¿Quién gobierna realmente? Del Opus a los socialdemócratas, manda la alta burocracia
Rubén Juste de Ancos – ctxt
El otrora ministro de Industria Miguel
Sebastián explicaba hace unos días el trasfondo de la nominación de
cargos como el de José Manuel Soria para el Banco Mundial: “La cuestión
no es que el ministro de turno no pueda decidir sobre esos destinos. La
cuestión es que sólo puede decidir si el ministro es técnico comercial”.
Agrandando el dilema, añadía que “buena parte de ellos han ocupado
puestos muy relevantes en los gobiernos de la democracia. Además de los
casos más conocidos del último Gobierno del PP, Soria y De Guindos, han
sido miembros del cuerpo de técnicos comerciales los vicepresidentes
Fuentes Quintana, García Díez y Solbes, los cinco últimos gobernadores
del Banco de España (excepto Mariano Rubio), 11 ministros y 22
secretarios de Estado”. La impotencia e inquietud que transmitían las
palabras del exministro socialista recuerdan a aquel artículo aparecido
en el diario
Pueblo el 5 de febrero de 1964: “Lo que sorprende a
los españoles –desconfiados como pueblo viejo y escaldado– es la
aparición súbita e intensa del Opus Dei, a través de sus miembros, en
organismos culturales, en empresas industriales, en entidades bancarias y
en altos puestos de la Administración”.
En ambos periodos, en
dictadura y en democracia, nacen voces que denuncian la autonomía y
poder de un cuerpo de funcionarios y políticos, discretamente agrupados,
informalmente coordinados. El ministro De Guindos justificaba el martes
18 ante la Comisión de Economía que el nombramiento de Soria se ajustó a
los criterios de la convocatoria y a la adecuación al puesto. El
titular de Economía dejaba a un lado su implicación en los principios
que guiaban esa decisión: él mismo pertenece al Cuerpo de Economistas
del Estado que crearon en los años 50 los ministros franquistas
adscritos a la orden de Escrivá de Balaguer, orden a la cual él mismo es
afín.
El cuerpo de economistas, junto al de técnicos comerciales
creado en los años 30, se ocupó de diseñar y dirigir el plan de
estabilización de 1959, así como de conectar el país a instituciones
internacionales durante los años 50. En el 75º aniversario del Cuerpo de
Técnicos Comerciales (creado en 1930 y fusionado con los Economistas
del Estado en 1984), éste se jactaba de su poder: “En la actualidad, el
Cuerpo está formado por un total de 560 miembros, de los que 90
disfrutan de su jubilación y 470 trabajan. De estos últimos, 303 están
activos en la Administración General del Estado, 36 están en régimen de
servicios especiales y 131 trabajan en el sector privado en excedencia.
El Cuerpo mantiene una importante presencia internacional, con 120
compañeros ocupados fuera de España, de los cuales 95 ocupan destinos en
Oficinas Económicas y Comerciales y 19 en organismos multilaterales
internacionales”.
En su obra
Camino, el fundador del
Opus, Escrivá de Balaguer, rezaba: “Los poderosos suelen ser volubles, y
tú has de ser constante. Sé agradecido, si te ayudan. Y continúa,
imperturbable, si te desprecian”. Los gerifaltes del franquismo
sucumbieron a sus apostolados. En los primeros años de posguerra, el
almirante Carrero Blanco y el general Ibáñez Martín frecuentaban las
charlas de Escrivá en El Pardo, escuchando con admiración las palabras
del discreto profeta. Para Ibáñez Martín, ministro de Educación, era
todo un ejercicio de expiación, después de la purga de profesores de
todo el sistema educativo.
Los cargos imputados a los
represaliados –desde “observar conducta de verdadero ateo, hacer alarde
de irreligiosidad, jactarse de no ser creyente, hacer pública
ostentación de ser laico, incumplimiento de los deberes religiosos”,
hasta “relacionarse con obreros”–, machacaban la conciencia del general.
Los 20.000 profesores depurados merecían su suerte, pensaba al escuchar
la llamada a la “cruzada de virilidad y pureza”, pues Escrivá los
señalaba: “Esa es vuestra obra”.
Carrero Blanco recordaba esas
palabras cuando José Luis Arrese perdió su oportunidad ante Franco de
sellar las Leyes Fundamentales del Movimiento. Fue el turno de Carrero,
que puso sobre la mesa la propuesta de reforma económica de su valido y
compañero de Obra, Laureano López Rodó, al que ascendieron a secretario
general técnico de Presidencia. Dicen que Escrivá gritó: “¡Nos han hecho
ministros!”.
Era el momento que esperaban para ascender, después
de que Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo mediaran en los
préstamos con EE.UU. en 1953 (60% para construcción de bases, 30% para
transportes, comunicaciones e industrias defensivas) y en el concordato
con el Vaticano a través del ministro de Asuntos Exteriores, Martín
Artajo.
