“Con el tiempo, es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil”. (Thomas Mann)
En nuestra sociedad, lamentablemente, hay temas difíciles de discutir a profundidad.
A priori,
las más de las veces se adoptan posiciones sin reflexión alguna. Ese es
el caso de los subsidios a los combustibles fósiles (gasolinas, diésel,
gas doméstico…). Aquí, por un lado, están los economistas ortodoxos,
quienes defienden casi como verdad revelada -cual teología- aquello de
“transparentar los precios” para que el mercado produzca resultados
satisfactorios. Por otro lado, encontramos defensores a capa y espada de
“aparentes” trincheras frente a los dogmas ortodoxos, “aparentes” pues
-luego de reflexionar a fondo- se nota que muchas de esas trincheras más
bien son verdaderos muros de lamentación.
Así, los ortodoxos
buscan eliminar o focalizar los subsidios de forma burda, sin pensar en
los efectos de tales medidas dentro de la estructura económica (con
interrelaciones y retroalimentaciones de una complejidad que rebasa los
enfoques de equilibrio parcial y general). En cambio, hay bandos que
-cual conservadores- defienden mantener los subsidios intactos, a pesar
de las evidentes ineficiencias sociales causadas por políticas de
subsidios improvisadas, carentes de estrategias claras, pero sostenidas
por “costumbre” o “miedo”.
Para enfrentar este
debate lleno de sombras y dogmas
, proponemos una lectura preliminar sobre cómo superar los subsidios en
clave integral y no solo fiscal. La idea es no caer ni en la teología
ortodoxa ni en el conservadurismo, sino armar una estrategia en donde
los subsidios sean herramientas que -al mismo tiempo- busquen eficiencia
económica y justicia social.
Algunas asfixias fiscales El escenario de
crisis real -exacerbado mediáticamente- que vive el Ecuador se ha vuelto perfecto para
reposicionar al mensaje neoliberal . Igualmente, el
desperdicio correísta de la bonanza petrolera sirve de excusa para revivir la teología de que
un menor tamaño del Estado casi
por sí mismo “mejora la economía”, cuando lo
crucial no es el tamaño sino la calidad del Estado y cuán democráticas son sus decisiones .
El caso es que, ya desde finales del correísmo e inicios del
“morenismo” se ha ido reduciendo el tamaño del Estado contrayendo
drásticamente la
inversión pública de 13.980 a 8.648 millones de
dólares entre 2014-2017. A la par de tal reducción del 38% en la
inversión pública, el estancamiento económico se ha agudizado -el PIB
per cápita lleva tres años estancado en 6 mil dólares anuales por
persona- y, a pesar de eso, el déficit fiscal persiste en una proporción
promedio entre 2014-2017 de más de 5,5% del PIB (aunque cabe notar que
el déficit existe desde 2009).
La persistencia del déficit -aun
con menor inversión pública- surge al combinarse algunas tendencias
asfixiantes especialmente en el período 2014-2017:
1. Caída
drástica de los ingresos petroleros estatales, de 11.433 a 5.402
millones de dólares (aunque con cierta mejora dado el aumento del precio
del crudo ecuatoriano de 40 a 62 dólares por barril entre junio de 2017
y junio de 2018);
2. Recaudación tributaria
deprimida-estancada tanto del IVA (de 6.376 a 5.979 millones de dólares)
como del impuesto a la renta (de 4.161 a 3.764 millones), y con
expectativas a caer más por
las remisiones y exoneraciones que el “morenismo” ofrece a los grupos empresariales en 2018 ;
3. Pago creciente de
servicio de la deuda externa que, solo en intereses, pasó de 829 a 1.850 millones de dólares;
4. Gasto persistente en múltiples subsidios, en concreto
para 2018 se presupuestó un gasto de 3.193,6 millones de dólares , de los cuales 1.707 millones se destinarían al subsidio a los combustibles, distribuidos en:
a. Diésel importado, con 899,3 millones (53%)
b. Gas licuado de petróleo (GLP) importado, con 380,3 millones (22%)
c. GLP nacional, con 87,88 millones (5%)
d. NAFTA importada, con 258,91 millones (15%)
e. Otros importados, con 80,65 millones (5%)
En el caso de los subsidios a los combustibles, se debe aclarar que el
presupuesto de 2018 se hizo con un precio del barril de petróleo de 42
dólares. Sin embargo, en el transcurso del año el precio internacional
ha aumentado, provocando que
los subsidios a los combustibles puedan llegar hasta a 3 mil millones de dólares según fuentes oficiales .
