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Tenían
un botón en el sistema informático que se llamaba “Clavos”. Les pareció
muy burdo y entonces le cambiaron el nombre a “Botón B”, que en opinión
de alguien debió sonar mucho más sutil. En realidad el primer nombre
era el más preciso porque definía exactamente la función de esa opción
del sistema informático, que no era otra que colar los mayores clavos en
los cobros a la empresa a la que pertenecían y para la que trabajaban:
el Canal de Isabel II. Así dijo Jaime Lafora que se hacían las cosas en
Hispanagua, filial de Canal de la que había sido despedido y donde,
aseguró también, se enchufaba a gente ligada al partido cuando el Canal
no podía hacerlo directamente.
18 de octubre de 2016. Comisión de
Estudio del Endeudamiento de la Comunidad de Madrid. Ese día, con la
información sobre irregularidades en el Canal ya en manos de la
Fiscalía, con un listado de destituciones recientes ordenadas entre
responsables del Canal, conociéndose ya las implicaciones de personas
ligadas al Canal (como Edmundo Rodríguez Sobrino, responsable de la
filial Inassa de Canal en América Latina durante 10 años y hoy imputado
por el juez Eloy Velasco) con los
Papeles de Panamá desvelados en España por
El Confidencial
y La Sexta (una investigación a nivel mundial que ha merecido un premio
Pulitzer), pareció no quedar duda alguna de que lo ocurrido en el grupo
que nació para abastecer de agua de calidad a los madrileños había sido
durante años un descontrol.
¿Quién falló en su obligación de
controlar desde este detalle todo lo demás que estaba pasando en el
Canal de Isabel II? ¿Quién cobraba por velar por los intereses de los
propietarios de la compañía, que no son otros que los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid?
Los vigilantes
Esa
misma mañana, justo antes de que Lafora compartiese las historias del
botón “Clavos”, habían comparecido ante la Comisión dos de las personas
que firmaban los informes de auditoría de Extensia, filial del Canal de
Isabel II en América Latina, una de ellas encargada también desde 2008
hasta 2014 de auditar las cuentas del propio Canal. Miguel Ángel Faura y
Borja Guinea, socios de la auditora KPMG, fueron preguntados una y otra
vez por la compra en Brasil por parte del Canal de Isabel II de una
compañía, Emissao, cuyo valor había caído en picado casi nada más ser
adquirida, como se había puesto de manifiesto en la comisión y había
contado
El Confidencial, y que se había comprado de un modo ya
de por sí extraño para tratarse de una inversión hecha por una sociedad
española cien por cien pública.
Para ponerse en situación: sigan
el recorrido del dinero que permitió comprar Emissao, operación que ha
sido el ariete que hizo abrir las puertas y ventanas de las cuentas
públicas de las empresas de Madrid y ha llevado a prisión incondicional
entre otros al expresidente de la Comunidad Ignacio González, provocado
la imputación de su hermano, de su cuñado, del exmáximo responsable de
los negocios en América Latina del Canal, Edmundo Rodríguez, del
consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, entre otros.
Ustedes
abren el grifo del agua y, mientras se duchan cantando alguna coplilla,
el contador va girando. La cifra que marque pasa a su factura y de ahí a
la cuenta del banco, que envía el dinero al Canal de Isabel II. El
Canal entregó parte de ese dinero a dos filiales que tiene en América
Latina: Extensia, que es la sociedad
holding que agrupa todas
las participadas latinoamericanas del Canal, e Inassa, filial del Canal
en Colombia. Estas dos empresas le hacen un préstamo a otra filial del
Canal, Soluciones Andinas, con sede en Montevideo (Uruguay). ¿A qué se
dedica Soluciones Andinas? A nada. Está hueca. Es una sociedad pantalla.
Con el dinero que recibe compra el 14 de noviembre de 2013 una empresa
brasileña, Emissao, por 21,3 millones de euros. Al año siguiente esa
empresa ya solo tiene un valor de 10,3 millones. Un año después, 5,5
millones. ¿Dónde está el dinero que pagó por el agua de la ducha, el
dinero que salió de su cuenta del banco y se prestó para comprar una
empresa en Brasil?¿Qué vieron los auditores de esta operación?
