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González y su esposa blanquearon su "dinerillo B" en guarderías y otros proyectos

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AGENCIAS Ignacio González “saneó” las cuentas del PP madrileño con dinero procedente de una empresa pública regional en 2012, coincidiendo con su llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, según denunció ante la Fiscalía un ex alto cargo de ese ente público.

Así lo refleja el juez Eloy Velasco en el auto, al que ha tenido acceso Efe, por el que mandó anoche a prisión a González, que describe los indicios de la supuesta financiación ilegal que se habría llevado a cabo en el PP de Madrid a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).
Estos indicios tienen su origen en la declaración de un ex subdirector general de ICM que afirmó ante la Fiscalía Anticorrupción que González pidió en junio de 2012 al entonces consejero delegado del organismo público, José Martínez Nicolás, 1 millón de euros para “sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid”.
La reunión ocurrió tan solo unos meses antes de que, en septiembre, González pasara a la Presidencia regional tras la dimisión de Esperanza Aguirre, quien sin embargo siguió como presidenta del PP de Madrid, cargo en el que había sido reelegida en abril de ese año y en el que continuó hasta febrero de 2016.
En junio de 2012 González era secretario general del PP madrileño y vicepresidente de la Comunidad, por lo que ICM dependía orgánicamente de él, destaca el juez Velasco.
Desvíos mediante nueve empresas
González pidió ese dinero porque las elecciones de 2011 el PP de Madrid habían generado una gran deuda en sus cuentas, afirma el juez, que sostiene que hay pruebas de que esa reunión tuvo lugar gracias a las llamadas interceptadas del móvil de Martínez Nicolás, imputado también en el caso Púnica.
Según el relato de este ex alto cargo de ICM y “testigo privilegiado de los hechos”, como le califica el juez porque “formó parte de todas las mesas de contratación de la Agencia”, este desvío de fondos se pudo producir mediante contratos “inflados” de ICM con Indra y Price Waterhouse Cooper (PwC), que fueron registradas en el marco de la operación Lezo, por la que González ha ido a prisión.
Así, el juez afirma que Martínez Nicolás se habría valido de esas mercantiles para obtener el dinero solicitado por González, una operativa que se refuerza con las pruebas de que hubo un flujo de más de 600.000 euros (más de 500.000 en 2012 y otros 121.000 en 2013) entre Indra y varias empresas proveedoras con contratos hinchados.
Velasco afirma en el auto que se interpusieron “entre una y otras” hasta nueve empresas para pagar la deuda de los populares madrileños. Se tratan de Sintra Consultores, Troyano Marketing y Diseño, Formaselect Consulting, Braveheart Management, Escuela Europea de Dirección y Empresa, Swat, Pamaz Imagen, The Cell Core y Strat Map, las cuáles estarían relacionadas a Oscar Sánchez Moyano, Miguel Madoz Echevarria y José Miguel Alonso Gómez.
Proposición de blanqueo a Zaplana
En otra de las grabaciones intervenidas González propone al exministro Eduardo Zaplana montar una sociedad supuestamente para blanquear dinero y existen tienen indicios de que la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, también estaría implicada en operaciones de blanqueo.
Concretamente González, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cavero -quien fue consejera en Caja Madrid-, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el “dinerillo B” de que disponían y que tenía “origen ilícito”, como fue la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un productor de desinfección de agua junto con Eduardo Zaplana.
La expresión “dinerillo B” procede del contenido de una conversación intervenida entre el expresidente de Inassa (filial del Canal de Isabel II) en Iberoamérica y otra de las implicadas igualmente en prisión, María Fernanda Richmond, en la que ésta consideraba que el ritmo de vida del matrimonio no podía sostenerse con sus ingresos y daba a entender existían activos financieros opacos a disposición del expresidente madrileño.
El juez cita en su auto hasta ocho de estos negocios, entre los que destaca la adquisición del 50% -junto con Zaplana- de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot, conocido por facilitar a sus clientes estructuras societarias en otros países, que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua. Las diligencias judiciales realizadas hasta el momento no permiten aclarar si la inversión fue finalmente realizada.
Zaplana ha negado haber tenido o tener “ninguna sociedad ni relación mercantil” con González. En una declaración a Efe, el exministro afirma: “Nunca he participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno”.
“Desconozco el contenido del auto (…) pero rechazo las interpretaciones por falsas, que se está realizando sobre mi persona y cualquier relación con asunto de blanqueo”, añade Zaplana. “Nunca he tenido, ni tengo ninguna sociedad ni relación mercantil con don Ignacio González”, agrega el exministro.
Proyecto de golf para la empresa de su hermano
Ignacio Gonzalez además intercedió para que el gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo.
El objetivo era conseguir que se aprobara el nuevo proyecto para Chamberí (el originario se basaba en parques públicos, un campo de fútbol y un pequeño helipuerto) pese a que el Consistorio advirtió en 2006 que esta solicitud no era acorde a las normas de urbanismo.
El proyecto siguió adelante gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que la mejor oferta provenía de otro licitador que le aventajaba en 11 puntos. Dicho consorcio estaba integrado por varias empresas, entre ellas Tecnoconcret, participada por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero.
Enriquecimiento ilícito de Martínez Nicolás
Paralelamente, el juez investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Martínez Nicolás, que quedó anoche en libertad tras declarar ante el juez con la condición de que pague una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril (de lo contrario irá a prisión).
Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM entre 2007 y 2014 y que, destaca el juez, “ha estado vinculado gran parte de su vida laboral a diferentes administraciones públicas españolas”, tenía más de 1 millón de euros “de origen desconocido y ocultos al fisco” en una cuenta del paraíso fiscal de Liechtenstein, en la que tenían firma su mujer e hijo.
Con esa cuenta, asegura el juez, se hicieron transferencias a cuentas en Panamá y Suiza por un total de 1 millón de euros, que podrían responder a “operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal”.
Reunión con Interior en plena investigación
El auto también refleja que Pablo González, el hermano del expresidente, se reunió con el ‘número dos’ del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil en el marco de la posteriormente bautizada como ‘operación Lezo’.
Preguntado por esta reunión, fuentes del Ministerio del Interior han explicado a Europa Press que la cita duró 15 minutos y fue “puramente protocolaria, ya que Pablo se limitó a felicitar” a Nieto por su nombramiento”. Ambos se conocían de la etapa del segundo como alcalde de Córdoba.
“No hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación, especialmente de la denominada ‘Operación Lezo’, de cuya existencia el secretario de Estado de Seguridad no tuvo conocimiento hasta que la investigación judicial dio como resultado las detenciones realizadas”, añaden las citadas fuentes del Ministerio del Interior.