A todas estas tendencias asfixiantes se suma el despilfarro y la corrupción, agujeros de cuantiosos recursos que
no se avizora cómo recuperarlos .
Semejante situación fiscal arriesga la supervivencia política del “morenismo”. En respuesta,
Moreno y los suyos han decidido arrimarse más al neoliberalismo
, y proponen como “válvulas de ajuste fiscal” un menor empleo público y
la focalización de los subsidios a los combustibles; a más de la -ya
aplicada- disminución de la inversión pública.
Respecto al empleo público, solo anotemos que el “morenismo” ni menciona a la burocracia dorada (
38.700 funcionarios que absorben más de 2.200 millones de dólares anuales en salarios ), y más bien plantea
revisar 160.000 empleos públicos “irregulares” y
regularizar apenas 70 mil
. Así, en vez de racionalizar los salarios públicos, el gobierno de
Moreno pliega por más desempleo, deteriorando aún más al mercado
laboral…
Subsidios: del neoliberalismo miope a una visión integral
Sobre los subsidios a los combustibles -tema central de este texto-,
primero sinteticemos el discurso de varios economistas ortodoxos. Para
ellos, el subsidio es ineficiente y distorsionador pues, al ser
generalizado beneficia más a estratos altos dueños de vehículos
particulares, así como a
industrias que ganan falsa competitividad usando energía subsidiada . Por tanto, al retirarse los subsidios no solo habría
ahorro fiscal , sino que los precios se “limpiarían” de
distorsiones
, permitiendo al mercado asignar recursos con eficiencia (incluso
“automáticamente” se regularía el flujo vehicular y las empresas
buscarían mayor eficiencia energética). También, con menos distorsiones,
“mejorarían” las opciones para acceder al financiamiento del Fondo
Monetario Internacional y de otros multilaterales. A su vez, se propone
que un mayor precio de los combustibles se compensa con menores tributos
para importar vehículos (una situación que se deriva también del
creciente aperturismo económico del país
[1] ); asimismo, la eliminación de subsidios debería acompañarse con otras medidas aperturistas como
la eliminación del impuesto a la salida de divisas . A lo sumo en el transporte público, los economistas ortodoxos aceptan que intervenga el Estado con subsidios focalizados.
Semejante discurso es el corazón del argumento neoliberal, un argumento
realmente plagado de problemas. Su principal falla es olvidar que los
precios de los energéticos -no solo los combustibles- deben analizarse
con amplitud, y no solo abordando la cuestión desde los ingresos y
egresos fiscales. La energía no es un mero insumo, ni una mera
mercancía, es un recurso
estratégico (limitado y de
importancia geopolítica
en el caso de los combustibles fósiles) con múltiples implicaciones
sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales. Es más, el
acceso a la energía debería considerarse incluso como un
derecho .
Decimos todo esto pues la energía es crucial al definirse las
estructuras de producción, circulación y consumo de mercancías; es
fundamental para el transporte de personas; e, incluso, la energía
caracteriza la estructura sociopolítica de un país. Sobre la producción,
a más de brindar insumos a todos los sectores productivos, e l sector
energético genera o fortalece encadenamientos productivos, pudiendo
crear efectos multiplicadores y brindar empleo, aspecto olvidado por el
análisis fiscalista y ortodoxo
parcial . Sobre la circulación, la
energía permite transportar mercancías, además de contribuir en muchos
otros aspectos de carácter logístico. Sobre el consumo, ninguna sociedad
es sostenible sin tocar los hábitos de consumo energéticos
dispendiosos. Así, la energía debe tomarse como pieza clave en la
organización de cualquier sociedad.