Ustedes abren el grifo del agua y, mientras se duchan cantando alguna
coplilla, el contador va girando. La cifra que marque pasa a su factura
y de ahí a la cuenta del banco, que envía el dinero al Canal de Isabel
II
Lo primero que explicaron en la comisión los dos socios
de KPMG es que Soluciones Andinas es tan pequeña (de hecho, como se ha
dicho, no hace nada por lo que ni siquiera tiene ingresos y solo los
tendría si Emissao le repartiese en algún momento dividendo) que “no
alcanza los límites que establece la legislación uruguaya y, por tanto,
no está sujeta a una auditoría obligatoria en Uruguay”. Es decir, que la
primera consecuencia de que se eligiese utilizar una empresa en ese
país para comprar otra en un país diferente es que no había obligación
de controlarla. Y nadie dijo nada. Por supuesto, dijeron los socios de
KPMG y ahora se entiende mucho mejor, “la dirección de Canal no encargó a
ningún auditor que hiciera trabajo alguno al respecto”. Lo segundo es
que, “según la normativa brasileña de auditoría que se aplica a la
entidad, los estados financieros locales de Emissao tampoco tienen la
obligación de ser auditados” en las cuentas globales (lo que se llama el
consolidado).
Resulta que la empresa que se había comprado en
Brasil, lejos de ser la inversión del siglo, tenía los balances tan
dañados que no cumplía ni los ratios de solvencia financiera mínimos
para conseguir nuevos contratos con la administración pública (se
entiende que brasileña) y hasta se puso en duda si esa situación podía
afectar a la renovación de los contratos que ya tenía. Y a pesar de esa
debilidad se pagaron 21,3 millones de euros y nadie dijo nada. Eso sí,
se utilizó el argumento de los contratos futuros y presentes para
justificar que el préstamo con el que se había comprado la empresa (que
se lo debía a todos los madrileños) se decidió capitalizar, es decir,
transformar la deuda que se devuelve periódicamente a una participación
en una empresa en Brasil que se recuperará (o no) el día que esa empresa
se venda.
Las cuentas públicas de Canal de Isabel II Gestión no
recogieron que la inversión en Brasil se había deteriorado tan rápido.
¿Cómo es posible? Porque lo que recogen las cuentas tanto de Extensia
como de Canal es un cálculo al que llaman “valor recuperable” que se
basa en proyectar a futuro el negocio que puede hacer Emissao. Las tasas
de crecimiento previsto que se le aplicaron a la empresa, muy
superiores a las que se utilizan en otras del mismo sector como puso de
manifiesto la diputada de Ciudadanos Susana Solís, ocultaron el
deterioro. Y nadie dijo nada. Cuando en la Comisión de Endeudamiento se
preguntó a los auditores cuál era la causa, se limitaron a repetir que
no se consideró que hubiera riesgo de no recuperar el dinero que se
había prestado para comprar Emissao (hecho que habría obligado a hacer
una provisión en las cuentas) y afirmaron: “Hicimos nuestras
comprobaciones y llegamos a las mismas conclusiones que la compañía”. La
proyección de ingresos y crecimiento futuros, a pesar de que dependía
de una estabilidad de la que Emissao carecía (de hecho necesitaba
incluso que le capitalizasen el préstamo para llegar a unos mínimos de
solvencia que le permitiesen conseguir contratos nuevos y mantener los
existentes), les pareció correcta. Ni siquiera es posible acogerse a
que, hecho el cambio de préstamo a capital, ya no hubiera que
preocuparse porque, tal y como recogen las cuentas de 2015 (las últimas
presentadas por el momento), la operación aún no se había realizado. “Se
producirá durante el transcurso del ejercicio 2016”, explican dichas
cuentas.
Sin embargo, en la propia memoria de Extensia de 2014
aparecía un listado de valoración de las participadas en la Memoria en
el que se ve un deterioro de 16 millones en Emissao (la brasileña) y que
Soluciones Andinas (la uruguaya a través de la que se compró Emissao)
se valora ya en menos cuatro millones.
