el techo legal de la ratio deuda/PIB es de 40%,
por otro lado, se dispone que el período 2018-2021 es de
“estabilización” y que durante el mismo no rige el techo legal de la
deuda. Más bien, durante la “estabilización” se aplicará un plan de
sostenibilidad fiscal que “optimice” el gasto público y reduzca el
déficit primario cada año hasta alcanzar el equilibrio en 2021 (pudiendo
extenderse el plazo si surgen gastos no programados de obligatorio
cumplimiento); alcanzado el equilibrio primario se aplicaría un “plan de
fortalecimiento y sostenibilidad fiscal” para llegar a una ratio
deuda/PIB de 40% a
largo plazo (sin saber a ciencia cierta cuándo realmente se cumplirá dicho plazo).
Más allá de los planteamientos dogmáticos hay un exceso de
discrecionalidad pues en la ley se establece que, en caso de existir
riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales, se aplicarán mecanismos
de “corrección automáticos” y planes de “sostenibilidad fiscal”
[16] .
¿Qué quiere decir “corrección automática”? Al menos la ley no lo
aclara, y con eso queda abierta una puerta -hasta discursiva- en favor
de los supuestos mecanismos de ajuste automático del libre mercado.
A criterio de
Wilma Salgado
, las metas de ajuste propuestas en la ley, tanto a nivel de deuda como
de déficit primario, muestran condiciones que pueden ser tan o hasta
más drásticas que aquellas que el Fondo Monetario Internacional ha
solicitado, por ejemplo, a Argentina en el acuerdo Stand By alcanzado en
junio de 2018. Aquí cabría anotar la salvedad de que a Argentina el FMI
la condicionó para concederle un crédito de 50 mil millones de dólares,
mientras que Ecuador está auto-condicionándose. Por cierto, dicho
auto-condicionamiento no es gratuito, pues el FMI cada vez se acerca más
al país,
Aunque es necesario un análisis muy profundo para
comprender la real magnitud que tomará el ajuste -pues al momento lo
único claro es la existencia de un mega-abanico de posibilidades
neoliberales-, algunos indicios empiezan a palparse. Así, la ley
“morenista” dispone suspender dentro del sector público la creación de
puestos de trabajo vía contratos ocasionales y concursos de méritos y
oposición hasta analizar la “real necesidad de permanencia y creación de
puestos”.
Tal disposición se conjuga con la declaración oficialista de que se revisaría la situación laboral de
160.000 funcionarios públicos que estarían empleados de forma
“irregular” (entre nombramientos provisionales y contratos ocasionales
extendidos más allá del límite legal) [17] , y que
se abrirían concursos para regularizar a 70.000 empleados entre 2018 y 2019 [18] . Todo esto con el claro propósito de reducir la masa salarial pública, tomando en cuenta que
solo para pagar contratos ocasionales el Estado requiere anualmente de 1.300 millones de dólares .
Si bien es crucial revisar la masa salarial pública (recordemos que
ésta ha crecido en todo el período 2014-2017 aún en medio de la crisis,
ver cuadro 2), dicha redimensión no debería empezar con los trabajadores
más vulnerables. Lo primero que debería hacerse, a nuestro criterio, es
un ajuste serio sobre los megasueldos de la burocracia dorada:
apenas 38.700 funcionarios perciben un ingreso promedio de 58.100 dólares al año [19]
, representando una masa salarial de más 2.200 millones de dólares
anuales (es decir, un monto mayor al que representa el gasto en
contratos ocasionales). Luego de redimensionar a esa burocracia dorada,
se debería estudiar cada caso particular de empleo público.
En
definitiva, podemos empezar a intuir que el ajuste neoliberal
“morenista” va a ser grande y, como siempre, ni los grandes grupos
económicos y quizá ni la burocracia dorada serán quienes paguen los
costos de la crisis. Y mientras esto sucede, hay algunos personajes muy
particulares que se frotan las manos por las potenciales ventajas
-explícitas e implícitas- que la “Ley de Fomento Productivo” les ofrece.
Nos referimos a la gran banca privada.
Dogmatismo monetario y claudicación a la banca
En una sociedad, quienes tengan la capacidad de influenciar sobre la
dinámica monetaria son, al mismo tiempo, quienes detentan un gran poder
(hasta podríamos decir que detentan un “
suprapoder monetario
”). Más aún en una economía dolarizada como la ecuatoriana, donde la
capacidad de influenciar en la dinámica monetaria se encuentra
restringida por la incapacidad de emitir moneda propia. Es muy
importante tener presente este detalle, pues la cuarta gran claudicación
de la “Ley de Fomento Productivo” “morenista” se encuentra en varias
disposiciones que, a primera vista, se muestran como claro ejemplo de
dogmatismo monetario, pero al reflexionarlas con detenimiento,
evidencian el entreguismo total del gobierno de Moreno a la gran banca
oligopólica del país.