Esta visión integral tiene
implicaciones concretas. Por ejemplo, al hablar de combustibles no
podemos pensar solo en el ahorro fiscal que surge al eliminar sus
subsidios ni en la regulación “automática” del mercado. El transporte
privado crea presiones energéticas, sociales y ambientales que deben
enfrentarse de forma estratégica. Es inadmisible que las grandes urbes
amplíen permanentemente su parque automotor privado, presionando incluso
a los recursos del resto del país. Por ello, urge mejorar, masificar y
subsidiar el transporte público, volverlo menos contaminante y volverlo
culturalmente preferido al transporte privado (más allá de sus efectos
en términos de ingresos y gastos).
Otro ejemplo concreto que
debe abordarse más allá de la dimensión fiscal es el manejo de las
fuentes y alternativas energéticas disponibles. El Ecuador posee un alto
potencial en energías renovables que no se aprovecha de forma
conveniente (por ejemplo, de
ocho megaproyectos hidroeléctricos impulsados por el correísmo, apenas funcionan tres
). La tarea pasa, entonces, por definir ese potencial con precisión y
crear planes adecuados de aprovechamiento y de reinstitucionalización
(recordando que en el correísmo la institucionalidad en el sector
energético quedó resquebrajada incluso por la corrupción).
Por tanto, es erróneo enfocarse en el problema fiscal cortoplacista sin retomar los
análisis disponibles sobre el sector energético ecuatoriano (incluso desde enfoques
alternativos
) y, desde ahí y desde nuevas propuestas, armar una estrategia seria y
concreta (abandonando cualquier dogmatismo estatista o mercantil). Por
cierto, en dicho proceso debe participar activamente la sociedad civil,
los movimientos sociales, los gremios, las universidades…
Lo antes dicho no implica olvidar que, a pesar de ser el Ecuador un exportador neto de energía
[2]
, para satisfacer su demanda interna se requiere importar derivados de
petróleo (que merman gran parte de los excedentes de exportación
petrolera y presionan al déficit en balanza comercial y de pagos). Los
combustibles importados y los refinados localmente, al venderse en el
país con subsidios, crean fuertes egresos como acabamos de ver en las
presiones fiscales que agobian al Estado ecuatoriano. Esto se debe a que
los precios y tarifas energéticas no responden a la realidad de los
costos. Además, la diferencia de precios con los países limítrofes drena
recursos a través del contrabando (solo en el caso del gas licuado de
petróleo,
posiblemente un 20% saldría del país a causa del contrabando ).
En resumen, los subsidios a los combustibles -y a la energía en
general- deben superarse en clave integral, no solo fiscal y peor
neoliberal. Dicha clave integral requiere, entre otras cosas: una
política nacional de precios como herramienta de política energética,
económica y social; definir dónde los subsidios generan desproporciones
entre oferta y demanda energéticas; definir dónde los subsidios generan
ineficiencias y desperdicio de energía además de favorecer a estratos
económicos altos (p.ej. automóviles privados, calentamiento de agua,
etc.); definir dónde los subsidios deberían ampliarse (p.ej. transporte
popular, pequeña y mediana producción, consumo energético en estratos
bajos); aclarar que lo distorsionador no son los subsidios
per se,
sino su aplicación generalizada sin una estrategia seria; establecer
metas y plazos claros para transformar la matriz energética.
Sabemos que las grandes distorsiones del sector energético por falta de
planificación no se solucionan a corto plazo, menos aún si notamos que
la política de subsidios a los combustibles empezó hace varias décadas
y, desde entonces, se ha sostenido con múltiples -e infructuosos-
intentos de superación. Pero buscar respuestas solo desde un menor
déficit fiscal es un error grave. Si se focalizan los subsidios sin
conocer los puntos medulares en dónde hacerlo, sin estimar cuánto del
subsidio retirar, y sin una estrategia de largo plazo, el alza de
precios podría repercutir gravemente en el aparato productivo, en el
tejido social y hasta en la inflación (que
ya de por sí vive una grave distorsión como resultado de la crisis económica
); por algo la lógica popular -a veces menospreciada por los analistas
ortodoxos- intuye que, si sube el precio de los combustibles, sube el
precio de todo.
