martes, 26 de marzo de 2013

PRIMERAS PLANAS(26/03/13)BUEN DÍA, GRACIAS POR COMPARTIR NUESTRO BLOG


  @ADNPolitico
   

Cierra GDF monopolio
La Planta de Asfalto del DF, que monopoliza la venta a todas las dependencias de la Ciudad, será cerrada por la Administración de Miguel Ángel Mancera. Actualmente, tanto el Gobierno central como las 16 delegaciones capitalinas están obligados a comprarle el material para las labores de bacheo y reencarpetado a esta planta gubernamental. Se trata de un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Obras del DF.
Aumentan maestros con cargo
En los últimos dos años, el número de maestros que dejaron los salones de clase para trabajar en la burocracia educativa –cobrando en ambos lados– aumentó 27 por ciento. De acuerdo con un informe sobre nómina magisterial entregado por la Secretaría de Educación Pública a la Cámara de Diputados, los docentes en comisiones administrativas pasaron de 2,442 en el primer trimestre de 2010 a 3,388 en el mismo periodo de 2012.
Va por Alcaldía priista asesino
Jacinto Pineda Casimiro, 'El Diablo', acusado de asesinar a golpes al profesor Serafín García en 2004, se registró como precandidato del PRI a la Presidencia Municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca. El priista se inscribió en las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, donde llegó acompañado por un pequeño grupo de seguidores. Jacinto Pineda vestía una camisa de la Confederación Nacional Campesina (CNC), grupo en la cual milita.
TEMPLO MAYOR
Finalmente la Secretaría de Seguridad Pública del DF dio a conocer los lineamientos que deberán seguir sus agentes cuando haya marchas, bloqueos y plantones. El protocolo establece que a partir de ahora la policía capitalina capacitará a sus elementos en leyes y derechos humanos, psicología y control de las multitudes, así como en primeros auxilios. Los mandos también deberán planificar la logística del operativo; verificar que su personal cuente con el equipamiento necesario; y establecer rutas de llegada y puntos de acceso, así como vías de evacuación. Todo eso, sin duda, suena muy bien. Nomás una preguntita: si eso lo van a empezar aplicar ahora, ¡¿cómo diablos le hacían antes?! Si durante todo este tiempo los operativos se han lanzado como 'El Borras', no resulta difícil entender el desastre del 1o. de diciembre del año pasado.

EL UNIVERSAL

ONU: falla México en prevenir desastres
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó al gobierno mexicanos a invertir de manera más eficaz en la prevención para dejar de gastar sólo en la reparación de daños causados por los desastres naturales.
Halla Pemex deficiencias en 17 de sus 20 guarderías
Petróleos Mexicanos encontró que 17 de los 20 Centros de Desarrollo Infantil que opera enfrentan graves deficiencias que es necesario resolver de manera inmediata para evitar cualquier tragedia.
Emite GDF reglas para controlar disturbios
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal emitió ayer un protocolo que regirá la actuación de los elementos policiacos para contener multitudes. El texto publicado en la Gaceta Oficial del DF plantea el uso de gas lacrimógeno sólo con autorización y luego de implementar otras medidas.
BAJO RESERVA
El trabajo de gobernador debe ser, sin duda, agotador. Si usted no lo cree pregúntele al mandatario estatal de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien el primero de marzo rindió protesta, y a menos de un mes, tomará unos días de asueto. Otro caso es el del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien envió un oficio al Congreso local en el que les notificó que estaría ausente del estado desde el pasado sábado y hasta el día 31. En su equipo confiman que está de vacaciones.