Respecto al dogmatismo monetario, la ley
dispone que el Banco Central del Ecuador (BCE) no puede invertir ni en
Certificados de Tesorería (CETES) ni en ningún otro título valor emitido
por el Estado o por sus instituciones (especialmente por el Ministerio
de Economía y Finanzas); tal prohibición se extiende a todas las
instituciones financieras públicas, siempre que éstas usen recursos de
inversión doméstica provenientes del Banco Central del Ecuador.
Si bien en el correísmo se llegó al extremo de usar al Banco Central
casi como “caja chica” por medio del pésimo manejo que éste hizo de las
reservas internacionales, tanto al prestarlas de forma irresponsable al
gobierno central como al inyectarlas a la banca pública para que ésta
financie la fallida “transformación productiva” [20] ,
ahora con el “morenismo” pasamos al otro extremo: el Banco Central
pierde cualquier posibilidad de inyectar liquidez a las instituciones
públicas vía compra de títulos u otras obligaciones.
¿No se
podía poner reglas más claras, y límites estrictos, en vez de quitarle
completamente un instrumento de política monetaria al Banco Central? Por
ejemplo, se pudo disponer que las compras del Banco Central en títulos
valores de las instituciones públicas no exceda un determinado
porcentaje de las reservas internacionales
[21] y, sobre todo,
que los fondos obtenidos de dicha compra se usen estrictamente en
proyectos de inversión pública y jamás en gasto corriente
[22] .
Sin embargo, este tipo de planteamientos es obvio que está fuera del
horizonte neoliberal, el cual parecería que prefiere que el Estado
obtenga financiamiento caro mientras se tiene recursos internos
remunerados a tasas de interés bajísimas en bancos internacionales (un
negocio redondo hasta para los especuladores).
Si el Banco
Central pierde de forma drástica la capacidad de influencia monetaria,
¿quién gana? Pues los otros agentes económicos que pueden influenciar en
la dinámica monetaria de nuestro país dolarizado, es decir, la gran
banca privada (recordemos que ésta influye por medio de la concesión de
créditos, la generación secundaria de dinero y hasta con el potencial de
repatriación de dólares).
Es decir, al quitarle funciones al
Banco Central implícitamente se le otorga mayor poder monetario a la
banca privada, lectura que concuerda completamente con otras
disposiciones de la “Ley de Fomento Productivo” donde el entreguismo
“morenista” es explícito: se deja de identificar a personas con mayor
influencia dentro del sistema financiero según su propiedad patrimonial;
se encarga el manejo de datos crediticios individualizados a la
Superintendencia de Bancos y Seguros, información que podrá
comercializarse a bancos y demás agentes económicos que deseen valuar el
riesgo crediticio; y hasta se propone que, desde la vigencia de la ley,
hay 120 días para armar un “programa de diversificación de inversiones”
en donde la banca pública deberá ampliar su portafolio invirtiendo en
títulos valores del sector privado
[23] .
Queda claro,
entonces, que la “Ley de Fomento Productivo” continúa con la
claudicación del gobierno de Moreno frente a la gran banca; claudicación
que, de hecho, ya se evidenció cuando el “morenismo” entregó a esa
banca hasta el manejo del dinero electrónico. Pero, una vez más, no
olvidemos que la banca no solo está ganando con Moreno, sino que ya ganó
-y demasiado- con el
propio correísmo
. Así que, aun cuando el entreguismo “morenista” es extremo, no es más
que la evidencia de un proceso que ya se venía dando desde antes, un
proceso en donde
la banca gana… ¡siempre!
Correísmo-“morenismo”: matices de una vil continuidad neoliberal
Las cuatro grandes claudicaciones que posee la “Ley de Fomento
Productivo” propuesta por el gobierno de Moreno definitivamente no
marcan una ruptura con los últimos años del gobierno de Correa. Al
contrario, y que no quepa ninguna duda: correísmo y “morenismo” apenas
son matices de una vil continuidad neoliberal. Si a dicha continuidad
sumamos todo lo que está por venir, incluyendo una potencial
eliminación abrupta de subsidios hasta la
total apertura del país a tratados comerciales , que incluye la aproximación a
la Alianza del Pacífico antes
combatidos hasta la saciedad ; no olvidemos que Correa,
como se anticipó oportunamente , ya dejó abierta esta puerta con la firma del tratado comercial con la Unión Europea en 2016.