Hasta podría surgir un efecto de “profecías
autocumplidas”: si gran parte de la población asume que el aumento del
precio de los combustibles hace crecer el precio de todas las demás
mercancías, tal población puede anticiparse incrementando los precios de
sus productos, generándose un proceso inflacionario incluso por un mal
manejo de las expectativas. A eso se suma los posibles procesos
especulativos que nacen siempre que las medidas económicas se manejan e
informan de forma inadecuada…
Debe estar claro, entonces, que
la política de precios de la energía es un tema muy delicado; un tema
que requiere de toda una estrategia gradual y consensuada para cualquier
transición, reconociendo la necesidad de
reducir el subsidio en unos puntos e incrementarlo en otros.
Así, la focalización debe hacerse sabiendo dónde y cómo actuar, y nunca
adoptar una posición a la ligera, como han hecho no solo los distintos
bandos ortodoxos y conservadores sino incluso el propio gobierno.
Siendo claro el llamado a construir una propuesta energética estratégica, revisemos algunas
ideas fuerza
sobre cómo enfrentar el tema de los subsidios. Dichas ideas no son
propuestas terminadas, sino ideas que aspiran motivar a una construcción
colectiva de puntos estratégicos mínimos que los sectores populares
deberían exigir al poder.
Ideas fuerza para una propuesta energética integral
Primero: diagnosticar
Lo primero que urge es diagnosticar con claridad la situación actual de
los subsidios energéticos en el país, tanto combustibles, gas licuado
de petróleo e incluso energía eléctrica. Además del diagnóstico, es
crucial que la información se encuentre unificada y sea difundida desde
los canales oficiales, pues la información disponible al momento es en
extremo fragmentaria y dificulta la posibilidad de tener una visión
global del sector energético.
De lo que se sabe, como ya se
anotó antes, el incremento de los precios del petróleo ha generado un
aumento en los egresos fiscales por el incremento del subsidio a los
combustibles. Como muestra el cuadro 1, en el primer semestre de 2018 el
subsidio creció 80% respecto al primer semestre de 2017, implicando un
gasto de 907,1 millones de dólares.
Cuadro 1. Subsidios por comercialización de combustibles (millones de dólares)
Tipo de egreso/ingreso
| Enero - Junio 2017
| Enero - Junio 2018
| Incremento
|
Nafta
| 146,1
| 302,4
| 107%
|
Diésel
| 208,0
| 425,2
| 104%
|
Gas licuado de petróleo
| 150,4
| 179,4
| 19%
|
Total
| 504,5
| 907,1
| 80%
|
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.
A nivel de precios, se sabe que el subsidio a las gasolinas se diversifica entre las diferentes calidades disponibles en el
mercado, de modo que la eliminación de subsidios tendría efectos diferenciados
: el precio del galón de gasolina súper pasaría de 2,30 a 3,07 dólares
sin subsidio; el precio del galón de extra pasaría de 1,45 a 2,41
dólares; y el de extra con etanol (ecopaís) pasaría de 1,45 a 2,53
dólares
[3] . Por su parte, la bombona de 15 kilogramos de gas
licuado de petróleo tiene un precio oficial de 1,60 dólares, pero sin
subsidio llegaría a los 12 dólares.
Es decir, dentro de las
gasolinas, el grupo que recibe mayor subsidio son la extra y la extra
con etanol, las cuales de hecho son las que poseen mayor demanda dentro
del país (dejando de lado al diésel). Efectivamente, según información
de
Petroecuador [4]
, entre enero y junio de 2018 se demandaron 6,4 millones de barriles de
extra con etanol, 5,9 millones de barriles de extra y apenas 2,3
millones de barriles de súper
[5] . En
términos agregados [6]
, el subsidio a la gasolina súper representaría en 2018 aproximadamente
un gasto de 144 millones de dólares, mientras que el subsidio a las
gasolinas extra y extra con etanol representaría 1.025 millones.