En la propia memoria de Extensia de 2014 se ve un deterioro de 16
millones en Emissao (la brasileña) y que Soluciones Andinas se valora ya
en menos cuatro millones.
No es esto lo único que debió llamar la atención de KPMG
y no lo hizo o no lo suficiente como para provocar que incluyesen
alguna salvedad en su informe de auditoría. Tal y como figura en las
cuentas anuales de Extensia y en la denuncia presentada ante la Fiscalía
por Canal Gestión a mediados de julio de 2016, KPMG se encargó de la
due diligence
de Emissao antes de que la empresa fuese adquirida. “Este informe pone
de manifiesto la mala situación en que se encontraba Emissao en términos
de procedimientos y de suministro de información”, explica la citada
denuncia. “Los resultados de este informe no fueron comunicados al
órgano de administración de Canal Extensia”, continúa la denuncia, “ni
aparentemente fueron tenidos en consideración a la hora de determinar
finalmente el precio de la transacción. Sin embargo, a lo largo de 2014
fue necesario proceder a ajustes significativos en el balance de la
sociedad”. Parece por tanto que el deterioro en la valoración inicial
tiene bastante que ver, según la denuncia, con que no se tuviese en
cuenta en la valoración inicial el informe de
due diligence de KPMG, por lo que el auditor, que era también KPMG, debió poner especial atención a dicha valoración y su deterioro.
Por
otro lado, la brasileña Emissao no se compró entera. Un porcentaje
quedó en manos de un empresario brasileño, Sebastiao Cristóbal, “que
exigió que el pago se hiciera en cuentas en Suiza”, recordó a los
auditores en la comisión la diputada del grupo socialista Mercedes
Gallizo. Ese hecho es el que motivó que el Gobierno de Madrid decidiese
presentar ante la Fiscalía el 13 de julio de 2016 un informe sobre la
operación de adquisición de Emissao y las irregularidades detectadas.
“Sin
esperar a la auditoría encargada respecto a las operaciones que ahora
califican como anomalías y que tienen que ver con presuntas corrupciones
de las operaciones del Canal de Isabel II en América Latina”, le
recordaría Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos, al consejero de
Presidencia, Ángel Garrido, ante el Pleno de la Asamblea de Madrid el 14
de julio de 2016. A pesar de que esa auditoría forense sobre la compra
de Emissao, que se había adjudicado a Ernst & Young, iba a suponer
un coste para los madrileños de 249.300 euros, añadiría Mercedes
Gallizo. ¿Qué habían visto para tanta prisa? Los pagos a través de
Suiza.
La brasileña Emissao no se compró entera. Un porcentaje quedó en
manos de un empresario brasileño, Sebastiao Cristóbal, “que exigió que
el pago se hiciera en cuentas en Suiza”
¿Los conocían los auditores? Lo único que consiguieron
arrancar los diputados, en la Comisión de Endeudamiento, de los socios
de KPMG fue que habían visto el contrato de compraventa pero ni dieron
detalles sobre él ni respondieron si sabían algo de los pagos a través
de Suiza. Sin embargo, la denuncia presentada ante la Fiscalía vuelve a
ponerlos en entredicho porque en ella se recoge que es en el contrato de
compraventa, el que reconocen haber visto, donde se especifica que la
adquisición del 75% de Emissao se va a hacer en tres plazos y que la
primera y tercera cantidad “se pagan en una cuenta de Royal Bank of
Canada (Suisse), mientras que la segunda se paga en Banco Bradesco”.
En
las cuentas de Canal de Isabel II Gestión se refleja que KPMG Auditores
S.L. (la auditora de las cuentas anuales consolidadas del grupo Canal),
otras sociedades del grupo KPMG y otras entidades afiliadas a KPMG
Internacional facturaron al grupo Canal (consolidado) 836.000 euros en
2015, 931.000 euros en 2014 y 617.000 euros en 2013. De estas
cantidades, por servicios de auditoría se pagaron 568.000 euros en 2015
(el 67,9% del total pagado ese año), 703.000 euros en 2014 (el 75,5%) y
482.000 en 2013. El resto fue a servicios de asesoramiento fiscal y
otros servicios de asesoramiento.