MILENIO

Crimen, primera causa de muerte entre los jóvenes
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la principal causa de muerte entre los jóvenes es el homicidio doloso. Se trata de un grave problema, agregó, no solo visto desde la parte de las víctimas, sino que quienes matan a los jóvenes en muchos casos son también jóvenes o menores de edad.
La cruzada irá con el Ejército a 49 municipios
En 49 de los 400 municipios que atenderá la Cruzada Nacional contra el Hambre, el personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendrá que entrar acompañado del Ejército debido a la inseguridad, informó la titular de la dependencia, Rosario Robles. En una visita a Milenio, la encargada de la política social del país dijo que las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional identificaron las comunidades con mayores índices de violencia derivados de actividad delincuencial, de ahí que la Sedesol utilizará brigadistas que pertenezcan a estos lugares a fin de garantizar su entrada y tener mayor seguridad.
Mancera: las playas se cancelaron por la escasez de agua
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aclaró que el programa de playas artificiales en la Ciudad de México, impulsado por Marcelo Ebrard, no solo se eliminará durante Semana Santa, sino que será erradicado durante su administración, debido a las condiciones “complicadas y críticas por el descenso en el suministro y escasez de agua. 'El gobierno que yo encabezo no lo va a llevar a cabo. No habrá un programa de playas artificiales, como tal', señaló el mandatario.
TRASCENDIÓ
Que pocos compraron la versión de Miguel Ángel Mancera para cancelar las playas artificiales. Quienes transitan por el Zócalo comentan que las playas se instalaban en albercas públicas y se llenaban con agua tratada. Así es que, de plano, no se tragan el cuento. La verdad, como que le anda fallando a Mancera su desmarque de Ebrard.

EXCÉLSIOR

Usan perro para llevar droga a Italia
Con la aprehensión de 75 presuntos criminales, entre ellos algunos mexicanos, la policía de esta ciudad descubrió una red de tráfico de drogas que utiliza perros de razas grandes para enviar paquetes de cocaína pura desde México hacia al menos ocho urbes de Italia. En entrevista, el procurador de Milán, Alberto Nobili, informó a Excélsior que han documentado hasta ahora 48 viajes de integrantes del grupo criminal Latin King Chicago, quienes han transportado desde México perros San Bernardo, gran danés, dogos de Burdeos, mastines napolitanos y labradores, en cuyas entrañas han encontrado hasta 1.25 kilogramos de la droga por cada animal. Los perros, dijo, eran sacrificados para sacarles los paquetes.
Obama apura una reforma migratoria
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó ayer al Congreso a reunir el 'coraje político' para aprobar rápidamente la reforma migratoria. En declaraciones realizadas en una ceremonia de naturalización de 28 nuevos ciudadanos estadunidenses en la Casa Blanca, Obama dijo que estaba encantado con los pasos tomados para reformar las leyes de inmigración y que quiere que el proceso se complete en los próximos meses.
Bullying, antesala del crimen: Campa
Los estudios realizados por el gobierno federal para prevenir la violencia y la criminalidad en el país han mostrado que el bullying y la violencia intrafamiliar convierten a los menores en 'agresores brutales de la sociedad', explicó al Senado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación.
FRENTES POLÍTICOS
El arresto de Elba Esther Gordillo, considerada una de las figuras más poderosas de México, fue anunciado hace un mes por Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, quien dijo entonces que las múltiples operaciones alcanzaban una cantidad superior a 2,600 millones de pesos. Fue acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa. Desde entonces los demás líderes sindicales cuidan sus dichos y hasta sus apariciones; pero lo malo es que después de su captura, nada se sabe del caso. Recuérdelo: las autoridades sólo dieron a conocer los resultados del análisis de 20% de dos de las 81 cuentas que manejaba la maestra. No es de extrañarse que haya quien asegure que el arresto de la dirigente vitalicia del SNTE fue pactado. ¿Será? La justicia está a tiempo de demostrar lo contrario.

LA JORNADA

Inegi: resiente industria la mayor desaceleración
La economía mexicana desaceleró en una tercera parte su ritmo de crecimiento anual en enero de este año a 3.2 por ciento, desde una expansión de 4.8 por ciento observada en el mismo mes de 2012, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Casi 4,000 hectáreas devastadas por el fuego en SLP
El gobernador Fernando Toranzo Fernández precisó que actualmente hay 13 incendios forestales activos en la Huasteca y zona media del estado, con un saldo de 3,797 hectáreas de arbustos, pastizales y hojarasca siniestradas. El mandatario estatal dijo que cuatro helicópteros son utilizados para combatir los incendios.
HRW: viola derechos aislar a migrantes detenidos en Estados Unidos
La organización Human Rights Watch (HRW) expresó este lunes su preocupación por la detención en soledad de inmigrantes en Estados Unidos, que denunció el diario The New York Times. 'Nos preocupa la noticia que inmigrantes en detención han sido puestos en aislamiento. Nos parece una violación fundamental de derechos humanos', dijo a Notimex el director de defensa política de HRW, Antonio M. Ginatta.

