jueves, 9 de agosto de 2018

La cuestión de la seguridad en el nuevo régimen obradorista

Señor López Obrador, ¿sabe lo que es el internet de las cosas? O en otras palabras: ¿Le va a dar armas al pueblo?

A manera de broma, burlándome un poco de la candidata que en un debate televisado menospreciaba a quienes no sabemos ¡qué es el internet de las cosas!, resulta que es una manera muy básica de comprender los recursos técnicos que existen para que se exprese el internet, la web, la interconexión, la red de información global. De la misma manera que la Seguridad puede y debe ser entendida para el nuevo régimen que no termina de definir qué hará con el tema de la Seguridad nacional y la tan manoseada, seguridad pública. La primera, tradicionalmente a cargo del ejército, la segunda a cargo de la policía civil, aunque confundidas en las épocas del terrorismo en el que nos han hecho vivir y como una fuente inagotable de abuso de poder legitimado.
Señor López Obrador, amablemente le pregunto, ¿Sabe cuál es la historia de las policías latinoamericanas y sabe que hasta la fecha la agenda de seguridad ha sido siempre regional? Es importante que georeferenciemos primeramente el origen histórico de los usos de las políticas de seguridad pública sobre la Tolerancia Cero, a las que usted ya ha recurrido cuando fue jefe de gobierno, y ese centro debe ubicarse en Centroamérica. No en Estados Unidos donde se cree que fue implementado con mayor éxito este modelo, aunque agenda si era la de la contención de población migrante y para que no regresaran los miles de deportados. Y ese arrastre desde los regímenes dictatoriales en América Latina formaron a las nuevas policías de la posguerra centroamericana, esto es, en los años noventa las policías se formaron con altos mandos de las ex policías de las dictaduras chilena y brasileña.
¿Cómo impactó la agenda securitaria tan aplaudida por el imperialismo en la configuración de los poderes fácticos en México? Si las empresas multinacionales son capaces de utilizar paramilitares para fomentar corredores turísticos, como en el desplazamiento forzado del pueblo de Ostula en Oaxaca –dentro del cobijo de la “guerra contra el narcotráfico”; que se puede controlar poblaciones enteras a través de la violencia desbordada y cobijada por el estado (cuando son los propios militares y policías federales quienes desaparecen a los más). Por qué el estado no recurriría a la legitimación de grupos mercenarios, tratantes, jóvenes sin comunidad, o en vez de eso se sienta a escuchar (y después a apoyar) cómo las comunidades indígenas asediadas han hecho para autodefenderse; cómo le hacen las feministas para autodefenderse; cómo le hacen las organizaciones de mujeres y otras comunidades diversas para no morir, pero no frente al crimen, sino ante el despojo que sustenta todo proceso de violencia, corrupción e impunidad.
En la región centroamericana las condiciones llamadas “excepcionales”, donde la violencia parece ser el principal problema social, se revelan autoritarismos forjados a punta violenta durante siglos. La desigualdad social intrínseca a una periferia de los centros económicos más pujantes, como es Centroamérica, sobre todo el triángulo del norte compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, donde los patrones de acumulación originaria se ejercieron gracias a la industria agroexportadora y extractiva que consolidaron oligarquías y después élites financieras del siglo XIX al XXI. Donde se configuró el proceso de transformación de meras repúblicas bananeras a clientes de los clientes que se contratan para las empresas exportadoras de banano para las multinacionales financieras. A lo largo de este proceso de devastación de la producción local, y concentración de la producción, distribución y circulación de los productos, estaban los desplazamientos forzados, el esclavismo (o presos con derecho al trabajo forzado), explotación laboral, o la marginación, por la necesidad de uso de los territorios y control de sus poblaciones, incluso para sacarlas de ahí. Con las masacres quedaron impunes antes y durante las guerras civiles que fueron el punto cúspide de la indignación popular.
Este panorama implica conocer la historia de cómo se obligó a trabajar a las poblaciones en los negocios de otros más poderosos, porque fue por la conformación de un tipo de estado latinoamericano que monopolizó la violencia por medio de la propia violencia contra sus pueblos. Y esa, “nuestra” “cultura violenta”, que ahora solo se coloca sobre las pieles morenas de los de abajo hacinados, ha tenido momentos de álgido poder punitivo en Centroamérica con características de nuestro siglo; instituyendo políticas disciplinarias y de castigo desde los siglos del avasallamiento español hasta los militarismos del siglo XX. Con la construcción de las cárceles o por lo menos de su idea, que viene siempre acompañando la fase de acumulación capitalista. Junto con los más anquilosados patriarcalismos y crímenes de odio contra mujeres o por orientaciones sexuales y de género diversas.