A pesar de contar con la complacencia de militares
americanos y obispos, Escrivá se podía reír del poder de estos, pues, a
partir de 1956, disponían de un puñado de ministros: Comercio (Alberto
Ullastres), Hacienda (Mariano Navarro Rubio), Presidencia (Carrero
Blanco como subsecretario del Gobierno de Presidencia) y López Rodó
(Secretaría General Técnica, con rango de ministro). Pero, conscientes
de la “volubilidad” de los poderosos, pretendían hacer del Estado su
Obra. Para ello abanderaron el plan de estabilización de 1956, la
negociación de la entrada de España en el FMI, el Banco Mundial y el
GATT. Para llevar a cabo todo el proceso, ese mismo año López Rodó firmó
la creación del Cuerpo de Economistas del Estado, al servicio de
Presidencia, bajo mando del patriarca Carrero Blanco y su lugarteniente
López Rodó. Esa primera promoción dió nombres como el de Alberto Monreal
Luque, posterior ministro de Hacienda entre 1969 y 1973, coronado como
presidente de Tabacalera durante el franquismo y los gobiernos de UCD
(1974-1982).
No obstante, la Obra estaba dispuesta a abrirse a otros afines. Rodó confesaba en sus
Memorias
que él había nombrado a 17 ministros, pero sólo dos eran del Opus. Eran
los llamados “Gropus” por el general Manuel Monzón Altolaguirre. La
esencia, según el patriarca López Rodó, era: “La mayoría me dieron
pruebas de lealtad y supieron corresponder a la confianza que había
depositado en ellos”. Se plegaron, como plastilina, a los cimientos del
ministerio de Economía, al Banco de España y a las corporaciones
industriales del Estado. Esa obra llega hasta hoy, cuando De Guindos,
afín a la Obra, ex asesor y directivo de Lehman Brothers y economista
del Estado, era nombrado en 2012 ministro de Economía. La Obra,
discreta, alarga sus tentáculos hasta tapar el artículo 16.3 de la
Constitución de 1978 que sitúa el carácter aconfesional del Estado.
El PSOE se tapó los ojos ante aquella maquinaria conducida por grupos de burócratas y
fieles.
En 1977 había participado en la Ley de Amnistía que permitió recolocar
sin revisión alguna a los 32.000 funcionarios del aparato franquista
(cuerpos del Estado, prensa oficial, sindicato vertical, Movimiento
Nacional y funcionarios de aparatos de represión como la Dirección
General de Seguridad). También adoptó a los socialdemócratas de UCD,
como el subgobernador del Banco de España con UCD, Mariano Rubio, a
Francisco Fernández Ordóñez o a los Bustelo (uno de los hermanos,
ministro de UCD –Carlos–; el otro, diputado socialista –Francisco-).
Sin embargo, en medio apareció otro grupo que quiso imitar el
modus operandi
del Gropus. Era un grupo temido en los círculos financieros, que los
llamaba la “banda de los cuatro”, en la que participaban el ministro de
Economía y Hacienda, Carlos Solchaga; el gobernador del Banco de
España, Mariano Rubio; el presidente del Hispano Americano –tercer banco
del país–, Claudio Boada, y el ministro y posteriormente presidente del
Banco Exterior, Miguel Boyer.
Aquel grupo inició la reconversión
industrial, llevó a cabo la privatización de empresas públicas, culminó
el mayor proceso de concentración bancaria de la historia y nos metió en
Europa en 1988. Según los estudios de Mendieta (1999), el 80% de las
direcciones generales en el primer gobierno socialista estaba ocupado
por altos cuerpos del Estado, mientras que el 20% eran ocupados por
cuadros del partido.
En el poder económico eran también
fundamentales. En las empresas del Ibex35, en 1992, eran un total de 82
los consejeros pertenecientes a altos cuerpos del Estado, de los cuales
26 eran abogados del Estado y 17, técnicos comerciales y economistas del
Estado. De éstos, cuatro eran técnicos comerciales economistas del
Estado nombrados por Solchaga en sus puestos: Francisco J. Landa Aznárez
(de director general de Comercio Exterior a Repsol), José Juan Ruiz
Gómez (de secretario general de Economía Internacional y Competencia
pasó a Tabacalera), Luis Sempere Couderc (de director general de su
gabinete pasó a Tabacalera), Luis Alcaide de la Rosa (de director
general de Transacciones Exteriores a Telefónica y Tabacalera,
posteriormente juzgado en 1997 por cobrar una comisión de casi 300.000
euros por vender una empresa pública textil, Intelhorce, a una empresa
italiana), Elena Salgado (directora general de Costes y consejera de
Telefónica); y finalmente Guillermo de la Dehesa Romero, el gran
arquitecto de las privatizaciones como secretario de Estado de Economía,
asesor en la privatización de Rumasa, y
A ellos habrá que sumar a
Luis Ángel Rojo, técnico comercial, gobernador del Banco de España
desde la intervención de Banesto con el PSOE (1992) hasta el segundo
Gobierno de Aznar (2000), y desde 2005 consejero en el banco
adjudicatario de Banesto, el Banco Santander. El grupo sufrió un revés
tras el caso Ibercorp, que llevó al banquillo a Boyer y a Mariano Rubio,
pero se recuperó, dejando a Solchaga como el gran asesor de empresas
del Ibex35 a través de su consultora Solchaga y Recio (montada al 50%
con el exdirector del BBV) y consejero de Zeltia.