Respecto a la distribución por sectores de consumo, se conoce que
entre 2007-2016 [7]
el 46% del subsidio a los combustibles se dirigió al transporte, el 14%
a la generación eléctrica, 14% al uso residencial, 13% al uso
industrial, 8% a las actividades de construcción, 4% al comercio y otros
servicios públicos. En términos geográficos, según la Cámara Nacional
de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (
CAMDDEPE )
[8]
, la mayoría del consumo de gasolinas para autos se concentra en las
provincias de Guayas y Pichincha con 24,6% y 21,4% respectivamente. A su
vez, dentro del mercado automotriz, las gasolinas extra y extra con
etanol tienen la mayor participación con 48,7%, seguidas por el diésel
con un peso de 42,9%.
Aunque se conoce toda esta información de
manera fragmentaria, falta saber cómo se distribuyen los montos del
subsidio a los combustibles dentro de la sociedad. Apenas se estima,
según información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (
INEC )
[9]
, que el quintil de más altos ingresos usaría el 55% de los
combustibles, mientras que los de bajos ingresos apenas usarían el 3%.
Asimismo, desde múltiples fuentes se estima que una revisión
generalizada del precio de todos los combustibles podría aumentar en 12%
el precio del transporte, 5% el precio de bienes de consumo duradero y
1% el precio de la comida. Por su parte, un informe de 2010 elaborado
por el
Ministerio Coordinador de la Producción [10]
indicaría que una revisión de los subsidios tendría mayor impacto sobre
los hogares del quintil más alto de ingresos, con un efecto más leve en
los sectores camaronero y silvicultura.
La necesidad de un
diagnóstico es ejemplar en el caso del gas licuado de petróleo: a unque
en principio el subsidio se focaliza al uso doméstico, se estima que los
usos industriales, suntuarios y de transporte (sin considerar el
contrabando) se benefician de alrededor de
un cuarto del subsidio , pero no existe información oficial detallada al respecto. Igualmente, estimaciones gruesas señalan que
si un vehículo usa combustible ecopaís en promedio obtiene un subsidio
anual de casi 1.000 dólares, 677 dólares si usa combustible extra y 540
si usa súper ; sin embargo, tampoco hay estimaciones oficiales. Estos, y muchos otros datos, deben investigarse con urgencia.
De paso mencionemos que no es correcto enfocarse en la eliminación
aislada del subsidio a un solo tipo de combustible, como ha propuesto el
gobierno de Moreno al enfocarse exclusivamente en ahorrar 144 millones
de dólares eliminando el subsidio a la gasolina súper. Tal medida podría
empujar la demanda hacia la gasolina extra, la cual tiene mayor
subsidio y podría mermar los ingresos obtenidos de aumentar el precio de
la gasolina súper. En definitiva, reiteremos, las respuestas deben ser
integrales y no improvisadas.
Segundo: priorizar el transporte público y de mercancías
Se sabe que en el Ecuador circulan 2 millones de vehículos, de los
cuales 1,7 millones usan gasolina (súper, extra o extra con etanol); de
los vehículos que usan gasolina, 67.699 son de alquiler (taxis,
camionetas, etc.) y el resto son autos particulares. Por tanto, si se
planea eliminar el subsidio a las gasolinas, debe hacerse afectando
primordialmente al transporte particular, mientras que el transporte
público de personas y al transporte de carga debería subsidiarse. Una
opción es mantener el subsidio al diésel y prohibir totalmente el uso de
vehículo particulares que usen ese combustible, dando paso a una
transición del uso de gasolina al diésel por parte de buses y camiones.
Incluso se debería estudiar cuán factible es que las tarifas de
transporte público sean gratuitas o más bajas que las actuales, al menos
en los grandes sistemas de transporte dentro de las ciudades (y que sea
nuevamente el gobierno central -y no los gobiernos seccionales- el que
maneje dicho subsidio con los ingresos obtenidos de focalizar los
subsidios a los combustibles). También se debe pensar en políticas que
masifiquen el uso de un transporte público (p.ej. ampliar servicios de
recorridos en colegios e instituciones públicas, prohibir la circulación
de vehículos que solo tengan un pasajero al menos en las principales
avenidas), incluso tomando como inspiración los
ejemplos aplicados en otros rincones del mundo
donde se aplican tarifas o directamente se prohíbe el ingreso de
vehículos en zonas de alta congestión. En dicho proceso se requiere
repensar al transporte público para otorgarle mayor calidad y dignidad
(enfrentando problemas como el hacinamiento, la inseguridad y el acoso).
