El 22 de marzo de 2014 pasará a formar parte de la vida de Raquel
Tenías para siempre, y no precisamente por ser un hecho positivo. Aquel
día fue detenida por la policía y posteriormente acusada de unos cargos
por los que la Fiscalía y el abogado del Estado solicitaban una pena de
cuatro años de cárcel. Afortunadamente, y tras pasar por un calvario que
ha durado hasta este pasado 5 de diciembre de 2016, momento en el que
el juez dictó su absolución, comienza ahora el momento de cerrar este
amargo capítulo que tanto sufrimiento ha causado en Raquel.
Para ello, este pasado jueves Tenías ofreció una rueda de prensa
–cargada de una gran intensidad emocional- en la que realizó una
valoración de la sentencia absolutoria y expresó tanto su opinión, como
sus sensaciones y emociones vividas hasta el momento. Así comenzaba
Raquel. “Los hechos sobre mi detención y petición de cuatro años de
cárcel ya han sido analizados por quienes, como dice la Constitución,
administran la justicia de manera independiente y sometidos a la ley”.
Los hechos, que ocurrieron en las Marchas de la Dignidad en marzo de
2014 “ya han sido analizados, ya han sido juzgados y ya se ha emitido
una sentencia de absolución de todos los cargos”. “A través de mi caso
concreto hemos podido demostrar lo siguiente: en primer lugar la verdad
de mis afirmaciones y declaraciones desde el minuto cero. La verdad de
una historia que me tenido en un proceso doloroso y de coste personal
durante más de dos años y medio, y eso ya no tiene remedio”, aseguraba
Raquel.
La sentencia dice así: “
No se considera acreditado que la acusada
arrojara objetos a los agentes del cuerpo nacional de policía, ni a los
vehículos policiales, ni que arrojara vallas metálicas al suelo para
dificultar la intervención policial”. “También –continuaba Raquel-,
a través de mi caso hemos demostrado que hubo cargas indiscriminadas,
violentas y dirigidas a causar miedo en la ciudadanía con el ánimo de
crear un ánimo de excepcionalidad que desanimara en la movilización y en
la lucha social”.
“También que se ha mantenido una acusación con una petición de pena
desproporcionada sin ninguna prueba, tanto por el Ministerio Fiscal como
por el abogado del Estado, con el ánimo de actuar de manera
ejemplarizante contra manifestantes de las Marchas de la Dignidad”,
subrayaba. “La sentencia dice que la prueba de cargo se reduce a las
declaraciones de los agentes del cuerpo nacional de policía que
procedieron a mí detención”.
“
Es frecuente –dice la sentencia-
a la hora de valorar
las declaraciones testificales de los agentes de la policía, tener en
consideración la objetividad que en principio cabe atribuir a las
mismas, dada la condición de funcionarios públicos de los deponentes”. Y concluye, que
la
declaración de los agentes no ofrece las garantías de consistencia y
fiabilidad para otorgarles un valor acreditativo superior a los
manifestados por la acusada y por los testigos de la defensa.
El juez, pues, deshecha estas declaraciones policiales por
considerarlas imprecisas o dudosas. “También este caso demuestra que
existió una actuación política y premeditada de la delegada del Gobierno
en Madrid entonces, Cristina Cifuentes, y del Gobierno de España del
Partido Popular, utilizando la violencia contra la ciudadanía y el
código penal contra inocentes, con el ánimo de generar una cortina de
humo que ocultar la gran movilización social que se estaba produciendo”,
aseveraba Raquel en su intervención.
A su juicio, “esta actuación persiguió criminalizar, generar temor y
deslegitimar a quien protestaba para evitar que las reivindicaciones se
vieran como una lucha justa ante unos recortes sociales que causan mucho
sufrimiento”. “Y también mi caso –añadía-, demuestra que este actuar no
es aislado por parte de este gobierno sino que se enmarca en una
estrategia de infundir temor y evitar la movilización social”.
Para Raquel, “esta estrategia se ha basado en reprimir cualquier acto
de movilización social que ocurrieron en esas fechas, como por ejemplo:
los trabajadores en las huelgas generales; los que luchaban por una
vivienda digna en plataformas como Stop Desahucios; las mujeres que
protegieron su derecho al aborto; el personal sanitario que defendía la
sanidad pública en Madrid; el vecindario en Gamonal; las personas de las
Marchas de la Dignidad. Y aquí en Aragón: el caso de los 8 de Yesa o
los 10 de Zaragoza”.