Además, la supuesta esperanza de que con “perdones y olvidos”, con
remisiones y reducciones, se generarán incentivos para atraer inversión y
crear empleo ya es demasiado trillada y carente de sustento. Una y otra
vez se han dado medidas de esta naturaleza. Y una y otra vez no se han
cristalizado en las prometidas nuevas inversiones, así como tampoco en
las ansiadas reactivaciones económicas. Para muestra basta recordar -una
vez más- la remisión de 2015 hecha durante el correísmo y que fue
incapaz incluso de evitar la caída de la recaudación tributaria en 2016 y
2017, ni fue capaz de evitar que la economía ecuatoriana se estanque ya
por tres años: entre 2014 y 2017 el PIB per cápita ha caído de 6.347 a
6.143 dólares anuales por persona.
Desde el punto de vista de
los sectores populares -quienes ya están pagando la crisis y la seguirán
pagando por varios años más-, definitivamente las opciones son cada vez
más evidentes: o se acepta ser partícipe del entreguismo “morenista” y
se deja que el neoliberalismo llegue a dónde nunca llegó -ni siquiera en
la década perdida de los años ochenta, por ejemplo, con la imposición
de la megaminería y la suscripción del TLC con la Unión Europea-, o se
reactiva la lucha popular. Penosamente, la década correísta ha dejado
destrozada a la izquierda y duramente golpeados a los movimientos
sociales, los cuales -admitámoslo- también se han hundido por sus
propios graves errores. Resultado de ello, muchos movimientos sociales
-y hasta sindicales- están perdiendo el norte al empantanarse en el
“carga montón” que se hace sobre Correa
[24] . ¡Ahí no está la
lucha! La lucha es contra el capital… en especial en contra de sus
versiones neoliberales de política económica y de forzado extractivismo
que ahonda nuestra característica de economía primario-exportadora.
Sí, hemos salido del cinismo correísta, pero para entrar en una
mutación aún peor. Las claudicaciones “morenistas” son clarísimas. Así
que ya no hay tiempo para ambigüedades. Las alternativas históricas de
los sectores populares y sus dirigencias son dos: sumisión… o
resistencia.-
Notas:
[1]
Usamos el término “morenismo” entre comillas pues, en realidad, el
gobierno de Moreno no centra su poder en la imagen de su presidente.
Cosa diferente sucedía con el correísmo, el cual sí centraba su poder en
la imagen de Correa bajo la forma de caudillo.
[2] Ver el artículo de Pablo Ospina: “La orden de prisión a Rafael Correa y las denuncias de corrupción” (
Rebelion.org , julio 07 de 2018).
[3]
Recomendamos, en particular, los artículos de Wilma Salgado: “Paquetazo
para “toda una vida” en el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad
y Equilibrio Fiscal” (Ecuador Debate No.104 y
Ecuador Today ) y de Katiuska King: “Ley de Fomento Productivo: Nueva amnistía, fomento a evadir impuestos” (
blog personal ).
[4] Dicho resumen se elaboró a partir del
veto presidencial del 18 de julio de 2018 .
[5] Antes del correísmo únicamente se han hecho remisiones en 1971 y en 1997.
[6] Ver las declaraciones de la directora del SRI recogidas por
Ecuador TV: “
Menos del 1% de beneficiarios de la remisión tributaria son grandes contribuyentes
”, junio 27 de 2018. Es llamativo que el discurso oficial trate de
“dorar la píldora” argumentando que, si bien en monto los grandes
contribuyentes son los principales beneficiarios de la remisión, en
número de contribuyentes se beneficia más a los pequeños. Si los grandes
contribuyentes en el país son minoría, eso se debe a una excesiva
concentración de los mercados.
[7] Por ejemplo, la ley
propone que los deudores usen los intereses y multas ya pagados -incluso
por vía coactiva- como si fueran adelantos de capital, de modo que
pueden reducir el saldo de deuda que deben pagar para acceder a la
remisión. Para más detalles, revisar el
resumen de la ley disponible en línea .
[8]
Tales son los “vientos de libertad” que da la ley “morenista” al
capital que hasta dispone la caducidad en 6 años -como cualquier forma
de no declaración tributaria- a las causas originadas por tributos
declarados con gastos inexistentes o con facturas de empresas fantasmas.
Asimismo, otorga a los inversionistas extranjeros una “residencia
temporal de excepción” con un visado renovable cuantas veces desee el
peticionario, sin límite de estadía y extensible a cualquier agente que
desee hacer negocios en el país.
[9] En el caso de
empresas ya existentes, la exoneración aplica de manera proporcional a
las “nuevas inversiones productivas” que éstas hagan (excepto
transferencias de activos entre sociedades). Es decir, todas las
empresas ya existentes pueden acogerse a las exoneraciones del impuesto a
la renta y del impuesto a la salida de capitales incluidas en la “Ley
de Fomento productivo” simplemente replanificando sus inversiones.