Igualmente se debe estudiar cuán viable es usar la energía
eléctrica como alternativa para el transporte masivo de carga y de
pasajeros; hay experiencias como el trolebús o incluso con el proyecto
del metro en Quito.
Por cierto, debemos ser claros que la
solución no es solo sustituir autos que consumen combustibles fósiles
por vehículos eléctricos. En las ciudades más grandes el problema del
transporte es cada vez más complejo por la cantidad creciente de
automóviles privados. Por ello, hay que normar y hasta limitar esa
expansión para mejorar sustantivamente al transporte público, que debe
masificarse al tiempo que mejora su calidad. Aquí hay que incorporar a
todos los sistemas de taxi, que también deben ser subsidiados.
De paso esta reflexión saca a flote otra cuestión estructural que, tarde
o temprano, tendrá que discutirse en el país: la necesidad de rediseñar
y redimensionar las grandes ciudades. En términos de rediseño, es
urgente que las grandes urbes se diseñen dando mayor prioridad al
transporte público, al uso de bicicletas y al peatón en vez de insistir
en el “culto” al automóvil privado. En términos de redimensión, las
grandes ciudades deben planificar con seriedad los límites de su
expansión, pues simplemente es imposible sostener para siempre el
crecimiento del parque automotor (e incluso el crecimiento poblacional).
Tercero: enfrentar la cuestión del gas de uso doméstico
Dentro de la estrategia energética que proponemos, antes que eliminar
el subsidio al gas de uso doméstico se podría evitar su uso en otros
fines cambiando la mezcla energética para reducir su capacidad calórica.
Además, por ejemplo, se podría vender el gas doméstico subsidiado en
tanques de máximo 5 kilos. Para garantizar la focalización del subsidio,
solo la empresa estatal envasaría los cilindros y éstos se venderían en
barrios populares o en poblados solo con la participación
institucionalizada de comunidades y organizaciones sociales. Los
respectivos municipios entregarían en comodato los terrenos necesarios.
Con esta combinación de mercado y organización popular, además de ayudar
a eliminar las distorsiones de un subsidio indiscriminado, se evitarían
impactos -hasta culturales- demasiado altos, como sucedió con el
fracasado programa de cocinas eléctricas a inducción .
Esta propuesta semi-gradualista es más potente que la simple entrega de
exiguos ingresos monetarios a los más pobres. No se puede simplemente
eliminar el subsidio al gas e incrementar el bono de desarrollo humano
pues las urgencias de los estratos pobres pueden llevar a que éstos
gasten el incremento del bono en mercancías diferentes, poniendo en
riesgo sus posibilidades de adquirir el gas. A su vez, la eliminación de
golpe del subsidio al gas puede llevar a que varias familias regresen a
cocinar con leña, lo cual a más de generar deforestación y generar
problemas de salud (especialmente en ojos y pulmones), puede exacerbar
problemas de género pues muchas veces terminan siendo las mujeres
quienes recolectan la leña para la cocina.
También, la
propuesta de que sean las comunidades quienes se hagan cargo de la
distribución del gas cuestiona la estructura oligopólica que existe en
dicha actividad (donde apenas dos empresas privadas -Duragas y Agip-
controlan alrededor del 70% del mercado).
Cuarto: enfatizar en sector eléctrico y en transformación de la matriz energética
Para el subsector eléctrico podría estudiarse un enfoque combinado. Por
un lado, se podría interrelacionar las tarifas con los precios de los
derivados del petróleo y, por otro, aplicar tarifas diferenciadas con
valores más bajos en el campo y en las ciudades pequeñas y medianas, por
ejemplo, en las de menos de 50 mil habitantes (similar tratamiento
podría darse a las tarifas telefónicas). En los sectores populares,
incluso cabría ampliar la entrega de electricidad subsidiada (sobre todo
en la costa ecuatoriana por el uso masivo de ventiladores, por
ejemplo), subvencionada por una tarifa más alta para quienes más
consumen, enfatizando en el uso de
subsidios cruzados
. Con tales políticas, más que buscar una mayor recaudación de ingresos
fiscales, se buscaría usar los subsidios como herramientas para mejorar
la calidad de vida en el mundo rural.
