La Red de Municipios por un Estado Laico defiende la neutralidad ideológica de las administraciones públicas. F. D.
En
los primeros días de abril, la Agencia Tributaria (AT) inicia la
campaña de liquidación del impuesto de la Declaración de la Renta (IRPF)
de 2016. Según el último informe de la AT (2015), la recaudación por el
IRPF supuso unos ingresos del 6,86% del PIB. De esos ingresos,
aproximadamente unos 250 millones de euros van a parar, año tras año, a las arcas de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), y alrededor de otros 150 millones (de la casilla de fines
sociales) se destinan a diversas entidades de la Iglesia católica y,
también, de otras religiones para programas de contenido religioso y
social, aunque también para propaganda y proselitismo.
Las casilla de la Iglesia católica (Ic) la vienen señalando aproximadamente uno de cada tres contribuyentes, a pesar de la enorme y embustera campaña publicitaria
que cuesta varios millones de euros y que la Conferencia Episcopal, con
el apoyo del Gobierno (y de algunos medios de comunicación), montan
cada año por estas fechas. Eso sí, la hacen con el dinero de todos, es
decir público. Algo realmente aberrante.
Ya le gustaría a Europa Laica poder gastar una muy pequeñísima parte de ese costo para explicar sus razonamientos.
Hacienda
(con la complicidad del Parlamento) sustrae aproximadamente unos
250m€/año del Impuesto de la Renta y los entrega (a plazos) a la
Conferencia Episcopal. Es decir los quita del impuesto de la Renta que
paga toda la ciudadanía (católicos o no, que quieran o no financiar a la
Iglesia católica…) y que lo emplean en pagar los salarios de curas y
obispos, los gastos corrientes de las Diócesis, sus eventos y liturgias,
sus propios medios de comunicación, en sus empresas, en inversiones en
bolsa, en el proselitismo católico, en sus campañas de propaganda (entre
ellas algunas contra diversos derechos civiles)… y, si hay sobrante de
caja, va a parar engordar las arcas vaticanas. Esa sustracción ilegítima del IRPF elimina la posibilidad de hacer inversión pública, como hospitales escuelas, carreteras, medio ambiente…
Y eso es sólo una pequeña parte. El Estado español pone a disposición de la Iglesia católica más de ONCE MIL MILLONES de euros/año
(*) a través de subvenciones, donaciones, colaboraciones, ayudas,
cesiones, restauraciones… o a través de las enormes exenciones
tributarias de las que disfruta. Con ese 1% del PIB, la
corporación católica actúa como un potente lobby ante los partidos
políticos, el Gobierno y el Parlamento. También ante otros poderes del
Estado, ante los ayuntamientos, ante los Cabildos y Diputaciones y ante
los órganos legislativos de los diversos territorios. Son como una
enorme tela de araña que se incrusta en los espacios del poder
económico, político y mediático, con la intención de continuar con privilegios ancestrales.
Ello nos cuesta a cada ciudadano y ciudadana (católicos o no) unos
240€/año – como verán: una muy buena cuota, eso sí, obligatoria.
Del Estado criptoconfesional al Estado laico o ¿al Estado multiconfesional?
Si “ninguna confesión tiene carácter estatal” (art. 16.3), si “todos somos iguales ante la ley”,
(art. 14) de la Constitución, ¿por qué toda la ciudadanía hemos de
contribuir al sostenimiento de las religiones? Porque estamos ante un grave incumplimiento constitucional
que se alarga en el tiempo. Un grave delito político del Parlamento (y
los diferentes Gobiernos desde 1978), con políticas y políticos
cómplices que lo estimulan y lo consienten.
Y en vez de rectificar sacando la casilla del impuesto de la Renta y hacer que las religiones se autofinancien
(la Santa Sede se comprometió a ello en 1979); en vez de eliminar los
enormes privilegios fiscales de los que disfruta; no financiar una
educación religiosa y dogmática… por ejemplo… ahora se observa que se
están sacando de la “chistera política” que toda la ciudadanía (a través
del IRPF) financiemos a musulmanes, evangélicos, mormones, budistas,
testigos de Jehová, judíos, cristianos ortodoxos… Vamos, una “feria”.
Si
no quieres chocolate, ¡toma dos tazas, o tres o cuatro…! Y así todos y
todas contentos. Y así extender (como ya se viene haciendo, poco a poco)
exenciones tributarias, donación de suelo público, subvenciones para
sus saraos, liturgias, mantenimiento de imanes, pastores, etc. y
financiar otras enseñanzas dogmáticas, caridad y beneficencia…
Mientras, el Estado (los Estados y la Res pública) se va achicando y el
Vaticano y otras corporaciones religiosas van engordando sus arcas y
ocupando poder político, económico, jurídico y simbólico. Además de
propiciar diversidad de colectivos fundamentalistas e integristas.
Existe
una nefasta, torticera e interesada interpretación política de la
“libertad religiosa”: la libertad religiosa NO tiene como finalidad que
la ciudadanía financie las religiones o que el Estado asuma e interprete
la cuestión religiosa como algo público y, además, les conceda
privilegios. NO.
La libertad religiosa forma parte de la LIBERTAD DE CONCIENCIA,
el derecho que tiene cada persona para creer o no creer, para
manifestar públicamente o no unas determinadas creencias o no creencias.
Y por ello el Estado está obligado a fomentar y proteger la “libertad
de conciencia”. El Estado ha de ser rigurosamente neutral ante las
religiones. Las corporaciones religiosas se han de autofinanciar y no
deben disponer de privilegios específicos, por encima de cualquier otro
tipo de asociacionismo y de la sociedad en general.
Las religiones
(todas) como la política, son enormemente poliédricas, por ello, tanto
se compenetran (política y religión), apoyándose para ejercer un
determinado control social al servicio del poder de turno.
Muestran sus caras más nefastas y duras y sus caras más “amables”. Por ejemplo, la Iglesia católica muestra a su clero y seglares más necios,
misógenos, homófobos, pederastas, incautadores, integristas… y,
también, sus lados —aparentemente— caritativos, benévolos y benéficos…
e, incluso, ahora a un “papado” abierto, comprensivo,
tolerante, indulgente, ecológico y, en extremo, populista, al que alaban
políticos y políticas poliédricos de casi todos los colores. Pero el
poliedro es el mismo, sólo que cambia de cara en según qué intereses y
momentos.
En España, por ejemplo, los mismos (polític@s) que se
escandalizan por las tropelías que la Iglesia católica oficial y algunos
de sus seguidores más fundamentalistas desarrollan, al mismo tiempo
jalean a ciertos clérigos y a un papado (que con sus obispos) NO sólo no
están dispuestos a perder ninguno de sus privilegios, sino que si,
pueden, intentarán “saquear” aun más. Ya no digamos de
la inmersión política de otras religiones cristianas o de otras
naturalezas, que en España se materializa en tratar de avanzar,
políticamente, hacia un Estado de corte multiconfesional, en vez de
hacia un Estado laico.
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