[10]
Los sectores priorizados, según la normativa acorde a la “Ley de
Fomento Productivo” son: a) sector agrícola; producción de alimentos
frescos, congelados e industrializados; b) cadena forestal y
agroforestal y sus productos elaborados; c) metalmecánica; d)
petroquímica y oleoquímica; e) farmacéutica; f) turismo, cinematografía y
audiovisuales y eventos internacionales; g) energías renovables
incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; h) servicios
logísticos de comercio exterior; i) biotecnología y software aplicados;
j) exportación de servicios; k) desarrollo y servicio de software,
producción y desarrollo de hardware tecnológico, infraestructura
digital, seguridad informática, productos y contenido digital, servicios
en línea; l) empresas de servicios de eficiencia energética; m)
industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables; n)
sector industrial, agroindustrial y agroasociativo; ñ) los sectores de
sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, que
mediante Decreto Ejecutivo determine el Presidente de la República, con
base en las recomendaciones que para el efecto emita el Consejo
Sectorial de la Producción.”
[11] Ejemplos de la
reducción del impuesto a la renta en el turismo son: la ya mencionada
exoneración de 12 años cuando se generen ingresos por nueva inversión;
exoneración de 10 años para inversiones que actúen como ZEDES (zonas
francas y de desarrollo) turísticas, y para los siguientes 10 años una
rebaja de 10 puntos en el impuesto a la renta.
[12]
Aquí aparece, una vez más, el poder de los reglamentos, en los que a la
postre se definirán -léase, se ampliarán- los beneficios para los
inversionistas.
[13] El resultado primario equivale al
saldo global del sector público descontando el servicio de deuda pública
correspondiente a intereses (ver
metodología de la información estadística mensual del Banco Central, p.71 ).
[14] Ver el libro de Alberto Acosta (2012):
Breve Historia Económica del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional (tercera edición), p.270.
[15]
Para una simulación muy simple que evidencia cuán posible era
fortalecer reservas internacionales con una fracción de excedentes
petroleros manteniendo incluso el financiamiento de las importaciones de
derivados deficitarios, puede verse el libro de Alberto Acosta y John
Cajas Guijarro (2018):
Una década desperdiciada. Las sombras del correísmo. Quito: CAAP,
pp.232-233 .
[16]
Por cierto, todas estas reglas macrofiscales pueden modificarse en
casos excepcionales con la aprobación de la Asamblea Nacional o por
petición del Presidente de la República vía decreto de Estado de
Excepción.
[17] Ver la declaración de uno de los consejeros del Presidente de la República recogida en el artículo de
El Comercio: “
160 000 servidores públicos, en situación irregular ”, 2 de julio de 2018.
[18] Ver la declaración del Ministro de Trabajo recogida en el artículo de
Agencia Andes: “
Ministro de Trabajo anuncia regularización de contratos en el sector público ”, 4 de julio de 2018.
[19] Al respecto ver el artículo de Pablo Dávalos en
Plan V: “
Una élite de 38.700 funcionarios gana más de USD 3000 al mes ”, 27 de abril de 2016.
[20] Sobre el tema puede revisarse el libro ya citado de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018),
pp.86-90 .
[21]
Porcentaje que podría definirse estudiando cuál es el nivel óptimo de
reservas que debería mantener una economía en dolarización.
[22]
Asimismo, se pudo disponer que dentro de las cuentas fiscales siempre
exista una clara distinción entre los fondos que por ley únicamente
deberían usarse en inversión pública, de los fondos que deberían cubrir
gasto corriente. Es decir, se pudo proponer la descomponer de la llamada
“cuenta única del tesoro” en subcuentas con fondos que, por ley, sean
intransferibles entre sí. Con eso hasta se podría
evitar el ocultamiento del financiamiento de gasto corriente con deuda externa pública .
[23]
En medio de tal maraña de concesiones, apenas como una mera genuflexión
se propone generar un fondo para el fomento productivo de la Economía
Popular y Solidaria con el 50% de las utilidades de la banca pública. De
hecho, esa es uno de los poquísimos apoyos incluidos en la ley
“morenista” a la Economía Popular y Solidaria, a pesar de que ésta
cumple un papel crucial en hasta en la subsistencia del país.
[24]
Esto no implica, de manera alguna, que estemos abogando por abandonar
la lucha contra la corrupción y los masivos abusos de poder del
correismo.
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano.
Profesor universitario. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de
la Asamblea Constituyente. Ex-Candidato a la Presidencia de la
República.
John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano.
Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Estudiante de doctorado
en economía en FLACSO-Ecuador.
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