Pero quizá lo más
potente del subsector eléctrico es su papel crucial en la transformación
de la matriz energética dentro del aparato productivo. Los subsidios a
los combustibles fósiles deberían manejarse como parte de una política
que incentive la transición hacia el uso de energía eléctrica y otras
fuentes alternativas. Aquí también cabría un enfoque combinado, en donde
mientras que a la pequeña y mediana producción se le da incentivos para
aplicar una sustitución inter-energética de combustible fósil a
electricidad (por ejemplo, programas gratuitos o créditos para el cambio
energético), a la gran producción se la penalice por no realizar la
transición.
Dicho sea de paso, aquí cabría exigir la
elaboración de un programa de desarrollo hidroeléctrico descentralizado,
en donde se deje de enfatizar en las grandes obras y se impulse a obras
pequeñas y medianas, incluso con administración local. El objetivo es
alcanzar la autosuficiencia y soberanía energéticas. Igualmente, deberá
organizarse un uso racional y eficiente de la energía y una regulación
de las emisiones de carbono, desde la legislación y con programas
concretos como, por ejemplo, la inspección periódica de edificios.
En definitiva, requerimos un proceso plural de transición en donde
caiga sistemáticamente el aporte de los combustibles fósiles
aprovechando las reservas de energías renovables: hídrica, solar,
geotermia, eólica. Pero hasta alcanzar tal transición, se podría
instrumentar medidas urgentes como la reconversión temporal de centrales
térmicas en centrales de fueloil y de gas natural. Esto evitaría la
exportación del fueloil excedentario a precios baratos, y la generación
-menos contaminante- de energía a partir del gas natural.
Pensando estratégicamente en otros subsidios Si vamos a abordar la cuestión de los subsidios de forma integral, demos un paso más.
Por ejemplo se podría revisar el bono de desarrollo humano,
transformándolo también en una herramienta productiva
. Puede servir para promover a campesinos y pescadores, así como a
pequeñas asociaciones de productores que constituyan un capital de base
para generar ingresos, y cuyo destino esté ligado a procesos productivos
comunitarios. Por ejemplo, los beneficiarios del bono podrían proveerse
en mercados o tiendas articuladas a la producción campesina y a la
pesca artesanal. De esta manera el Bono podría hasta aumentarse siempre y
cuando los beneficiarios demanden productos de los campesinos, de la
pesca artesanal o de los artesanos. Además, si los beneficiarios del
bono en una comunidad se unen para impulsar un proyecto comunitario
productivo, el Bono también podría duplicarse. El objetivo es potenciar
la economía comunitaria, en el marco del Buen Vivir.
Los
resultados de esta decisión son evidentes: fortalecimiento del aparato
productivo campesino y pesquero artesanal, así como mayor generación de
empleo y la configuración de núcleos de producción de bienes de consumo
de masas, en el marco de una ampliación del mercado doméstico y
autodependiente. Esto se completaría con un sistema de abastecimiento
del desayuno y almuerzo escolar proveniente de la producción de los
campesinos y los pescadores locales, sobre todo de los propios cantones:
basta de seguir favoreciendo a los grupos más poderosos, que
usufructúan incluso de prácticas monopólicas. Esta política, que deberá
recaer en el ámbito de los gobiernos municipales, con apoyo del gobierno
central, provocará una dinamización de la economía local. La definición
de la dieta alimenticia recaerá en los propios padres y madres de
familia, que mejor conocen las oportunidades alimenticias de su
localidad y no en los burócratas del gobierno central.
¿Y para cuándo eliminar los subsidios al gran capital?