LA RAZÓN

Línea 12: GDF pagó escaleras, cámaras, vías... y no existen
Además del sobreprecio de 1,059 millones de pesos que la administración de Marcelo Ebrard pagó en las obras de la Línea 12 del Metro, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en un solo rubro de la Cuenta Pública 2011, pagos duplicados, obras no ejecutadas, incompletas y trabajos de baja calidad, que provocaron daños al erario público por 58 millones 982 mil pesos.
Investigan 'imprudencia' en incendios de San Luis Potosí
En San Luis Potosí permanecen activos 13 incendios forestales en seis municipios de la entidad, los cuales están en vías de ser controlados, informó el gobernador Fernando Toranzo Fernández “La mayoría de los incendios ya fueron extinguidos y sólo hay 13 focos rojos que ya se atienden. Tengo la certeza de que para mañana (hoy) tendremos una mínima expresión”, expuso el mandatario en conferencia de prensa.

EL PAÍS

El Eurogrupo abre la vía para aplicar la solución de Chipre a otros países
El presidente del Eurogrupo y responsable del Ministerio de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, ha declarado este lunes que la vía escogida para Chipre, donde por primera vez en la crisis del euro se prevé dejar caer a uno de los grandes bancos de un país y se imponen quitas a los grandes depositantes e inversores, podría extenderse a otras entidades de la eurozona en problemas. Con ello, Dijsselbloem defiende que ya no serán los contribuyentes los que tengan que pagar las reestructuraciones de la banca.
Reino Unido restringirá el paro y la sanidad a los extranjeros
En un tono populista que podría suscribir cualquier líder de la ultraderecha europea, el primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha anunciado este lunes una serie de medidas destinadas a hacer más difícil el acceso de los extranjeros, —incluidos los procedentes de otros países de la UE— a beneficios sociales como la atención sanitaria, la vivienda pública o las ayudas a los parados.

