El PSOE y Ciudadanos
han firmado este miércoles el acuerdo para un "gobierno reformista y de progreso" que
supondría que la formación naranja votará a favor de la investidura de
Pedro Sánchez la próxima semana. Este acuerdo se ha alcanzado después de
que sus respectivas ejecutivas hayan ratificado este mismo miércoles
el
preacuerdo que alcanzaron este martes los equipos negociadores de ambos partidos.
El secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert
Rivera,
han sido los protagonistas de la firma del documento en la sala
Constitucional del Congreso, una de las más solemnes y que está
presidida por los retratos de los siete "padres" de la Carta Magna.
El
acto de rúbrica ha contado con la presencia también de los equipos
negociadores de PSOE y Ciudadanos, encabezados por sus respectivos
portavoces, Antonio Hernando y Juan Carlos Girauta, a los que ambos
líderes les han agradecido su trabajo durante estas semanas.
PSOE y Ciudadanos firman un pacto con un centenar de medidas para dar el 'sí' a la investidura de Sánchez
Según han explicado tanto Sánchez como Rivera, el
extenso documento del acuerdo recoge
"más de 200 medidas", entre las que destaca la derogación de la reforma
laboral del PP y de la LOMCE, una reforma de la Constitución, una
reforma fiscal y laboral, una
defensa cerrada de la unidad de España y un rechazo frontal a la consulta soberanista en Cataluña.
El pacto no dice nada acerca de si Ciudadanos entraría o no en el Gobierno del PSOE, y es que Sánchez y Rivera han explicado que
no han hablado de "sillones", sino solo las "reformas que necesita España".
El presidente de Ciudadanos ha reconocido, como ya
avanzara hace unos días,
que no descartaría entrar en el Ejecutivo socialista, pero que en estos
momentos no es su "prioridad" porque lo importante es conseguir los
apoyos suficientes para sacar adelante las reformas.
Un pacto que no garantiza la investidura de Sánchez
Sin embargo, el pacto entre PSOE y Ciudadanos no garantiza la investidura de Pedro Sánchez la
próxima semana, ya que no tienen escaños suficientes, por lo que
necesita el apoyo o, al menos, la abstención de otros partidos.
Precisamente por esta falta de votos a favor, en la rueda de prensa posterior a la firma, tanto Sánchez como Rivera han hecho un llamamiento a otros partidos para que se sumen al pacto para un "gobierno de cambio". Ambos han resaltado que es un momento "histórico" y "abierto" en el que es necesario pensar "en el interés general y no en los intereses partidistas".
El
líder socialista ha vuelto a insistir en la necesidad de "mirar a
izquierda y a derecha" y ha asegurado que este pacto no excluye a nadie,
ni siquiera a Podemos. "No solo es un acuerdo de investidura, sino un acuerdo de reformas que necesita este país.
Es un acuerdo abierto, que no excluye a nadie y que tiende la mano a
izquierda y derecha para que España tenga ya gobierno", ha afirmado
rotundo Sánchez.
Además, el secretario general del PSOE ha retado a
la formación de Pablo Iglesias a que le especifique en qué parte "no es
de izquierda" lo que se plantea en el acuerdo de gobierno con
Ciudadanos. "Si hay quien considera que no es un acuerdo de izquierdas,
que lo lean y me digan dónde no es de izquierdas", ha resaltado.
Por
su parte, Rivera ha mantenido su apuesta por incluir en el acuerdo al
PP y ha reconocido que les hará llegar el documento y les explicará "lo
que une a los constitucionalistas" porque comparten "muchas cosas".
"Esto no
lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo con más partidos. Desde
aquí pido un esfuerzo con la misma valentía y generosidad. Se lo pido a los demás partidos que defienden una España constitucional, unida y que defienden también una etapa de solvencia para nuestro país", ha subrayado Rivera.
Derogar las reformas del PP
Para
llegar al acuerdo ambas formaciones han tenido que "ceder" porque lo
que se persigue, según Sánchez, es "el bien común". "Los dos
hemos cedido para que ganen los españoles. En el acuerdo hay cosas del progama electoral de Ciudadanos y de PSOE. Refleja el mandato que salió de las
elecciones generales del 20 de diciembre", ha asegurado el líder socialista.