La Cámara de Cuentas
La
etapa de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid ha sido
una etapa de oscuridad absoluta respecto a los informes de la Cámara de
Cuentas, que se encarga de fiscalizar entre otras cosas las cuentas de
las empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de los diferentes
ayuntamientos. Como reconoció el presidente de dicho organismo, el
popular Arturo Canalda, ni les llamaban para presentar los informes de
fiscalización. Nadie hizo nada. No hay fórmula para que esta
comparecencia sea obligatoria. Las empresas públicas se permitieron
incluso no presentar a la Cámara sus cuentas anuales, con lo que no
podían ser fiscalizadas. El ejemplo de para qué sirve esta opacidad está
en la empresa pública Campus de la Justicia, que iba a agrupar todas
las dependencias judiciales de Madrid, de la que sólo se llegó a
construir uno de los edificios proyectados, sin uso actualmente salvo
por los conejos que lo invaden de vez en cuando, y que supuso la pérdida
de 105 millones de euros a los madrileños. Hasta 14 veces le requirió
las cuentas la Cámara, según declaró Canalda en la comisión de la
Asamblea. Ahora bien, como le recordó Eduardo Gutiérrez, de Podemos, en
vista de la opacidad pudo haber hecho un informe de fiscalización
expresamente para Campus de la Justicia y no lo hizo.
Lo mismo
ocurrió con el Canal. Sí hubo informes de fiscalización específicos pero
este año, ya con todo el asunto judicializado, la Cámara ha decidido
hacer un informe de fiscalización sobre las inversiones del Canal en
América Latina. Arturo Canalda fue gerente del Canal entre septiembre de
2001 y diciembre de 2003. En 2005 la Cámara advertía en un informe
sobre Canal: “Las nuevas líneas de negocio pueden afectar negativamente
al objetivo inicial y único de su creación: garantizar un servicio
público de agua a los madrileños”, refiriéndose a los pasos que se
habían dado con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad,
quien en ese momento ya ostentaba el cargo de alcalde del Ayuntamiento
de Madrid.
En octubre de 2015, la Cámara volvía a poner el foco
sobre el Canal, esta vez en concreto sobre su opaca fórmula de
contratación. En sus instrucciones internas, la sociedad cuenta con un
modelo de contrato llamado “simplificado sin licitación previa”, basado
en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Lo que permite este modelo es adjudicar contratos a dedo y sin
publicidad cuando la prestación “solo pueda encomendarse a un
empresario determinado”. El abuso del Canal de esta vía fue puesto en
cuestión por la Cámara, que comprobó que se usaba para contratar a un
número reducido de empresas por importes millonarios cuando existían
otras muchas que podían realizar la misma prestación.
En 2015, la Cámara volvía a poner el foco sobre el Canal, esta vez
sobre su opaca fórmula de contratación, que permitía adjudicar contratos
a dedo y sin publicidad cuando la prestación “solo pueda encomendarse a
un empresario determinado”.
En el caso del Canal hay que destacar que sí funcionó el
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid cuando anuló en dos ocasiones el proceso de adjudicación del
servicio de atención telefónica a GSS Venture, empresa en la que Canal
tiene una participación del 25% desde 2001. El proceso irregular, por el
que se concedió hasta en tres ocasiones a GSS Venture el contrato y se
fueron variando las condiciones del concurso a medida que se anulaban
las adjudicaciones, está en el germen de las indagaciones sobre el Canal
llevadas a cabo en la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de
Madrid.
El Gobierno de la CAM y el PP de Madrid
La
denuncia de Canal Gestión a la Fiscalía, presentada el 13 de julio de
2016, pone de manifiesto la manga ancha que se dio para actuar en la
compra de Emissao a Inassa y al que era su máximo responsable, Edmundo
Rodríguez Sobrino. Cierto es que fue otro gobierno, precisamente el del
presunto cabecilla de la estructura creada para derivar dinero desde las
empresas públicas de Madrid, el expresidente de la Comunidad Ignacio
González, pero también que cuando se decide tomar cartas en el asunto ya
han salido a la luz numerosas informaciones sobre las irregularidades
del Canal y sus directivos.