Surgen más irregularidades en la compra de un edificio del IFE

Surgen más irregularidades en la compra de un edificio del IFE
Millonarias sumas derivadas de varios avalúos
Hubo pagos indebidos que fueron desestimados por consejeros electorales
El inmueble, de 40 años, fue adquirido en 2009 en $225 millones
Foto
El edificio comprado por el IFE en Acoxpa. La imagen fue captada el pasado 20 de marzoFoto Carlos Cisneros
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de marzo de 2013, p. 3
La adquisición de un edificio en Acoxpa, por el Instituto Federal Electoral (IFE) involucró un conjunto de violaciones a la normativa interna del organismo, con independencia de las diferencias en el costo del inmueble derivadas de la existencia de al menos dos avalúos.
El ex director ejecutivo de administración del instituto, Fernando Santos, incurrió en varias acciones que impactaron en el costo y en pagos indebidos, los más de los cuales fueron ignorados por los consejeros al momento de rechazar la sanción.
En el expediente entregado por la Contraloría a los consejeros electorales se incluye un oficio del director de Recursos Materiales y Servicios, Gustavo Orozco (sujeto a investigación en expediente paralelo), dirigido a Santos, donde alude a la antigüedad del edificio, que es de 40 años.
Tampoco existe explicación de las obras de remodelación que, según los consejeros, se hicieron para ‘‘reducir’’ esa antigüedad tres años; la normativa impide adquirir inmuebles de más de 30 años.
En el intercambio de oficios, Orozco se dirige a Sergio Samaniego, del Instituto de Administración y Avalúos de Inmuebles, y señala: ‘‘Por necesidades de operación del Instituto Federal Electoral, hemos tomado en arrendamiento los cinco pisos restantes del inmueble de referencia, lo que motivó que el propietario del inmueble realizara una inversión bastante considerable para adecuarlo a nuestros requerimientos.
‘‘Se adjunta la relación en la que se señalan los montos que el propietario ha invertido en los trabajos de acondicionamiento con base en nuestras necesidades (...) solicito su apoyo e intervención a fin de que se reconsidere el importe dictaminado que, derivado del avalúo, resultó de 118,005,900 pesos’’. (Se infiere que la cifra es de 118 millones 5 mil 900 pesos).
La relación revela elevados costos de lo que presuntamente invirtió el propietario, entre ellos: 17 millones de pesos para aire acondicionado; 4.9 millones para escaleras de emergencia de metal; 17 millones para fachadas del edificio color aluminio metal; 2 millones en la remodelación de siete baños; un millón en puertas metálicas en escaleras de emergencia; 10 millones en colocación de contactos normales y de iluminación; 9.7 millones en plafones de 61 por 61 centímetros en los ocho pisos y área comercial, entre otros conceptos de una larga lista de cantidades que llegan a sumar 111 millones de pesos, que se liquidarían con cargo al IFE tras el nuevo avalúo.
Para liquidarlo, Santos alentó la cancelación del segundo avalúo, elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos, luego de que éste consideró improcedente reconsiderar el primero. El 7 de julio de 2009, Orozco remitió un oficio a Samaniego, donde solicitó ‘‘la cancelación del avalúo correspondiente en virtud de que a la fecha no hemos tenido respuesta’’.
De acuerdo con los consejeros, ya habían pasado 90 días de la petición, cuando había un acuerdo de entrega de 25 días. Con 72 horas de diferencia, el Instituto de Administración respondió que el nuevo avalúo –con obras de remodelación incluidas– estaba concluido y arrojaba 125 millones de pesos, a pesar del cuantioso reporte de trabajos entregado por Orozco, es decir, sólo 7 millones más.
El IFE no conoció esta opción y fue por un tercer avalúo, que tardó cuatro meses más. Participaron para obtenerlo Bancomer, Banamex, Banjército, Banobras e Inbursa. El 21 de octubre de 2009, un oficio de la directora jurídica del instituto, Rosa María Cano, recomendó:
‘‘Se observa que la opción correspondiente a Bancomer presenta la ventaja de ser la única institución bancaria privada que ha realizado arrendamientos financieros con instituciones públicas’’. Santos haría caso omiso y optó por Banobras, que reportó 262 millones de pesos, aunque el inmueble se adquirió en 225 millones.
Sin embargo, Santos no sólo incurrió en esta cadena de acciones que dispararon el costo del inmueble; su inexperiencia en pago de impuestos implicó que el IFE erogara casi 12 millones de pesos por impuesto sobre adquisición de inmuebles (del que las instituciones públicas están exentas).
Asimismo, el funcionario asumió el pago de casi 5 millones de pesos en impuesto predial, que operó en readecuación de partidas del IFE, porque al momento del pago había insuficiencia presupuestal.
Finalmente, conoció de la improcedencia de la reconsideración del avalúo que el instituto solicitó, en detrimento de su propio patrimonio, y alentó la compra en esas condiciones.