Entre las principales medidas que incluye el pacto, Sánchez ha resaltado en su comparecencia la
derogación de varias de las leyes más polémicas que impulsó el PP en
la pasada legislatura, como la reforma laboral, la ley de Seguridad
Ciudadana -más conocida como la ley mordaza-, la prisión permanente
revisable o la LOMCE.
Aunque verbalmente Sánchez ha dicho en dos ocasiones durante la rueda de prensa que derogará la reforma laboral,
en el documento que han firmado no aparece explícitamente tal derogación.
Si incluye, en cambio, algunas modificaciones en materia laboral que
podrían dejar sin efecto gran parte de las reformas aprobadas por el PP.
En temas de contratación, Ciudadanos renuncia a su contrato único y en cambio se establecen
tres tipos: el indefinido, el de formación y un tercero al que han llamado "estable progesivo", tal y como ha explicado Sánchez.
Para
los autónomos, también se han acordado varias medidas. De hecho, Rivera
ha destacado que por primera vez los autónomos "protagonizan un acuerdo
de Gobierno".
Sánchez ha hecho guiños a las formaciones de izquierda y ha anunciado que
se pondrá en marcha un ingreso mínimo vital, que "se subirá el salario mínimo interprofesional" y se pondrán en marcha "medidas para acabar con los desahucios".
En cuanto a medidas sociales, el líder socialista ha asegurado que se extenderá la universalidad de la sanidad, que
se eliminarán los copagos farmacéuticos en el caso de pensionistas y dependientes, y se ampliarán los permisos de maternidad y paternidad.
Tanto Sánchez como Rivera han resaltado en sus respectivas ruedas de prensa que
se derogará la LOMCE y se pondrá en marcha un gran pacto nacional de educación.
Se oponen a un referéndum de autodeterminación
Por otro lado, otro de los puntos fundamentales que se defienden en el acuerdo es la
oposición a un referéndum de autodeterminación.
En este sentido, ambas formaciones "se comprometen oponerse a todo
intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la
autodeterminación de cualquier territorio de España".
Esta medida queda fijada en el último punto del documento y que está dedicado a las
propuestas para reformar la Constitución con
el fin de "asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el
funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro
Estado".
También se comprometen a "la defensa del orden
constitucional", aunque promoviendo una reforma de la Carta Magna que
mantendría "los principios e instituciones esenciales de la misma".
La
reforma exprés de la Constitución era una de las condiciones que estableció Ciudadanos. Dicha reforma incluiría
suprimir las diputaciones provinciales y
los aforamientos de diputados y senadores; reducir el número de
integrantes del pleno del CGPJ; limitar a ocho años el mandato de los
presidentes del Gobierno y reducir a 250.000 firmas el mínimo para
presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso, entre
otras.
Regeneración democrática
Las
medidas contra la corrupción y de regeneración democrática también
aparecen incluidas en el acuerdo. Ambos partidos se han comprometido a no incorporar en sus listas electorales a personas investigadas -la figura que sustituye al término imputado- por delitos de corrupción ni a nombrarles altos cargos.
De
igual manera, también se comprometen a "cesar a los altos cargos y
pedir el acta a los cargos electos" que pasen a ser investigados en
algún caso de corrupción. Asimismo prohibirán "indultos a los que estén
condenados por corrupción".
Respecto a las puertas giratorias, quieren fijar un periodo de incompatibilidad de cinco años para altos cargos que
pretendan incorporarse a empresas, a fundaciones o entidades
dependientes de ellas, de un sector sobre el que no tenían experiencia
profesional previa o sobre el que hayan tenido responsabilidades de
regulación o gestión.
También en el pacto se han fijado medidas en
relación a los propios partidos. Sánchez ha explicado que "se
impulsarán por ley las primarias en las formaciones políticas" para
elegir a sus candidatos a la Presidencia del Gobierno, comunidades
autónomas o ayuntamientos, y se vinculará la financiación "no solo a los
resultados electorales", sino que también se tendrá en cuenta "los
grados de democracia interna".
