La Red de Municipios por un Estado Laico defiende la neutralidad ideológica de las administraciones públicas. F. D.
En
los primeros días de abril, la Agencia Tributaria (AT) inicia la
campaña de liquidación del impuesto de la Declaración de la Renta (IRPF)
de 2016. Según el último informe de la AT (2015), la recaudación por el
IRPF supuso unos ingresos del 6,86% del PIB. De esos ingresos,
aproximadamente unos 250 millones de euros van a parar, año tras año, a las arcas de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), y alrededor de otros 150 millones (de la casilla de fines
sociales) se destinan a diversas entidades de la Iglesia católica y,
también, de otras religiones para programas de contenido religioso y
social, aunque también para propaganda y proselitismo.
Las casilla de la Iglesia católica (Ic) la vienen señalando aproximadamente uno de cada tres contribuyentes, a pesar de la enorme y embustera campaña publicitaria que cuesta varios millones de euros y que la Conferencia Episcopal, con el apoyo del Gobierno (y de algunos medios de comunicación), montan cada año por estas fechas. Eso sí, la hacen con el dinero de todos, es decir público. Algo realmente aberrante.
Ya le gustaría a Europa Laica poder gastar una muy pequeñísima parte de ese costo para explicar sus razonamientos.
Hacienda (con la complicidad del Parlamento) sustrae aproximadamente unos 250m€/año del Impuesto de la Renta y los entrega (a plazos) a la Conferencia Episcopal. Es decir los quita del impuesto de la Renta que paga toda la ciudadanía (católicos o no, que quieran o no financiar a la Iglesia católica…) y que lo emplean en pagar los salarios de curas y obispos, los gastos corrientes de las Diócesis, sus eventos y liturgias, sus propios medios de comunicación, en sus empresas, en inversiones en bolsa, en el proselitismo católico, en sus campañas de propaganda (entre ellas algunas contra diversos derechos civiles)… y, si hay sobrante de caja, va a parar engordar las arcas vaticanas. Esa sustracción ilegítima del IRPF elimina la posibilidad de hacer inversión pública, como hospitales escuelas, carreteras, medio ambiente…
Y eso es sólo una pequeña parte. El Estado español pone a disposición de la Iglesia católica más de ONCE MIL MILLONES de euros/año (*) a través de subvenciones, donaciones, colaboraciones, ayudas, cesiones, restauraciones… o a través de las enormes exenciones tributarias de las que disfruta. Con ese 1% del PIB, la corporación católica actúa como un potente lobby ante los partidos políticos, el Gobierno y el Parlamento. También ante otros poderes del Estado, ante los ayuntamientos, ante los Cabildos y Diputaciones y ante los órganos legislativos de los diversos territorios. Son como una enorme tela de araña que se incrusta en los espacios del poder económico, político y mediático, con la intención de continuar con privilegios ancestrales. Ello nos cuesta a cada ciudadano y ciudadana (católicos o no) unos 240€/año – como verán: una muy buena cuota, eso sí, obligatoria.
Del Estado criptoconfesional al Estado laico o ¿al Estado multiconfesional?
Si “ninguna confesión tiene carácter estatal” (art. 16.3), si “todos somos iguales ante la ley”, (art. 14) de la Constitución, ¿por qué toda la ciudadanía hemos de contribuir al sostenimiento de las religiones? Porque estamos ante un grave incumplimiento constitucional que se alarga en el tiempo. Un grave delito político del Parlamento (y los diferentes Gobiernos desde 1978), con políticas y políticos cómplices que lo estimulan y lo consienten.
Y en vez de rectificar sacando la casilla del impuesto de la Renta y hacer que las religiones se autofinancien (la Santa Sede se comprometió a ello en 1979); en vez de eliminar los enormes privilegios fiscales de los que disfruta; no financiar una educación religiosa y dogmática… por ejemplo… ahora se observa que se están sacando de la “chistera política” que toda la ciudadanía (a través del IRPF) financiemos a musulmanes, evangélicos, mormones, budistas, testigos de Jehová, judíos, cristianos ortodoxos… Vamos, una “feria”.