Con la llegada
de Aznar, inspector de Hacienda, su poder se acrecienta tras la
aprobación de la Ley 6/1997 por la cual los órganos directivos de la
Administración (subsecretarios, directores generales, secretarios
generales técnicos y subdirectores generales) tienen que formar parte
del grupo A, posibilitando así una mayor relevancia de los altos cuerpos
del Estado. Para favorecer la “pureza” de la Administración, durante
este Gobierno se cesará entre 1996 y 1997 a un total de 3.000 personas
de puestos directivos de la Administración central. Pero en lo esencial,
no cortará con la lógica instaurada desde tiempos de UCD: la secretaría
de Estado de Economía será para un economista del Estado. Lo fue con
Suárez (José Ramón Álvarez-Rendueles Medina), con González (Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, Guillermo de la Dehesa, Pedro Perez Fernandez), con
Aznar (Conthe, De Guindos), con Zapatero (Fernando Jiménez Latorre,
elevando a Salgado como ministra de Economía) y con Rajoy (Iñigo
Fernández de Mesa como secretario de Estado y Luis de Guindos como
ministro).
Algunos de estos técnicos comerciales y economistas del
Estado tienen, además, el privilegio de acceder a grupos cerrados,
rodeados de un aura conspiranoica. Es el caso de Guillermo de la Dehesa,
economista del Estado y primer español en acceder al Club Bilderberg,
seguido desde 2006 de su compañero en el Santander y economista del
Estado Matías Rodríguez Inciarte, otrora ministro de Presidencia con
UCD. Años más tarde se unirán Pedro Solbes (2009, 2010). En 2013 fue
invitado el opusino De Guindos, entre una enorme expectación tras el
rescate a la banca. Desde su entorno se denunciaría una maniobra de Juan
Luis Cebrián, asiduo al grupo, de boicotear ante dicho Club su
candidatura al Eurogrupo. El líder socialista, Pedro Sánchez, fue
invitado a la edición de 2015 pero finalmente no acudió “por problemas
de agenda”, según sus propias declaraciones. La reunión de 2016, que se
celebró unas semanas antes de las elecciones de junio, no contó con
ningún miembro del Gobierno español. El Club invitó a Albert Rivera, que
tampoco acudió. En su lugar asistió Luis Garicano, que acompañó al
delegado y hacedor de la lista española del club, Juan Luis Cebrián, y a
la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín. Según su propia
página, en esas reuniones de 140 personas de primer rango “no se
proponen resoluciones, no hay votos, y no hay planificación de políticas
públicas”.
Siguiendo los postulados que rigen en el club, “la
máxima discreción”, De Guindos defendió ante la Comisión de Economía que
Soria acabó en el Banco Mundial por una “designación discrecional”,
siguiendo así el postulado de Balaguer, que aconseja: “¡Qué fecundo es
el silencio! –Todas las energías que pierdes, con tus faltas de
discreción, son energías que restas a la eficacia de tu trabajo. — Sé
discreto”.
Por fortuna para muchos, finalizada aquella comisión,
en la que no se averiguó nada, se mantienen los principios que sostienen
a los altos cuerpos del Estado que, diligentemente y en silencio, viven
de los privilegios de continuar con uno y otro gobierno. Como lo hace
el Club Bilderberg desde su fundación en 1954, en aquel periodo del
ascenso del Opus Dei y de la llegada de España a los organismos
multilaterales como el Banco Mundial. Estos organismos encandilaron a
los funcionarios con la frase de Gracián, obligándoles a repetirse: “Soy
política también, y aun la gala de la mayor razón de Estado, que ésta y
yo hicimos inmortal al rey”.
Rubén Juste de Ancos es
Licenciado en Sociología. Ha realizado su tesis doctoral sobre puertas
giratorias en el Ibex 35. Forzado a emigrar en 2010, primero a
Australia, después a Paraguay y Ecuador, ha publicado diversos artículos
sobre el ciclo político progresista en América Latina. La última
colaboración, sobre cleptocracia y transnacionales en Paraguay, en el
libro Descartes (Punto de encuentro, 2015).