Edmundo Rodríguez Sobrino fue máximo
responsable de Inassa, la sociedad encargada del negocio latinoamericano
de Canal Gestión desde el 24 de abril de 2006, en tiempos de Esperanza
Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. El cargo no lo ejercía por
contrato directo con la empresa pública, sino por un contrato de
prestación de servicios entre Inassa y el despacho de abogados Rodríguez
Sobrino Abogados Asociados, S.L. El cese de Rodríguez Sobrino se
produce a raíz de la publicación por
El Confidencial y La
Sexta, en paralelo con medios de todo el mundo y coordinado por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de los
Papeles de Panamá,
que relacionan al directivo y a su despacho con sociedades y
operaciones en Panamá y Hong Kong. El cese del contrato con Inassa,
según figura en la denuncia, se lleva a cabo sin indemnización, por
considerarse que Edmundo Rodríguez no ha cumplido sus obligaciones como
presidente ejecutivo. Por cierto que Rodríguez no se muestra conforme y
exige su indemnización (explica también la denuncia).
Los grupos
de la oposición en la Asamblea de Madrid pidieron durante años
comparecencias para dar explicaciones sobre el curso que tomaban las
decisiones estratégicas del Canal pero quienes comparecían eran primero
Ignacio González (quien se resistió a dejar la presidencia de la
compañía de agua cuando fue nombrado presidente de la Comunidad) y
después Salvador Vitoria, quien dimitió en 2015 al ser imputado por la
Púnica,
a los que la norma no obliga a dar información concreta y por tanto
esquivaban todas las solicitudes amparados en la mayoría absoluta del
Partido Popular.
El Gobierno de Cristina Cifuentes, que se
sostiene gracias a un pacto de investidura con Ciudadanos, al no tener
ya mayoría absoluta, vio cómo sus socios de investidura y Podemos
impulsaban sendas comisiones de investigación y de estudio del
endeudamiento por las que empezaron a desfilar los responsables de las
empresas públicas de Madrid. La actitud de los diputados que han
participado en las sesiones en representación del Partido Popular,
principal valedor del Gobierno de Cifuentes, ha sido más la de los
abogados defensores de los que comparecían que la de un grupo más
intentando dilucidar lo que estaba ocurriendo en las empresas públicas.
Las protestas por las peticiones de los otros grupos de segundos y
terceros turnos de aclaración de respuestas de los comparecientes, su
referencia al reglamento para calificar de impertinentes ciertas
preguntas y la escasa preparación con la que acudieron a las sesiones,
frente al trabajo de petición y recopilación de documentación que han
exhibido diputados socialistas, de Ciudadanos o Podemos, también son
llamativas.
Los medios de comunicación
Lo
que ha ocurrido con los medios de comunicación en la Comunidad de Madrid
durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González podría
dividirse entre los que informaron de las irregularidades y destaparon
los grandes escándalos vinculados al Gobierno del Partido Popular y los
que no. Y en esa división tan de brocha gorda llaman la atención los
ingresos en forma de publicidad institucional que fueron a parar a los
primeros y los que llegaron a los segundos, sin que entre unos y otros
hubiese una correlación entre las audiencias.
Las empresas
públicas fueron ampliamente utilizadas para mantener esta mecánica. El
grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea solicitó mediante una
petición de información pública los gastos publicitarios del Canal de
Isabel II y, al margen de las variaciones según las diferentes vías por
las que ha recibido la información, lo que se pudo observar fue que
medios afines ideológicamente a los populares, y en concreto a Aguirre y
González, recibían jugosas inyecciones, en años además donde el
sufrimiento del sector se disparó por la crisis propia del modelo de
negocio de los medios y la crisis general del país.
Podemos solicitó los gastos publicitarios del Canal de Isabel II lo
que se pudo observar fue que medios afines ideológicamente a los
populares, y en concreto a Aguirre y González, recibían jugosas
inyecciones
De los 55 millones de euros repartidos en publicidad por
el Canal en una década, a Telemadrid fueron a parar 10,87 millones, muy
por encima de TVE. En prensa escrita,
ABC recibió 2,31 millones,
La Razón recibió 1,87 millones,
El Mundo recibió 1,54 millones e
Intereconomía, 1,38 millones.