Firmará Peña Nieto nuevo decreto sobre las reglas de operación del Procampo

Firmará Peña Nieto nuevo decreto sobre las reglas de operación del Procampo
Los dirigentes del Congreso Agrario se reunirán la próxima semana con el titular de Sagarpa
Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de marzo de 2013, p. 6
El presidente Enrique Peña Nieto firmará un nuevo decreto sobre las reglas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y para otorgar certidumbre a los productores con la depuración del padrón, anunció el coordinador general del Congreso Agrario Permanente (CAP), Juan Leyva Mendivil.
Para ello, dijo, los 11 dirigentes campesinos que se agrupan en el CAP realizarán la próxima semana una serie de reuniones de trabajo con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez.
Leyva indicó que el Procampo se modificará con el objetivo de que su impacto sea predominantemente productivo y no asistencial.
Informó que la modificación fue acordada entre el CAP y la Sagarpa luego de un encuentro, el miércoles pasado, tras el cual ambas instancias coincidieron en señalar que se requiere modificar ese programa, que es el que más recursos federales recibe (14 mil millones de pesos) para impulsar a miles de campesinos y otorgarles los insumos indispensables para hacer crecer su producción.
‘‘Ha sido una demanda permanente del CAP que los recursos del Procampo se entreguen a tiempo, pues durante la gestión de Felipe Calderón, la totalidad de los programas y sus recursos comprometidos se otorgaban a destiempo o se quedaban como subejercicios’’, expuso Leyva Mendivil.
El trabajo en común entre la Sagarpa y el CAP es para lograr que las modificaciones queden consideradas en el presupuesto de 2014.
En cuanto a los nuevos programas, políticas y reglas de operación, dijo: ‘‘Vamos a organizar todo para que pasando Semana Santa se inicien y se liguen con la firma del pacto rural’’.
Comentó que las reuniones conjuntas también tienen como meta ‘‘concretar compromisos con el presidente Enrique Peña Nieto para llegar en condiciones similares o iguales a un acuerdo nacional para el campo como el que se firmó en 2003’’.
El dirigente de la cúpula agraria confió en que el acuerdo ‘‘no quede en buenas intenciones, pues ya no podemos dar más tiempo a la aguda situación por la que atraviesa el campo’’.
Leyva estimó que sería en el segundo semestre de este año cuando se dé la firma del pacto con el titular del Ejecutivo federal, aunque sigue presente el compromiso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del subsecretario Luis Enrique Miranda, de que pueda ser antes.
Otro de los acuerdos con el titular de la Sagarpa es la creación de un nuevo programa para las zonas más deprimidas, de menos potencial productivo y bajo consumo, para lo cual las organizaciones integrantes del CAP han propuesto ‘‘una sola bolsa de apoyos dirigidos a este tipo de productores’’, detalló Leyva.
Las propuestas para las zonas marginadas incluyen desde cultivos tropicales, pesca y ganadería, hasta pequeñas y medianas explotaciones para impulsar soberanía y seguridad alimentaria.

¿Es cierto que Pemex no se vende ni se privatiza?

¿Es cierto que Pemex no se vende ni se privatiza?

La mentira política, aconsejada hace más de 3 milenios por Platón (cuyo nombre real era Aristocles) para atacar a la democracia de Atenas, se sigue usando. En el presidencialismo a la mexicana nuestros políticos echan mano de las verdades a medias y sobre todo mentiras completas para engañar. Peña no es la excepción, cuando menos en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), que es botín de las cúpulas sindicales (Romero Deschamps es un pillo y se sumó a las declaraciones peñistas en Guanajuato) y de los presidentes en turno después de Cárdenas y Ávila Camacho, pues desde Alemán hasta Calderón, con sus cómplices, amigos y empresarios de aquí y de allá se han repartido las ganancias como piratas asaltando la nave del Estado. Un Estado laico ahora mismo puesto en riesgo por Peña con su catolicismo y sus visitas, no al Estado del Vaticano –con el que se disfraza el régimen papal–, sino al anterior y nuevo jerarca de la Iglesia Católica (más que cristiana).
 
Con la carga nacionalista de lo que históricamente significa para el presente la Expropiación Petrolera, cuando Lázaro Cárdenas sustentó su decisión de quitarle a los extranjeros instalaciones e instrumentos para explotar el oro negro con base en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mexicanos atentos a este asunto no pueden menos que sospechar que Peña y sus aliados –sobre todo los financieros y empresarios que ya vieron el botín– intentan una reforma que abra a Pemex para permitir su gradual privatización. Esto es una modalidad de vender la empresa hasta que se sequen sus pozos y agoten sus reservas. Entonces los mexicanos tendremos como patrimonio pozos vacíos. Peña quiere entregar el petróleo a la iniciativa privada nativa y extranjera.
 