“Estrategia del gobierno basada también en modificar las leyes como
el ‘trío Mordaza’: Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código
Penal y la Ley de Extranjería. Todo ello para restringir derechos de
intimidad, de libertad, derechos políticos como el derecho a la
manifestación, derechos humanos universales para devolver en caliente a
personas inmigrantes”, lamentaba Raquel.
“Estas normas han sido ya cuestionadas por organismos internacionales
como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asociaciones de jueces
como Jueces para la Democracia, la Asociación Libre de Abogados, Stop
Racismo, Greenpeace u otros cientos de organizaciones de todos los
ámbitos”. “En definitiva –explicaba-, fui sometida a un proceso injusto
que ha salido bien por la independencia judicial que no ha dado un valor
privilegiado a las manifestaciones de los policías en contra de lo que
es habitual en estos casos, porque si por ellos hubiera sido me hubieran
condenado a cuatro años de cárcel”.
Una sentencia que habla que la carga fue indiscriminada, “y que me
absuelven, por lo que puedo manifestar que fui detenida sin razón, no
sólo detenida sino placada, tirada al suelo, retenida en unas
condiciones pésimas en las que obligaron a esperar 48 horas hasta pasar a
disposición judicial”. “Ya conocemos que esta práctica, generalizada y
sistemática en las comisarías de Madrid de retener a las personas
detenidas mucho más tiempo de lo que supone hacer las diligencias
previas hasta llevar al juzgado, ha sido denunciada por el defensor del
pueblo”, matizaba Raquel.
“Y además, en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2015 del Consejo
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se dice
que el Comité observa con preocupación las denuncias de uso excesivo de
la fuerza, incluyendo torturas y malos tratos por parte de agentes del
Estado, en particular, en el marco de protestas ciudadanas, e instando
al Estado parte a prevenir esto”, lamentaba.
“Para mí –aseguraba Raquel-, es importante cerrar este proceso, que
me ha costado mucho esfuerzo personal y familiar. Someterme a un proceso
judicial en Madrid, supone a parte de un esfuerzo económico, y en el
que a pesar de ser inocente, me vi forzada a defenderme de unas
acusaciones falsas de las que la policía contó con defensa gratuita del
Estado y Fiscalía, cuando Fiscalía podía haber solicitado la absolución o
el archivo a la vista de las pruebas y no lo hizo, provocándome una
sensación de desprotección e impunidad por parte de los agentes del
Estado”.
“Por todo ello, consideramos que el Gobierno del Partido Popular, y
Cristina Cifuentes, entonces delegada del gobierno y actual presidenta
de la Comunidad de Madrid, deben asumir responsabilidades políticas por
estos hechos y exigimos la derogación inmediata de las leyes de la
Mordaza: Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la
Ley de Extranjería”.
“Y para finalizar, decir que no tengo miedo, que el grupo de ‘Raquel
Absolución’ no tenemos miedo y no nos callarán en la defensa de los
derechos civiles, y seguimos trabajando junto a otras muchas personas
para construir una sociedad más justa en la que nos sintamos seguras,
independientemente de quien gobierne”, finalizaba Raquel, la cual, entre
lágrimas y visiblemente emocionada –al igual que todas las personas que
allí nos encontrábamos-, recibía el cariñoso apoyo de sus dos
compañeras durante la intervención, Paloma Lafuente y Nerea Ágreda.
Acto por los Derechos Civiles en Zaragoza el próximo 21 de enero
Por otro lado, y con motivo de dar por concluido, de alguna forma,
todo este proceso por el que Raquel Tenías ha pasado, el próximo sábado
21 de enero en el Centro Cívico de L’Almozara de Zaragoza, el grupo de
apoyo ‘Raquel Absolución’ ha organizado un acto en defensa de los
derechos civiles en el que se presentará y se dará lectura al manifiesto
‘No tengas miedo’.
Como vemos en la imagen, el IPC interanual arrancó el pasado año en
terreno negativo (-0,3%), en el que se mantuvo durante ocho meses. En
septiembre regresó al terreno positivo (0,2%) y a partir de ahí el
incremento ha sido bastante importante, creciendo 1,4 puntos durante el
último trimestre del año. Desde que empezasen a subir los precios en
mayo, son ya ocho meses consecutivos de ascensos. 