En la economía ecuatoriana existen subsidios escondidos o, mejor dicho,
“perversos”, pues subvencionan directa o indirectamente a los grandes
grupos económicos locales y transnacionales. Aquí se encuentran, entre
muchos otros ejemplos:
- Subsidios del Estado al financiamiento de la remediación ambiental cuando las empresas no asumen esa obligación,
- Construcción de infraestructura de transporte y energética para ampliar la megaminería,
- Tarifas preferenciales por el consumo de electricidad o el uso hasta gratuito del agua en actividades extractivistas,
- Apoyo para importar agroquímicos sin aranceles,
- Diversos tipos de exoneraciones tributarias y arancelarias, por ejemplo, a las mineras, etc.
A todo este conjunto cabe agregar las remisiones de impuestos o de
diversas deudas con el Estado que propone el “morenismo” en su “Ley de
Fomento Productivo”: con dicha propuesta, el “morenismo” otorgaría a los
grupos empresariales grandes beneficios, que en
2018 legarían a 1.344,7 millones de dólares en el caso de los 50 mayores deudores del Servicio de Rentas Internas
; monto que supera el subsidio por la comercialización de derivados de
petróleo registrado en 2017 (el cual sumó 1.122 millones de dólares)…
La eliminación de estos subsidios “perversos” pasa por
transparentarlos. En el Ecuador, sobre todo los grandes grupos
económicos, han vivido permanentemente protegidos por complejos sistemas
de apoyo estatal (como parte de todo
un impulso a la acumulación de grandes grupos económicos promovida desde el mismo correísmo
y continuada por el “morenismo”). Es necesario pues conocer tales
protecciones para evitar distorsiones que afectan a la economía y a la
sociedad. Igualmente hay que visibilizar a los subsidios “legítimos” que
busquen romper con las enormes inequidades de nuestra sociedad. La
eficiencia o no de los subsidios dependerá de una estrategia que tenga
en mente una transición pensada y ejecutada de forma adecuada,
consensuada y democrática.
Si ha llegado la hora -por fin- de
cuestionar los subsidios, pues cuestionémoslos todos, tanto aquellos que
son ineficientes, como aquellos que pueden generar alternativas de
transformación, como aquellos que son muy eficientes… para el gran
capital.-
Notas:
[1] No olvidar, por cierto, que ese aperturismo fue
inaugurado en el correísmo con la firma del tratado comercial con la Unión Europea y continuado en el “morenismo” con la
firma de un tratado con la EFTA , sus aspiraciones de un
tratado con los Estados Unidos y la
potencial adhesión a la Alianza para el Pacífico .
[2] Tengamos presente que los países exportadores de petróleo son los que mayores niveles de subsidio a los
combustibles registran . Este “desorden fiscal” es, sin duda, una manifestación de
“la maldición de la abundancia”, que constituye incluso un riesgo para la democracia .
[3] Información tomada del artículo de
El Universo: “
Estado ecuatoriano asume entre $0,72 y $0,99 por galón de gasolinas ”, agosto 6 de 2018.
[4] Información de Petroecuador difundida en el artículo de
El Comercio: “
Ecopaís es la gasolina con más demanda ”, agosto 6 de 2018.
[5]
Cabe recordar que la gasolina súper tiene “mejor calidad” con 92
octanos, la extra es de menor calidad con 87 octanos y la ecopaís mezcla
95% de extra y 5% de bioetanol (proveniente de la caña de azúcar).
[6] Información tomada del artículo de
El Comercio: “
El subsidio a la súper le cuesta al Fisco USD 144 millones anuales ”, agosto 7 de 2018.
[7]
Información recopilada por la nota técnica del Banco Interamericano de
Desarrollo: “El impacto macroeconómico de la reforma energética
ecuatoriana”, julio de 2018,
p.13 .
[8] Información difundida en el artículo de
Expreso: “
Guayas, la más afectada si se retiran subsidios ”, agosto 10 de 2018.
[9] Información difundida en entrevista de
El Comercio a Ana Patricia Muñoz: “
La revisión de subsidios es una medida aislada ”, agosto 12 de 2018.
[10] Información difundida por el artículo de
El Universo ya citado (ver nota 4).
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas.
Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la
Presidencia de la República del Ecuador.
John Cajas Guijaro: Economista ecuatoriano. Profesor de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Central del Ecuador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.