Si no quieres chocolate, ¡toma dos tazas, o tres o cuatro…! Y así todos y todas contentos. Y así extender (como ya se viene haciendo, poco a poco) exenciones tributarias, donación de suelo público, subvenciones para sus saraos, liturgias, mantenimiento de imanes, pastores, etc. y financiar otras enseñanzas dogmáticas, caridad y beneficencia… Mientras, el Estado (los Estados y la Res pública) se va achicando y el Vaticano y otras corporaciones religiosas van engordando sus arcas y ocupando poder político, económico, jurídico y simbólico. Además de propiciar diversidad de colectivos fundamentalistas e integristas.
Existe una nefasta, torticera e interesada interpretación política de la “libertad religiosa”: la libertad religiosa NO tiene como finalidad que la ciudadanía financie las religiones o que el Estado asuma e interprete la cuestión religiosa como algo público y, además, les conceda privilegios. NO.
La libertad religiosa forma parte de la LIBERTAD DE CONCIENCIA, el derecho que tiene cada persona para creer o no creer, para manifestar públicamente o no unas determinadas creencias o no creencias. Y por ello el Estado está obligado a fomentar y proteger la “libertad de conciencia”. El Estado ha de ser rigurosamente neutral ante las religiones. Las corporaciones religiosas se han de autofinanciar y no deben disponer de privilegios específicos, por encima de cualquier otro tipo de asociacionismo y de la sociedad en general.
Las religiones (todas) como la política, son enormemente poliédricas, por ello, tanto se compenetran (política y religión), apoyándose para ejercer un determinado control social al servicio del poder de turno.
Muestran sus caras más nefastas y duras y sus caras más “amables”. Por ejemplo, la Iglesia católica muestra a su clero y seglares más necios, misógenos, homófobos, pederastas, incautadores, integristas… y, también, sus lados —aparentemente— caritativos, benévolos y benéficos… e, incluso, ahora a un “papado” abierto, comprensivo, tolerante, indulgente, ecológico y, en extremo, populista, al que alaban políticos y políticas poliédricos de casi todos los colores. Pero el poliedro es el mismo, sólo que cambia de cara en según qué intereses y momentos.
En España, por ejemplo, los mismos (polític@s) que se escandalizan por las tropelías que la Iglesia católica oficial y algunos de sus seguidores más fundamentalistas desarrollan, al mismo tiempo jalean a ciertos clérigos y a un papado (que con sus obispos) NO sólo no están dispuestos a perder ninguno de sus privilegios, sino que si, pueden, intentarán “saquear” aun más. Ya no digamos de la inmersión política de otras religiones cristianas o de otras naturalezas, que en España se materializa en tratar de avanzar, políticamente, hacia un Estado de corte multiconfesional, en vez de hacia un Estado laico.
Las casilla de la Iglesia católica (Ic) la vienen señalando aproximadamente uno de cada tres contribuyentes, a pesar de la enorme y embustera campaña publicitaria que cuesta varios millones de euros y que la Conferencia Episcopal, con el apoyo del Gobierno (y de algunos medios de comunicación), montan cada año por estas fechas. Eso sí, la hacen con el dinero de todos, es decir público. Algo realmente aberrante.
Ya le gustaría a Europa Laica poder gastar una muy pequeñísima parte de ese costo para explicar sus razonamientos.
Hacienda (con la complicidad del Parlamento) sustrae aproximadamente unos 250m€/año del Impuesto de la Renta y los entrega (a plazos) a la Conferencia Episcopal. Es decir los quita del impuesto de la Renta que paga toda la ciudadanía (católicos o no, que quieran o no financiar a la Iglesia católica…) y que lo emplean en pagar los salarios de curas y obispos, los gastos corrientes de las Diócesis, sus eventos y liturgias, sus propios medios de comunicación, en sus empresas, en inversiones en bolsa, en el proselitismo católico, en sus campañas de propaganda (entre ellas algunas contra diversos derechos civiles)… y, si hay sobrante de caja, va a parar engordar las arcas vaticanas. Esa sustracción ilegítima del IRPF elimina la posibilidad de hacer inversión pública, como hospitales escuelas, carreteras, medio ambiente…
Y eso es sólo una pequeña parte. El Estado español pone a disposición de la Iglesia católica más de ONCE MIL MILLONES de euros/año (*) a través de subvenciones, donaciones, colaboraciones, ayudas, cesiones, restauraciones… o a través de las enormes exenciones tributarias de las que disfruta. Con ese 1% del PIB, la corporación católica actúa como un potente lobby ante los partidos políticos, el Gobierno y el Parlamento. También ante otros poderes del Estado, ante los ayuntamientos, ante los Cabildos y Diputaciones y ante los órganos legislativos de los diversos territorios. Son como una enorme tela de araña que se incrusta en los espacios del poder económico, político y mediático, con la intención de continuar con privilegios ancestrales. Ello nos cuesta a cada ciudadano y ciudadana (católicos o no) unos 240€/año – como verán: una muy buena cuota, eso sí, obligatoria.