No podemos ni debemos creerle a Peña y su grupo que la reforma energética sobre Pemex es sólo para recibir inyecciones de capital; y es que los interesados quieren comprar el petróleo directamente, por medio de que se les permita localizar yacimientos, perforar y comercializar petróleo. Lo que pasa es que Peña no quiere decir la verdad, ya que sabe que su propuesta tiende a dejar que los inversionistas, con sus equipos de perforación y extracción, en tierra y en el Golfo de México, tengan vía libre para obtener el petróleo y llevárselo. Obviamente que los inversionistas no comprarán las instalaciones, pero se asegurarán por todos los medios que al participar en Pemex tengan derecho a llevarse la mayor parte de las utilidades.
 
Así que la respuesta a la pregunta de si es cierto que la empresa no se vende ni se privatiza es que, ya en manos privadas, los empresarios se adueñarán de la producción, y en 6 años de peñismo, llevarse la cuarta parte de los 13 mil millones de barriles. No se busca industrializar la producción petrolera. La propuesta de Peña es una trampa: abrir la empresa a la total participación privada para vender el crudo a los capitales extranjeros y algunos nativos que inviertan directamente. De esta manera la empresa será mexicana sólo en su acrónimo. Así que no hay porqué creerle, ya que Peña busca vender a la empresa mediante su privatización.

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema


Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
 
 
 
San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas.
 
Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.
 
Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.
 

La defensa empresarial

 
Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.
 
Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.
 
El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.
 
Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.
 
El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.
 
—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?
 
—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.
 
Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”.
 
Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.

San José del Progreso, explotación y miseria

San José del Progreso, explotación y miseria


 

San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.

Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
 
 
San José del Progreso, Oaxaca. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que en este municipio habitan 6 mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado gobernado, hasta 2010, por el Partido Revolucionario Institucional y ahora por el aliancista Gabino Cué Monteagudo (partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional). A nivel nacional ocupa el sitio 481, de los casi 2 mil 500 municipios que conforman la nación.
 
Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.
 
Andrés Vásquez, padre de Bernardo Vázquez –dirigente opositor a la minera Cuzcatlán, asesinado el 15 de marzo de 2012– de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de los campesinos que ha padecido las condiciones de pobreza.
 
Huérfano de padre y madre, don Andrés ha vivido toda su vida del trabajo en el campo. A sus 62 años de edad, es padre de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.
 
Contrario a la pobreza que hay en el lugar, actualmente, la empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines –representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán– tiene en sus registros la extracción  de millones de onzas de metales preciosos del suelo oaxaqueño.
 

Incertidumbre en la salud

 

Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en San José del Progreso es una de las preocupaciones que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde hace algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas.
 
Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”.
 
Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues no cuentan con información clara del impacto ambiental que trae consigo la extracción que hace la minera canadiense.
 
La organización internacional Hesperian, en su Guía comunitaria para la salud ambiental, indica que con la minería “la contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. Y la contaminación del aire, proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasta el último trabajador disponible, sacrificando la salud, los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre otros aspectos.
 
 

Minería, oscuro panorama

 
Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su mayoría de oro y plata.
 
Como lo documentó Contralínea (edición 268), México ha otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expedición de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía. “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.
 
Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para despojar a los pueblos de sus territorios”.
 
—¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta.
 
—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes.
 
“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”
 

Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana

 
La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.
 
De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.
 
La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán.
 
Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de oro en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.
 
 

Las desigualdades

 
En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.
 
El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.
 
“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.”

Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia


En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social

Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
 
 
San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.
 
Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.
 
El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.
 
A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.
 
“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.
 
Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).
 
Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.
 
Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.
 

Derechos humanos, violentados

 
El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.
 
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
 
El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.
 
Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.
 
El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.
 
“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.
 
El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.
 
 
 

Sin consulta previa

 
Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.
 
En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.
 
Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.
 
Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.
 
“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.
 
