Desde hace más de un siglo, la familia Silveyra Arias se ha dedicado
a la minería en Durango, y el patrimonio parecía tener un legado
seguro, hasta que en 2009 comenzó una pesadilla que, desde hace más de
un año, tiene a Leticia Arias Castro, de 75 años y madre de esta
dinastía de mineros privada de su libertad; actualmente se encuentra
detenida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla, en la Ciudad de México.
Francisco Silveyra Ibarra, esposo de Leticia, realizó un
contrato de explotación y promesa de asociación entre las empresas
Minera Electrum, subsidiaria de la canadiense Electrum Capital Inc., el
18 de agosto de 2009. Pero la compañía no cumplió con las condiciones y
cancelaron el trato… o eso pensó la familia, porque a partir de ahí la
empresa canadiense les arrebató 4 mil hectáreas para la explotación de
zinc, plomo, plata y oro, en el municipio duranguense de Indé.
Los Silveyra Arias acusan que, en este caso, hay un claro
contubernio entre altos funcionarios del Gobierno federal y del estado
de Durango con Electrum Capital Inc. También, afirman, existe
corrupción: por ello, la legislación se ha torcido en favor de los
intereses de la compañía canadiense, y se atropellaron los derechos de
Leticia, a quien el 29 de enero pasado le fue negada la prisión
domiciliaria.
Ciudad de México, marzo (SinEmbargo).- Las autoridades mexicanas
entregan los recursos del país a empresas extranjeras y no tienen reparo
en favorecer sus intereses, aunque para lograrlo deban incurrir en
atropellos y violaciones a los derechos de los mexicanos, acusa la
familia Silveyra Arias, originaria del estado de Durango.
Y para comprobarlo, tienen una historia que contar.
En entrevista para
SinEmbargo, Alexica y
Francisco Silveyra Arias, integrantes de una familia dedicada a la
minería desde hace más de un siglo, cuentan que la Minera Electrum SA de
CV, subsidiaria mexicana de la empresa canadiense Electrum Capital
Inc., los despojó de 4 mil hectáreas de concepción minera –de donde
se extrae zinc, plomo, plata y oro–, ubicadas en Indé, municipio
duranguense.
Para lograrlo, denuncian los afectados, la empresa de origen
canadiense –“en contubernio con autoridades federales”– encarceló a
Leticia Arias Castro, su madre, quien tiene 75 años, para así ejercer
presión y dotar de legalidad al saqueo del patrimonio que ha pasado por
generaciones.
Información del Instituto Fraser revela que el 74 por ciento de las
concesiones de exploración de minas en la República Mexicana pertenecen a
compañías canadienses. Las compañías originarias de Canadá operan más
de 850 proyectos en fase de exploración, desarrollo y explotación en
México, según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Además, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha
revelado que 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en
América Latina, 19 han ocurrido en la República Mexicana.
Entre las empresas canadienses que han violado el derecho al
territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a
la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica se
encuentran Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en
Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca;
Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango,
y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas, y la propia
Electrum Capital en tierras duranguenses.
CONTUBERNIO ENTRE GOBIERNO Y MINERAS
Los hijos de Leticia afirman que entre el Gobierno mexicano y la
empresa canadiense hay contubernio, específicamente señalan a la
anterior administración de Durango a cargo del priista Jorge Herrera
Caldera, cuando Sonia Yadira de la Garza Fragoso se desempeñó como
Fiscal general de esa entidad y, en el ámbito federal, el Juez 59 Carlos
Yarza Carranza es también acusado de favorecer los intereses de
Electrum.
“La justicia en México no existe, no sé para qué hay
leyes si [las autoridades] lo único que saben hacer voltearlas a favor
de quienes las compren […] Vemos una situación de injusticia apoyada por
las leyes y las autoridades mexicanas contra una señora para favorecer a
extranjeros a que se adueñen de los recursos de los mexicanos”, criticó
Alexica.
En el mismo sentido, Francisco aseguró que con el encarcelamiento de
la señora Arias, la compañía canadiense busca “presionar” para que la
familia firme y ceda así los recursos mineros.
“Es presionar a que se haga lo que ellos quieren”, afirmó.
También dijo que tiene la seguridad de que “ha habido una
corrupción extrema en todo el procedimiento. La posesión y el despojo
fueron logradas gracias al apoyo de la autoridad, sin ninguna orden
judicial, simplemente dando dinero”.
La justicia en el México gobernado por Enrique Peña Nieto, recriminó,
“está por los suelos” y “está para quien tiene dinero para corromper a
la autoridad”.
Leticia
Arias Castro, de 75 años, está actualmente detenida en el Centro
Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de
México. Foto: Familia Silveyra Arias
El objetivo de dicho contrato era que la familia Silveyra y la
compañía Electrum exploraran las concesiones mineras de Scorpio SA de
CV, la empresa de los Silveyra, y en caso de que hallaran un yacimiento
rico, crearían una nueva asociación para explotar.
Tras la firma surgieron varios términos a cumplir: comenzaron con la
exploración, la empresa cumplió con ciertos compromisos establecidos al
inicio del contrato; no obstante, cuenta Francisco, éste se desvirtuó
cuando las empresas decidieron ejercer la opción de asociación y debían
pagar un valor de infraestructura para cumplir y así abrir la nueva
sociedad.