Del Estado criptoconfesional al Estado laico o ¿al Estado multiconfesional?
Si “ninguna confesión tiene carácter estatal” (art. 16.3), si “todos somos iguales ante la ley”, (art. 14) de la Constitución, ¿por qué toda la ciudadanía hemos de contribuir al sostenimiento de las religiones? Porque estamos ante un grave incumplimiento constitucional que se alarga en el tiempo. Un grave delito político del Parlamento (y los diferentes Gobiernos desde 1978), con políticas y políticos cómplices que lo estimulan y lo consienten.
Y en vez de rectificar sacando la casilla del impuesto de la Renta y hacer que las religiones se autofinancien (la Santa Sede se comprometió a ello en 1979); en vez de eliminar los enormes privilegios fiscales de los que disfruta; no financiar una educación religiosa y dogmática… por ejemplo… ahora se observa que se están sacando de la “chistera política” que toda la ciudadanía (a través del IRPF) financiemos a musulmanes, evangélicos, mormones, budistas, testigos de Jehová, judíos, cristianos ortodoxos… Vamos, una “feria”.
Si no quieres chocolate, ¡toma dos tazas, o tres o cuatro…! Y así todos y todas contentos. Y así extender (como ya se viene haciendo, poco a poco) exenciones tributarias, donación de suelo público, subvenciones para sus saraos, liturgias, mantenimiento de imanes, pastores, etc. y financiar otras enseñanzas dogmáticas, caridad y beneficencia… Mientras, el Estado (los Estados y la Res pública) se va achicando y el Vaticano y otras corporaciones religiosas van engordando sus arcas y ocupando poder político, económico, jurídico y simbólico. Además de propiciar diversidad de colectivos fundamentalistas e integristas.
Existe una nefasta, torticera e interesada interpretación política de la “libertad religiosa”: la libertad religiosa NO tiene como finalidad que la ciudadanía financie las religiones o que el Estado asuma e interprete la cuestión religiosa como algo público y, además, les conceda privilegios. NO.
La libertad religiosa forma parte de la LIBERTAD DE CONCIENCIA, el derecho que tiene cada persona para creer o no creer, para manifestar públicamente o no unas determinadas creencias o no creencias. Y por ello el Estado está obligado a fomentar y proteger la “libertad de conciencia”. El Estado ha de ser rigurosamente neutral ante las religiones. Las corporaciones religiosas se han de autofinanciar y no deben disponer de privilegios específicos, por encima de cualquier otro tipo de asociacionismo y de la sociedad en general.
Las religiones (todas) como la política, son enormemente poliédricas, por ello, tanto se compenetran (política y religión), apoyándose para ejercer un determinado control social al servicio del poder de turno.
Muestran sus caras más nefastas y duras y sus caras más “amables”. Por ejemplo, la Iglesia católica muestra a su clero y seglares más necios, misógenos, homófobos, pederastas, incautadores, integristas… y, también, sus lados —aparentemente— caritativos, benévolos y benéficos… e, incluso, ahora a un “papado” abierto, comprensivo, tolerante, indulgente, ecológico y, en extremo, populista, al que alaban políticos y políticas poliédricos de casi todos los colores. Pero el poliedro es el mismo, sólo que cambia de cara en según qué intereses y momentos.
En España, por ejemplo, los mismos (polític@s) que se escandalizan por las tropelías que la Iglesia católica oficial y algunos de sus seguidores más fundamentalistas desarrollan, al mismo tiempo jalean a ciertos clérigos y a un papado (que con sus obispos) NO sólo no están dispuestos a perder ninguno de sus privilegios, sino que si, pueden, intentarán “saquear” aun más. Ya no digamos de la inmersión política de otras religiones cristianas o de otras naturalezas, que en España se materializa en tratar de avanzar, políticamente, hacia un Estado de corte multiconfesional, en vez de hacia un Estado laico.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario