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ARCHIVO KENNEDY REVELA QUE EEUU SE PLANTEÓ UNA OPERACIÓN DE FALSA BANDERA PARA ATACAR LA URSS |

por elmicrolector

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Durante la Crisis de los misiles en Cuba —un conflicto entre EEUU, la URSS y Cuba que tuvo lugar en octubre de 1962, después de que Washington descubriera bases de misiles soviéticos en territorio cubano—, la Casa Blanca barajó la posibilidad de asestar un golpe contra una base militar estadounidense bajo bandera falsa.
La intención de EEUU era usar el ataque como pretexto para invadir la URSS. Los detalles del caso fueron compartidos por el Archivo Nacional de EEUU como parte del ‘archivo Kennedy’, recientemente desclasificado.
https://mundo.sputniknews.com/politica/201711211074119497-washington-moscu-invasion-aviones-pretexto/

¿Quién pagará la reconstrucción de Siria cuando acabe la guerra?

rebelion.org

¿Quién pagará la reconstrucción de Siria cuando acabe la guerra?

31-40 minutes



Rusia y Estados Unidos, Turquía e Irán, China y la Unión Europea: todos ellos han jugado un papel en el conflicto sirio. Pero, ¿están dispuestos a ayudar a reconstruir el país?



[Coste humano de la guerra siria (datos de julio de 2016): La población descendió de 21 a 18 millones; nº de muertos: 400.000; refugiados fuera de Siria: 5,5 millones; personas internamente desplazadas: 6,5 millones; esperanza de vida: 55,7 años (en 2011 era de 75,9 años).]

El conflicto que dura en Siria siete años sigue aún sin resolverse. Millones de sirios viven ya fuera de sus fronteras, a menudo en campos de refugiados. Los combates continúan por todo el país. La infraestructura está destruida, por un valor acumulado estimado en 226.000 millones de dólares.

Existe la extendida creencia internacional de que en algún momento el gobierno del presidente Bashar al-Asad y sus aliados proclamarán su victoria y empezarán a reconstruir.

Se espera que los patrocinadores de Damasco, tanto en el país como en el extranjero, se lleven la parte del león de los contratos de reconstrucción. Según se dice, países vecinos, como el Líbano, también saldrán beneficiados. Por tanto, puede entenderse que contratistas, emprendedores e inversores estén ya salivando respecto a una potencial bonanza de reconstrucción.

Pero la cuestión no es tan sencilla. El Estado sirio está financieramente hundido. Ni siquiera está claro cómo Damasco ha conseguido financiar seis años de guerra sin apoyo externo (Irán ha aportado créditos por valor al menos de 8.000 millones de dólares). El presupuesto nacional para 2017 es de sólo 5.000 millones de dólares. Las reservas de divisas cayeron de 21.000 millones de dólares en 2010, a sólo 1.000 millones de dólares en 2015.

¿Cuánto costará reconstruir Siria?

La mayor parte de las estimaciones fluctúan entre los 100.000 y los 350.000 millones de dólares, aunque algunas llegan al billón de dólares. Jihad Yazigi, editor del periódico financiero independiente Syria Report, sitúa la suma en el extremo inferior de la escala. “El Banco Mundial y las Naciones Unidas estiman que serán necesarios 100.000 millones de dólares para reparar todo lo destruido, y que será preciso mucho más para poder encarrilar Siria”.




Destrucción por sectores (se excluye a Deir ez-Zour y Raqqa)

Durante las primeras etapas de la guerra, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) estimó que serían necesarios treinta años para que la economía de Siria volviera al nivel anterior a 2011. Ese plazo de tiempo se ha alargado ya.

¿Cuánto necesita Siria?

Según la ONU, el mundo está enfrentando la peor crisis humanitaria desde 1945 en Yemen. La deuda global es de 217 billones de dólares, o el 327% del PIB mundial, ha advertido el Institute of International Finance, estando muchos países aún en modo austeridad. La ONU pidió 4.600 millones de dólares para su plan de respuesta a la situación de los refugiados sirios, pero ha tenido un déficit de 2.800 millones.

Teniendo en cuenta ese cansancio de los donantes, parece haber pocos deseos o capacidad para financiar un nuevo proyecto de reconstrucción, situación agravada por la politización internacional del conflicto sirio.



El coste económico de la guerra siria:


Corrupción: Siria ocupa el puesto 173º de 176 países, con una puntuación de 13/100.


Bancos privados: Los depósitos perdieron el 75% de su valor entre 2010 (13.800 millones dólares) y 2016.


PIB: Cayó de 60.000 millones de dólares en 2010, a 15.000 millones de dólares en 2016.


Banco Central de Siria: En 2010, las reservas en divisas tenían un valor de 21.000 millones de dólares, en 2016, habían caído hasta 1.000 millones de dólares.

Fuente: xe.com, USEIA, Banco Mundial



Fuentes del Banco Mundial dijeron a Middle East Eye

que no iban retirarle a Siria su chequera. Pero los gobiernos occidentales

han señalado que no van a financiar reconstrucción alguna si no se da alguna forma de liderazgo político de transición (conclusión: que Asad se vaya).

Esto deja a los aliados de Damasco, como Siria, Irán y China, teniendo que pagar las cuentas después de gastar miles de millones de dólares en la guerra, pero las ganancias son inciertas.

Rashad al-Kattan, miembro no residente del Atlantic Council e investigador del sector bancario sirio, dijo a MEE: “¿Podrán convencer a sus empresarios privados para que vayan a Siria de forma transparente? No. Tendrán que competir con desagradables empresarios [el régimen sirio] para seguir en el negocio”.

¿Qué puede ofrecer Siria a los inversores?

No mucho. En particular, carece de dos elementos clave que podrían hacer atractivo el país si este sigue bajo sanciones internacionales:


Carencia de recursos naturales, significa que Siria no tiene las reservas de petróleo que hicieron a Iraq –el cuarto mayor exportador mundial de petróleo- atractivo para financiar reconstrucciones desde 2003.

Las reservas de petróleo del país llevan años cayendo a causa de su agotamiento; antes del conflicto la producción era de 375.000 barriles/día, es decir, sólo el 0,2% de la producción mundial. Sus reservas de gas son también insignificantes, alcanzando el 0,1% de la producción mundial.

Sí, Rusia recibió ofertas durante el conflicto para desarrollar en alta mar los campos de gas del Mediterráneo, pero el resto de los hidrocarburos de Siria están en el noroeste, el antiguo baluarte del Dáesh y donde los kurdos están ahora haciendo campaña por la independencia.


Los elevados aranceles que Damasco ha impuesto a las importaciones occidentales. Esto hace que sus productos sean menos competitivos comparados con las importaciones de países con los que Siria tiene acuerdos de libre comercio. Siria, por ejemplo, no ha firmado ningún acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Las multinacionales occidentales apenas estaban presentes antes de la guerra. Ahora, Siria las necesita más que nunca para conseguir que los niveles de inversión directa extranjera (IDE) vuelvan a los niveles previos al conflicto, cuando la IDE aumentó de 110 millones de dólares en 2001 a 2.900 millones en 2010.

Otros obstáculos…


Las sanciones multilaterales impuestas por EEUU, la UE y Naciones Unidas en 2011. Las sanciones iniciales iban dirigidas contra miembros del gobierno sirio, instituciones de propiedad estatal, el ejército y determinados individuos y empresas.

Desde entonces, se ha restringido el acceso sirio a los bancos extranjeros y al uso de la red SWIFT –un sistema de pago mundial-, lo que ha hecho que Siria se desvincule del sector financiero internacional.

Las sanciones se ampliaron posteriormente. La última ronda, introducida por el Tesoro de EEUU en 2016, atacaba compañías privadas, incluidos los intereses de Rami Makhlouf, primo de Asad, como en el caso de la línea aérea Cham Wings y firmas de seguridad privada.

Las autoridades reguladoras occidentales han vigilado atentamente a Siria, a la vez que las instituciones financieras internacionales han evitado cualquier transacción debido al riesgo de acabar multadas por incumplimiento de las sanciones.

Kamal Alan, profesor invitado del RUSI, Londres, dijo: “Siria ha estado pidiendo que se eliminen las sanciones básicas, pero dudo de que esto se produzca pronto. Las sanciones serán un obstáculo para los esfuerzos de reconstrucción”.


Sin una estrategia gubernamental: Un comité interministerial sirio establecido en 2012 sólo se reunió por vez primera en octubre de 2017 para diseñar una estrategia de reconstrucción. Durante los últimos cuatros años, se han destinado alrededor de 200 millones de dólares para diversos proyectos, aunque, según Yazigi, en realidad se ha gastado muy poco.

“Lo que esto nos dice es que el gobierno sirio no tiene una estrategia de desarrollo económico”, dijo. “¿Se centrarán en sectores específicos? ¿Empezarán en determinadas ciudades o zonas? ¿Cuáles son sus políticas económicas y fiscales? No lo sabemos”.


No hay dinero: 14 bancos privados y de propiedad estatal de Siria han soportado pérdidas importantes durante la guerra y no disponen de liquidez para invertir seriamente en la reconstrucción. Según el Banco Mundial, los depósitos en los bancos comerciales privados han caído de 13.800 millones de dólares en 2010, a 3.500 millones de dólares en 2016.





El nuevo billete de 2.000 libras sirias, anunciado en julio de 2017 (AFP/SANA)

Esto ha suscitado dudas sobre la viabilidad de las sociedades público-privadas auspiciadas por el gobierno como estrategia de reconstrucción.


Falta de transparencia: Yazigi dijo que muchos inversores temen que la ley que aprobó esas sociedades en enero de 2016, podría legalizar la transferencia de activos estatales a inversores privados cercanos al gobierno.

Es una conclusión natural: muchas de las leyes aprobadas durante el conflicto han servido para beneficiar a las elites, a personajes como Makhlouf, según Yazigi.

“Una de las estrategias utilizadas ha sido la de dar prioridad a los compinches del régimen y a los bienes raíces urbanos de lujo”, dijo Yazidi. “Pero, desde luego, eso es algo que no declaran. Lo que han hecho es reducir los aranceles y los subvenciones a los sectores agrícola e industrial, destruyendo la producción local”.

Las compañías vinculadas a la reconstrucción, como el Consejo de Metales Sirio, establecido en 2015, están dirigidas por figuras poderosas, como Mohammed Hamsho.

En mayo de 2015, una ley permitió que las unidades administrativas locales crearan compañías que eran propiedad total de grupos empresariales, fomentando así los trabajos de infraestructura. Pero esas unidades tienen vínculos estrechos con los partidarios del régimen, por ejemplo, Husein Makhlouf, el ministro de Administraciones Locales, es también pariente de Asad y de Rami Makhlouf.

“Para que las unidades administrativas locales trabajen allí se necesita llevar a cabo una reforma total, porque todo está centralizado”, dijo en Beirut un miembro sirio de la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental (ESCWA, por sus siglas en inglés) hablando extraoficialmente, porque no está permitido hablar con los medios.

“La economía está dirigida por los señores de la guerra, cuatro de los grandes, que tienen a su vez de 20 a 30 más pequeños por debajo de cada uno. La economía de guerra ha llegado a estar muy organizada. Cada uno tiene su propio sector. Y seguirán dirigiendo la economía.”

¿Suena familiar? Eso es porque recuerda la reconstrucción posterior a la guerra civil del Líbano a finales del siglo XX, que benefició a políticos, señores de la guerra, bancos y contratistas cercanos a las elites de Beirut.

Irán: Siria, el peón geopolítico

Así pues, ¿cuál sería la probable respuesta internacional a las necesidades de inversión de Siria?

Teherán, que ha tenido sus propios problemas económicos, ha descubierto que Siria no es un socio fácil. Irán fue recompensado en enero con una licencia para teléfonos móvil, convirtiéndose en el tercer proveedor de Siria, como premio a su apoyo durante la guerra.

Pero esa operación ha quedado aplazada en beneficio de Syriatel, una compañía de telecomunicaciones propiedad del aliado del gobierno, Rami Makhlouf. Según el Syria Report, su empresa ha publicitado un gran aumento en sus ingresos de 2017.

Irán fue también recompensado con los derechos para explotar una mina de fosfatos cercana a Palmira, pero entonces una firma rusa empezó a trabajar en la misma zona. Una fuente de la ESCWA dijo: “Irán se quejó al gobierno, pero le dijeron: ‘Ambos sois amigos nuestros’”.



Misil lanzado por la Guardia Revolucionaria desde Irán sobre el Dáesh en Siria, junio 2017 (AFP/IRIB)

“Los iraníes no tienen mucha influencia económica. Irán y Siria han firmado cinco memorandos de entendimiento (o MoUs, por sus siglas en inglés) desde principios de año, pero ¿cuántos se han puesto en práctica? Ninguno.”

Khodro y SAIPA, dos plantas iraníes de fabricación de coches, se establecieron en Homs y Damasco pero no obtuvieron las tasas impositivas preferenciales que habían esperado, resultando por tanto menos competitivos que las marcas rivales chinas y europeas.

Después se firmó –año 2011- un MoU con Irán para llevar gas natural a Siria a través de Iraq que aún no se ha materializado.

Para Teherán, así como para otros aliados de Damasco, la intervención en Siria tenía que ver menos con abrir nuevos mercados para los productos y servicios iraníes y más con objetivos estratégicos regionales.

Emad Kiyaei, experto en Irán y director de la consultora IGD Group en Nueva York, dijo: “Irán está jugando un juego a largo plazo para un aliado clave en la región. Nunca pensaron en Siria como vaca lechera porque no tienen recursos para ordeñarla”.

En cambio, Kiyaei subraya que Irán ha hecho trabajos de reconstrucción durante la guerra. En este aspecto ha sido fundamental el brazo comercial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, que reconstruyó la República Islámica tras la devastadora guerra Irán-Iraq de la década de 1980. “El CGRI tiene inmensas capacidades de ingeniería para las reconstrucciones de posguerra. Estamos viendo un modelo similar de actuación en Siria”.

Después tenemos la posición geopolítica iraní. Además de Siria, está también involucrada en la guerra del Yemen y está entrando en creciente conflicto con sus rivales regionales, sobre todo con Arabia Saudí.

“Para Irán, la rentabilidad de las inversiones no sólo se refiere en términos de capital, sino de influencia estratégica para poder afianzar su posición de forma más permanente”, dijo Kiyaei. “Sí, algunos MoUS no han funcionado en esta ocasión, y antes de los acuerdos durante el conflicto también fracasaron, pero Irán tiene una presencia hoy en Siria como nunca antes la tuvo”.

La comunidad internacional considera el Plan Marshall que EEUU presentó tras la II Guerra Mundial para impedir que Europa Occidental cayera bajo el control de la Unión Soviética como un patrón básico de cualquier reconstrucción tras la guerra.

Muchos creen que Irán podría estar intentando poner en marcha este enfoque en Siria. Si allí sucediera algo similar, estaría impulsado por los intereses de Irán tratando de contrarrestar las actuaciones de Arabia Saudí.

Kiyaei dijo: “Irán quiere mantener a Arabia Saudí fuera de Siria. Según está la situación ahora, los saudíes no podrán volver a Siria en muchos años”.

Rusia: Utilizando el modelo ucraniano

Rusia acaba de salir de la recesión. Ha sido un actor fundamental en el conflicto sirio, proporcionando inicialmente apoyo diplomático y, desde septiembre de 2015, lanzando una intervención militar directa, gastando al parecer en esa guerra entre 3 y 4 millones de dólares al día. Pero el comercio bilateral entre Rusia y Siria cayó a 210 millones de dólares en 2015, poco más de la décima parte de los 1.800 millones de dólares alcanzados en 2011.



El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente sirio Bashar al-Asad en Moscú, octubre 2015 (AFP)

Aun así, le ha ido mejor que a Teherán a la hora de disfrutar de parte del botín de guerra. Rusia se ha centrado en la energía: su falta de diversificación económica general significa que posee productos y servicios limitados con los que comerciar con Siria. Yazigi dijo: “No significa que no haya negociaciones, pero hasta ahora los rusos parecen estar consiguiendo más que los iraníes”.

En octubre de 2017, se informó que Moscú iba a proporcionar financiación para algunos proyectos de electricidad, el primer caso de financiación directa de Moscú en muchos años, según el Syria Report.

Pero la reconstrucción que Rusia haga será selectiva, para subrayar que es parte de su misión humanitaria, explicó Andrew Bowen, un especialista en Rusia y miembro asociado de la Initiative for the Study of Emerging Threats, en la Universidad de Nueva York.

“Tiene que ver con ofrecer una imagen más suave de Rusia en Oriente Medio. Si es que invierten, será en gran parte una especie de truco publicitario. Quieren arrastrar a los equipos de televisión para que vendan la narrativa de que Rusia está reconstruyendo Siria.”

Bowen espera que Rusia siga el modelo utilizado en otro teatro actual de conflicto: Ucrania.

“En Crimea se concedieron los proyectos, de forma directa o indirecta, a firmas vinculadas con oligarcas cercanos al régimen. Se les dijo que tenían que invertir en ciertos sectores: construye 10 hospitales, 20 escuelas y nos habréis hecho un favor. Es difícil que obtengan beneficios empresariales legítimos de estas inversiones.”

Líbano: Tienes que pasar por Hizbollah

Hizbollah, con base en Líbano y aliado de Irán, ha combatido junto al ejército sirio. Ahora quiere la reconstrucción para beneficiar los intereses empresariales de sus afiliados y seguidores.

Pero existe un obstáculo: la Ley de Prevención de Financiación Internacional de Hizbollah (HIFPA, por sus siglas en inglés). La legislación estadounidense ha impedido que miembros del grupo incluidos en su lista negra, las empresas y personas físicas con ellos relacionados accedan al sistema financiero global, incluso en el mismo Líbano.

En Beirut, algunos creen que China puede ofrecer mayores esperanzas de premio. Líbano ha estado intentando persuadir a Pekín para que invierta en el puerto norteño de Trípoli, que está vendiéndose como potencial enclave logístico de los productos y materiales que entren en Siria.



Funeral por Mohammad Ibrahim, perteneciente a Hizbollah, que murió durante los combates de Alepo en febrero de 2016 (AFP)

“Coloca al Líbano en un lugar muy estratégico para salir a la caza de oportunidades en la Siria de la posguerra”, dijo una fuente política libanesa al Financial Times en julio. “Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares.”

Pero Wang Kejian, embajador de China en el Líbano, dijo en el Instituto Issam Fares de Beirut en septiembre: “Las compañías navieras chinas tienen relaciones limitadas con el Líbano y no están pensando en Trípoli aún debido a factores económicos. Es posible que cuando termine la crisis siria y haya más vínculos entre Líbano y la región, sea más viable una red de transportes”.

China: Intereses en el campo de la seguridad

Pekín ha apoyado también a Damasco en las Naciones Unidas, también le ha proporcionado tropas y ayuda humanitaria.

China tiene también toda una historia en lo que se refiere a la reconstrucción de países extranjeros. Por ejemplo llegó a estar muy implicada en Angola tras su guerra civil de 27 años que acabó en 2002, formando parte de la estrategia global china Recursos para Infraestructuras.

Más de 50 empresas estatales chinas y más de 400 firmas privadas estuvieron allí presentes y fueron recompensadas con una porción de los 25.000 millones de dólares anuales de las exportaciones de petróleo de Angola. Pero, a pesar de toda la apertura de Damasco ante Pekín, China no ha respondido aún. Todo tiene que ver con lo que Angola, y también Iraq, podrían ofrecer que Siria no puede: petróleo.



Caída de la producción de petróleo en Siria –en miles de barriles diarios- (La producción se ha derrumbado hasta el 5% de los niveles anteriores a la guerra)

Sí, Siria forma parte de los sesenta países de la “Iniciativa Un Cinturón-Una Ruta” (BRI, por sus siglas en inglés) por valor de 1 billón de dólares, una estrategia de desarrollo de infraestructuras terrestres y marítimas que cubre gran parte de Eurasia. Pero no es miembro del Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) patrocinado por Pekín, por tanto no puede solicitar fondos a pesar de la importancia estratégica que el país tiene para China en Oriente Medio.

Alam dijo: “El rastro del dinero respecto a Siria y China se ve afectado por la carencia de recursos [sirios]. El verdadero interés de China en Siria es la seguridad”, dijo, “no la economía”.

Pekín teme la radicalización de los musulmanes uigures en su inestable provincia de Xinjiang por parte de los más de 4.000 combatientes uigures chinos que están volviendo de Siria e Iraq, donde estuvieron apoyando a la gente del Dáesh y grupos afines.

Turquía ha sido históricamente partidaria de los uigures, para disgusto de Pekín, aumentando la necesidad de China de una inteligencia fiable en Oriente Medio.

“Los turcos no han sido nunca aliados fiables en lo que se refiere a capturar uigures, por eso Siria sirve de importante observador de la situación local”, dijo Alam. “Si eso significa invertir económicamente sobre el terreno [en Siria], estupendo, pueden hacerlo, pero no como en África u otros lugares donde China está invirtiendo”.

Las peticiones sirias a favor de mayores inversiones parecen haber fracasado, fuera de iniciativas privadas como el acuerdo para la fabricación local de la marca china Dongfeng Motor DFM.

Con anterioridad, este mismo año, Pekín se negó a emitir visados a funcionarios sirios, aunque concedió permisos a empresarios privados, según una fuente de la ESCWA de la ONU. Esto se hace eco del desdén mostrado hacia Asad durante su primera visita de Estado a China en 2004, que fue interrumpida abruptamente, según Andrew Tabler, autor de In the Lion’s Den, porque Pekín quería dar mayor preferencia a una visita del entonces ministro de Comercio de Israel.

Imad Mustafa, embajador sirio en China, ha estado intentando conseguir más apoyo de Pekín.

Pero Kattan advirtió que: “China no ha mostrado un interés real en invertir en Siria, no sólo a causa del régimen. Son conscientes de que las inversiones se irán por el desagüe debido al nepotismo y la corrupción. Quizá han aprendido la lección de que no tienen gran influencia sobre el gobierno [sirio]”.

Estados Unidos: Una chequera cerrada a cal y canto

Es poco probable que Washington financie cualquier esfuerzo de reconstrucción, a pesar de haber apoyado a determinados grupos de la oposición durante la guerra. Aunque ha habido presiones sobre EEUU para que “pague lo que rompió” en Iraq tras la invasión de 2003, Siria es otra cuestión.

“La financiación de los estadounidenses está fuera de toda discusión”, dijo la fuente de la ESCWA.



La libra siria derrumba frente al dólar La divisa siria vale ahora la décima parte que hace una década

Tanto la administración de Obama como la de Trump han afirmado que Asad debe irse y que no van a cambiar de política.

Hay un mínimo apetito por financiar la reconstrucción tras el escándalo de los fondos malversados en Iraq y Afganistán. Una comisión del Congreso estadounidense estimó que de un total de 160.000 millones de dólares, habían desaparecido entre 31.000 y 61.000 millones de dólares.

A partir de 2013, Washington dedicó alrededor de 60.000 millones de dólares a subvenciones de reconstrucción para Iraq, aunque se habían generado otras inversiones mediante la liberación de fondos iraquíes congelados durante la era de Sadam Husein.

A pesar de los continuos problemas de seguridad, Bagdad pudo aun recaudar fondos de sus inmensas reservas de petróleo. En 2016, produjo alrededor de 3.600 millones de barriles por día para financiar su presupuesto anual cercano a los 100.000 millones de dólares.

En comparación, Siria estaba produciendo 375.000 barriles diarios en 2010, las últimas cifras de que se dispone anteriores al conflicto, que representaban sólo el 0,2% del total mundial. Esa cifra ha caído ahora: el presupuesto de Damasco era en 2016 de sólo 5.000 millones de dólares.

Egipto: Problemas propios

El Cairo ha tenido una relación tumultuosa con Siria durante los últimos años.

Las relaciones se deterioraron en 2013, cuando Egipto apoyó a la oposición siria, cerró la embajada siria en El Cairo, retiró a su propio encargado de negocios de Damasco e intentó recaudar fondos para los rebeldes.




Protesta anti-Asad frente a la embajada de Siria en El Cairo en febrero de 2012 (AFP)

Las relaciones mejoraron cuando se depuso al presidente Morsi en 2013 y Abdel Fattah al-Sisi se hizo con el poder.

Desde entonces, El Cairo ha tenido que bailar en la cuerda floja, cogido como está entre Damasco y sus aliados, incluyendo a EEUU y al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que cuenta entre sus miembros con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Egipto envió delegaciones empresariales a Siria en agosto de 2017 y está dispuesto a normalizar relaciones, lo que ayudaría a Damasco. Pero con la grave situación de su economía y el país en deuda, sólo puede ofrecer un apoyo simbólico y la inversión del sector privado.

Tras el levantamiento de 2011, el mismo Cairo ha intentado en vano atraerse inversores, a pesar del apoyo del FMI y del CCG. En 2015, organizó la Conferencia de Desarrollo Económico de Egipto en Sharm el Sheikh, publicitado como el Plan Marshall de Egipto, que acabó convertida en un fiasco.

Kattan dijo que la reunión le recordaba lo que podía suceder ahora en Siria: “Invitaron a todas esas multinacionales con el apoyo de EAU y Arabia Saudí. Se anunciaron miles de millones de dólares en inversiones, pero se materializó bien poco”.

“Incluso si Siria llega a la misma etapa, con una conferencia de desarrollo en abril de 2018, escucharemos cómo se prometen miles de millones, pero no olviden la trayectoria ya experimentada. Quizá sólo llegue a materializarse entre un 20 y un 30%.

El resto del mundo árabe: Primero queremos ver un cambio

Turquía y miembros del CCG hace tiempo que quieren que Asad se vaya. Si se hubiera ido, entonces quizá estas naciones y Occidente hubieran estado dispuestos a financiar la nueva Siria. Pero no se ha marchado. Y no están dispuestos a aflojar la bolsa.




Fuerzas del ejército turco bloquean el cruce de Mursitpinar en la frontera siria, septiembre de 2014 (AFP)

La fuente de la ESCWA de la ONU dijo: “Sólo queda el CCG, que puede ofrecer de 10.000 a 15.000 millones dólares si hay una transición política adecuada y todos están de acuerdo en que Asad se vaya”.

Pero la fuente dijo que “no había posibilidad alguna” de que el CCG concediera contratos y financiara a alguna entidad –como el gobierno sirio- que tenga lazos estrechos con actores chiíes como Hizbollah e Irán.

Alam dijo que el contraargumento es que el CCG puede, si bien a regañadientes, proporcionar fondos e inversión privada para contrarrestar la influencia de Teherán y los chiíes en Siria. Pero si eso llega a suceder, entonces el CCG tendría que dar un giro de 180º en su posición sobre Asad.

Lo mismo podría aplicarse a Ankara, que se ha opuesto a Damasco mientras pagaba 12.500 millones de dólares durante el conflicto para albergar a 3,2 millones de refugiados sirios dentro de sus propias fronteras.

Atilla Yesilada, un analista de Global Source Partners (un servicio internacional de asesoría empresarial) que vive en Estambul, dijo que aunque Turquía era una opción natural para dirigir la reconstrucción económica, seguían existiendo obstáculos políticos.

“Turquía no tiene interés en poner fin a la guerra de Siria y hará cuanto pueda para mantenerla en marcha, a través de una intervención directa o interpuesta, hasta encontrar una solución. Por otra parte, Ankara es relativamente pragmática en lo que se refiere a intereses empresariales, especialmente si hay un gobierno de transición en Siria, lo que sería más aceptable para el mundo.

Europa: Utilización de los refugiados

La Unión Europea está ansiosa por contener el flujo de refugiados hacia sí misma y los vecinos de Siria. En el momento actual, hay más de 970.000 solicitantes de asilo sirios en los países de la UE.

La UE es también un socio comercial clave para Siria. En 2016, el comercio de la UE con Siria alcanzó los 500 millones de dólares, justo por debajo del 7% del que era antes de la guerra, en 2010: 7.200 millones de dólares.

¿Alentaría un amplio programa de reconstrucción a los más de cinco millones de refugiados que abandonaron Siria a regresar a casa?



Una refugiada siria llega con su bebé a Lesbos, Grecia, en abril de 2015 (AFP)

Kattan dijo: “Damasco tiene dos cartas sobre la mesa: los refugiados, a quienes los países de la UE les encantaría enviar de vuelta a casa, que es por lo que Alemania está enviando mucho dinero de ayuda; y compartir inteligencia sobre entidades terroristas, como sucedió tras el 11 de septiembre de 2001”.

“Algunos gobiernos occidentales han estado visitando Damasco para reiniciar esas relaciones bilateralmente, fuera del marco de la UE. Es una actitud oportunista pero importante para el gobierno sirio.”

La UE ha declarado que quiere contribuir a la “estabilización y pronta recuperación de las zonas donde ha disminuido la violencia”.

Kattan observó: “Lo primero que hay que lograr es la reconstrucción y el desarrollo”.

Pero hay una advertencia: la UE es otra parte que quiere transición política, es decir, que Asad renuncie al poder. Eso hizo que Moscú acusara a Bruselas de “politizar la ayuda”.

Las organizaciones occidentales de ayuda humanitaria, reunidas en Bruselas en abril de 2017, estipularon las mismas condiciones. En un comunicado conjunto, CARE International, el International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council, Oxfam y Save the Children dijeron que “el apoyo internacional estaría condicionado a que se alcanzara una solución política, a que se respetaran los derechos humanos y a la protección de una sociedad civil independiente. Si no se dan estas condiciones, los intentos de ayuda a la reconstrucción se arriesgan a hacer más daño que bien”.

Por otra parte, Asad ha declarado que la UE no tiene papel alguno que jugar en la reconstrucción de Siria.

Según están las cosas, puede que la mejor opción sean las inversiones europeas a escala menor. En octubre, el ministro de Finanzas sirio dijo que se estaban haciendo preparativos para relanzar consejos empresariales bilaterales con varios países que consideran “amistosos”, incluida la República Checa.

Alam dijo: “Siria no necesita sumas inmensas del exterior como la gente predice. Puede salir adelante con pequeños proyectos de infraestructura que vengan de fuera y los mismos sirios encargarse de hacer el resto”.

“Indonesia ha donado varios hospitales y ambulancias, y los malayos han hecho lo mismo. Es esa pequeña actividad económica la que hace que el gobierno siga siendo relevante. Francia y Europa se equivocan si piensa que pueden chantajear a Siria bajo sus propios términos.”

Multinacionales: Desanimadas por los aranceles

No es sorprendente que el poder de compra de los consumidores sirios sea mínimo tras seis años de conflicto.

El PIB fue en 2016 de sólo 15.000 millones de dólares, la cuarta parte del que era en 2010. Según la ONU, más del 80% de los sirios viven por debajo del umbral de la pobreza. Incluso antes del conflicto, el mercado no tenía un volumen masivo. El escaso poder de compra significa márgenes pequeños de beneficios para los comerciantes.



Una tienda recién reabierta entre las ruinas de Alepo, julio de 2017 (AFP)

Al menos, eso lo ha hecho atractivo para los países que comercian a segundo y tercer nivel, como Brasil, Sudáfrica, Malasia, Argelia y Egipto.

Alam dijo: “El éxito del gobierno sirio antes de la guerra fue abrir la economía a países que no tenían un comercio excesivo. Ellos [Damasco] están precisamente reviviendo lo que ya tenían, nada del otro mundo, pero todo suma”.

Kattan citó los aranceles y las dificultades de operar en Siria como obstáculos para la inversión extranjera directa (IED) occidental. “A nivel empresarial, miren la perspectiva económica anterior a 2011. ¿Por qué no había allí compañías occidentales, excepto en el campo energético? ¿O las del Golfo, que tenían vínculos con el régimen cuando las cosas parecían de color de rosa? Ahora tienen que convencer a las multinacionales para que vayan a hacer dinero. Pero el gobierno podría expropiar las inversiones o los derechos de propiedad”.

El omnipresente dominio de los señores de la guerra y de los compinches de los dirigentes son también elementos disuasorios, al igual que las sanciones internacionales.

¿Son bien recibidos los sirios que vuelven del extranjero?

El mes de julio se estableció en Marsella la Asociación Empresarial Internacional Siria (SIBA, por sus siglas en inglés). Patrocinada por el Banco Mundial, se trata de una iniciativa para animar a los empresarios sirios expatriados a que inviertan en la reconstrucción.

Riad al-Khouri, director de Oriente Medio en la asesoría de riesgos políticos GeoEconomica, con sede en Amán, dijo que tiene potencial.

“Hay cerca de 100.000 millones de dólares de dinero sirio fuera del país”, dijo. “Gran parte de ese dinero volverá, porque el gobierno necesita a la diáspora mucho más que antes, por tanto hay una oportunidad. La financiación llegará de forma mucho más rápida de lo que la gente espera”.

Esas inversiones encajarían en la aparente estrategia de Damasco de apelar a pequeñas inversiones procedentes de múltiples actores. Sin embargo, el país está enviando mensajes mezclados, según Yazigi.

Aunque algunos miembros del gobierno han pedido a los expatriados que vuelvan para invertir y les han ofrecido incentivos, como en el caso de los empresarios que se encuentran en Egipto, la prensa local de propiedad estatal ha denunciado como traidores a los empresarios que huyeron de Siria. “Hay muchos intereses en conflicto”, dijo Yazigi.

En octubre, Damasco congeló los activos de Imad Ghreiwati, un empresario que hizo su fortuna por sus lazos con el gobierno, pero que se marchó a los EAU en cuanto el conflicto estalló. “Es un mensaje enviado a los inversores: quien no nos apoye, no tiene nada que hacer con nosotros”, dijo Yazigi.

Así pues, ¿dónde deja todo esto la reconstrucción de Siria?

A menos que haya un giro de 180º en las políticas de la UE, EEUU y Turquía hacia el gobierno de Asad, Siria no va a conseguir las decenas de miles de millones de dólares que necesita para poner el país en pie de nuevo. “La narrativa de que llegarán miles de millones de dólares no es sino una ilusión”, dijo Kattan.

Siria tendrá que depender, en cambio, de inversiones y desarrollos de infraestructura a pequeña escala para seguir adelante. La reconstrucción va a ser un proyecto a largo plazo, y sólo si finalmente Damasco desarrolla algún tipo de estrategia.

Alam dijo: “Se tratará de pequeñas inversiones y de una regeneración gradual de las empresas. No cambiarán las reglas de juego pero mantendrán funcionando la economía local”.


Paul Cochrane es un periodista independiente que vive en Beirut desde 2002. Cubre temas de Oriente Medio y Asia Central para publicaciones especializadas, revistas empresariales y periódicos. Sus trabajos se han publicado en múltiples medios, entre ellos Reuters, Money Laundering Bulletin, Accountancy Futures, Commercial Crime International, Petroleum Review y Jane’s. Se educó en Gran Bretaña y EEUU y obtuvo un máster en Estudios de Oriente Medio en la Universidad Americana de Beirut.

Fuente: http://www.middleeasteye.net/essays/after-war-who-is-going-pay-syria-reconstruction-russia-iran-assad-china-871238355

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la misma.

El idilio del Congreso con la cobardía

rebelion.org

El idilio del Congreso con la cobardía

24-31 minutes



La guerra en la época de la presidencia imperial

Introducción de Tom Engelhardt

Diecisiete días después de la Torres Gemelas se vinieran abajo en medio de una apocalíptica nube de humo y ceniza, el Congreso aprobó con apenas un voto en contra una “Autorización para el empleo de las fuerzas armadas” o AUMF (por sus siglas en inglés), estableciendo:

“Que el presidente está autorizado a utilizar la fuerza necesaria y adecuada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él haya determinado que han planeado, autorizado, cometido o ayudado en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 o albergado a esas organizaciones o personas con el fin de impedir cualesquiera acciones futuras de terrorismo internacional contra Estados Unidos por parte de aquellas naciones, organizaciones o personas.”

Dieciséis años más tarde, en las repercusiones de la muerte de cuatro militares estadounidenses por parte de un grupo terrorista afiliado al Daesh en la zona fronteriza entre Niger y Malí –donde no rige la ley–, los secretarios de Defensa James Mattis y de Estado Rex Tillerson comparecieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Estaban allí para asegurar a los senadores que, como informó el Washington Post, “no había necesidad de una nueva autorización que reemplazara a la aprobada inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001”.

No importaba que, durante todos esos años pasados, Estados Unidos se hubiese visto envuelto en guerras y enfrentamientos de todo tipo de las Filipinas a Siria, de Yemen a Niger, frecuentemente contra grupos que nada tenían que ver con al-Qaeda ni con los ataques del 11-S. Tal como señaló Micah Zenko, “es deprimente ver con cuánta frecuencia algunos senadores y Mattis dicen ‘el enemigo’ para describir a docenas de grupos diversos en 19 países”. Para los funcionarios más importantes de la administración Trump, sin embargo, hace algo más de una década y media el Congreso se limitó a cumplir con su tarea; cualquier otra cosa –como atestiguó el secretario de Defensa–, solo podía señalar tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos que dejábamos de apoyarles en su lucha”. La revocación de la hoy antigua AUMF, agregó, “crearía importantes posibilidades de que nuestros enemigos tomaran la iniciativa”.

En otras palabras, tanto Mattis como Tillerson les estaban diciendo a los senadores que cuando se trataba de la obligación constitucional de declarar una guerra, debían irse a su casa, dormir bien una noche y dejar que los expertos en la AUMF de las fuerzas armadas de Estados Unidos se ocuparan de la situación tan brillantemente como lo han hecho durante la última década y media. Sin embargo, tal como hoy señala el comandante Danny Sjursen, colaborador habitual de TomDispatch y autor de Ghost Riders of Baghdad (Los jinetes fantasmas de Bagdad), el consejo de los dos funcionarios de Trump en realidad estaba muy atrasado en el tiempo. Tratándose de los poderes de guerra del Congreso, hace mucho tiempo que los senadores se han ido a su casa.

Si el lector necesita una evidencia de esto, solo debe remitirse al comentario del senador Lindsay Graham –típico entre sus colegas congresistas– después de las muertes en Niger: “No sabía que había 1.000 soldados en Niger”, dijo. Por supuesto, él se refería a soldados estadounidenses; además, decía simplemente que –hablando en términos militares– el Congreso no “sabe exactamente dónde estamos en el mundo y qué estamos haciendo” (si en relación con la presencia militar de Estados Unidos en África él hubiese leído TomDispatch, por supuesto lo habría sabido). Y piense el lector que desde hace bastante tiempo él es integrante de la Comisión de Servicios Armados del Senado.

Graham y los demás senadores no sabían, por ejemplo, que los 8.400 miembros de las fuerzas armadas de EEUU supuestamente dejados en Afganistán al final de la administración Obama en realidad eran entre 11.000 y 12.000 o que, en la reciente lucha –que ya dura varios meses– en la ciudad filipina de Marawi, tomada por guerrilleros afiliados al Daesh, los asesores de la Fuerza de Operaciones Especiales y los drones de EEUU han desempeñado un importante, aunque muy poco aireado, papel. Y en cuanto a Afganistán, gracias a la política militar de la nueva época Trump, es probable que dentro de poco tiempo los senadores sepan aun menos. Podría continuar, pero el lector ya tiene una idea. Tal como Sjursen lo pone en claro hoy, para Estados Unidos ahora son las guerras presidenciales hasta el final de los tiempos.

--ooOoo--

Hacer la guerra sin autorización de los representantes (algo no tan novedoso en EEUU)

El 1 de septiembre de 1970, después de que el presidente Nixon extendiera la guerra de Vietnam mediante la invasión de la vecina Camboya, el senador demócrata George McGovern, condecorado veterano de la Segunda Guerra Mundial y futuro candidato a la presidencia, se dirigió a los miembros del Senado y les dijo:

“Todos los senadores [aquí presentes] somos en parte responsables de haber enviado a 50.000 jóvenes estadounidenses a una muerte anticipada... Esta cámara huele a sangre... Ningún representante ni senador ni presidente necesita valentía alguna para envolverse con la bandera y decir ‘nos mantenemos en Vietnam’, porque no es nuestra sangre la que se derrama.”

Han pasado seis años desde que la notablemente imprecisa ‘Resolución del golfo de Tonkin’ del presidente Johnson –cualquier cosa menos autorizada por el Congreso–, proporcionó un exiguo marco legal para la escalada militar estadounidense en Vietnam. Las dudas sobre la veracidad del supuesto ataque naval norvietnamita a unos destructores de EEUU en el golfo de Tonkín –que oficialmente precipitó la resolución– nunca se han disipado; tampoco las dudas de que la armada estadounidense tuviese alguna razón que justificara el aventurarse tan cerca de la costa de una nación soberana. No importó. El Congreso concedió al presidente lo que él quería: fundamentalmente un cheque en blanco para bombardear, golpear y ocupar Vietnam del Sur. A partir de ahí solo había algunos pasos para que nueve años más de guerra, bombardeo ilegal de Laos y Camboya, la invasión del territorio de ambos países y, eventulamente, la muerte de 58.000 estadounidenses y más de tres millones de vietnamitas.

Dejando de lado el resto de este triste capítulo de la intervención de nuestro país en Indochina, centrémonos solo un momento en el papel del Congreso en las guerras de esa época. Mirando hacia atrás, Vietnam aparece como un capítulo más en los 70 años de ineptitud y apatía por parte del Senado y la Cámara de Representantes cuando se trató del deber constitucional de conceder poderes de guerra. En esos años, una y otra vez, el poder legislativo eludió su responsabilidad histórica –y legal– que le asigna la Constitución de declarar (o negarse a ello) una guerra.

Aun así, jamás en esos 70 años el deber del Congreso de hacerse valer en cuestiones de guerra y de paz ha sido tan vital como lo es hoy en día, cuando hay soldados de Estados Unidos involucrados –y todavía muriendo, aunque ahora en números menores– en una guerra no declarada tras otra en Afganistán, Iraq, Siria, Somalia y en estos momentos Niger... e incluso vaya uno a saber dónde más.

De la crisis del golfo de Tonkin, avancemos rápidamente 53 años para encontrarnos este septiembre con el desesperado intento del senador Rand Paul de exigir algo tan simple como un debate parlamentario sobre la base legal de las guerras eternas de Estados Unidos, que sólo obtuvo 36 votos. El debate fue saboteado por un pacto de halcones de la guerra de los dos partidos mayoritarios. ¿Y quién se enteró acaso –aparte de los obsesivos televidentes de C-SPAN– de cómo fue tratado el cri du coeur* de cuatro horas de Paul para denunciar el acuerdo del Congreso con la “guerra ilimitada en cualquier momento y en cualquier sitio del planeta”?

El senador por Kentucky buscaba algo que puede ser visto ciertamente modesto: acabar con la confianza de una administración tras otra en la hace tiempo obsoleta Autorización para el empleo de las fuerzas armadas (AUMF) posterior al 11-S para toda la multifacético y extendida conflictividad bélica estadounidense. Él quería que el Congreso discutiera y aprobara legalmente (o lo contrario) cualquier operación militar futura en cualquier sitio de la Tierra. Aunque esto puede sonar bastante razonable, más de 60 senadores, demócratas y republicanos por igual, frustraron la iniciativa. Al hacerlo, aprobaron (una vez más) su renuncia a cualquier protagonismo en el perpetuo estado de guerra de Estados Unidos; además de, por supuesto, financiarlo con munificencia.

Finalmente, en junio de 1970, con 50.000 soldados muertos ya en el sudeste de Asia, el Congreso se atrevió a revocar la resolución del golfo de Tonkin, una acción de los dos partidos mayoritarios encabezada por el senador republicano por Kansas Bob Dole. Casualmente, en el senado actual no existe un Bob Dole. Consecuencia: no es necesario ser un cínico ni una marmota de Punxsutawney para predecir seis semanas más de invierno, es decir, guerra eterna.

En realidad, se trata de una historia muy vieja. Desde el día de la victoria, en junio de 1945, cuando se ha tratado de la guerra, el Congreso ha evadido su explicita responsabilidad constitucional entregando las llaves del empleo eterno de las fuerzas armadas de Estados Unidos a un presidente cada vez más imperial. Un Congreso a menudo estancado y cada vez menos popular ha agachado la cabeza en las sombras mientras los estadounidenses morían en guerras no declaradas. Juzgando por la falta de escándalo público, tal vez pueda pensarse que esto también es lo que prefiere la ciudadanía. Después de todo, es poco probable que los ciudadanos deban hacer el servicio militar. No hay servicio militar obligatorio ni necesidad de sacrificar nada en las guerras de EEUU. La única tarea del público es aguantar los rituales deportivos cada vez más militarizados y decir “gracias” a cada soldado con el que se encuentre.

Sin embargo, con el quijotesco pensamiento de que no es esta la forma en que deben ser las cosas, presento a continuación un breve relato de los 70 años de idilio del Congreso con la cobardía.

La guerra de Corea

La última vez que el Congreso declaró una guerra de verdad fue durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, justo después de que Japón atacara Pearl Harbor y los nazis debían ser derrotados. Sin embargo, cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta a la invasión del sur de la península coreana por parte de Corea del Norte con la intención de reunificarla, el sucesor de Roosevelt, Harry Truman, decidió intervenir militarmente sin consultar al Congreso. Sin duda, no tenía la menor idea de que estaba sentando un precedente. En los 67 años que dura esa intervención, morirían más de 100.000 soldados estadounidenses en la guerra no declarada en ese país; fue Truman quien nos hizo dar el primer paso en este nefasto camino.

En junio de 1950, después de consultar con sus secretarios de Estado y de Defensa y con el jefe de estado mayor conjunto, anunció una intervención en Corea para parar la invasión procedente del Norte. La administración alegó que no se necesitaba una declaración de guerra, porque Estados Unidos estaba actuando bajo los auspicios de una resolución unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –nueve votos a favor y ninguno en contra, porque en ese momento la Unión Soviética estaba boicoteando a ese consejo–. Cuando algunos periodistas le preguntaron si en realidad los combates a gran escala en Corea no constituían una guerra, el presidente se cuidó mucho para evitar esa palabra, El conflicto, dijo, no era “más que una acción policial en el marco de Naciones Unidas”. Temiendo que la Unión Soviética pudiera responder intensificando el conflicto y que la represalia atómica era una posibilidad que no debía descartarse, está claro que Truman consideró prudente cuidar sus palabras, lo que sentaría un peligroso precedente para el futuro.

A medida que aumentaban las bajas estadounidenses y la lucha se hacía más intensa fue cada vez más difícil mantener esa farsa semántica. En tres años de duros combates, perecieron más de 35.000 soldados de EEUU. El ámbito legislativo no se sintió afectado por esto. Fundamentalmente, el Congreso se mantuvo pasivo frente al fait accomplit** de Truman. No habría una declaración de guerra ni un debate amplio acerca de la legalidad de la decisión presidencial de enviar topas a Corea.

Por cierto, La mayor parte de los congresistas se unieron para defender a Truman en su... bueno, acción policial. Sin embargo, hubo una voz solitaria en el desierto, un disenso público. Si Truman podía obligar a que cientos de miles de soldados fuesen a luchar en Corea prescindiendo del Congreso, proclamó el senador republicano Robert Taft, “él [Truman] mismo podría ir a luchar en Malasia o Indonesia o Irán o América del Sur”. Hoy en día, el recuerdo de la reprimenda pública de Taft al presidente por su discrecionalidad a la hora de hacer la guerra no existe; solo unos pocos historiadores lo saben. No obstante, ¡qué acertadas sus palabras! (unas palabras apropiadas para la administración Trump respecto de una guerra con Irán –por mencionar uno de los sitios nombrados por Taft– si se tiene en cuenta el hecho de que sería sin una formal declaración de guerra del Congreso).

Vietnam y la Ley de Poderes de Guerra

Para empezar, la imprecisa Resolución del golfo de Tonkin del presidente Johnson, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representante y con solo dos votos en contra en el Senado. A pesar de las variadas discusiones y resoluciones posteriores en el Congreso y de algunas figuras sorprendentemente críticas como el senador demócrata William Fullbright, la mayor parte de los congresistas apoyó los poderes de guerra presidenciales hasta el final. Incluso en lo más intenso de la opinión antibélica del Congreso en los setenta, solo un tercio de los representantes votó a favor de las resoluciones para acabar con la guerra.

Según el Grupo de Estudio de los Representantes Demócratas (HDSG, por sus siglas en inglés), “En relación con las políticas para Indochina y su financiación, hasta la primavera de 1973, el Congreso concedió al presidente todo lo que él solicitó”. A pesar del perdurable mito de que el Congreso “acabó la guerra” tan tarde como en 1970, la enmienda McGovern-Hatfield al programa de adquisiciones de las fuerzas armadas, que exigía una retirada de Estados Unidos de Camboya en el plazo de 30 días, fracasó por 55 votos contra 39.

Pese a algunas voces críticas (de una índole casi por completo inexistente en la cuestión de las guerras estadounidenses en el siglo XXI), el poder legislativo como colectivo no se enteró hasta que fue demasiado tarde de que las fuerzas armadas de Estados Unidos en Vietnam nunca podrían alcanzar sus objetivos, de que los sudvietnamitas se mantendrían al margen de cualquier interés imaginable por la seguridad de EEUU y de que para nosotros la guerra civil nunca había sido una cuestión de ganar o perder. Se trataba de una historia vietnamita, no estadounidense. Desgraciadamente, cuando el Congreso tuvo el coraje necesario para hacer las preguntas más duras, la guerra estaba en manos del quinto presidente y la mayoría de las víctimas –vietnamitas y estadounidenses– ya estaban muertas.la Resolución del golfo de Tonkin y al mismo tiempo restringió las operaciones del otro lado de la frontera, en Laos y Camboya. Después, en 1973, superando el veto del presidente Nixon, incluso aprobó la Ley de Poderes de Guerra, Esta ley establecía que, en el futuro, solo una declaración de guerra del Congreso, una emergencia nacional relacionada con la defensa o una “autorización específica” del Congreso podrían validar legalmente el despliegue de fuerzas armadas en cualquier conflicto. Sin esa sanción, la sección 4 (a)(1) de la ley estipulaba que todo despliegue militar por parte del presidente estaría limitado a 60 días. En ese tiempo, se pensaba que esto controlaría para siempre la posibilidad de hacer la guerra de la presidencia imperial, lo que a su vez impediría “futuros Vietnam”.

En realidad, la Ley de Poderes de Guerra demostró en buena parte ser una legislación sin garra. Jamás fue de verdad aceptada por los presidentes que sucedieron a Nixon ni, en general, tuvo el Congreso las agallas para invocarla significativamente. En los últimos 40 años, los presidentes –demócratas y republicanos por igual– de un modo u otro han insistido en que la Ley de Poderes de Guerra era fundamentalmente inconstitucional. Sin embargo, en lugar de llevarla a los tribunales sencillamente la ignoraron y enviaron tropas adonde querían o bien fueron conciliadores y, en alguna medida, mencionaron las inminentes intervenciones militares en sus presentaciones ante el Congreso.

Muchas “guerras que pretendían no serlo”, como las invasiones de Granada y Panamá o la intervención en Somalia (1992-1993) se integraron en la primera categoría. En cada caso, el presidente de turno o bien citó una resolución de Naciones Unidas pata explicar su acción (y poderes) o bien simplemente actuó sin la autorización expresa del Congreso. Esas tres intervenciones “menores” costaron la vida de 19; 40 y 43 soldados estadounidenses, respectivamente.

En otros casos, el presidente informó de su acción al Congreso, pero sin citar explícitamente la sección 4 (a)(1) de la Ley de Poderes de Guerra ni el límite de 60 días. En otras palabras, el presidente avisó cortésmente al Congreso de su intención de desplegar tropas y poco más. Gran parte de esto dependía de la batalla entonces en curso sobre qué constituía justamente una “guerra”. En 1983, por ejemplo, el presidente Ronald Reagan anunció que pensaba mandar un contingente de soldados de EEUU a Líbano, pero alegó que un acuerdo con la nación anfitriona “descartaba cualquier responsabilidad de combate”. Digámosles eso a los 241 infantes de marina que murieron tiempo más tarde en el bombardeo a una embajada. De hecho, cuando se produjo el combate en Beirut, los líderes congresistas se comprometieron con Reagan y acordaron una autorización de 18 meses.

Tampoco el poder judicial ayudó mucho. Por ejemplo, en 1999, durante una continua campaña aérea contra Serbia en medio de la crisis de Kosovo en la antigua Yugoslavia, algunos legisladores demandaron al presidente Bill Clinton en un tribunal federal acusándolo de haber violado la Ley de Poderes de Guerra por haber mantenido unidades de combate sobre el terreno durante más de 60 días. Clinton simplemente bostezó y manifestó que en sí misma la ley era “constitucionalmente defectuosa”. El tribunal federal del distrito Washington acordó y dictaminé rápidamente en favor del presidente.

Como la única excepción que confirma la regla, el sistema funcionó más o menos bien durante la crisis del golfo Pérsico de 1990-1991. Un conjunto de legisladores de los dos partidos principales insistió en que el presidente George W. Bush presentase una Autorización para el empleo de las fuerzas armadas (AUMF) bastante tiempo antes de invadir Kuwait o el Iraq de Saddam Hussein. Durante varios meses, a lo largo de dos periodos legislativos, la Cámara de Representantes y el Senado deliberaron largamente y finalmente aprobaron la AUMF por un margen tan estrecho que pasó a la historia.

Incluso entonces, el presidente Bush incluyó una declaración firmada que manifestaba altaneramente que su “solicitud de apoyo legislativo no constituía cambio alguno en posición mantenida desde hace tiempo por el poder ejecutivo sobre... la constitucionalidad dela Resolución de Poderes de Guerra”. Lamentablemente, dejando a un lado el sarcasmo, este fue el momento más brillante del Congreso en los últimos 70 años de casi invariable despliegue militar y conflictos bélicos; por supuesto, esto condujo al país a una interminable guerra de Iraq, cuya tercera edición aún está en curso.

Aprobación de la “libertad” duradera de Iraq

El sistema se vino abajo de un modo desastroso en la secuela de acontecimientos que siguieron al 11-S. Apenas tres días después de los horrorosos ataques, mientras todavía salía humo de los escombros de las Torres Gemelas en Nueva York, el Senado aprobó una pasmosa extensión de la AUMF. El presidente podría emplear la “fuerza necesaria y apropiada” contra quienquiera él determinara que hubiese “planeado, autorizado, cometido o ayudado los ataques en Nueva York y el Pentágono. Transportados por la pasión del momento, los representantes de Estados Unidos apenas se molestaron en determinar con precisión quiénes eran los responsables de la reciente matanza o discutir el mejor curso de acción en los días por venir.

Tres días es un tiempo insignificante para una consideración seria; estaba claro que ese era un momento para el cierre de filas y la afirmación de la unidad nacional, no para la deliberación solemne. En los días siguientes, las votaciones se parecieron a las elecciones de las autocracias tercermundistas: 98 votos a favor por 0 en contra en el Senado y 420 por 1 en la Cámara de Representantes. Ese día, solo una persona valiente –la representante por California, Barbara Lee– se dirigió a la cámara y expresó su opinión. Sus palabras fueran tan proféticas como inquietantes: “Debemos ser cuidadosos y no embarcarnos en una guerra de final abierto sin una estrategia de salida ni un objetivo determinado... Mientras actuamos, no permitamos que nos transformemos en el mal que condenamos”. Lee fue ignorada; así de simple. De este modo, el pecado de omisión del Congreso creó el necesario escenario para las próximas décadas de guerra global. En estos momentos, en todo el Gran Oriente Medio, África y más allá, los soldaos estadounidenses, los drones, y los bombarderos continúan operando en el marco de la AUMF original, la aprobada tras los hechos del 11-S.