Electrum se negó a pagar la infraestructura y exigió que antes se
formara la asociación, pero la familia no aceptó. Así que la empresa
canadiense decidió adueñarse de las minas de la familia, para lo cual
creó la compañía apócrifa bajo el nombre de Minera Indé de Durango.
Posteriormente, los Silveyra se enteraron de la existencia de una
demanda penal por fraude genérico en contra de los padres y del propio
Ernesto.
Mina que ahora explota por la canadiense Electrum Capital Inc., en el municipio de Indé, Durango. Foto: Familia Silveyra Arias
Esta historia de vericuetos legales e incluso amenazas no es única en México.
Los abusos de las mineras canadienses y la destrucción ambiental y a
la salud de las comunidades donde operan han sido denunciadas cientos de
veces durante el actual sexenio.
El mes pasado, José Luis Abarca Montejo, hijo del líder comunitario
asesinado Mariano Abarca Roblero, acudió a buscar justicia con las
autoridades canadienses luego de que en México se le negara durante 8
años.
José y su familia han señalado durante este tiempo que la minera
canadiense Blackfire Exploration ordenó a sus empleados asesinar a su
padre, quien emprendió una campaña contra la contaminación del agua de
los ríos y los daños al suelo que originaba la mina de barita.
En el país, ha recriminado, se castiga incluso con la muerte a
quienes levantan la voz para que se respeten sus territorios, usos y
costumbres, salud y medio ambiente. Las propias autoridades entregan al
extranjero los recursos, afirmó.
Anteriormente, en diciembre pasado, un grupo de pobladores de la
comunidad de Ixtacamaxtitlán, acompañados de activistas, también visitó
Canadá para instar al Gobierno de aquel país y a los inversionistas a
prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales
asociados con un proyecto que se desarrolla en la región ubicada en
Puebla, instaurado por la compañía Almaden Minerals, originaria de ese
país norteamericano.
LETICIA: CASTIGO POR ENCIMA DE LA LEY
De acuerdo con el maestro David Peña Guzmán, abogado de la señora
Arias, la mujer de 75 años está acusada de un fraude genérico por 100
millones de pesos, previsto en el Artículo 386 del Código Penal Federal,
en el que se señala que “comete el delito de fraude el que engañando a
uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente
de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
En el caso de la señora Arias, al ser un delito que rebasa 500
salarios mínimos, el delito puede sancionarse con prisión de tres a doce
años y una multa de hasta 120 veces el salario.
Para 2016, la mujer que radicaba en Chihuahua es detenida junto con
Ernesto, en El Paso, Texas, tras regresar de una consulta médica. Madre e
hijo permanecieron un año con cuatro meses en el Centro de Reclusión
para Migrantes en el estado del país vecino del norte.
En cumplimiento de la orden de aprehensión girada por el Juez 59
Carlos Yarza Carranza, la madrugada del 13 de octubre de 2016, la señora
Arias llegó al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla, en la Ciudad de México.
El Artículo 75 Bis del Código Penal del Distrito Federal señala que
“cuando la orden de aprehensión o el auto de formal prisión se dicte en
contra de una persona mayor de 70 años de edad o de precario estado de
salud permanente, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se
lleve a cabo en el domicilio del indiciado o procesado bajo las medidas
de seguridad que procedan”.
Aunque la señora Arias tiene 75 años cumplidos, el Juez 59 la negó la
prisión domiciliaria el 25 de octubre de 2017 y el Magistrado Rafael
Guerra confirmó dicha negativa el pasado 29 de enero.
Yarza Carranza, recordó el abogado, determinó que la única medida
cautelar que hacía justicia al caso era la prisión preventiva oficiosa,
cuando los delitos que ameritan dicha medida son homicidio doloso,
genocidio, violación, traición a la Patria, espionaje, terrorismo,
sabotaje, corrupción y tráfico de menores, además de los que atentan
contra la salud, todos ellos previstos en el Código Penal Federal.
Por ello, el abogado afirma que a la adulta mayor se le ha dado un
trato similar al que recibiría un violador, homicida o secuestrador.
“Es un atropello, es una injusticia. [Su encarcelamiento]
es completa y absolutamente injusto, no tiene nada de legal […] De
acuerdo con el señor Juez 59, mi cliente que es una señora de 75 años, a
la que se le acusa de un delito no violento y patrimonial, representa
el mismo riesgo que una persona acusada de violación, homicidio,
secuestro o trata de personas”, manifestó.
No obstante, destacó, “parece que la secuestrada es ella”.
“Vive una especie de secuestro institucional. Como
abogado me doy cuenta que estoy frente a un asunto diferente. Las
personas que lo están resolviendo no lo están haciendo observando la
Ley. Hay momentos en los que no se siente que soy una defensa, se siente
como si estuviera en la negociación de un rescate porque la compañía
canadiense habla de una negociación”, denunció.
El periódico
La Jornada informó en enero de 2005 que el
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) determinó que dicho
Juez “incurrió en irregularidades de tipo administrativo al determinar,
de manera incorrecta, la prescripción de un delito, con lo cual
benefició a un presunto homicida que fue liberado al quedar cancelada la
orden de aprehensión”.
Finalmente, Alexica y Francisco aclararon que el trato que Leticia
recibe en el centro penitenciario no es distinto al que se les brinda a
otras internas, es decir, no es víctima de abusos, ya que la familia
solicitó apoyo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina y el
organismo público ha vigilado el tema.
La familia hizo un llamado a las autoridades mexicanas a actuar con legalidad.
7 de marzo de 2018