 
 

Hidroeléctrica El Naranjal: despojo a 30 mil pobres

Hidroeléctrica El Naranjal: despojo a 30 mil pobres

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26. marzo, 2013 Nancy Flores // Fuente Contralínea

La hidroeléctrica privada El Naranjal despojará de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas en Veracruz, y afectará a 56 especies animales y vegetales protegidas. Su negocio se centrará en la generación media anual de 676 gigavatios/hora para “autoabastecimiento” y para venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de su construcción está el empresario Guillermo González Guajardo (hijo de Claudio X González), dueño de una red empresarial dedicada al desarrollo de proyectos energéticos que han desplazado a decenas de pueblos

 

Nancy Flores, @nancy_contra/ Monserrat Rojas*, fotografías/ enviadas
 
Amatlán de los Reyes, Veracruz. “A la mejor nos maten, como dicen. Pero si a fuerza van, a fuerza vamos”, afirma Juana León. Desde el corredor de su vivienda, la mujer explica que para los afectados –como ella– “no hay ninguna ganancia” con la hidroeléctrica privada El Naranjal. “Si llegamos a fracasar [en la resistencia pacífica], no hay de otra más que levantarse y hacer algo”.
 
A sus 75 años de edad, doña Juanita –como la conocen aquí en su comunidad, Congregación Guadalupe La Patrona– no cede ante la amenaza del proyecto de generación de energía que impulsa en esta entidad el empresario Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X González Laporte. “Yo por mí, lo mío no lo vendo”, afirma.
 
Integrante de Las Patronas (grupo de mujeres que brindan asistencia humanitaria a migrantes centroamericanos que viajan por tren), doña Juanita mira en derredor de su casa. Con ese recorrido señala las colinas que rodean el lugar. “Si llegan a hacer la hidroeléctrica, ¿a dónde vamos a quedar nosotros? Así, sentados, échenle un lente: cómo estamos, miren los cerros. ¿A dónde quedaríamos?, dentro del agua”.
 
En varias ocasiones, a doña Juanita y a su esposo los han visitado representantes de la hidroeléctrica para “convencerlos” de que vendan la tierra en la que nacieron y crecieron; donde ella parió a sus seis hijos y donde éstos, a su vez, tuvieron a sus 15 nietos. El territorio donde viven, siembran y donde descansan sus ancestros.
 
—¿A dónde se irían?
 
—A ningún lado. Al panteón solamente.
 
De acuerdo con el permiso oficial –emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 8 de enero de 2010, con folio SGPA/ DGIRA.DG.0016.10–, la hidroeléctrica afectará una superficie de 93.31 hectáreas ubicadas en los municipios veracruzanos de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cuichapa y Yanga. De ese total, 61.44 hectáreas (el 65.8 por ciento del territorio) requieren cambio de “uso de suelo”, por estar catalogadas como áreas forestales.
 
El saldo social del proyecto privado será de unos 30 mil campesinos e indígenas afectados, tanto por el despojo de tierras como por el del agua, señala en entrevista con Contralínea Francisco Rojas Palacios, integrante del Grupo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre.
 
Aunado a esto, la Semarnat admite que se perjudicarán 40 especies de “fauna con relevancia para la conservación” (20, con estatus de protección; 15, sujetas a protección especial; cuatro, amenazadas; una, en peligro de extinción) y 16 especies protegidas de vegetación (12, con estatus de protección; cuatro, amenazadas).
 
De estas especies, los casos más graves son los del chiropterotriton chiropterus (una especie de salamandra), la orthogeomys lanius (tuza lanuda) y la dasyprocta mexicana (agutí negro), en inminente peligro de extinción y cuyo hábitat será destruido por la hidroeléctrica El Naranjal.
 
Éstas no son las únicas afectaciones medioambientales: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas advirtió a la Semarnat que parte de la obra (una cortina) se localizará muy cerca de la poligonal del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, decretado así el 4 de mayo de 1938.
 
Sin embargo, esto tampoco frenó el aval de la Secretaría a la hidroeléctrica. Sobre ese último punto, la Semarnat –que entonces encabezaba Rafael Elvira Quesada– observó que la cortina no representa riesgo alguno: “se ubica a aproximadamente 470 metros [sic] de distancia del área natural”.
 
El activista Rojas Palacios denuncia que el proyecto hidroeléctrico también acabará con la afluencia de dos ríos, el Blanco y el Metlac; a este último lo califica como de gran importancia, porque provee de agua a algunas comunidades de los municipios afectados. No obstante, para la Semarnat esto no es un peligro, pues ambos afluentes, asegura, están contaminados.
 
En el permiso federal se enlistan 10 obras sobre los ríos Metlac y Blanco, de las cuales destacan cuatro: el embalse de ambos a partir de su confluencia, la captación permanente de un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, la construcción de un canal a cielo abierto de 22 kilómetros de longitud sobre la margen izquierda del Río Blanco y el alzamiento de la cortina derivadora de 9 metros de altura, a menos de medio kilómetro de la reserva natural protegida.
 
“Las obras de derivación consisten en construir, a 30 metros debajo de la junta de los ríos, una cortina de 9 metros de alto que va a inundar una zona de vegetación de 9 a 11 hectáreas, para aprovechar la gran depresión. Del lado izquierdo del río van a derivar el 95 por ciento de las aguas por un trayecto de 22 kilómetros, para llevarlas al cerro de San José de Gracia. Ahí hay unas depresiones naturales que van a servir para almacenar las aguas de este proyecto”, refiere Rojas Palacios.
 
El problema, indica, es el gran impacto ambiental. “Se van a afectar a varias poblaciones de los municipios de Fortín, Amatlán, Cuichiapa y Omealca. Éstas sí están contempladas dentro del proyecto, sin embargo hay daños que nosotros hemos detectado con trabajo de campo que no lo están: ellos comentan que van a dejar un caudal ecológico de 2 metros cúbicos por segundo, entonces al desviar esas aguas van a afectar a la población de Rincón Buenavista, porque ellos tienen un punto de alimentación de agua por filtración del Río Blanco. Es una población de aproximadamente 1 mil 500 o 2 mil habitantes que se van a ver afectados por la ausencia del Río Blanco”.
 
A pesar de los irreparables daños social y medioambiental que causará, Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV, repartió volantes en los que insta a los pobladores de los seis municipios a decir “¡sí al progreso!”.
 
 
En la propaganda, la empresa de González Guajardo indica como “beneficios” la generación de energía que dejará supuestamente una derrama económica en la región, la creación de 400 empleos directos, el control de inundaciones y la provisión de un suministro de agua “más confiable y de más alta calidad”, entre otros.
 
Cuando los impulsores de la hidroeléctrica se refieren al desarrollo sustentable “tal vez hablan de sustentar su economía solamente y de la gran riqueza que se van a llevar; no del gran problema social, económico, cultural y en todos los aspectos en los que se va a ver afectada la población”, opina el activista ambiental Rojas Palacios.
 
“El desarrollo es una mentira. No es desarrollo, es una destrucción. Si lo fuera, pondrían algo de preparación para la juventud y la niñez y quitarían la maldita droga que está en todas partes. Eso sí sería desarrollo. Si no hubiera naturaleza, de dónde vamos a vivir. Eso de que quieren acabar con la humanidad no es desarrollo. Eso viene siendo como un principio de guerra”, señala doña Juanita.
 
Una guerra que previamente ha incluido amenazas. “Si no quieren vender el terreno, se pierde o se muere el esposo y después la viuda tiene que vender”, le espetó a doña Juanita uno de los representantes de Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV, una tarde de 2011.
 
La mujer le respondió: “¿Qué dice? ¿Usted piensa que estamos durmiendo, que si se pierde o matan al esposo, la esposa se va a quedar con miedo y que su familia no va a pelear por su familiar? Matarán a uno, pero no a todos. Sabe qué, mejor lárguese y no vuelva a venir porque eso es una amenaza. Ustedes ni conocen a la gente de aquí”.
 
Los amedrentamientos contra los pobladores se multiplican. Hugo Guzmán Cuevas, integrante del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, refiere que amenazas similares a la que recibió doña Juanita son cada vez más frecuentes: “sí han habido y son muy directas, no son como para tomarlas a la ligera”.
 
Algunos afectados identifican al jefe del proyecto, el ingeniero Javier Tobías de la Rosa, como principal responsable de estos actos ilegales. Al respecto, Contralínea buscó conocer la posición del empresario González Guajardo y de sus representantes. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
 
(*Integrante de Regeneración Radio)