La vez siguiente, en 2002-2003, el Congreso avanzó como un sonámbulo hacia la invasión de Iraq. Dejemos a un lado las fallas de los servicios de inteligencia y la falsedad de las razones para la invasión y consideremos solamente el papel del Congreso. Fue una triste historia de pasividad que culminó, justo antes de la innoble votación de 2002 de una AUMF contra el Iraq de Saddam Hussein, en un discurso que sin duda constituye un hito clásico de la decadencia del poder legislativo. Ante una cámara casi vacía, el ilustre senador demócrata Robert Byrd dijo:

“Pensar una guerra es pensar sobre la más horrible de las experiencias humanas... Mientras la nación está a punto de batirse, en algún aspecto cada estadounidense debe considerar los horrores de la guerra. Aun así, esta cámara está, es su mayor parte, silenciosa; ominosa, terriblemente silenciosa. No hay debate, ni discusión, ni intento de presentar a la nación los pros y los contras de esta guerra en particular. En el Senado de Estados Unidos nos quedamos pasivamente mudos, paralizados por nuestra propia incertidumbre, aparentemente aturdidos por el auténtico caos de los acontecimientos.”

La evidencia dio respaldo a sus palabras. Avanzada la noche del 11 de octubre, después de apenas cinco días de “debate” –las discusiones similares en 1990-1991 se extendieron durante cuatro meses–, el Senado aprobó la llamada resolución de guerra (fundamentalmente una declaración que daba por buena la decisión presidencial, no una declaración de guerra del poder legislativo) y la invasión de Iraq se realizó como estaba planeada.

Hacia la guerra perpetua

Con esa historia tan negra detrás de nosotros, con el Congreso hoy hablando interminablemente sobre la revisión de la autorización legislativa para enfrentarse a al-Qaeda (pero no, por supuesto, a las muchas organizaciones terroristas islámicas contra las que han combatido las fuerzas armadas de Estados Unidos desde entonces) y que probablemente esa revisión sea mínima, ¿existe algún recurso para quienes no estén a favor de las guerras presidenciales hasta el final de los tiempos? Es innecesario decir que en Estados Unidos no hay un partido político que esté contra la guerra; tampoco –aparte de Rand Paul– siquiera una vos ilustre en el Congreso, como las de Taft, Fulbright, McGovern o Byrd. Los republicanos son halcones guerreros, aunque está comprobado que ese espíritu se da por igual en los dos principales partidos. Desde Hillary Clintos, una conocida partidaria de la línea dura que apoyó o argumentó a favor de intervenciones militares de todo tipo cuando era la secretaria de Estado de Obama, hasta el ex vicepresidente y posible futuro candidato a presidente Joe Biden y el actual líder de la minoría de Senado Chuck Schumer, los demócratas son en este momento un partido que está por las guerras presidenciales. Todos los mencionados votaron a favor de la Resolución de Guerra con Iraq.

Entonces, ¿qué activistas por la paz o escépticos por la política exterior de cualquier tipo pueden unirse contra la guerra? Si más de 70 años de historia reciente son indicación de algo; cuando se trata de plantarse, ser oídos y votar sobre las guerras de EEUU, sencillamente no se puede contar con el Congreso. El lector ya sabe que los representantes habitualmente tiene prisa para aprobar asignaciones de gastos récord para Defensa –como la aprobada por el Senado hace poco tiempo por 89 votos a favor y nueve en contra para dar más dinero pedido por el presidente Trump– la guerra perpetua es una aceptable forma de vivir.

A menos que algo cambie drásticamente, por ejemplo, el súbito crecimiento de los movimientos de base contra la guerra o una decisión importante del Tribunal Supremo (¡una rara posibilidad!) para limitar el poder presidencial, es probable que los estadounidenses vivan la guerra eterna de cara al futuro distante.

Esta ya es una historia conocida, pero pensad en ella como si fuese en nuevo camino de Estados Unidos.

* Sentidas palabras; en francés en el original. (N. del T.)

** Hecho consumado; en francés en el original. (N. del T.)

El comandante Danny Sjursen, colaborador habitual de TomDispatch, es estratega del Ejército de Estados Unidos y ex instructor de historia en West Point. Ha estado destinado en unidades de reconocimiento en Iraq y Afganistán. Es autor del ensayo histórico y análisis crítico sobre la guerra de Iraq Ghost Riders of Baghdad: Soldiers, Civilians, and the Myth of the Surge. Vive con su esposa y cinco hijos en Lawrence, Kansas. En twitter, puede encontrársele @SkepticalVet.

[Nota: Los puntos de vista expresados en este artículo son los del autor y completamente oficiosos, por lo tanto no reflejan la política oficial ni la posición del departamento del Ejército, ni del departamento de Defensa, ni del gobierno de Estados Unidos.]

Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176347/tomgram%3A_danny_sjursen%2C_war_making_in_the_age_of_the_imperial_presidency/#more

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelión como fuente de la misma.

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El derecho de Israel a robar tierra palestina

3-4 minutes

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Israel está actuando como una organización criminal que opera de acuerdo con sus propias leyes

 

La ministra de Justicia Ayelet Shaked y el Fiscal General Avichai Mendelblit, 26 de octubre de 2017. Oren Ben Hakoon

El fiscal general Avichai Mendelblit autorizó el miércoles la confiscación de tierras palestinas privadas para las necesidades de los colonos de Cisjordania. Su decisión se debió a la petición de la ministra de Justicia Ayelet Shaked para la pavimentación de un camino hacia el puesto ilegal de Harasha, sin el cual sería imposible volverlo "legitimo".
Su opinión se basó a todas vistas en la sentencia del juez retirado de la Corte Suprema Salim Joubran sobre Amona. Joubran dictaminó que el comandante militar en Cisjordania también debe velar por las necesidades de los colonos, ya que se cuentan entre los residentes de la región. Joubran citó la decisión del expresidente de la Corte Suprema Aharon Barak de que "los israelíes en la zona tienen derecho a la vida, la dignidad, la propiedad y el resto de los derechos que disfrutan todos en Israel".
Con todos los conflictos que plantean estas sentencias, la suposición de que Mendelblit está implementando el veredicto de Joubran es infundada. Joubran subrayó que la necesidad de proteger a los colonos no puede difuminar el estatus especial de los palestinos, una población "protegida" según el derecho internacional, y que el comandante militar debe tener cuidado de no tomar ninguna medida que vulnere los derechos de los residentes del Estado en favor de la ocupación.
Mendelblit y Shaked claramente eligieron ignorar estos puntos. También están arrojando arena a los ojos del público, porque el veredicto del tribunal no se ocupó de la expropiación de tierras para las necesidades de las colonias y tampoco dictaminó que tal acto fuera legal.
Ahora se puede esperar que la opinión de Mendelblit sirva al apetito insaciable de los colonos por las tierras privadas palestinas. Sin embargo, en el proceso legal de blanqueo, los funcionarios involucrados omitieron, como siempre, la cuestión de la legalidad de las colonias. De acuerdo con el derecho internacional, todas las colonias de Cisjordania son ilegales. Por lo tanto Mendelblit no puede legitimar el robo de tierras palestinas en favor de un acuerdo en nombre de "necesidades públicas", porque el público para el que se pretende robó la tierra en la que está habitando.
Israel está actuando como una organización criminal que opera de acuerdo con sus propias leyes y está convencida de que puede considerarse un cuerpo legal.
Mendelblit adornó su opinión con una serie de calificaciones vagas como "factibilidad" y "proporcionalidad". Estos términos no tienen ningún significado práctico cuando se trata de la codicia por el robo de tierras que impulsa a os colonos y al Gobierno. Tal opinión es conducente a vulnerar los derechos de los palestinos, a la violación de la ley internacional por parte de Israel y a socavar la legitimidad del sistema de justicia de Israel.
 Fuente: https://www.haaretz.com/opinion/editorial/1.823308
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.