En este sentido, la producción del Otro/Otra, se ha hecho carne en el derecho y en los sistemas culturales educativos contemporáneos, después de largos años de poder patriarcal, poder punitivo y poder saber colonizado-racializado. En la actualidad, bajo las directrices de los poderes globales del siglo XXI, que son parte intrínseca de las argamasas de la estructura de clases y de la anatomía del poder nacional, emana la violencia estructural y las propias de la fenomenología de la violencia: por poder, riqueza y prestigio, porque se tiende atribuir a la violencia social (de manera simplista y beligerante) a los sujetos delincuenciales o a los que protestan socialmente; las causas de la debacle moral.
E l derecho se ha ido transformando en la fuente de legitimidad de ese orden, según la lógica centrada en el Estado que controla las sociedades. Los encarcelamientos masivos a partir de las Leyes antiterroristas y antipandillas se entrecruzan con los intentos por “humanizar” al sistema penitenciario y han corrido a cargo de posiciones aún disueltas de jueces “activistas” ^² , pretendiendo incorporar un derecho (pluralista en algunos casos o por lo menos con amplia “utilería” para interpretar judicialmente) que contenga o reduzca al populismo punitivo ^³ que conduce masivamente a jóvenes y no jóvenes acusados de pandilleros, entre ellos a muchos pandilleros, a pasar crueles meses o años en las cárceles sin posibilidad de rehabilitación y reinserción concreta.
¿Pero qué pasa con las formas del Estado patriarcal? ¿Cómo se transforma?
Como diría Carlos Montemayor, somos testigos del desmantelamiento del Estado desde un proceso inédito de neoliberalismo, en donde “no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización del Estado, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país”. Definiendo el programa local, estatal o federal de las diversas áreas políticas y sociales. Aunque no se vuelve omiso para darles poder y beneficios a quienes decide erigir como monopolios.
La historia de cómo se repartieron los cultivos de amapola o mariguana entre los primeros capos de la droga tuvo vinculación directa con altas cabezas del cuerpo de seguridad nacional y para consumo del ejército estadounidense. Así también la financiación de la CIA para la transportación de armas a nuestros países centroamericanos, primero para fortalecer a la Contra nicaragüense después para sostener poderío y los canales de venta de armas que liberó; el lavado de dinero recorriendo a toda la región mexicano-centroamericana y colombiana; para continuar con negocios de turismo y comercio con grandes cantidades de mano de obra explotada, trata de niñas y mujeres a gran escala; y ahora el gran negocio de las inmobiliarias. Como si no se sustentaran en toda la repartición del territorio anterior, estos procesos son usualmente negados por los aparatos de “procuración de justicia” mexicana, y se centra gracias a sus corrompidas Subprocuradurías de atención a delitos de delincuencia organizada, quienes definen a quienes perseguir y si lo hacen sólo se centran en quién transporta o vende los narcóticos; por supuesto, la causa sobre los procesos en los que se sustenta el despojo, la explotación y la esclavitud de mujeres, es dejado a un lado por no ser de su competencia. Por ello se justifica un desmantelamiento útil para una impunidad que deja paso libre a la corrupción y a la repartición, pero no detiene la explotación ni el despojo.
Si bien la corrupción ha hecho que las multinacionales redoblen sus multimillonarias fortunas flotando en el sistema financiero, igual que en Centroamérica, la cuestión del estado como recaudador de impuestos para el beneficio nacional queda en un segundo plano cuando no es capaz de asegurar que su gente no tendrá que mendigar en los circuitos de las periferias de esos grandes “inversores” que tienen la “gracia” de dar empleos mal pagados –a muy poca gente en realidad. Mientras tanto, son las mujeres y otros grupos triplemente oprimidos quienes más mal la pasan. Así los feminicidios contra obreras, mujeres jóvenes o madres desprotegidas, siguen en la impunidad.
Las políticas del control inscritas en estos procesos de formación del Estado nacional, se reproducen en el marco de otras condiciones excepcionales (estado de guerra), por ejemplo, las de índole disciplinaria que tienen que ver con los sistemas educativos, religiosos, civilistas como resguardo de la caída al “mal”. Estas visiones intentan sostener sentidos comunes cómodos para la clase media, a través de la forma política electoral, incluyendo las posiciones de izquierda que no trastocan los sentidos comunes más conservadores (sobre la oposición necesaria: justicia social antes que justicia coercitiva). Aunque el Estado siga ausente en el costeo de derechos sociales, el derecho penal sigue movilizando grandes recursos y miedos colectivos.
Cuando el Estado intenta aparecer más social, los mecanismos de humanización sólo pasan por permitir mayor libertad de interpretación a los jueces y “atacar la corrupción” dentro de las paredes institucionales. Además, los esquemas disciplinantes son proveídos por los pentecostalismos, por los discursos de “culturas intrínsecamente violentas” y otras formas educativas que suelen guarecer sexismos y racismos implícitos.
Es este contexto de vigilancia y control de todos contra todos se deja las puertas abiertas al imperialismo y a la injerencia norteamericana conservadora y beligerante en nuestra región. Las ideologías y sentidos comunes dan coherencia a las prácticas sociales y ello determina la acción dentro de las instancias del estado. El gobierno entonces controla con sus policías las fronteras que dividen a las zonas marginales de las zonas ricas y promueve la inversión privada, de empresas que también controlan la “protección”, esta es: la seguridad privatizada. A la que el adelgazamiento del estado le apuesta. Aun cuando han sido gobiernos de izquierda en Centroamérica; ahora veremos su capacidad y flexibilidad para enfrentar el problema en México.
Este “miedo ciudadano” que facilita estos recursos baratos a la autoprotección y a la criminalización de todo lo que se mueva con cuerpo joven y moreno, a lo que recurren incluso quienes trabajan en el estado, depende de este adelgazamiento del estado. Son esas y esos servidores públicos, que terminan en el mismo circuito de incompetencia por falta de información y saturación de trabajo y me refiero a las burocracias de la procuración de justicia, de las que hablaré más adelante. La seguridad privada ha proliferado no sólo en la venta de artículos para casas ultra seguras junto con la venta de armas, también como ejercicio de contratación masiva de grupos parapoliciales; un guiño a la permisividad de grupos paramilitares por todo México y Centroamérica, como ya se ha hecho en Colombia en las últimas décadas.
Ante una respuesta violenta de los grupos de ultraderecha que llaman a defender a los caciques y hacendados, como a las empresas “que nos dan de comer” (sarcasmo): defender la patria es defenderse de los cuerpos asesinos legitimados y ante ello es inevitable una respuesta de clandestinaje; de fetichización de la violencia como única salida (una muy patriarcal salida) ya sea que dicha opción sea tomada por la derecha o por la izquierda. Como mecanismos de pertenencia, accionándose de manera particular frente a las lógicas de control social y de codificación de “lo social”.
En fin, cuestiones de seguridad interna se vuelven temas de seguridad nacional y de pronto también son grandes promesas de campaña.
En el caso mexicano el narco estado se ha fincado con estas mezclas de narcotraficantes y exmilitares estadounidenses, con la densa población desocupada y los campesinos entre los fuegos del estado y el narco estado. Al final la mayoría de los muertos, la carne de cañón, han sido los históricamente de abajo, a las y los que no se les permite defenderse ni “hacer justicia por su propia su mano”. Entonces se han quedado esperando, han sido desplazadxs, han sido vejadxs, les han desaparecido a sus familiares, a sus hijos, a sus esposos y a sus hijas las han levantado para violarlas, esclavizarlas sexualmente y asesinarlas.
Y aquí hacemos hincapié en la violencia específica contra el cuerpo de las mujeres dentro de esta guerra: lo que se les/nos hacen se llama castigo y es social porque es avalado y callado por todos, y a través de la tortura sexual se encumbran esos grupos fácticos que pueden estar en cualquier escuela o colonia, y sí, también es cometida por militares, policías y por sus propios maridos.