Entre
las grandes adjudicatarias figura además Arena Media, filial del
gigante de la publicidad Havas, que se llevó un megacontrato de fomento
del consumo responsable del agua y que resultó también proveedora de la
campaña de las elecciones municipales del PP.
El último giro de la relación de Aguirre, González y su entorno con los medios lo desvelaba
El Español, en el marco de las informaciones sobre la
Operación Lezo, al acceder a las conversaciones pinchadas entre el director de
La Razón,
Francisco Marhuenda, investigado por presuntos delitos de coacciones y
obstrucción a la justicia, y el consejero delegado del medio, Edmundo
Rodríguez, el mismo Edmundo que estuvo al frente de las operaciones del
Canal durante diez años tras enterarse este de que le estaban
investigando. En dichas conversaciones se insultaba a la presidenta
actual de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y a su jefa de gabinete,
Marisa González, y se aseguraba que ya les había dado un toque con la
publicación de asuntos que no eran ciertos y recordándoles el potencial
de influencia que podrían ejercer contra ella desde diferentes medios.
Y todo para qué
Lo
más duro de todo es constatar la falta de lógica sobre lo que estaba
ocurriendo en el Canal desde hacía años. Hasta el 30 de junio de 2012,
los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua de
Madrid los prestaba el Ente Canal de Isabel II. Con la idea de
privatizar el servicio y obtener por ello alrededor de 1.000 millones de
euros para las arcas públicas, que tan apetecibles podían parecer en
tiempos de recortes en servicios públicos como la sanidad y la
educación, que prestan las comunidades autónomas, se constituyó Canal de
Isabel II Gestión, que se quedó con los activos y pasivos del ente. El
grupo madrileño es un pepino. En 2015 ingresó 861,3 millones de euros
(un 3,68% más que el año anterior), cifra que sube hasta 1.121 millones
si se tiene en cuenta todo el negocio del grupo consolidado. El 77%
corresponde a Canal de Isabel II Gestión y el 13,5% lo aporta Triple A,
la participada que tiene el Canal en Barranquilla (Colombia). Sin
embargo, poco de lo que se ingresa incluso allí donde hay ingresos en
las filiales de América Latina se traduce en beneficio. Las cuentas
dicen que el 98% de los resultados netos corresponde a la sociedad
española.
Con la idea de privatizar el servicio y obtener por ello alrededor de
1.000 millones de euros para las arcas públicas, se constituyó Canal de
Isabel II Gestión, que se quedó con los activos y pasivos del ente
Canal de Isabel II Gestión tiene siempre el fondo de
maniobra negativo (-250 millones en 2013; -319,6 millones en 2014; -51,8
millones a cierre de 2015), lo que podría abocarla a entrar en causa de
disolución a pesar de sus brillantes resultados pero se aplica el
principio de empresa en funcionamiento entre otras cosas porque en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid de los últimos dos años
se ha autorizado a la sociedad a endeudarse a largo plazo. Por importe
de 500 millones en 2014, lo que permitió la emisión de bonos por esa
cantidad en 2015, y por 125 millones más en 2015. Por qué no se queda en
Canal el dinero que gana se explica por su política de dividendo. De
los 199,6 millones que tuvo de beneficio neto en 2013, repartió a sus
accionistas (Comunidad y ayuntamientos como se ha dicho) 159,65
millones, es decir, casi el 80%. El resto se mandó a reservas. En 2014
el dividendo volvió a elevarse a 154,5 millones y ha sido con cargo a
los resultados de 2015 cuando se tomó la decisión de reducir
drásticamente el beneficio repartido.
Como diría el diputado
socialista Juan Lobato en una de las sesiones de la Comisión de Estudio
del Endeudamiento, “no entendemos que los precios del agua en Madrid
sean los que son cuando se están repartiendo millones de euros en
dividendos y se están llevando a cabo inversiones millonarias en
cuestiones que nada tienen que ver con una gestión integral del agua de
calidad en la región de Madrid”.
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