La cuestión criminal
En fin, en este contexto, si bien usted ha prometido una justicia con paz y con inversión en las cuencas de la marginación, le comento que los poderes fácticos han proliferado y el estado por más que quiera hacer justicia no puede porque NO existe una burocracia comprometida con el pueblo. Usted tendrá equipos honestos en sus altas esferas, pero son mínimos para lo que se necesita: imagínese que para que no haya jóvenes atraídos por un mal gobierno y volverse sus mercenarios, usted debe tener comunidades resistentes, policías que protegen a esas comunidades y jueces que aplican los protocolos supremos de defensa de la vida y no de la propiedad.
Es así que los intereses pueden siempre colisionar y eso pasa siempre dentro de la propia burocracia que investiga, el así llamado “estado profundo”, esos puestos que no cambiarán sino sólo sus cabezas. Y ante el desmantelamiento y la falta de directriz de erradicar las causas del problema no tienen el más mínimo sentido de llegar al fondo de los crímenes sino de despachar todo lo que “no sea de su competencia”. Así la bolita entre lo local y lo federal. ¿PGR o Procuradurías estatales? ¿Derechos Humanos o delitos del Código Penal local? Luego tampoco tienen ni quieren tener claridad sobre lo que se investiga, mucho menos el para qué: se sigue la instrucción del jefe inmediato y listo.
No cuentan con capacidades para sistematizar, georeferenciar, articular propuestas concretas ante evidentes focos de riesgos. Se dice que el 50% de los feminicidios en América Latina son cometidos en México y sin embargo, es más fácil que un caso sea definido como homicidio culposo que por feminicidio (agravado), por lo que para que un estado sea declarado con alerta de violencia de género tuvieron que pasar grandes disputas políticas, aunque deberían ser jurídicas; incluso aunque ya se tenga la jurisprudencia necesaria para determinar qué significa una “violencia por razones de género”, aunque para muchos siga pareciendo una abstracción. Y así muchos casos que dan cuenta que para que se investigue en México hubo una decisión política “de más arriba”.
Lo que le quiero decir es que la violencia –cómo se ataca, quién la persigue y cómo se investiga–, depende de la dirección nacional que políticamente usted decida, luego: que la decida y la ejecute el estado profundo. Basta de hablar ambiguamente con los caducos discursos: “acabaremos con la impunidad”. Usted también tendrá que soportar un grado de impunidad, porque de la violencia, la corrupción y la impunidad depende la anatomía del poder en un mundo capitalista.
¿Dónde radicará ahora la impunidad? ¿Seguirá quedando para los militares que desaparecen jóvenes y estudiantes? ¿Para los policías que asesinan esposas o violan compañeras y se protegen entre ellos? O ¿Para todos los varones que asesinan o violan a sus cónyuges o compran jovencitas en el mercado de la trata sexual pero “son buenos ciudadanos”? ¿Para los que asesinan líderes sociales? ¿Para las empresas explotadoras de personas? ¿Para los negocios que dan “empleos” a cambio de grandes cantidades del erario fiscal? ¿De los bancos usureros o para las inmobiliarias?
En fin, un proceso de neoliberalismo extraccionista y basado en la acumulación originaria requiere de los grupos fácticos (dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de la empresa privada) y va siempre en contra de poblaciones que ocupan vastos territorios de riquezas naturales o que son caminos estratégicos.
Por todo ello, depende de una imparable fuerza de protección de la organización popular y del reconocimiento de sus formas de autodefensa para dar un mínimo de cobijo de largo plazo a la vida de nuestros pueblos. Si bien las policías comunitarias han pretendido ser una manera de autodefensa de todas las personas de una comunidad, también sucede que los procesos de empoderamiento de sus identidades étnicas, de género, de pertenencia, son necesarios para no dejarlos entre los fuegos cruzados que vendrán.
¿Les dará armas en todos los sentidos participativos? ¿O seguirá con sus salidas paternalistas –mejor decir patriarcales– figurando que erradicar la violencia contra las mujeres, la población LGBTI o indígena no es prioritaria sino la recuperación de los territorios? ¿De qué sirve un territorio sin los representantes de la ancestralidad y la comunalidad que la da vida y que lucha contra el capitalismo?
Como diría Thor: “no importa Asgard lo que importa es su pueblo”.
Atentamente
Erandi Villavicencio, feminista comunitaria y autónoma.
Notas:
2 Como los llamaría el constitucionalista Kennedy, Duncan, en Izquierda y derecho, Ensayos de teoría jurídica crítica. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2010
3 Zaffaroni, Raúl, “La cuestión criminal”, Buenos Aires: Página 12, 2011.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.